CSJ - STC20604-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20604-2026 Radicación n.º 68001-22-13-000-2026-00547-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida el 4 de agosto de 2026 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, dentro de la tutela promovida por Forpresalud IPS S.A.S. contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de la misma urbe 1; trámite al cual fueron vinculados los despachos Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias , Quinto Civil del Circuito , la Oficina de Ejecución Civil del Circuito, todos ellos de la capital santandereana, Ecopetrol S.A., Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., los Bancos GNB Sudameris S.A., de Occidente S.A., Popular S.A., Davivienda S.A., la E.S.E. Hospital Universitario de Santander, el Departamento de Santander y la Secretaría de salud de este , así como las

1 El asunto ingresó nuevamente al despacho el 24 de septiembre de 2026, tras el pronunciamiento de los demás magistrados de esta Sala, que afirmaron no tener impedimento para participar de la presente decisión.Rad. n.º 68001-22-13-000-2026-00547-01 2

autoridades, partes e intervinientes en el ejecutivo rad. n.º 2008-00295.

decisión.Rad. n.º 68001-22-13-000-2026-00547-01 2

autoridades, partes e intervinientes en el ejecutivo rad. n.º 2008-00295.

ANTECEDENTES

1. La gestora, a través de su representante legal , reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad enjuiciada.

2. En síntesis, adujo que promovió la acumulación de una demanda ejecutiva dentro del rad. n.º 2015-00289 contra el Departamento de Santander – Secretaría de Salud, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, el cual libró el mandamiento de pago correspondiente, ordenó seguir adelante con la ejecución, aprobó la liquidación de las costas y dispuso la remisión de las diligencias al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de la misma urbe.

Indicó que esta última autoridad efectuó la incorporación del expediente 2015-00289 al rad. n.º 200800295, adelantado por la E.S.E. Hospital Universitario de Santander contra ese mismo ente territorial; y, en auto de 21 de septiembre de 2022, requirió a diversas entidades financieras y a la ADRES para que atendieran la medida cautelar decretada sobre los dineros del ejecutado, sin que afectara los que no fueran de su propiedad, los provenientesRad. n.º 68001-22-13-000-2026-00547-01 3

del Sistema General de Participaciones y los parafiscales no exceptuados.

afectara los que no fueran de su propiedad, los provenientesRad. n.º 68001-22-13-000-2026-00547-01 3

del Sistema General de Participaciones y los parafiscales no exceptuados.

Señaló que esa determinación fue objeto de apelación por su parte y confirmad a en esa sede por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la capital santandereana , pero esta Corte, en sentencia CSJ, STC3044 -2023, dejó sin efectos la confirmación, para que se emitiera una nueva decisión que tuviera en cuenta que « resultaba viable la cautela que reclamó la ejecutante», porque allí se perseguía «el pago de las obligaciones reconocidas en la providencia que ordenó continuar con la ejecución y que corresponden a la prestación de servicios en salud» (29 mar. 2023).

Puso de presente que , producto de ello, en auto de 11 de abril de 2023, el tribunal dio cumplimiento a lo ordenado en ese fallo, y el mencionado despacho de ejecución de sentencias dispuso el obedecimiento a esa resolución (20 abr. 2023); pese a lo cual, en proveído de 15 de enero de 2026, tras solicitar la ampliación de las medidas cautelares el 16 de septiembre de 2025 , estas fueron limitadas « de manera genérica a los bancos que no podían afectar dineros del Sistema General de Participaciones, recursos parafiscales o incorporados al presupuesto territorial».

Se quejó, entonces, de que «amparadas en dicha salvedad restrictiva, las entidades financieras ( Banco GNB Sudameris, Banco Popular y Banco de Occidente) decidieron no aplicar el embargo sobre

territorial».

Se quejó, entonces, de que «amparadas en dicha salvedad restrictiva, las entidades financieras ( Banco GNB Sudameris, Banco Popular y Banco de Occidente) decidieron no aplicar el embargo sobre las cuentas de “[e]stampillas” e “[i]mpuesto [v]ehicular, argumentando la inembargabilidad del artículo 594 del Código General del Proceso ”»; y de que la misma autoridad judicial resolvió « “DENEGAR lasRad. n.º 68001-22-13-000-2026-00547-01 4

peticiones elevadas por el apoderado de la parte actora (...) respecto de la aplicación del precedente constitucional en lo referente a las excepciones al principio de inembargabilidad”, avalando las respuestas de las entidades financieras» (18 jun. 2026), lo que, en su criterio, implica mora judicial injustificada.

Agregó que el juzgado accionado «confunde la naturaleza de los dineros, ya que el Departamento de Santander no recauda recursos parafiscales (función propia de las EPS), sino que administra recursos del SGP y recursos propios. Las cuentas embargadas, como la Nro. 90700940460 denominada “ESTAMPILLAS” en el Banco GNB Sudameris, no ostentan calidad de parafiscales »; y que no cuenta con otro mecanismo para alegar lo pertinente, porque «el juez se niega a resolver materialmente la cautela desde febrero de 2023».

3. Con base en ello, pidió que se ordene al despacho convocado dejar sin efectos el numeral primero del proveído de 15 de enero de 2026 « (y las providencias posteriores que lo ratifiquen) en lo referente a las salvedades genéricas impuestas a los

convocado dejar sin efectos el numeral primero del proveído de 15 de enero de 2026 « (y las providencias posteriores que lo ratifiquen) en lo referente a las salvedades genéricas impuestas a los bancos sobre la inembargabilidad de los recursos»; y emitir los «oficios de desembargo sin condicionamientos sobre los recursos del presupuesto departamental».

4. Mediante escrito posterior, dando cumplimiento al admisorio de la tutela, informó sobre los memoriales que había presentado ante la autoridad judicial demandada para reclamar el cumplimiento del fallo CSJ, STC3044-2023, y la ampliación de las cautelas decretadas y practicadas dentro del proceso ejecutivo mencionado.

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOSRad. n.º 68001-22-13-000-2026-00547-01

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1. La Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles de la capital santandereana , la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma urbe, Ecopetrol S.A. , la Secretaría de Salud de ese departamento y el Procurador 11 Judicial para Asuntos Civiles de dicha ciudad solicitaron su desvinculación del trámite.

2. El despacho accionado hizo un recuento de las actuaciones surtidas ante sí, indicando que sus providencias de 15 de enero y 18 de junio de 2026 no fueron recurridas por la accionante , además de que « lo correspondiente a la improcedencia de embargo de recursos incorporados en el presupuesto de las entidades territoriales (como lo son los recursos proveniente[s] de

de 15 de enero y 18 de junio de 2026 no fueron recurridas por la accionante , además de que « lo correspondiente a la improcedencia de embargo de recursos incorporados en el presupuesto de las entidades territoriales (como lo son los recursos proveniente[s] de “pasaportes”, “estampillas” e “impuesto vehículos”) ya fue objeto de resolución por el superior jerárquico».

3. El Banco GNB Sudameris S.A. alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva, además de que el asunto carece de relevancia constitucional.

4. La E.S.E. Hospital Universitario de Santander pidió negar las pretensiones de amparo, « por no acreditarse la configuración de una actuación arbitraria o contraria al ordenamiento constitucional», de manera que se mantengan « incólumes» las cautelas decretadas al interior del ejecutivo censurado.

ACTUACIÓN DE INSTANCIARad. n.º 68001-22-13-000-2026-00547-01

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La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga declaró improcedente el amparo, toda vez que no fueron presentados recursos contra los proveídos criticados de 15 de enero y 18 de junio de 2026, amén de que cualquier situación de incumplimiento al fallo de tutela de 2023 debe ser ventilada por la vía del desacato y no existe mora judicial, precisamente por la emisión de tales resoluciones.

IMPUGNACIÓN

La interpuso la gestora, para reiterar sus argumentos expuestos ab initio y alegar, en lo pertinente, que sí agotó incidente de desacato por el incumplimiento de la sentencia

resoluciones.

IMPUGNACIÓN

La interpuso la gestora, para reiterar sus argumentos expuestos ab initio y alegar, en lo pertinente, que sí agotó incidente de desacato por el incumplimiento de la sentencia CSJ, STC3044-2023, y que esta Corte resolvió declararlo no probado, de modo que no existía otro medio de defensa judicial eficaz para exigir su observancia.

Reprochó que es inaceptable que se le obligue a «agotar recursos ordinarios dilatorios que perpetúan la ineficacia de la medida», toda vez que existe « una “rebeldía infundada” al negarse sistemáticamente a aplicar las excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos del ente territorial », lo que contribuye a «“aumentar la mora judicial y agudizar la tardanza en la respuesta”».

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para laRad. n.º 68001-22-13-000-2026-00547-01

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protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de carácter residual y subsidiario, toda vez que solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervención del juez excepcional, con el fin de restablecer el orden jurídico, quebrantado, aparentemente, por una autoridad judicial o

presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervención del juez excepcional, con el fin de restablecer el orden jurídico, quebrantado, aparentemente, por una autoridad judicial o administrativa en ejercicio de funciones jurisdiccionales , a saber:

(i) que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii ) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión ius fundamental que alega en sede de tutela; (ii i) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv ) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela

(C.C., C-590/05 y SU-813/07).

De igual forma, superadas las anteriores exigencias, es imprescindible que se haya configurado alguno de los defectos específicos, esto es, sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial,

imprescindible que se haya configurado alguno de los defectos específicos, esto es, sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constitución.Rad. n.º 68001-22-13-000-2026-00547-01 8

2. En el presente caso, la promotora se quejó de los autos que, emitidos por el juzgado accionado el 15 de enero y el 18 de junio de 2026, resolvieron, frente a la solicitud de ampliación de las cautelas practicadas al interior del ejecutivo rad. n.º 2008-00295-01, limitarlas « de manera genérica a los bancos que no podían afectar dineros del Sistema General de Participaciones, recursos parafiscales o incorporados al presupuesto territorial»; y negar sus solicitudes para la « “(...) aplicación del precedente constitucional en lo referente a las excepciones al principio de inembargabilidad”».

Lo anterior, porque con ello se «confunde la naturaleza de los dineros, ya que el Departamento de Santander no recauda recursos parafiscales (función propia de las EPS), sino que administra recursos del SGP y recursos propios. Las cuentas embargadas, como la Nro. 90700940460 denominada “E STAMPILLAS” en el Banco GNB Sudameris, no ostentan calidad de parafiscales».

3. No obstante, examinada la queja constitucional al tenor de la jurisprudencia aplicable y su cotejo con la información extractada de las pertinentes piezas procesales adosadas al expediente, de entrada, advierte la Sala que confirmará el fallo criticado.

tenor de la jurisprudencia aplicable y su cotejo con la información extractada de las pertinentes piezas procesales adosadas al expediente, de entrada, advierte la Sala que confirmará el fallo criticado.

3.1. Lo anterior, habida cuenta de que, al ser enterada en debida forma, la gestora tuvo a su alcance los medios de defensa judicial idóneos -reposición y, de ser procedente, apelaciónpara plantear el debate que expone por esta vía excepcional en contra de las decisiones de 15 de enero y 18 de junio de 2026, lo que no ocurrió.Rad. n.º 68001-22-13-000-2026-00547-01 9

Conforme con ello, no puede abrirse paso el resguardo, pues la tutela no es remedio de último momento para rescatar posibilidades precluidas o términos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisión, queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto e l resultado sería fruto de su propia incuria; lo previo, aunado a que mediante esas decisiones se resolvió lo pertinente, sin que se evidencie, entonces, la alegada mora judicial.

Cabe anotar que la Sala ha sido enfática en precisar que «si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jurídico, - como aquí ocurrió -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (...)» (CSJ, STC4781-2018, entre otras).

3.2. En lo que respecta a l alegado incumplimiento de la sentencia CSJ, STC3044 -2023, emitida por esta Sala,

STC4781-2018, entre otras).

3.2. En lo que respecta a l alegado incumplimiento de la sentencia CSJ, STC3044 -2023, emitida por esta Sala, sobre el cual se insistió, vale destacar que cualquier situación de incumplimiento sobre el particular debe ser ventilada en el respectivo radicado, por la vía del incidente de desacato, al margen de lo que allí se decida.

Así las cosas, como l a accionante, quien insiste en su argumento, puede tramitar ese ruego ante la autoridad competente, frente a tal pedimento no se encuentra acreditado el requisito de la subsidiariedad del presente mecanismo, conforme lo prevé el numeral 1. º del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.Rad. n.º 68001-22-13-000-2026-00547-01 10

Al respecto, recuérdese que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del presupuesto de la subsidiariedad, y su inobservancia ocurre no solo cuando aún existen otras vías tendientes a solucionar la afectación a los derechos o las mismas e stán siguiendo su curso, sino también porque se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios. Ello, aunado a que no se advierte la configuración de un perjuicio irremediable con las características exigidas para activar de manera excepcional este remedio supralegal.

3.3. Finalmente, cabe advertir que, en cualquier caso, resultaría improcedente efectuar algún análisis frente al proveído CSJ, ATC 882-2023, de 2 de agosto , que resolvió «declarar no probado el desacato endilgado a la Sala Civil -Familia del

resultaría improcedente efectuar algún análisis frente al proveído CSJ, ATC 882-2023, de 2 de agosto , que resolvió «declarar no probado el desacato endilgado a la Sala Civil -Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga […], respecto de los cuales se propuso el incidente».

Ello, porque, como el amparo apenas se promovió el pasado 24 de julio de 2026, casi después de 3 años de esa providencia, se superó el término que se ha entendido como prudente y ra zonable para ejercer la acción, situación que impide examinar el fondo del caso, con lo que la demora en incoar la protección supralegal es suficiente para descartar la presencia de arbitrariedades , sin que se hubiese demostrado alguna de las causales expuestas por la jurisprudencia para no exigir este presupuesto:

Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneración del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acción, la CorteRad. n.º 68001-22-13-000-2026-00547-01 11

ha establecido los siguientes criterios: “(i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii ) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si e l fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy

ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si e l fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición (…) (C.C. sentencia T033/10 y CSJ, STC3949-2021, entre otras).

4. Así, se impone confirmar el fallo reprochado, pero por lo expuesto.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto por un medio eficaz y , en oportunidad, envíense las diligencias a la Corte Constitucional para la eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMARad. n.º 68001-22-13-000-2026-00547-01

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ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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