CSJ - STC20632-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20632-2026 Radicación n.º 08001-22-13-000-2026-00822-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia de 2 de septiembre de 2026 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acción de tutela promovida por Marlene Torrenegra Reye s contra el Juzgado Octavo de Familia de esa ciudad, asunto al cual fueron vinculados los partícipes en el liquidatorio n.° 2024-00533.

ANTECEDENTES

1. La accionante reclamó la protección de su derecho fundamental al debido proceso que consideró vulnerado por la autoridad judicial accionada al decretar de oficio una prueba en la audiencia de inventarios y avalúos celebrada el 13 de agosto de 2026.Radicación n.º 08001-22-13-000-2026-00822-01

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2. En síntesis, adujo que ante el Juzgado Octavo de Familia de Barranquilla se adelanta el proceso de liquidación de sociedad conyugal de ella y Gustavo de Castro de Castro, radicado n.° 08001-31-10-008-2024-00533.

Relató que en audiencia de inventarios y avalúos de 13 de agosto de 2026 su contraparte incluyó en la relación de inventarios una partida denominada « Derechos ContractualesRelató que en audiencia de inventarios y avalúos de 13 de agosto de 2026 su contraparte incluyó en la relación de inventarios una partida denominada « Derechos ContractualesLeasing Inmobiliario », derivada de un contrato de leasing habitacional celebrado con Banco Davivienda S.A.; asimismo, se relacionó como pasivo una obligación surgida del mismo contrato, cuyo monto se dejó « por certificar bancariamente», pues , según relató la accionante, su contraparte afirmó que no había podido obtener dicha información de la entidad financiera, sin que hubiese aportado constancia de la gestión previa ni de una eventual negativa de aquella.

Manifestó que su contraparte elevó solicitud probatoria de oficiar a l Banco Davivienda S.A. «específicamente [para] establecer el saldo de capital adeudado y el estado de la obligación » a la época de disolución de la sociedad conyugal. Sin embargo, en el desarrollo de la audiencia, el juzgado accionado «dispuso decretar de oficio una prueba dirigida a obtener información adicional sobre el contrato de leasing, bajo la consideración de que resultaba necesario establecer su histórico y sus condiciones », ello incluía información sobre los pagos que ella -la accionanterealizó.

De ese panorama derivó la lesión a sus prerrogativas fundamentales toda vez que, en su concepto, «la pruebaRadicación n.º 08001-22-13-000-2026-00822-01

3 decretada oficiosamente por el Juzgado no se limitó a obtener la información concreta e indebidamente solicitada para determinar el pasivo, sino que extendió su objeto al histórico de pagos y condiciones contractuales, información susceptible de servir para establecer y

3 decretada oficiosamente por el Juzgado no se limitó a obtener la información concreta e indebidamente solicitada para determinar el pasivo, sino que extendió su objeto al histórico de pagos y condiciones contractuales, información susceptible de servir para establecer y cuantificar el eventual componente económico del leasing cuya incorporación al haber social se encontraba en discusión ». Reprochó que se decretase una prueba distinta a la solicitada, dirigida a obtener elementos que la parte interesada no había solicitado oportunamente y que le correspondía probar a aquella.

3. Por lo anterior, solicitó , principalmente, dejar sin efectos el decreto oficioso de la prueba cuestionada.

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1. El Juzgado Octavo de Familia de Barranquilla informó que, en la audiencia de inventarios y avalúos celebrada el 13 de agosto de 2026, luego de que las partes expusieron las respectivas relaciones de activos y pasivos , surgió una controversia en torno a ello, pues la aquí accionante objetó el inventario de su contraparte. En ese sentido, adujo que decretó como prueba de oficio requerir a Banco Davivienda S.A. para que certificara la existencia de un contrato de leasing celebrado por la accionante respecto del inmueble identificado en su infor me, con precisión de valores desembolsados y discriminación de lo destinado a capital y arriendo.Radicación n.º 08001-22-13-000-2026-00822-01

4 Explicó que dicha determinación resultaba necesaria para resolver las objeciones formuladas en la diligencia y porque la información bancaria requerida no era suministrada a terceros. Por ello, se opuso a la prosperidad

4 Explicó que dicha determinación resultaba necesaria para resolver las objeciones formuladas en la diligencia y porque la información bancaria requerida no era suministrada a terceros. Por ello, se opuso a la prosperidad del amparo.

2. La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla solicitó su desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva toda vez que el amparo se dirige únicamente contra el decreto oficioso de una prueba por parte del juzgado accionado, sin que se formule reproche alguno frente a actuaciones registrales suyas.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla negó la salvaguarda constitucional tras advertir que «la determinación cuestionada encuentra fundamento en una facultad expresamente reconocida por la ley procesal, cuyo ejercicio corresponde valorar al juez natural del asunto en atención a las particularidades de la controversia sometida a su conocimiento», por lo que dicho proceder no resultaba arbitrario.

IMPUGNACIÓN

La interpuso la promotora del amparo insistiendo en sus argumentos y pretensiones de instancia, y precisando que el Tribunal reconoció la procedencia del amparo, por lo que el problema sustancial subsistente consistía enRadicación n.º 08001-22-13-000-2026-00822-01

5 «determinar si una facultad probatoria que indiscutiblemente existe puede ejercerse sin considerar sus límites constitucionales y, particularmente, si puede utilizarse para producir la prueba que una de las partes necesitaba para acreditar una partida y que no solicitó oportunamente».

puede ejercerse sin considerar sus límites constitucionales y, particularmente, si puede utilizarse para producir la prueba que una de las partes necesitaba para acreditar una partida y que no solicitó oportunamente».

CONSIDERACIONES

1. El primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela es el de la relevancia constitucional, presupuesto que antecede a cualquier consideración de fondo y opera como verdadera compuerta de acceso al examen del amparo. Su razón de ser es delimitar el ámbito propio del juez constitucional frente al del juez ordinario: al primero le corresponde la guarda de la Constitución y de los derechos fundamentales, no la revisión del acierto legal de las decisiones.

Sobre este presupuesto, la Corte Constitucional ha indicado que conlleva tres finalidades concretas «i) asegurar que la tutela no sea utilizada para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la tutela a cuestiones que afecten directamente los derechos fundamentales; y (iii) evitar que la tutela se convierta en una tercera instanc ia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces » (CC, SU-573 de 2019, reiterado en SU-128 de 2021). Así mismo, ha explicado que la relevancia constitucional:

protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales [de suerte que,Radicación n.º 08001-22-13-000-2026-00822-01

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previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales [de suerte que,Radicación n.º 08001-22-13-000-2026-00822-01

6 para verificarla, el juez debe analizar] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales (CC, SU-215 de 2022, reiterado en SU-134 de 2022; se resalta).

De la jurisprudencia expuesta deriva una regla que gobierna este asunto: la relevancia constitucional no se satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental. La Corte ha sido enfática en que la mención de un derecho no confiere, por sí sola, trascendencia constitucional a una controversia que continúa siendo de estirpe legal y/o probatorio. En consecuencia, la sola invocación de derechos fundamentales como el debido proceso o el acceso a la administración de justicia no habilita, per se, la intervención del juez constitucional.

2. La Sala anuncia que ratificará la desestimación del amparo tal como lo concluyó el fallo de primer grado, pero en el sentido de que la queja elevada no ostenta relevancia constitucional, lo que denota su improcedencia.

2.1. El asunto no tiene la entidad de comprometer la interpretación o apl icación de un derecho fundamental reconocido en la Constitución, aun cuando se hu biese

constitucional, lo que denota su improcedencia.

2.1. El asunto no tiene la entidad de comprometer la interpretación o apl icación de un derecho fundamental reconocido en la Constitución, aun cuando se hu biese invocado el debido proceso, toda vez que lo cuestionado se circunscribe a una diferencia de criterio en el debate probatorio del proceso de liquidación de sociedad conyugal,Radicación n.º 08001-22-13-000-2026-00822-01

7 en particular respecto de la conveniencia, necesidad y alcance de la prueba decretada de oficio, y las consecuencias que de allí se deriven, en aplicación de lo establecido en el numeral 3 del canon 501 del Código General del Proceso, en concordancia con los artículos 42 y 170 de esa codificación.

2.2. En ese sentido, se trata, por un lado, de un debate estrictamente legal: el uso por parte del juzgado accionado de la facultad -deber consagrada en los referidos artículos ibidem. Véase que el numeral 4 del canon 42 consagra como deber del juez « Emplear los poderes que este código le concede en materia de pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes», a lo cual el artículo 170 señala que « El juez deberá decretar pruebas de oficio (…) cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de controversia», mientras que el numeral 3 del canon 501 indica que « Para resolver las controversias sobre objeciones relacionadas con los inventarios y avalúos o sobre la inclusión o exclusión de bienes o deudas sociales, el juez suspenderá la audiencia y ordenará la práctica de las pruebas que las partes soliciten y las que de oficio considere , las cuales se practicarán en su

inclusión o exclusión de bienes o deudas sociales, el juez suspenderá la audiencia y ordenará la práctica de las pruebas que las partes soliciten y las que de oficio considere , las cuales se practicarán en su continuación».

El debate legal se evidencia porque mientras e l despacho judicial convocado aduce que obró de conformidad con los citados mandatos, la promotora cuestiona «la utilización concreta de dichas facultades para abrir un objeto probatorio nuevo y diferente del solicitado por la parte, susceptible de suplir la actividad demostrativa que correspondía desplegar a quien pretendía obtener el reconocimiento de la respectiva partida dentro de los inventarios y avalúos». Prima facie, se advierte que la accionante parte de una premisa equivocada: que no se podía decretarRadicación n.º 08001-22-13-000-2026-00822-01

8 de oficio dicha prueba porque su contraparte solicitó una distinta; es decir, confunde la facultad-deber oficioso del juez fundado en la necesidad de « esclarecer los hechos objeto de controversia», máxime cuando es necesario resolver objeciones en el referido trámite, con la petición probatoria de parte.

Sin pretender entrar en el debate jurídico de fondo dada la irrelevancia constitucional del asunto, conviene recordar lo expuesto por esta Corporación acerca del decreto oficioso de pruebas:

[c]uando una prueba, pese a tener el carácter de incompleta, aparece sugerida o insinuada de tal forma que todos los demás elementos de juicio indiquen de modo inequívoco que solo ella falta y que, por ende, su decreto oficioso se torna necesario para arribar

aparece sugerida o insinuada de tal forma que todos los demás elementos de juicio indiquen de modo inequívoco que solo ella falta y que, por ende, su decreto oficioso se torna necesario para arribar al resultado que se muestra evidente, su decreto oficioso se erige como deber insoslayable del juez. (…) Lo anterior no debe interpretarse como si de una imposición insalvable se tratara, o como si el decreto oficioso de pruebas fuera aplicable a todos los casos, o como si ello significara una supresión del principio dispositivo que rige, por regla general, el proceso civil; sino que, simplemente, existen ciertas situaciones en las que un sano criterio de razonabilidad indica que haciendo uso de esa facultad discrecional del juez, se lograría equiparar la verdad procesal a la verdad material, lo cual se traduce en la primacía del derecho sustancial sobre las formas y en la realización de la justicia como fin esencial del derecho. (…) En síntesis, el decreto de pruebas de oficio, en materia civil, no es una mera facultad discrecional del juez, como tampoco una obligación que se imponga de modo necesario en todas las circunstancias; sino que el caso concreto indicará, de manera razonable, cuándo esa atribución se erige en un verdadero deber legal. Para tal efecto el funcionario deberá emplear los poderes que el estatuto procesal “le concede en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes” (num, 4º, art. 37 C. de P.C.); cuando ‘las considere útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes’ (art. 179

verificar los hechos alegados por las partes” (num, 4º, art. 37 C. de P.C.); cuando ‘las considere útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes’ (art. 179 ibídem). (CSJ, STC988-2021, en cita de STC13728-2019 y otras).Radicación n.º 08001-22-13-000-2026-00822-01

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Por otro lado, en la queja constitucional se evidencia un debate con contenido económico de connotaciones particulares para la accionante, a saber, determinar si los derechos económicos derivados del leasing forman parte de los activos de la sociedad conyugal que se encuentra en liquidación, para lo cual, justamente, se dec retó de oficio la prueba documental que permita verificar la existencia de dicho contrato y el histórico de pagos con discriminación de capital y arriendo . Es decir, se plantea un debate con eventuales repercusiones patrimoniales para la tutelante, mas no —se insiste — un asunto con verdadera relevancia iusfundamental.

2.3. Todo lo anterior revela que no estamos ante una afectación de derecho s fundamentales que confiera trascendencia constitucional al asunto. Además, tampoco se advierte que estén involucradas garantías fundamentales sensibles, ni sujetos de especial protecció n, que eventualmente denote la necesidad de analizar el planteamiento de fondo del amparo.

Por el contrario, la actuación que se le recrimina al juzgado corresponde a un decreto oficioso de pruebas que este consideró pertinente para dilucidar qué porcentaje de las amortizaciones al leasing ingresa como activo social ;

Por el contrario, la actuación que se le recrimina al juzgado corresponde a un decreto oficioso de pruebas que este consideró pertinente para dilucidar qué porcentaje de las amortizaciones al leasing ingresa como activo social ; debate meramente legal y económico en el que no se comprometen garantías fundamentales , pero que, sin perjuicio de ello, encuentra respaldo en pronunciamientos de esta Sala respecto al tratamiento del leasing habitacional enRadicación n.º 08001-22-13-000-2026-00822-01

10 el marco de la liquidación de una sociedad conyugal, pues se ha reconocido que «aunque es cierto que la «heredad» objeto de leasing no debe ingresar dentro de la «liquidación patrimonial», no puede perderse de vista que, como ya se dijo, en esa tipología de concierto los negociantes ajustan un valor cierto denominado «opción de compra », la cual, en el evento hipotético de «activarse» permite al «locatario» obtener el dominio del fundo», por lo que surge la necesidad de dilucidar -como lo pretende realizar el juzgado accionadosi se dan «las condiciones para incluir en el «haber social» las «amortizaciones» canceladas en vigencia del vínculo marital» (CSJ, STC11531-2022), máxime cuando en la audiencia de 13 de agosto de 2026 la accionante planteó objeciones al inventario relacionado por su contraparte en punto de este asunto.

Adicionalmente, recuérdese que conforme el inciso 2° del artículo 170 del estatuto procesal, «[l]as pruebas decretadas de oficio estarán sujetas a la contradicción de las partes », lo cual deberá ocurrir en la continuación de la audiencia una vez la

del artículo 170 del estatuto procesal, «[l]as pruebas decretadas de oficio estarán sujetas a la contradicción de las partes », lo cual deberá ocurrir en la continuación de la audiencia una vez la prueba documental sea incorporada y garantizará el debido proceso de la accionante.

3. En definitiva, se advierte una diferencia de criterio de la promotora del amparo frente a los razonamientos expuestos por la autoridad accionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonomía e independencia judicial -, pretendiendo utilizar este auxilio excepcional como una instancia adicional dentro del litigio , finalidad para la cual no fue concebido.Radicación n.º 08001-22-13-000-2026-00822-01

11 Dicha situación, en conjunto con que lo promovido es un debate legal y económico, alejado de derechos fundamentales y que no compromete garantías esenciales o sujetos de especial protección, denota una falta de relevancia constitucional, criterio de procedencia que impide el estudio de fondo del asunto e impone la ratificación del fallo impugnado, pero por el referido motivo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por la razón expuesta.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMARadicación n.º 08001-22-13-000-2026-00822-01

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ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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