CSJ - STC19111-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA Magistrado ponente

STC19111-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-04317-00 (Aprobado en sesión de veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena de Indias, D. T. y C ., treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Walter Alirio Castaño Latorre contra la contra la Sala Única del Tribunal Superior y el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Pamplona , trámite al cual fueron vinculados Mayerleys Carvajal Urrea, Doris Omaira Grimaldos Ramírez y demás intervinientes en el juicio de declaración de unión marital de hecho n.° 2023-00041.

ANTECEDENTES

1. El solicitante, en nombre propio , acude al mecanismo de amparo para reclamar la protección de los derechos fundamentales a l debido proceso , acceso a la justicia, «[p]rotección constitucional de la familia y del matrimonio » yRad. n.° 11001-02-03-000-2026-04317-00 2 propiedad, presuntamente vulnerado s por la s autoridades judiciales convocadas.

2. Del escrito inicial y los anexos se extrae que en el proceso de declaración de unión marital de hecho que le promovió Mayerleys Carvajal Urrea (rad. 2023-00041), el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de Pamplona dictó sentencia el 22 de mayo de 2024, en la que

promovió Mayerleys Carvajal Urrea (rad. 2023-00041), el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de Pamplona dictó sentencia el 22 de mayo de 2024, en la que aprobó el acuerdo entre las partes y declaró «la unión marital constituida entre MAYERLEYS CARVAJAL URREA y WALTER ALIRIO CASTAÑO LATORRE a partir del 27 de abril de 2010 mediante escritura pública número 0882 del 27 de abril de 2013 corrida en la Notaria 14 de la ciudad de Bogotá se prolongó hasta el 31 de octubre de 2022 que se produjo la separación física y definitiva de la pareja » y, en consecuencia que, la sociedad patrimonial de hecho por ellos constituida lo fue en esas fechas, declarándola disuelta y se inscribiera en los registros civiles de nacimiento.

Sostuvo que, iniciada la etapa de liquidación de la sociedad patrimonial, la demandante Carvajal Urrea presentó inventarios y avalúos i ncluyendo, entre otros activos, el apartamento con matrícula n.° 040-85299, el garaje n.° 040-85274 y el vehículo de placas GIP -977; los cuales, el acá actor objetó , porque en su criterio fueron adquiridos en vigencia de su sociedad conyugal, al haber contraído matrimonio el 27 de marzo de 2010 con Doris Omaira Grimaldos Ramírez, vínculo previo que permanece vigente al no haberse liquidado dicha sociedad y, por tanto, los bienes en comento, no podían atribuirse automáticamente a la sociedad patrimonial referida.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-04317-00 3

vigente al no haberse liquidado dicha sociedad y, por tanto, los bienes en comento, no podían atribuirse automáticamente a la sociedad patrimonial referida.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-04317-00 3 Señaló que, en virtud de ese vínculo matrimonial existente con anterioridad, «el Juzgado dispuso la vinculación de la señora DORIS OMAIRA GRIMALDOS RAMÍREZ al trámite liquidatorio en virtud de las subreglas de la SC 1422 de 22 de mayo de 2025 » y el 7 de mayo de 2026, resolvió la objeción a los inventarios y avalúos, entre otros asuntos, manteniendo en el inventario social, los inmuebles con F.M.I. 040-85299 y 040-85274 y el rodante de placas GIP-977, los cuales, a juicio del tutelante, fueron « adquiridos en vigencia del matrimonio y la unión marital declarada, desconociendo los efectos patrimoniales del primero »; decisión que apelada por ambos extremos, el Tribunal accionado confirmó el 23 de junio pasado.

Censuró que las autoridades convocadas «omitieron efectuar un análisis individualizado del origen de los recursos empleados para la adquisición de cada uno de los activos inventariados, pese a que dentro del proceso se acreditó que los inmuebles fueron adquiridos mediante recursos provenientes de Caja Honor, entidad que administra beneficios exclusivos derivados de [su] condición de miembro de la Fuerza Públi ca, y mediante descuentos directos de nómina » e invirtieron la carga de la prueba, en tanto no exigieron a Carvajal Urrea « la demostración concreta y específica del esfuerzo

de la Fuerza Públi ca, y mediante descuentos directos de nómina » e invirtieron la carga de la prueba, en tanto no exigieron a Carvajal Urrea « la demostración concreta y específica del esfuerzo mancomunado respecto de cada uno de los activos objeto de liquidación, limitándose las autoridades judiciales a derivar dicho esfuerzo de la sola convivencia y de algunos registros institucionales».

Reprochó que, en las decisiones de 7 de mayo y 23 de junio de los corrientes, se incurrió en vías de hecho. De un lado, por defecto sustantivo, en cuanto, si bien reconocieron que no puede coexistir una sociedad conyugal vigente con una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes,Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-04317-00 4 terminaron adjudicando los bienes en favor de esta última sin identificar cuáles provenían realmente del e sfuerzo común de los convivientes, lo que «condujo a la aplicación de efectos propios de una comunidad universal de gananciales en abierta contradicción con las mismas premisas jurídicas reconocidas en la providencia».

En lo fáctico, denunció una indebida valoración probatoria en cuanto se reconocieron « efectos patrimoniales» a los bienes que adujo pertenecían a «la sociedad conyugal vigente» sin que existiera prueba suficiente, idónea y conducente que comprobara «el denominado esfuerzo mancomunado exigido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia». Además, cuestionó que se apreciaron como medios probatorios de ese esfuerzo aludido, los que únicamente acreditaban la convivencia y la

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia». Además, cuestionó que se apreciaron como medios probatorios de ese esfuerzo aludido, los que únicamente acreditaban la convivencia y la relación afectiva entre las partes en litigio, pese a que la jurisprudencia exige demostrar de manera específica la contribución patrimonial cuando existe una sociedad conyugal vigente , pues no se aportaron pruebas sobre aportes económicos concretos de Carvajal Urrea en la adquisición, conservación o incremento de los bienes, por lo que se dedujo tal «esfuerzo mancomunado» indebidamente, con sólo indicios y otras pruebas que resultaban insuficientes; máxime cuando, «los bienes (…) fueron adquiridos mediante ingresos salariales, créditos institucionales y beneficios provenientes de la carrera militar (…) circunstancia que exigía un análisis probatorio mucho más estricto».

Finalmente, agregó que se incurrió en «defecto sustantivo y fáctico por inversión indebida de la carga de la prueba y desconocimiento del precedente contenido en la sentencia SC1422-Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-04317-00 5 2025», insistiendo en que, a su juicio, se desconoció el precedente en cita, según el cual, cuando se pretenden efectos patrimoniales derivados de una unión marital de hecho coexistente con una sociedad conyugal vigente, corresponde a quien los reclama acreditar de manera específica e individualizada el esfuerzo mancomunado respecto de cada bien ; empero, los servidores judiciales, relevaron a Carvajal Urrea de esa carga probatoria y

corresponde a quien los reclama acreditar de manera específica e individualizada el esfuerzo mancomunado respecto de cada bien ; empero, los servidores judiciales, relevaron a Carvajal Urrea de esa carga probatoria y dedujeron el esfuerzo común a partir de elementos de convicción que sólo demostraban la convivencia, invirtiéndola y desconociendo tanto el precedente judicial vinculante como sus garantías suplicadas.

En el mismo sentido, añadió que le trasladó al acá promotor (demandado) y a su esposa vinculada en el asunto rebatido, esa carga probatoria, desconociendo que Carvajal Urrea, « no acreditó aportes económicos directos; pagos de cuotas hipotecarias; aportes para la cuota inicial de los inmuebles; responsabilidad de obligaciones crediticias; consignaciones o transferencias destinadas a la adquisici ón de los bienes; participación económica en los créditos otorgados por Caja Honor; contribuciones verificables respecto del vehículo o de los inmuebles objeto de liquidación».

3. Por lo anterior, solicitó que se deje sin efectos el interlocutorio de 23 de junio de 2026 y, en consecuencia, ordenar al Tribunal accionado emitir uno nuevo, mediante el cual, (i) «aplique estrictamente el precedente contenido en la sentencia SC1422-2025»; (ii) «determine individualmente el esfuerzo mancomunado respecto de cada activo »; (iii) «valore integralmente la prueba relativa al origen de los recursos empleados para la adquisiciónRad. n.° 11001-02-03-000-2026-04317-00

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mancomunado respecto de cada activo »; (iii) «valore integralmente la prueba relativa al origen de los recursos empleados para la adquisiciónRad. n.° 11001-02-03-000-2026-04317-00 6 de los bienes »; y (iv) «[s]e armonicen adecuadamente los derechos derivados de la sociedad conyugal vigente y los derechos patrimoniales derivados de la unión marital de hecho».

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1. La Sala Única del Tribunal Superior de Pamplona dijo no advertir quebranto alguno a las prerrogativas invocadas quedando atento a lo que se disponga en este escenario.

2. El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de esa ciudad relató el trámite impartido al asunto cuestionado y resaltó que «todas y cada una de las etapas procesales adelantadas dentro del trámite radicado 54518318400220230004100, se efectuaron cumpliendo a cabalidad con las disposiciones constitucionales y legales del caso y, con pleno conocimiento de las partes y sus apoderados quienes comparecieron a las audiencias oportunamente y ejercieron los recursos legales».

3. Mayerleys Carvajal Urrea se opuso a la demanda, resaltando que « el despacho accionado decidió conveniente aplicar por analogía al caso concreto la posición planteada por la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC1422 de 22 de mayo de 2025 de la Sala de Casación Civil Agraria y Rural, Mg. Ponente Martha Patricia Guzmán Álvarez, situación que en criterio de este contradictorio acató, en razón

de Justicia en sentencia SC1422 de 22 de mayo de 2025 de la Sala de Casación Civil Agraria y Rural, Mg. Ponente Martha Patricia Guzmán Álvarez, situación que en criterio de este contradictorio acató, en razón de la garantía procesal que el Juzgado otorgó a la señora DORIS OMAIRA GRIMALDO RAMÍREZ para que, dentro del trámite liquidatorio que nos ocupa (…) demostrara su participación en la adquisición de los bienes (…)».Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-04317-00 7

CONSIDERACIONES

1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado, en línea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener incólumes los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Carta Política, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.

No obstante, cuando se haya configurado alguno de los defectos específicos de procedibilidad del amparo frente a una providencia, que la Corte Constitucional clasificó en sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o violación directa de la Constitución, el amparo se abre paso, siempre y cuando este respete las exigencias generales de la inmediatez y la subsidiariedad. Es decir, en los precisos casos en los cuales

precedente jurisprudencial, o violación directa de la Constitución, el amparo se abre paso, siempre y cuando este respete las exigencias generales de la inmediatez y la subsidiariedad. Es decir, en los precisos casos en los cuales los funcionarios res pectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico si el afectado no cuenta con otro medio de protección judicial.

2. Si bien los falladores ordinarios tienen libertad discreta y razonable para interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico, los jueces constitucionales puedenRad. n.° 11001-02-03-000-2026-04317-00 8 intervenir en esa función, cuando aquellos incurren en una flagrante desviación de este. Al resp ecto, la Corte ha

manifestado que:

«[e]l Juez natural está dotado de discreta autonomía para interpretar las leyes, de modo que el amparo sólo se abre paso si “se detecta un error grosero o un yerro superlativo o mayúsculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la función judicial; en suma, cuando se presenta una vía de hecho, así denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jurídico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado.. .» (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC75122025).

2.1. Así, uno de los eventos en los cuales se habilita la

fundamental constitucional vulnerado o amenazado.. .» (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC75122025).

2.1. Así, uno de los eventos en los cuales se habilita la salvaguarda para conjurar la afectación que pueden causar los actos judiciales a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, es la certeza de haber dictado una providencia rel evante en la actuación que desconozca la obligación de una «debida motivación» . Sobre el tema, esta Sala ha sostenido:

«(…) la motivación de las sentencias constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, razón por la cual ésta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir, ‘(…) la función del juez tie ne un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisión que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideración. La sentencia, como acto procesal que es, según el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, deb e ser motivada ‘de manera breve y precisa’ –pero necesariamente fundamentada-, dicha evaluación debe cobijar el ‘examen crítico de las pruebas y a los razonamientos legales’ que sean indispensables para fundamentarla (art. 304 ib.). (…) ‘la función del jue z radica en la definición del derecho y uno de los principios en que se inspiraRad. n.° 11001-02-03-000-2026-04317-00

fundamentarla (art. 304 ib.). (…) ‘la función del jue z radica en la definición del derecho y uno de los principios en que se inspiraRad. n.° 11001-02-03-000-2026-04317-00 9 reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias estén clara y completamente motivadas. La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constitución para resolver los casos concretos, con base en la aplicación de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imp osición que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstención, forzosa para el sujeto pasivo del fallo» (CSJ, STC 22 may. 2003, exp. 00526-01 reiterada en STC7781 -2016 y recientemente en STC16326-2025).

Igualmente, esta Corporación ha dicho que, en eventos como éste, «sufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivación resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales» (CSJ, STC 28, mar. 2008, rad. 00384-00, reiterada entre otras en STC9162-2015).

3. Examinada la queja constitucional al tenor de la normativa aplicable, jurisprudencia de esta Corporación y, su cotejo con la información extractada de las pertinentes piezas procesales adosadas al expediente, se accederá a la

3. Examinada la queja constitucional al tenor de la normativa aplicable, jurisprudencia de esta Corporación y, su cotejo con la información extractada de las pertinentes piezas procesales adosadas al expediente, se accederá a la protección tutelar reclamada, no por las vías de hecho enrostradas por el accionante , sino en la med ida en que la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, incurrió en motivación insuficiente, exclusivamente, en cuanto a la aplicación del fallo de esta Corporación SC1422-2025 (22 may.), como pasa a explicarse.

4. En efecto, recuérdese que el gestor planteó el presunto quebranto de sus garantías, con la decisión de segunda instancia proferid a al interior de la liquidaciónRad. n.° 11001-02-03-000-2026-04317-00 10 patrimonial seguida a continuación del proceso de declaración de unión marital de hecho (rad. 2023-00041) confirmatorio de la resolución de la objeción a los inventarios y avalúos (único que se analizará por ser el que zanjó el asunto en discusión) ; porque en su criterio, se incurrió en vías de hecho por defecto fáctico ante la indebida valoración probatoria enrostrada, así como , defecto sustantivo y desconocimiento del precedente , específicamente en inadvertir que, en aquellos casos en que se pretenden efectos patrimoniales derivados de una unión marital de hecho coexistente con una sociedad conyugal vigente, correspondería a quien los reclama acreditar de manera específica e individualizada el esfuerzo mancomunado

patrimoniales derivados de una unión marital de hecho coexistente con una sociedad conyugal vigente, correspondería a quien los reclama acreditar de manera específica e individualizada el esfuerzo mancomunado respecto de cada bien, lo que echó de menos en el asunto y, por el contrario, adujo se invirtió la carga de la prueba que residía en el extremo demandante.

4.1. Al verificarse el expediente de l referido juicio, se extrae que la Colegiatura acusada, en lo que interesa para resolver el asunto, respecto a los argumentos de la apelación del demandado (acá tutelante), esto es, su inconformidad con haber mantenido en el inventario social de la liquidación de la sociedad patrimonial de hecho , los inmuebles c on F.M.I. 040-85299 y 040 -85274 y el vehículo de placas GIP -977, luego de establecer los problemas jurídicos a resolver, en cuanto ambas partes apelaron la decisión del a quo, en el marco normativo y jurisprudencial, reconoció y aplicó algunas de las subreglas fijadas en el fallo SC1422-2025 de esta Corte, al esgrimir que, allí se reconoció que no puede existir una sociedad patrimonial cuando uno de losRad. n.° 11001-02-03-000-2026-04317-00 11 compañeros mantiene una sociedad conyugal vigente y, en seguida, al reproduc ir las aludidas subreglas, citó la del criterio del esfuerzo mancomunado , según la cual , la adquisición onerosa durante una convivencia superior a dos años constituye un indicio de esfuerzo común.

Al efecto , el Tribunal hizo las siguientes precisiones

criterio del esfuerzo mancomunado , según la cual , la adquisición onerosa durante una convivencia superior a dos años constituye un indicio de esfuerzo común.

Al efecto , el Tribunal hizo las siguientes precisiones iniciales de esa providencia, de la siguiente forma:

«En relación con la coexistencia de sociedades universales, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido de manera reiterada que la sociedad conyugal y la sociedad patrimon ial entre compañeros permanentes no pueden coexistir simultáneamente respecto de una misma persona, pues ambas constituyen comunidades universales de gananciales. Permitir esa coexistencia generaría confusión patrimonial, superposición de haberes y una dif icultad insalvable para determinar qué activos y pasivos pertenecen a cada comunidad.

La sentencia SC1422-2025 de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia reiteró esa imposibilidad, al señalar que mientras subsista la soc iedad conyugal de alguno de los compañeros permanentes no puede surgir, en sentido estricto, una sociedad patrimonial entre ellos. La razón es lógica y jurídica: una misma persona no puede aportar simultáneamente la totalidad de sus gananciales a dos comunidades universales distintas.

Sin embargo, la misma providencia precisó que esa imposibilidad no puede conducir a negar toda protección económica a la unión marital de hecho. La Corte advirtió que, aunque no puede reconocerse una segunda comunidad universal, sí deben protegerse los derechos patrimoniales derivados del esfuerzo común desarrollado en una unión marital de hecho estable, permanente y superior a dos años.

reconocerse una segunda comunidad universal, sí deben protegerse los derechos patrimoniales derivados del esfuerzo común desarrollado en una unión marital de hecho estable, permanente y superior a dos años.

Para armonizar esas dos exigencias, la Corte Suprema estableció la figura de la sociedad de hecho especial entre compañeros permanentes. Esta no tiene naturaleza universal, sino que se integra únicamente por los activos adquiridos y los pasivos contraídos con el esfuerzo mancomunado de los compañerosRad. n.° 11001-02-03-000-2026-04317-00 12 permanentes. De esta manera, se protege el patrimonio construido por la pareja de hecho sin desconocer la existencia de la sociedad conyugal previa.

La sentencia SC1422 -2025 fijó varias subreglas relevantes. En primer lugar, cuando se declare una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años, pero no sea posible reconocer sociedad patrimonial por la existencia de una sociedad conyugal vigente, el juez deberá declarar la existencia de una sociedad de hecho especial, disponer su disolución y ordenar su liquidación. En segundo lugar, dicha sociedad estará conformada por los activos y pasivos adquiridos con el esfuerzo mancomunado de los compañeros permanentes.

En tercer lugar, la adquisición onerosa de un activo durante una unión marital de hecho superior a dos años constituye un indicio relevante de que fue producto del esfuerzo conjunto de los compañeros permanentes. En cuarto lugar, el cónyuge que mantiene una sociedad conyugal vigente con uno de los compañeros debe ser citado al proceso para garantizar su derecho de defensa. En quinto

relevante de que fue producto del esfuerzo conjunto de los compañeros permanentes. En cuarto lugar, el cónyuge que mantiene una sociedad conyugal vigente con uno de los compañeros debe ser citado al proceso para garantizar su derecho de defensa. En quinto lugar, tanto el cónyuge citado como las partes pueden discutir la pertenencia de un activo o pasivo, aportando pruebas que lo vinculen de manera inequívoca a la sociedad conyugal vigente.

La Corte también precisó que la mera vigencia de la soc iedad conyugal no desvirtúa, por sí sola, el indicio de adquisición mancomunada dentro de la unión marital de hecho. Por ello, quien pretenda excluir un bien o pasivo de la comunidad formada por la pareja de hecho debe aportar elementos probatorios suficientes que demuestren su pertenencia inequívoca a la sociedad conyugal o su carácter propio o personal.

Finalmente, la sentencia SC1422 -2025 señaló que, una vez liquidada la sociedad de hecho especial, la parte que corresponda al compañero permanente que se encuentra casado acrecerá a su sociedad conyugal, si esta se encuentra vigente. Con ello se procura una solución equilibrada que protege el esfuerzo económico de la pareja de hecho, sin desconocer los derechos del cónyuge ni la estructura legal de la sociedad conyugal.

De lo anterior se concluye que, en los procesos liquidatorios, el juez debe examinar cada partida de manera individual, atendiendo su fecha de adquisición o causación, su soporte probatorio, su relación con la sociedad objeto de liquidación , la existencia o no de una

De lo anterior se concluye que, en los procesos liquidatorios, el juez debe examinar cada partida de manera individual, atendiendo su fecha de adquisición o causación, su soporte probatorio, su relación con la sociedad objeto de liquidación , la existencia o no de una sociedad conyugal vigente y las reglas jurisprudenciales sobreRad. n.° 11001-02-03-000-2026-04317-00 13 esfuerzo común, presunción de sociabilidad, compensaciones y prohibición de coexistencia de comunidades universales».

Con base en lo anterior, aseguró que, fundamentado en la sentencia SC1422-2025 de esta Corporación, «no pueden coexistir una sociedad conyugal vigente y una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes por tratarse de comunidades universales de gananciales»; empero, ello no exclu ía irreflexivamente los efectos económicos derivados del esfuerzo común desarrollado en una unión marital de hecho , es decir, mal haría en negarse todo el efecto económico de esa figura en comento.

Por lo tanto, basado en el fallo casacional, estimó que los bienes adquiridos durante una unión marital prolongada , constituyen un indicio relevante de esfuerzo mancomunado y que la sola existencia de una sociedad conyugal vigente no basta para desvirtuarlo. Remató que era dable aplicar una de las subreglas, atinente a que « la adquisición onerosa de un activo durante una unión marital de hecho superior a dos años constituye un indicio relevante de adquisición con esfuerzo común » y, por tanto, correspondía demostrar de manera inequívoca , en cuanto a la relación ant erior, que los activos discutidos pertenecían

indicio relevante de adquisición con esfuerzo común » y, por tanto, correspondía demostrar de manera inequívoca , en cuanto a la relación ant erior, que los activos discutidos pertenecían exclusivamente a la sociedad conyugal y no al esfuerzo común acreditado entre los compañeros permanentes.

En efecto, el ad quem afirmó:

«No desconoce la Sala que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, especialmente la sentencia SC1422-2025, no pueden coexistir simultáneamente, respecto de una misma persona, una sociedad conyugal vigente y una sociedad patrimonial ent reRad. n.° 11001-02-03-000-2026-04317-00 14 compañeros permanentes, pues ambas tienen naturaleza de comunidades universales de gananciales. En ese sentido, le asiste razón a la parte demandada cuando sostiene que el ordenamiento, no autoriza la existencia paralela de dos sociedades universales.

Sin embargo, de esa premisa no se sigue que deban excluirse automáticamente todos los bienes inventariados, ni que pueda desconocerse de plano el esfuerzo común, desarrollado dentro de una unión marital de hecho prolongada. La propia sentencia SC1422-2025 precisó que la imposibilidad de reconocer una sociedad patrimonial, cuando existe una sociedad conyugal vigente, no puede conducir a negar todo efecto económico a la unión marital de hecho. Por ello, la Corte diseñó una solución alternativa, mediante la so ciedad de hecho especial entre compañeros permanentes, integrada por los activos adquiridos y pasivos contraídos con esfuerzo mancomunado.

Aunque el presente asunto tiene una particularidad distinta,

mediante la so ciedad de hecho especial entre compañeros permanentes, integrada por los activos adquiridos y pasivos contraídos con esfuerzo mancomunado.

Aunque el presente asunto tiene una particularidad distinta, consistente en que la sociedad patrimonial ya fue decla rada mediante decisión judicial en firme, las subreglas de la SC14222025 resultan orientadoras para resolver la controversia sobre la pertenencia de los bienes inventariados. En especial, resulta aplicable la regla según la cual, la adquisición onerosa de un activo durante una unión marital de hecho superior a dos años constituye un indicio relevante de adquisición con esfuerzo común; y la mera vigencia de la sociedad conyugal no desvirtúa por sí sola ese indicio, siendo necesario aportar prueba inequívoca que vincule el bien a la sociedad conyugal vigente.

La confirmación de la providencia apelada no supone reconocer la coexistencia plena de dos comunidades universales de gananciales, lo cual se encuentra proscrito por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Lo que se preserva es el efecto de una decisión judicial ejecutoriada dentro del marco limitado de la etapa liquidatoria, aplicando como criterio orientador las subreglas fijadas en la sentencia SC1422 -2025 para proteger el esfuerzo común acreditado, sin desconocer la existencia formal de la sociedad conyugal vigente.

En ese orden, fue acertado que el juzgado de primera instancia hubiera vinculado a Doris Omaira Grimaldos Ramírez al trámite, con el fin de garantizar su derecho de defensa y permitirle discutir la pertenencia de los bienes inventariados. Sin embargo, una vez

hubiera vinculado a Doris Omaira Grimaldos Ramírez al trámite, con el fin de garantizar su derecho de defensa y permitirle discutir la pertenencia de los bienes inventariados. Sin embargo, una vez surtida esa vinculación, no bastaba con acreditar la existencia del matrimonio y de la sociedad conyugal, pues era necesarioRad. n.° 11001-02-03-000-2026-04317-00 15 demostrar que los activos discutidos, pertenecían inequívocamente a dicha sociedad conyugal y no al esfuerzo mancomunado desarrollado entre Walter Alirio Castaño Latorre y Mayerleys Carvajal Urrea».

Finalmente, en cuanto a la valoración probatoria de todos aquellos medios de convicción aportados al caso, de cara a los argumentos formulados por el objetante (acá convocante), e in dividualización de cada uno de los bienes refutados, enunció que el apartamento y el garaje debían integrar el inventario , porque fueron adquiridos de manera onerosa durante la vigencia de la unión marital de hecho declarada judicialmente, exist iendo un indicio de esfuerzo mancomunado conforme c