CSJ - STC17549-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC17549-2026

Radicación n.º 52001-22-13-000-2026-00176-01 (Aprobado en sesión del nueve de septiembre de dos mil veintiséis)

Bogotá, D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pasto el pasado 14 de agosto de 2026,dentro de la acción de tutela promovida por I.F. contra el Juzgado de Familia de Pasto y la Comisaria de Familia de la misma ciudad; trámite al cual fueron vinculadas las autoridades, partes e intervinientes dentro del trámite de medida de protección VIF n.° 2025-00000 (000-2025).

ANOTACIÓN PRELIMINAR

En aras de garantizar la protección a la intimidad de las menores de edad involucradas en el presente asunto, se suprimirá de toda futura publicación de esta providencia la información de cualquier dato que permita su identificación, para lo cual se elaborará otro texto, de igual tenor, que será el publicable para todos los efectos, de conformidad con el artículo 1° del Acuerdo nº 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

ANTECEDENTES

1. El accionante reclama la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, presunción de inocencia, buen nombre, igualdad y unidad familiar, junto con el interés superior de sus hijas menores de edad, que estima quebrantados por las autoridades convocadas.

ANTECEDENTES

1. El accionante reclama la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, presunción de inocencia, buen nombre, igualdad y unidad familiar, junto con el interés superior de sus hijas menores de edad, que estima quebrantados por las autoridades convocadas.

2. Como soporte de su queja, expuso que el 2 de abril de 2016 contrajo matrimonio con la señora A.L.R.R. en Bassano del Grappa (Italia) y que de dicha unión nacieron las gemelas A.F.R. y G.F.R. el 7 de julio de 2017.

3. Relató que desde octubre de 2017 el núcleo familiar fijó su residencia habitual en Juan-les-Pins (Francia), donde las niñas adelantaron de manera ininterrumpida su proceso de escolarización.

4. Narró que el 2 de julio de 2025 la señora A.L.R.R. viajó con las menores a Colombia bajo el entendido de una estadía temporal, pero se estableció con ellas en la ciudad de Pasto, las matriculó en un colegio sin su consentimiento y manifestó su determinación de no retornar a Francia.

5. Señaló que la progenitora formuló denuncia por presunta violencia intrafamiliar, la cual dio origen al trámite VIF 084-2025 ante la Comisaría de Familia de Pasto, en el que se recaudaron diversas pruebas.

6. Expuso que, mediante la Resolución 0194 del 15 de diciembre de 2025, la autoridad administrativa impuso medidas de protección definitivas —entre ellas, el cese de todo acto de violencia, la prohibición de trasladar a las niñas sin autorización materna, un régimen de visitas virtuales y una cuota alimentaria provisional a su cargo—.

7. Agregó que, contra dicha determinación, interpuso recurso de apelación, resuelto de manera desfavorable por el Juzgado de Familia del Circuito de Pasto en sentencia del 2 de febrero de 2026 —notificada por estado el 3 de febrero—, que confirmó la decisión de la comisaría.

8. El tutelante reprochó a las autoridades accionadas haber valorado indebidamente el material probatorio, pues, a su juicio, los informes técnicos e institucionales —del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de Medicina Legal— no acreditaron actos de violencia atribuibles a él respecto de sus hijas y, pese a ello, se mantuvieron medidas desproporcionadas que afectan el vínculo paterno-filial. Con ello, atribuyó a las providencias cuestionadas defecto fáctico, motivación insuficiente, defecto sustantivo y violación directa de la Constitución.

9. Con fundamento en lo expuesto, el promotor solicitó amparar los derechos invocados, dejar sin efectos la Resolución 0194 de 2025 y la sentencia de homologación del 2 de febrero de 2026, y ordenar que se profiera una nueva decisión que valore de forma integral el acervo probatorio.

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS

1. El Juzgado de Familia del Circuito de Pasto remitió el enlace del expediente 2025-00000 y pidió declarar improcedente el amparo, por haberse promovido cerca de 6 meses después de proferida la providencia de homologación, lo que, a su juicio, comprometía el requisito de inmediatez. Añadió que, notificada su decisión, no se presentaron solicitudes de aclaración o complementación, razón por la cual dispuso la devolución del expediente a la comisaría.

2. La Comisaría de Familia de Pasto se opuso a las pretensiones. Adujo que la tutela pretende reabrir un debate ya definido, que valoró la prueba conforme a la sana crítica —informes psicosociales, valoración de riesgo de Medicina Legal e informes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar— y concluyó, motivadamente, un contexto de violencia psicológica, y que obró dentro de las competencias de la Ley 2126 de 2021.

3. La Procuraduría 20 Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer solicitó negar el amparo. Sostuvo que debían mantenerse las medidas de no violencia y no hostigamiento y las orientadas a disminuir la exposición de las niñas al conflicto, y que no se acreditó vulneración atribuible a las autoridades accionadas.

4. A.L.R.R., por conducto de apoderada, contradijo la acción y pidió negar el amparo, por pretenderse revivir un debate ya resuelto y estar acreditada la violencia contra ella y sus hijas.

LA SENTENCIA IMPUGNADA

La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pasto declaró improcedente el amparo por incumplimiento del requisito de inmediatez. Consideró que la providencia del 2 de febrero de 2026, mediante la cual el Juzgado de Familia homologó la Resolución 0194 del 15 de diciembre de 2025, databa de más de 6 meses respecto de la presentación de la tutela, término que la jurisprudencia tiene por razonable para acudir a esta vía contra decisiones judiciales.

IMPUGNACIÓN

IMPUGNACIÓN

El actor insistió en el amparo. Adujo que el a quo erró al computar la inmediatez, pues entre la notificación del 3 de febrero de 2026 y la radicación del 31 de julio siguiente no transcurrieron los 6 meses, y que, además, la afectación persiste porque las medidas siguen vigentes. Pidió revocar el fallo para que se estudien de fondo los defectos alegados.

CONSIDERACIONES

1. Del cumplimiento del requisito de inmediatez

La inmediatez, connatural a la tutela, no opera como término de caducidad sino como exigencia de razonabilidad, para cuyo cumplimiento esta Sala tiene por plazo prudente el de 6 meses contados desde la actuación que se reprocha (CSJ, STC, 29 abr. 2009, rad. 2009-00624-00, reiterada en STC11374-2016).

En el caso, la sentencia del Juzgado de Familia del Circuito de Pasto del 2 de febrero de 2026 —que homologó la Resolución 0194 de 2025— se notificó por estados el 3 de febrero de 2026, y la tutela se radicó el 31 de julio siguiente, dentro de ese término. El a quo concluyó lo contrario porque computó el plazo hasta el auto admisorio —4 de agosto de 2026— y no hasta la radicación de la demanda, que es la actuación con la que se ejerce la acción.

Corregido el yerro, no se consolidaron los 6 meses; por tanto, satisfecha la inmediatez, se abordará el estudio de fondo, previa verificación de los demás presupuestos de procedibilidad.

2. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Corregido el yerro, no se consolidaron los 6 meses; por tanto, satisfecha la inmediatez, se abordará el estudio de fondo, previa verificación de los demás presupuestos de procedibilidad.

2. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado, en línea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener incólumes los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.

Por regla de excepción se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protección judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornarían imperiosa la intervención del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico.

Así, sobre la pretensión de exigir al juzgador una determinada interpretación de las normas procesales o una específica valoración probatoria, la Sala en precedencia ha indicado que «no se puede recurrir a la acción tutelar para imponer al fallador una determinada interpretación de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una específica valoración probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes». (CSJ, STC17645-2025, en cita de, entre otros, STC 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01).

De manera que esta particular justicia sólo intervendría cuando eventualmente la decisión cuestionada sea producto de un proceder notorio, flagrante y manifiestamente apartado del ordenamiento jurídico, con incidencia directa en las garantías fundamentales del impugnante.

3. De la providencia atacada y de las medidas de protección vigentes para la denunciante y sus hijas

Las medidas de protección propias de los trámites de violencia intrafamiliar tienen naturaleza preventiva y protectora: procuran hacer cesar la violencia y conjurar su repetición, de modo que permanecen vigentes mientras subsista el riesgo que las justifica, sin que su carácter definitivo las torne inmutables ni las convierta en sanción. Sobre ellas, esta Corporación ha destacado que «las autoridades de familia ya desplegaron un conjunto amplio y coherente de medidas dirigidas» a la salvaguarda de la víctima y de las niñas (CSJ, STC3491-2026).

Ese marco se inscribe en la protección reforzada que la Constitución y los instrumentos internacionales reconocen a la mujer frente a la violencia. Los artículos 13, 42 y 43 superiores, la Ley 294 de 1996 —reformada por la Ley 575 de 2000—, la Ley 1257 de 2008 y la Convención de Belém do Pará imponen a las autoridades un deber de debida diligencia y un enfoque de género en la valoración de estos asuntos. Como lo precisó esta Sala, «la protección de la mujer frente a todo tipo de violencia constituye un deber jurídico reforzado», y «la violencia psicológica —por su naturaleza insidiosa y progresiva— puede resultar tan o más destructiva» que la física (CSJ, STC3491-2026).

De ahí que el examen de la providencia atacada no pueda desligarse de la finalidad protectora de las medidas ni del estándar reforzado que rige la materia: mientras subsista el contexto de riesgo, su permanencia se justifica y su acatamiento se impone a los implicados, sin perjuicio de que las cargas económicas o el régimen de contacto se ajusten por las vías ordinarias ante la autoridad competente.

4. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la Comisaría de Familia de Pasto y el Juzgado de Familia del Circuito de la misma ciudad, al imponer y confirmar las medidas de protección definitivas de la Resolución 0194 de 2025 dentro del trámite VIF 084-2025, incurrieron en defecto fáctico, motivación insuficiente, defecto sustantivo o violación directa de la Constitución —por indebida valoración probatoria y restricción desproporcionada del vínculo paterno-filial—, o si esas decisiones obedecen a una apreciación razonable amparada en la autonomía judicial.

5. Caso concreto

Se anticipa que la Sala confirmará la negativa del amparo, pues en la providencia cuestionada no se vislumbra irregularidad que imponga la injerencia del juez constitucional.

5.1. La conclusión de la Comisaría —confirmada por el Juzgado— descansa en una valoración razonada y conjunta del acervo: los relatos, los informes psicosociales, la valoración de riesgo de Medicina Legal y los informes de verificación de derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar permitieron inferir un contexto de violencia psicológica en el entorno familiar. Que esa inferencia admita otra posible lectura no la torna arbitraria ni configura defecto fáctico.

5.2. Tampoco se configura motivación insuficiente. El reproche del actor parte de una premisa parcial, pues los conceptos que no hallaron violencia se refieren a las niñas, mientras que las medidas también protegen a la denunciante frente a la violencia psicológica y económica, de modo que la ausencia de lesiones físicas no descarta, por sí sola, el riesgo que las autoridades tuvieron por acreditado bajo el estándar preventivo propio de estos trámites.

5.3. Y no se advierte defecto sustantivo ni desproporción, las medidas preservaron el vínculo paterno-filial mediante un régimen de visitas virtuales, subsisten mientras persista el riesgo y admiten revisión y ajuste ante el juez de familia. Su permanencia, lejos de ser una sanción indefinida, responde a la finalidad protectora y al estándar reforzado ya señalados (num. 3).

5.4. Descartados los defectos alegados, lo que se advierte, entonces, es una diferencia de criterio del actor frente a los razonamientos de las autoridades cuestionadas, adoptados en ejercicio de sus facultades y amparados en los principios de autonomía e independencia judicial, situación que per se no abre paso a la protección constitucional, pues la acción de tutela no comporta una instancia adicional para prolongar el debate ya definido por los jueces naturales.

Al respecto, se ha insistido en que:

«independientemente de que se comparta o no la hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, la reseñada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque éste pueda ser susceptible de otra exégesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia.»(CSJ, STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado, STC619-2023).

6. Conclusión

En definitiva, como la decisión recriminada no constituye arbitrariedad susceptible de corrección por esta excepcional vía, porque lo pretendido por el reclamante es anteponer su propio criterio al de la autoridad cuestionada, se confirmará la negativa del resguardo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnación, por las razones expuestas en la parte considerativa.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOS