CSJ - STC17515-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

Magistrada ponente

STC17515-2026

Radicación n.º 11001-02-30-000-2026-00995-01

(Aprobado en sesión del nueve de septiembre de dos mil veintiséis)

Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Resuelve la Corte la impugnación del fallo del 23 de julio del 2026 emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acción de tutela promovida por Jorge Andrés Varón Clavijo contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso disciplinario con radicado n° 73001-25-02-000-2023-00066-02.

ANTECEDENTES

PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

El accionante pretende dejar sin efectos la decisión del 3 junio de 2026, mediante la cual no se accedió a la solicitud de cambio de radicación presentada en el proceso disciplinario, para que, en su lugar, se profiera una nueva decisión conforme a sus intereses.

Del expediente cuestionado se desprenden los siguientes hechos:

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, mediante auto del 31 de enero de 2023, dio apertura al proceso disciplinario contra el accionante. En el trámite, el 18 de septiembre de 2025 el promotor presentó solicitud de cambio de radicación, con el propósito de que se despojara de total competencia a la autoridad mencionada. Para ello, señaló que promovió queja disciplinaria contra el secretario de la comisión seccional accionada y que este incluso antes de la apertura del proceso disciplinario conocía la queja presentada, a pesar de ser este un trámite preliminar y, por ende, reservado.

La afirmación anterior, la sustentó en que el secretario denunciado al hacer el sermón en un culto evangélico, en calidad de pastor de este, advirtió el conocimiento que tenía de la acción disciplinaria promovida en su contra por el accionante. De manera que consideró que dicha situación afectaba la imparcialidad y objetividad en el trámite.

Dicha solicitud de cambio de radicación fue remitida a la Comisión Nacional de Disciplina al ser la autoridad competente conforme al numeral 3° del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007. En virtud de ello, dicha autoridad profirió decisión del 3 junio de 2026 en la que negó la solicitud de cambio de radiación «al no evidenciarse circunstancias extraordinarias que justifiquen la modificación del factor territorial de competencia».

Desde esta perspectiva, el accionante cuestiona dicha negativa al considerar que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en un defecto fáctico al realizar «una errada e imprecisa valoración del acervo probatorio». A su vez, sostuvo que no realizó un examen ni ponderación sobre «el principio de apariencia de imparcialidad», situación que implicó la vulneración de sus derechos fundamentales.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial realizó un recuento de los hechos, defendió la actuación cuestionada y solicitó desestimar el resguardo constitucional.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima realizó un breve relato de los hechos procesales y remitió el enlace del expediente digital.

Rafael Ricardo Aníbal Guerra señaló ser apoderado del accionante en el proceso cuestionado y, en tal calidad, coadyuvó la presente acción de tutela. Por su parte, Linda Dayan Cardoso Contreras señaló ser la defensora de oficio designada en el proceso y remitió informe respecto al resguardo constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN

La Sala de Casación Penal desestimó el amparo al considerar que la decisión cuestionada no comportó una actuación arbitraria que implicara la intervención del juez constitucional.

El promotor impugnó y reiteró sus argumentos iniciales.

CONSIDERACIONES

Se confirmará la decisión impugnada comoquiera que lo resuelto por la autoridad judicial accionada no resulta arbitrario, ni habilita la intervención del juez constitucional, conforme se pasará a explicar.

En efecto, las inconformidades de la accionante se dirigen contra la decisión del 3 de junio de 2026 mediante la cual negó su solicitud de cambio de radicación. Lo anterior, por cuanto la interesada considera, en esencia, que se realizó una indebida valoración probatoria y una falta de análisis de fondo sobre la posible imparcialidad que se ocasiona dentro del proceso disciplinario.

Al respecto, se observa que la autoridad judicial accionada al abordar la solicitud de cambio de radiación señaló que el propósito de dicha figura procedía «cuando en el territorio donde se adelanta la actuación disciplinaria existen circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento o la seguridad o integridad personal de los intervinientes o de los servidores públicos». Por ello, consideró necesario establecer si los hechos expuestos por el solicitante configuraban alguna de las causales que justifican la modificación de la competencia territorial.

Así las cosas, la autoridad judicial accionada, al analizar el caso concreto, advirtió que el funcionario cuya imparcialidad se cuestionaba, esto es, el secretario de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima carecía de injerencia para adoptar decisiones que afectaran el desarrollo del proceso. Tal como caviló:

«En ese sentido, con relación a la alegada afectación de imparcialidad o independencia de la administración de justicia, el peticionario sostuvo que el secretario de la Seccional habría tenido conocimiento anticipado de una queja disciplinaria presentada en su contra y que, además, habría hecho alusión a dicha circunstancia durante un culto religioso celebrado el 17 de septiembre de 2025, en el cual participó en calidad de pastor.

Sobre este particular, es necesario precisar que las funciones del secretario son de carácter administrativo y no decisorio. Estas se limitan al apoyo en la gestión documental, la recepción de escritos, la expedición de constancias y demás actuaciones de trámite propias de la secretaría del despacho. En consecuencia, dicho funcionario no tiene competencia para adoptar decisiones dentro del proceso disciplinario, ni para intervenir en la valoración probatoria o en la determinación de la responsabilidad del disciplinable.

En el caso en concreto, se observa que el conocimiento y dirección del proceso disciplinario corresponde al magistrado Nelson Bertrand Barros Ching, quien es el funcionario facultado para orientar la actuación, proferir las decisiones de fondo, valorar las pruebas oportunamente allegadas y garantizar el respeto del debido proceso. Por tanto, cualquier inconformidad relacionada con el desarrollo del trámite debe ser planteada dentro del proceso disciplinario, para que sea analizada y resuelta por el Magistrado sustanciador en las oportunidades procesales correspondientes.» (Subrayas propias)

Del mismo modo, la autoridad accionada valoró el acervo probatorio, incluido el video aportado por el accionante, correspondiente al culto evangélico en el que, según este, el secretario de la Comisión Seccional manifestó conocer la queja disciplinaria formulada en su contra. No obstante, concluyó que del material probatorio no acreditaba una afectación de la imparcialidad u objetividad en el desarrollo del proceso. Así se observa:

«Adicionalmente, del análisis del material probatorio aportado por el solicitante, en particular del video del culto religioso allegado como anexo, únicamente es posible constatar la realización del acto religioso y la participación del secretario en calidad de pastor. Sin embargo, no se desprende de manera clara e inequívoca que la referencia efectuada durante la predicación esté dirigida específicamente a la queja disciplinaria que el peticionario afirma haber presentado en su contra, ni que el documento exhibido corresponda al señalado por el solicitante.

En consecuencia, las afirmaciones del abogado Varón Clavijo en este aspecto corresponden a apreciaciones de índole subjetivo, que no cuentan con respaldo probatorio suficiente para acreditar, con el grado de certeza exigido, la existencia de una filtración de información sujeta a reserva o una indebida injerencia en el trámite disciplinario.

De igual manera, frente a la supuesta filtración de información, el peticionario sostiene que el secretario habría tenido conocimiento previo de la queja que se presentaría en su contra y que incluso la habría mencionado públicamente durante el culto religioso celebrado el 17 de septiembre de 2025, esto es, un día antes de que se le notificara el acta de reparto.

No obstante, del acervo probatorio aportado no se acredita que el peticionario hubiese radicado efectivamente una queja disciplinaria contra el mencionado secretario en la fecha indicada, pues no obra constancia de radicación que así lo demuestre. Tampoco puede inferirse que la alusión a “una queja que me pusieron” corresponda necesariamente a la presunta queja formulada por el disciplinable, y no a cualquier otra situación personal o laboral del funcionario mencionado.

Ante ello, no es posible concluir que el servidor hubiese tenido acceso a un documento cuya radicación ni siquiera se encuentra acreditada, lo que refuerza la conclusión según la cual no existe prueba que permita afirmar que la referencia realizada durante el culto religioso correspondiera a la queja presentada por el peticionario, ni que de tales hechos se derive una afectación real y concreta a la imparcialidad del trámite disciplinario o a las garantías procesales que lo rigen.»

En ese sentido, la autoridad accionada, con fundamento en el material probatorio obrante en el expediente y en lo solicitado por el accionante, no advirtió la configuración de alguna de las causales que justificara el cambio de radicación y, por ende, la modificación de la competencia territorial de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima.

Por lo anterior, no se advierte que la autoridad judicial accionada hubiera incurrido en una indebida valoración probatoria ni en falta de motivación, en tanto sus conclusiones se sustentaron en los medios de prueba obrantes en el expediente y en las normas aplicables al caso, razón por la cual se confirmará la sentencia impugnada.

En ese contexto, se evidencia que en realidad lo que existe en el punto estudiado es una disparidad de criterios en torno a la apreciación de las situaciones que rodearon el caso concreto y la hermenéutica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede «imponer al fallador una determinada interpretación de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una específica valoración probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes» (CSJ STC10939-2021, STC12501-2022 reiterada en STC3881-2023).

En definitiva, se confirmará la decisión impugnada por lo anteriormente expuesto.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, resuelve CONFIRMAR la sentencia del 23 de julio del 2026 emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Se ordena a las autoridades judiciales vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a las partes e intervinientes por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOS