CSJ - STC20630-2026
Detalles
- Título
- CSJ - STC20630-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- 2026
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
STC20630-2026 Radicación n°. 70001-22-14-000-2026-10238-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)
Rionegro (Antioquia), veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).
La Sala decide la impugnación interpuesta frente a la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2026 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, que declaró improcedente la tutela promovida por Jabid Anselmo Assia Percy en contra de l Juzgado Primero de Familia de Sincelejo . Al trámite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 70001-31-10-001-2019-00199-00.
I. ANTECEDENTES
1. El accionante reclama la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción.
2.Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes:Radicación n°. 70001-22-14-000-2026-10238-01 2
2.1. Ante el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Sincelejo cursó el proceso de investigación de paternidad promovido por Erika Tatiana Henao Rúa, en representación de su hija menor de edad contra el actor , radicado 700013110001-2019-00199-00. La demanda fue admitida mediante auto del 23 de mayo de 20191 y contestada el 9 de agosto siguiente2 por conducto de apoderado judicial, quien
de su hija menor de edad contra el actor , radicado 700013110001-2019-00199-00. La demanda fue admitida mediante auto del 23 de mayo de 20191 y contestada el 9 de agosto siguiente2 por conducto de apoderado judicial, quien negó los hechos y formuló excepciones de mérito.
2.2. Mediante sentencia del 6 de febrero de 2025 3, el juzgado declaró que la menor era hija biológica del accionante, ordenó la corrección de su registro civil de nacimiento y fijó a cargo de aquel una cuota alimentaria equivalente al 25 % del salario mínimo legal mensual vigente, con fundamento en la pr esunción prevista en el numeral 2º del artículo 386 del Código General del Proceso.
2.3. Mediante Oficio del 25 de marzo de 2025, el juzgado comunicó a la Notaría Primera del Círculo de Sincelejo que la sentencia se encontraba ejecutoriada. En cumplimiento de esa orden, el 25 de abril siguiente, la notaría modificó el registro civil de nacimiento de la menor, cambió sus apellidos e incluyó al actor como padre.
2.4. Con fundamento en la sentencia, la parte demandante promovió un proceso ejecutivo de alimentos. En
1 Archivo “03AutoAdmite20190523.pdf” del expediente digital 2 Archivo “09ContestaciónDemanda20190809.pdf” del expediente digital 3 Archivo “76Sentencia.pdf” del expediente digitalRadicación n°. 70001-22-14-000-2026-10238-01 3 junio de 2026, la documentación correspondiente fue remitida a la dirección de residencia del accionante, envío que, según la guía de mensajería aportada, fue recibido por
3 junio de 2026, la documentación correspondiente fue remitida a la dirección de residencia del accionante, envío que, según la guía de mensajería aportada, fue recibido por Ever Antonio Hernández Hernández.
3.El gestor sostuvo que el juzgado accionado vulneró sus derechos fundamentales al proferir y tener por ejecutoriada la sentencia del 6 de febrero de 2025 sin notificarlo debidamente, pese al fallecimiento de su apoderado judicial. Afirmó que tampoco se le r equirió para designar un nuevo representante ni se le nombró curador ad lítem, lo que le impidió ejercer su defensa, controvertir la decisión e interponer los recursos procedentes. Asimismo, cuestionó la notificación del proceso ejecutivo de alimentos, pues el envío fue recibido por un tercero ajeno al litigio. Indicó que solo cono ció la sentencia en junio de 2026, al recibirla como anexo de la demanda ejecutiva, y que la continuidad de ese trámite y la eventual adopción de medidas cautelares podían ocasionarle un perjuicio irremediable.
4. Por lo anterior, solicitó que se dejen sin efectos las actuaciones surtidas a partir de la sentencia del 6 de febrero de 2025 o, en su defecto, se ordene al juzgado accionado declarar su nulidad hasta tanto se surta la notificación válida de dicha providencia.
II. RESPUESTAS RECIBIDAS
El Juzgado Primero de Familia del Circuito de Sincelejo solicitó declarar improcedente la acción de tutela porRadicación n°. 70001-22-14-000-2026-10238-01 4
II. RESPUESTAS RECIBIDAS
El Juzgado Primero de Familia del Circuito de Sincelejo solicitó declarar improcedente la acción de tutela porRadicación n°. 70001-22-14-000-2026-10238-01 4 incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Sostuvo que el gestor conocía el proceso desde 2019, pues compareció mediante apoderado judicial, quien contestó la demanda y formuló excepciones. Indicó que la sentencia cuestionada se fundamentó en la inasistencia reiterada del demandado a las pruebas de ADN, circunstancia qu e fue certificada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y que justificó la aplicación del numeral 2º del artículo 386 del Código General del Proceso.
Añadió que el fallecimiento del apoderado no generaba automáticamente la nulidad de lo actuado y reprochó al accionante no haber informado oportunamente esa circunstancia ni haber realizado gestiones para verificar el estado del proceso. Señaló que las presuntas irregularidades en materia de notificación debían plantearse ante el juez natural mediante el incidente de nulidad correspondiente.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar señaló que no se advierta una afectación actual, concreta y directa de los derechos fundamentales de la menor. No obstante, advirtió que una eventual decisión favorable al actor podría incidir en los derechos de la menor a la identidad, el estado civil, la filiación y los alimentos. Por ello, solicitó que, al resolver la controversia, se valore de manera prevalen te su interés superior y se adopten las medidas necesarias para garantizar su protección y evitar afectaciones
civil, la filiación y los alimentos. Por ello, solicitó que, al resolver la controversia, se valore de manera prevalen te su interés superior y se adopten las medidas necesarias para garantizar su protección y evitar afectaciones desproporcionadas a sus derechos.Radicación n°. 70001-22-14-000-2026-10238-01 5 Erika Tatiana Henao Rúa solicitó desestimar los argumentos del accionante, al señalar que su inasistencia reiterada a las pruebas genéticas permitió aplicar la presunción de paternidad prevista en el artículo 386 del Código General del Proceso. Añadió que el actor no informó oportunamente el fallecimiento de su apoderado ni designó uno nuevo, pese al tiempo transcurrido, y que sus propios dichos evidencian que conoció la sentencia al recibirla como anexo de la demanda ejecutiva de alimentos, configurándose, en su criterio, la notificación por conducta concluyente.
III. SENTENCIA IMPUGNADA
El a quo constitucional declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, al considerar que las inconformidades del accionante debían plantearse inicialmente ante el juez natural mediante los mecanismos previstos para ello.
IV. IMPUGNACIÓN
El accionante impugnó e indicó que el incidente de nulidad no resulta eficaz frente a su situación concreta y reiteró la existencia de un perjuicio irremediable
V. CONSIDERACIONES
1. La Sala confirmará la decisión impugnada, por cuanto se incumple el presupuesto de subsidiariedad.Radicación n°. 70001-22-14-000-2026-10238-01
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V. CONSIDERACIONES
1. La Sala confirmará la decisión impugnada, por cuanto se incumple el presupuesto de subsidiariedad.Radicación n°. 70001-22-14-000-2026-10238-01
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2. Lo anterior, por cuanto, de lo oteado en el expediente, no se evidencia que el tutelante hubiese planteado ante el juez natural la irregularidad que ahora invoca en sede constitucional, relacionada con su indebida notificación , ni promovido la nulidad de lo actuado por esa razón, lo que permite concluir la improcedencia del amparo constitucional por falta de acreditación del requisito de subsidiariedad.
3. Por lo demás, no están acreditados los presupuestos de inminencia, gravedad y urgencia requeridos para determinar la existencia de un perjuicio irremediable, que permitan flexibilizar el presupuesto de subsidiariedad.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comuníquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Presidente de Sala
JUAN PABLO GIRALDO PUERTARadicación n°. 70001-22-14-000-2026-10238-01 7
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Presidente de Sala
JUAN PABLO GIRALDO PUERTARadicación n°. 70001-22-14-000-2026-10238-01 7
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ
FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:
Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala
Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado
Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada
Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado
Adriana Consuelo López Martínez Magistrada
Francisco Ternera Barrios Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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