CSJ - STC17571-2026
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- Título
- CSJ - STC17571-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- 2026
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Magistrado Ponente
STC17571-2026
Radicación n.º 25000-22-13-000-2026-00618-01
(Aprobado en sesión del nueve de septiembre de dos mil veintiséis)
Bogotá, D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).
Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida el 18 de agosto de 2026[[1]](#footnote-2) por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, dentro de la tutela promovida por E.A.U.C. contra el Juzgado Primero Promiscuo de Familia, trámite al cual fueron vinculados las autoridades, partes e intervinientes del juicio de aumento de cuota alimentaria rad. n.° 2025-002XX.
ANOTACIÓN PRELIMINAR
En aras de garantizar la protección a la intimidad de la menor de edad involucrada en el presente asunto, se suprimirá de toda futura publicación de esta providencia la información de cualquier dato que permita su identificación, para lo cual se elaborará otro texto, de igual tenor, que será el publicable para todos los efectos, de conformidad con el artículo 1 del Acuerdo n.º 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.
ANTECEDENTES
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, defensa e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada.
ANTECEDENTES
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, defensa e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada.
2. En sustento, adujo ser demandado al interior de la causa objeto de revisión. Narró que, una vez ventiladas las etapas procesales de rigor, el juzgador fijó fecha para la audiencia de instrucción y juzgamiento. Expuso que, en horas de la mañana, su apoderada judicial solicitó el aplazamiento de la diligencia debido a un evento médico, adjuntando la respectiva documentación. Señaló que, a pesar de lo anterior, la autoridad judicial decidió proceder con la vista pública «Como quiera que la causal mencionada por la apoderada judicial no está contemplada en el Código General del Proceso, para aplazar la diligencia, se procede con el desarrollo de la audiencia» y dictó la respectiva sentencia favorable a las pretensiones.
De ese panorama derivó la lesión a sus derechos fundamentales, toda vez que, en su concepto, «[l]a decisión judicial fue adoptada sin que mi defensa técnica pudiera participar en igualdad de condiciones, controvertir adecuadamente las actuaciones surtidas, formular observaciones o ejercer plenamente las facultades propias de la representación judicial».
3. Por lo anterior, pidió dejar sin efectos la audiencia censurada, para que, en su lugar, se celebre nuevamente con presencia de su defensa técnica.
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS
1. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia allegó el link del expediente censurado, hizo un recuento de las actuaciones a su cargo y defendió la respectiva legalidad.
2. D.P.C.G. -parte demandantese opuso a la prosperidad de las pretensiones.
ACTUACIÓN DE INSTANCIA
2. D.P.C.G. -parte demandantese opuso a la prosperidad de las pretensiones.
ACTUACIÓN DE INSTANCIA
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas negó la salvaguarda tras constatar el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, en vista de que no recurrió la providencia cuestionada y no solicitó la nulidad pretendida. Adicionalmente, descartó la irrazonabilidad del actuar del juzgador.
IMPUGNACIÓN
La interpuso el gestor en ampliación de sus argumentos iniciales.
CONSIDERACIONES
1. De entrada, se apunta que la decisión impugnada ha de ser confirmada, por cuanto la salvaguarda incumple el requisito de subsidiariedad, tal como pasa a exponer.
2. Tutela contra actuaciones judiciales
La acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de carácter residual y subsidiario, toda vez que sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervención del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jurídico, quebrantado, aparentemente, por una autoridad judicial, a saber:
(i) que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión ius fundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela. (CC, C-590/05 y SU-813/07).
De igual forma, superadas las anteriores exigencias, es imprescindible que se haya configurado alguno de los defectos específicos, esto es, sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constitución.
3. Caso concreto
En efecto, el promotor acudió al mecanismo supra legal con el fin de que se deje sin efectos la audiencia de instrucción y juzgamiento celebrada, debido a que no contó con una adecuada defensa técnica con un presunto motivo justificado. No obstante, considera la Sala que el resguardo no satisface el requisito de subsidiariedad, conforme lo prevé el numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
Ciertamente, basta con advertir que, de los medios de prueba incorporados al presente asunto, se evidencia que el actor de manera alguna exteriorizó esa puntual inconformidad, en los términos aquí expuestos, ante el juzgador natural del proceso criticado, no siendo este escenario el idóneo ni el que el legislador estableció para estudiar esta queja, en desconocimiento del funcionario competente para ello.
Esta Corporación ha predicado, al respecto, lo siguiente:
(…) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideración, pretextando la supuesta violación de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos estén siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protección, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa (…) que el ordenamiento jurídico ha contemplado, sino cuando carezca de éstas (CSJ, STC9022-2021, STC5391-2022, STC10629-2024, entre otras).
Proceder como lo plantea el demandante implicaría asumir que esta acción es un mecanismo de protección alternativo con el consecuente riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades y concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, lo que adicionalmente propiciaría un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
4. Lo consignado, sin más, implica ratificar el veredicto opugnado.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.
Comuníquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Presidente de Sala