CSJ - STC20629-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20629-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05701-00 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Jhon Kerlys González Sepúlveda , contra la Sala de Casación Penal de esta Corporación y la Presidencia de la República, trámite al cual fueron vinculados los Ministerios de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la Nación – Dirección de Asuntos Internacionales ; el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Turbo (Antioquia) y las demás partes e intervinientes en el trámite de extradición radicado nº 2024-02846 (radicación interna Corte nº 68090).

ANTECEDENTES

1. El solicitante, obrando en su propio nombre , reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso , juez natural y prohibición de dobleRad. n°. 11001-02-03-000-2026-05701-00 2 incriminación, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales y administrativas convocadas.

2. Del escrito inicial y los anexos, se extrae en síntesis

que:

2.1. El 3 de octubre de 20241 la justicia de Estados Unidos de América solicitó la extradición del ciudadano colombiano Jhon Kerlys González Sepúlveda , para que

que:

2.1. El 3 de octubre de 20241 la justicia de Estados Unidos de América solicitó la extradición del ciudadano colombiano Jhon Kerlys González Sepúlveda , para que comparezca ante la Corte Distrital de Texas para responder por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.

El 27 de octubre de ese año, la Fiscalía General de la Nación capturó al mencionado ciudadano en atención al requerimiento de la justicia extranjera.

Agotado el trámite del artículo 500 de la ley 906 de 2004, la Sala de Casación Penal el 18 de febrero de 2026 (CP038-2026) emitió concepto favorable a la extradición de González Sepúlveda.

El 24 de marzo de 202 6 (Resolución nº 099) la Presidencia de la República profirió resolución administrativa concediendo el pedido de extradición. El 8 de septiembre de esta anualidad (Resolución nº 385) el

1 A través de Nota Verbal 1810, para comparecer ante la Corte Distrital de Texas, por la presunta comisión de los delitos de Concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas, según la acusación formal 4:24CR187, proferida el 15 de agosto de 2024.Rad. n°. 11001-02-03-000-2026-05701-00 3 ejecutivo mantuvo la decisión anterior al resolver el recurso de reposición formulado por la defensa del implicado.

2.2. El accionante cuestiona la validez del trámite de extradición que se adelantó en su contra.

3 ejecutivo mantuvo la decisión anterior al resolver el recurso de reposición formulado por la defensa del implicado.

2.2. El accionante cuestiona la validez del trámite de extradición que se adelantó en su contra.

Alega que la documentación y las evidencias remitidas por las autoridades de los EEUU no especifica n los verbos rectores de la conducta endilgada ni demuestran con certeza su ejecución en el extranjero. Sostiene que el juzgamiento debió reservarse a la jurisdicción interna para evitar una cesión injustificada de la soberanía estatal.

Destaca que el 9 de noviembre de 2020 fue condenado a 128 meses de prisión por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Turbo (Antioquia) por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Por lo tanto, manifiesta que la pena impuesta por la justicia nacional debe ejecutarse de forma preferente antes que ceder la competencia a un tribunal extranjero sobre la misma conducta y los mismos hechos.

Por último, critica el concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal y la concesión de la extradición por parte del gobierno colombiano . Aduce que ambas autoridades incurrieron en un desacierto al valerse de presunciones sobre la consumación extraterritorial de los delitos, desplazando la función sancionatoria de los jueces ordinarios y omitiendo la improcedencia de la entrega cuando existen decisiones condenatorias ejecutables en Colombia.Rad. n°. 11001-02-03-000-2026-05701-00 4

3. Por lo anterior, pretende que se deje sin efectos el

existen decisiones condenatorias ejecutables en Colombia.Rad. n°. 11001-02-03-000-2026-05701-00 4

3. Por lo anterior, pretende que se deje sin efectos el concepto favorable a la extradición emitido por la Sala de Casación Penal y la resolución ejecutiva que la concedió, y en su lugar, que se ordene «dejar a disposición del proceso nº [202000053] dentro del cual el 9 de noviembre de 2020 el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Turbo lo condenó a la pena de 128 meses de prisión tras hallarlo penalmente responsable de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, para que de preferencia y respetando derechos y principios constitucionales y legales se purgue la pena impuesta por las autoridades judiciales nacionales».

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sostuvo que la afirmación sobre la omisión de la condena nacional al emitir el concepto carecía de sustento en los hechos. Explicó que en la providencia sí se valoró la sentencia del juzgado especia lizado y se descartó la triple identidad requerida para la prohibición del doble juzgamiento. Señaló las diferencias fácticas evidenciadas entre los procesos en cuanto a las fechas, la ubicación geográfica de las conductas y la dimensión de los cargamentos de droga. Reafirmó la validez de su análisis y solicitó denegar el amparo constitucional.

2. El Ministerio de Relaciones Exteriores relató que su intervención en el procedimiento se limitaba a actuar como conducto diplomático entre el Estado requirente y las

solicitó denegar el amparo constitucional.

2. El Ministerio de Relaciones Exteriores relató que su intervención en el procedimiento se limitaba a actuar como conducto diplomático entre el Estado requirente y las entidades nacionales. Manifestó la falta de legitimación en laRad. n°. 11001-02-03-000-2026-05701-00 5 causa por pasiva al carecer de competencias legales para pronunciarse sobre las decisiones judiciales o resoluciones administrativas relativas a la entrega.

3. La Fiscalía General de la Nación indicó que la tutela pretendía controvertir las determinaciones adoptadas por la autoridad judicial y el Gobierno Nacional para revocar la entrega concedida. Destacó que su intervención se redujo al trámite administrativo inicial relativo a la captura con fines de extradición conforme a la ley procesal penal. Sostuvo la falta de legitimación en la causa por pasiva al no poseer atribuciones para revisar o modificar los actos cuestionados.

4. El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia informó que adelantó un juzgamiento penal en el cual dictó sentencia condenatoria el 9 de noviembre de 2020 a la pena de prisión y multa por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Afirmó que en dicho procedimiento garantizó el debido proceso y la defensa, al tiempo que manifestó su desconocimiento sobre el trámite de extradición en curso.

5. El Ministerio de Justicia y del Derecho aclaró que no figuraba como entidad accionada directa en el libelo presentado por el tutelante. Expuso que las alegaciones sobre la prohibición de doble juzgamiento, la territorialidad y

5. El Ministerio de Justicia y del Derecho aclaró que no figuraba como entidad accionada directa en el libelo presentado por el tutelante. Expuso que las alegaciones sobre la prohibición de doble juzgamiento, la territorialidad y la soberanía resultaron anali zadas por la autoridad judicial al determinar la ausencia de identidad fáctica entre los hechos. Mencionó que estos aspectos también recibieron respuesta al resolver el recurso de reposición en la etapaRad. n°. 11001-02-03-000-2026-05701-00 6 administrativa, en la cual se precisó que el diferimiento de la entrega constituía una facultad potestativa.

6. La Delegada de la Presidencia de la República se opuso a las pretensiones de la acción tutelar comoquiera que el trámite de extradición se surtió todas las etapas previstas en el ordenamiento jurídico, y previo concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia, concedió el pedido extranjero con resolución ejecutiva que « no fue arbitraria ni desconoció las garantías del accionante».

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Corresponde a la Corte establecer, en primer lugar, si la presente acción de tutela satisface el requisito de subsidiariedad; y, de superarse dicho examen, si las autoridades accionadas – la Sala de Casación Penal y la Presidencia de la República – vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor, al conceptuar favorablemente y aprobar, respectivamente, su extradición para ser juzgado por la justicia de los EEUU, a pesar de que registra una sentencia condenatoria en firme proferida en

fundamentales invocados por el actor, al conceptuar favorablemente y aprobar, respectivamente, su extradición para ser juzgado por la justicia de los EEUU, a pesar de que registra una sentencia condenatoria en firme proferida en Colombia por los mismos hechos, omitiendo presuntamente garantizar la prevalencia de la jurisdicción nacional y el principio de territorialidad de la ley penal.

2. La subsidiariedadRad. n°. 11001-02-03-000-2026-05701-00

7 La Constitución Política, en el artículo 86, estableció la tutela como un mecanismo excepcional, preferente, subsidiario y residual que tiene por objeto la protección de manera efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, ante su vulneración o amenaza, proveniente de la acción u omisión atribuible a las autoridades públicas o de los particulares, en los casos que la ley regula, siempre que el interesado no cuente con otros medios de defensa judicial.

En consideración a ese carácter, se ha dicho que no puede emplearse como un medio alternativo o supletorio en la solución de las controversias, ni su aducción ante el juez de amparo puede ser coetánea con los procedimientos judiciales o administrativos estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a éstos, tampoco ser tomada como un recurso adicional de los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales con los cuales el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en dichas actuaciones. Al efecto, la Sala ha señalado:

«(…)…Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acción pública no se erige en mecanismo

ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en dichas actuaciones. Al efecto, la Sala ha señalado:

«(…)…Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acción pública no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir tópicos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no está concebida para sustituirlos o desplazarlos “sino única y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garantía de rango superior con ocasión de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla » (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012 -00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01).Rad. n°. 11001-02-03-000-2026-05701-00 8

3. Caso concreto

3.1. Según puede extraerse de la demanda tutelar, y al margen de que el actor también discute la actuación que, en el marco de su competencia específica, adelantó la Sala de Casación Penal en el trámite de extradición que lo involucró, en últimas su reclamación se contrae a cuestionar la determinación que finalmente adoptó el Ejecutivo (Presidencia de la República y Ministerio de Justicia y del Derecho) de acceder al requerimiento formulado en su contra por el Estado extranjero.

Dado ese panorama, para la Sala la protección invocada resulta inviable, toda vez que, más allá de la discusión que el

Derecho) de acceder al requerimiento formulado en su contra por el Estado extranjero.

Dado ese panorama, para la Sala la protección invocada resulta inviable, toda vez que, más allá de la discusión que el gestor del amparo propone – que es objeto de doble incriminación y juzgamiento, debido a que aparentemente por los mismos hechos ya fue juzgado y condenado por la justicia penal colombiana –, lo cierto es que , en casos como el expuesto, es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el canon 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ante la jurisdicción de esa especialidad , el mecanismo idóneo para demandar la ilegalidad de la resolución gubernamental que aprobó la solicitud de la justicia norteamericana, siempre y cuando el demandante cumpla con los requisitos propios de ese medio de control (v. gr, término de caducidad, legitimación, etc.).Rad. n°. 11001-02-03-000-2026-05701-00 9 Sobre el particular, en pronunciamientos precedentes la Sala precisó que:

los cuestionamientos aquí ventilados sobre las irregularidades acerca del estudio realizado por la Sala de Casación Penal de los hechos que sustentan el petitum de extradición, puede expresarlos el gestor por vía de reposición ante el Gobierno Nacional, o en su defecto, a través de las acciones contencioso administrativas, en el evento de que el Presidente de la República decida acoger el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia.

Sobre la procedibilidad de impugnar el acto administrativo que concede la extradición, expuso la Corte Constitucional:

el evento de que el Presidente de la República decida acoger el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia.

Sobre la procedibilidad de impugnar el acto administrativo que concede la extradición, expuso la Corte Constitucional:

“(…) [E]l acto administrativo expedido por el Presidente de la República, en el que concluye el procedimiento especial de extradición, cuando es resuelto en favor del Estado requirente, constituye una decisión respecto de la cual proceden las acciones contencioso administrativas, particularmente la de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el […] código contencioso administrativo , sin perjuicio de que la persona afectada con las respectivas decisiones pueda ejercer la acción de tutela, siempre y cuando se presenten las hipótesis previstas en el artículo 86 de la Constitución Política (…)”, (se resalta).

Bajo ese contexto, resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional, pues éste no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, no siendo la acción de tutela una instancia paralela a otras actuaciones, por la cual se adopten decisiones que suplanten al funcionario competente (CSJ STC2451-2017).

Entonces, debe reiterarse que el juez constitucional tiene vedado inmiscuirse en una cuestión que en principio debe ser abordada y definida por el juzgador competente, por lo que, e n esas condiciones, y según lo preceptuado en el numeral 1º, del artículo 6º, del Decreto 2591 de 1991, se declarará la improcedencia del presente auxilio, ya que, comoRad. n°. 11001-02-03-000-2026-05701-00 10

numeral 1º, del artículo 6º, del Decreto 2591 de 1991, se declarará la improcedencia del presente auxilio, ya que, comoRad. n°. 11001-02-03-000-2026-05701-00 10 se puntualizó, es a través de los medios de control previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y ante esa justicia a la que se debe recurrir para rebatir la extradición referida.

3.2. Adicionalmente, cabe destacar que existe la posibilidad de pedir ante esa jurisdicción la suspensión provisional del acto atacado , sin perjuicio de la eventual nulidad (Resolución nº 099 de 24 de marzo que concedió la extradición y la nº 385 del 8 de septiembre de 202 6 que resolvió el recurso de reposición formulado ), aspecto regulado en los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y que en virtud del precepto 233 ejusdem puede resolverse incluso desde la admisión de la demanda.

Al respecto, la Corte en precedencia dijo: « (…). [a]demás, en este escenario la interesada puede solicitar como medida cautelar la suspensión provisional del acto ilegal, razón por la cual no se justifica la intervención del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio» (CSJ STC, 9 dic. 2011, rad. 00330-01, reiterada en

STC7687-2015, STC11056-2015 y STC594-2016).

Y en otra ocasión se recalcó que: «(…) de hallarse fundada es suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la

STC7687-2015, STC11056-2015 y STC594-2016).

Y en otra ocasión se recalcó que: «(…) de hallarse fundada es suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administración, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado (…) la alegación de la inconforme respecto a que únicamente cuenta con este mecanismo para hacer valer su derecho de manera urgente e idónea, queda desvirtuada, pues, se itera, allí es procedente la adopción de medidas cautelares e inmediatas con miras a la protección de sus garantías » (CSJ STC4654-2016, 15 abr. 2016, rad. 2016-00013-01).Rad. n°. 11001-02-03-000-2026-05701-00 11

Con todo, lo reseñado permite concluir que la salvaguarda no puede prosperar tampoco como instrumento de protección temporal o transitorio, considerando que en la acción judicial aludida existe la alternativa jurídica de solicitar medidas cautelares , previstas para prevenir la materialización del perjuicio que se denuncia de las decisiones administrativas censuradas.

4. En conclusión, deviene improcedente la garantía invocada, comoquiera que es evidente que subsisten otras vías judiciales idóneas para atacar la legalidad del acto administrativo a través del cual se dispuso la extradición de Jhon Kerlys González Sepúlveda a l os Estados Unidos de

América.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural , administrando

Jhon Kerlys González Sepúlveda a l os Estados Unidos de América.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural , administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela de la referencia.

Comuníquese por el medio más expedito lo aquí resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO Presidente de SalaRad. n°. 11001-02-03-000-2026-05701-00 12

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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