CSJ - STC20634-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20634-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05729-00 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela formulada por Daniela Alexandra Andrade Guzmán contra la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali ; trámite al cual fueron vinculados las autoridades, partes e intervinientes en el liquidatorio de sociedad patrimonial rad. n.º 2023-00360.

ANTECEDENTES

1. La gestora , en su propio nombre , reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, «contradicción probatoria» y acceso « efectivo» a la administración de justicia , presuntamente vulnerados por la autoridad accionada.

2. En síntesis, adujo que promovió el proceso de liquidación de la sociedad patrimonial conformada entre ellaRad. n.º 11001-02-03-000-2026-05729-00

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y René Quimbayo, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Veintidós de Familia de Bogotá ( rad. n.º 202300360).

Indicó que, en ese trámite, el demandado solicitó incorporar una serie de obligaciones por « 185.000.000», respaldadas en « letras de cambio o títulos valores y en las declaraciones de quienes comparecieron como acreedores », pasivos que controvirtió al interior del proceso, lo que resultó en que

incorporar una serie de obligaciones por « 185.000.000», respaldadas en « letras de cambio o títulos valores y en las declaraciones de quienes comparecieron como acreedores », pasivos que controvirtió al interior del proceso, lo que resultó en que la referida autoridad judicial excluyera « las deudas de los tres comparecientes».

Señaló que esa decisión fue objeto de apelación por su contraparte en lo atinente a la exclusión de los pasivos; y, por su parte, frente a la cuantía de « una compensación por la venta a una hermana del señor [...] de un inmueble»; lo que resultó en que la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali admitiera los 3 pasivos y confirmara el valor de la compensación fijada por el juzgado.

Se quejó, entonces, de que esa última determinación «no estuvo acompañada de una apreciación suficiente y conjunta de los elementos que fueron debatidos para controvertir la realidad y la imputación de las obligaciones».

3. Con base en ello, pidió que se deje sin efectos el mencionado auto en lo que dispuso incluir las mencionadas obligaciones por $185.000.000, « así como las actuaciones posteriores que dependan necesariamente de esa determinación, en la extensión que determine la Corte »; de modo que se emita unaRad. n.º 11001-02-03-000-2026-05729-00

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nueva decisión que contenga una «valoración integral y motivada de los títulos, las declaraciones recibidas y las objeciones planteadas, diferenciando la existencia y alcance de cada obligación».

Subsidiariamente, solicitó que se conserve « la exclusión adoptada en primera instancia».

de los títulos, las declaraciones recibidas y las objeciones planteadas, diferenciando la existencia y alcance de cada obligación».

Subsidiariamente, solicitó que se conserve « la exclusión adoptada en primera instancia».

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS

1. La Sala de Familia del Tribunal Superior de la capital vallecaucana se remitió a los argumentos expuestos en la providencia objeto de crítica y adjuntó enlace de acceso al expediente digital.

2. Una abogada que dijo representar a René Quimbayo sin aportar poder alguno indicó, en lo pertinente, que lo que pretende la accionante es «reabrir un debate probatorio ya agotado y resuelto por el juez natural».

CONSIDERACIONES

1. Relevancia constitucional – procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Acorde con los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado que la acción de tutela no procede, por regla general, contra providencias judiciales. Así lo impone el respeto por la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía e independencia de quien administra justicia, principios que impedirían convertir el amparo en unRad. n.º 11001-02-03-000-2026-05729-00 4

recurso adicional para reabrir controversias ya definidas por el juez natural. Únicamente de manera excepcional, cuando la decisión respectiva lesiona derechos fundamentales, resulta admisible el amparo , siempre que se acrediten los requisitos de carácter general, que habilitan el estudio de la solicitud, y otros específicos o materiales, que autorizan la

la decisión respectiva lesiona derechos fundamentales, resulta admisible el amparo , siempre que se acrediten los requisitos de carácter general, que habilitan el estudio de la solicitud, y otros específicos o materiales, que autorizan la prosperidad de la protección (C.C., C-590 de 2005).

El primero de los requisitos generales es la relevancia constitucional, presupuesto que antecede a cualquier consideración y con respecto al cual la Corte Constitucional ha señalado que tiene tres finalidades concretas: «(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional[63] y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad [64]; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales[65] y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces[66]» (C.C, SU-128 de 2021).

En esa línea, se ha sostenido que el mencionado requisito «(...) protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales [119]» (C.C., SU-215 de 2022 ). Por esa vía, se han adoptado como criterios para examinar la ausencia o no de relevancia constitucional , debiéndose verificar que la controversia «(i) verse sobre un asunto

vía, se han adoptado como criterios para examinar la ausencia o no de relevancia constitucional , debiéndose verificar que la controversia «(i) verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal o económico [161]; (ii) involucre algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental, y (iii) no implique utilizar la acción de tutela comoRad. n.º 11001-02-03-000-2026-05729-00 5

una instancia o un recurso adicional para reabrir debates concluidos en el proceso ordinario» (C.C. SU-016 de 2026).

De la jurisprudencia expuesta se deriva que la relevancia constitucional no se satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental, de manera que la mención de un derecho no confiere, por sí sola, trascendencia constitucional a una controversia que continúa siendo de estirpe legal, probatoria o contractual.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo satisface el requisito general de relevancia constitucional. Solo de superarse ese examen habría lugar a a estudiar el fondo del asunto, esto es, si la autoridad accionada incurrió en los defectos endilgados.

3. Caso concreto

Se anticipa que la Sala declarará improcedente el amparo, pues el asunto sometido a su consideración carece de relevancia constitucional , lo que torna innecesario extender el examen al estudio de fondo de los defectos enunciados por la parte actora.

3.1. La gestora criticó el auto de 2 de julio de 2026,

de relevancia constitucional , lo que torna innecesario extender el examen al estudio de fondo de los defectos enunciados por la parte actora.

3.1. La gestora criticó el auto de 2 de julio de 2026, mediante el cual la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali resolvió los recursos de apelación formulados contra la decisión de 24 de enero de 2025 del Juzgado Veintidós deRad. n.º 11001-02-03-000-2026-05729-00 6

Familia de Bogotá, que resolvió las objeciones y aprobó los inventarios y avalúos en el liquidatorio. En lo que interesa a la queja, esa providencia revocó parcialmente la de primer grado para incluir en el pasivo social las obligaciones objeto de crítica, por «$185.000.000».

Para decidir, el Tribunal partió de que, según los artículos 1795 y 1796 del Código Civil y la sentencia CSJ , STC1768-2023, los pasivos contraídos durante la vigencia de la sociedad patrimonial se presumen sociales; de modo que, si se objetan, corresponde a quien persigue su exclusión demostrar que la obligación reportó beneficio a uno solo de los compañeros, sin perjuicio de la facultad de distribuir la carga probatoria.

Sobre esa base, encontró que las obligaciones constan en letras de cambio con mérito ejecutivo; que las objeciones tuvieron el trámite previsto en el artículo 501 del CGP; que el juez de primera instancia incurrió en un « contrasentido» al exigir al demandado demostrar la inversión de los dineros en la sociedad pese a haber reconocido la presunción; que los

tuvieron el trámite previsto en el artículo 501 del CGP; que el juez de primera instancia incurrió en un « contrasentido» al exigir al demandado demostrar la inversión de los dineros en la sociedad pese a haber reconocido la presunción; que los acreedores, escuchados, coincidieron en que los préstamos se otorgaron y no han sido pagados; que el demandado explicó en su interr ogatorio que los de 2020 y 2021 se destinaron a pagar una deuda inicial contraída en 2018, con la cual se cubrieron las cuotas iniciales de dos apartamentos sociales; y que la demandante, en su calidad de objetante, no desplegó actividad probatoria alguna dirigida a desvirtuar la presunción ni esas explicaciones.Rad. n.º 11001-02-03-000-2026-05729-00 7

3.2. Analizados los reproches, de una parte, se advierte que la controversia planteada no versa sobre un asunto constitucional, sino acerca de la correcta aplicación de la presunción social de los pasivos de la sociedad patrimonial, la distribución de la carga probatoria en la objeción a los inventarios y el alcance de la prueba practicada para desvirtuarla. Esas son cuestiones cuya solución compete al juez ordinario, con independencia de si la adoptada fue o no la más acertada, más porque se trata de un asunto de carácter legal y de contenido estrictamente patrimonial: en este caso, la inclusión de $185.000.000 en el pasivo de una liquidación entre excompañeros permanentes, sin connotación de interés general.

Así lo admite, en buena medida, la propia accionante,

este caso, la inclusión de $185.000.000 en el pasivo de una liquidación entre excompañeros permanentes, sin connotación de interés general.

Así lo admite, en buena medida, la propia accionante, quien afirma que no desconoce la regla fijada en la STC17682023 ni la carga que se le atribuyó, que no pide declarar la falsedad o simulación de los préstamos y que lo que reclama es un control sobre l a forma en que fueron examinadas las pruebas que sustentan la supuesta afectación patrimonial.

Sobre el punto, esta Sala ha reiterado que un asunto carece de relevancia constitucional cuando la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales, como la correcta interpretación o aplicación de una norma de rango legal, o cuando es eviden te su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas (CSJ STC10390-2024, entre otras).Rad. n.º 11001-02-03-000-2026-05729-00 8

3.3. De otro lado, frente a la alegada violación de los derechos fundamentales al debido proceso, a la «contradicción probatoria» y al acceso a la administración de justicia, vale destacar que lo realmente criticado es la manera como el Tribunal apreció las pruebas y aplicó la presunción de sociabilidad y la carga probatoria, sin que se advierta que la solución del caso hubiera exig ido a la Sala pronunciarse sobre el contenido, alcance o goce de esos derechos, esto es, elaborar o desarrollar lo que tales garantías significan o exigen; pues con su mención lo que se pretende es plantear

solución del caso hubiera exig ido a la Sala pronunciarse sobre el contenido, alcance o goce de esos derechos, esto es, elaborar o desarrollar lo que tales garantías significan o exigen; pues con su mención lo que se pretende es plantear un desacuerdo que, como se dijo, es en el fondo l egal y probatorio.

Aun si en gracia de discusión se admitiera que los respectivos cuestionamientos ponen en juego tales derechos, lo cierto es que la accionante tuvo plena oportunidad de ejercer su contradicción. Según lo que consta en las pertinentes piezas procesales, se e scuchó a quienes reclamaban los créditos y se permitió que su apoderada les formulara preguntas; la controversia se examinó en la diligencia de objeciones y la decisión de exclusión, que le fue favorable, llegó a segunda instancia por la apelación de su contraparte. Además, la actora no afirma haber solicitado una prueba específica que le hubiera sido negada, y la asimetría de acceso a la información bancaria que invoca, que ella misma reconoce que no la exonera de su carga, remite a una facultad de distribución de la carga probatoria que el inciso se gundo del artículo 167 del CGP atribuye al juez, sin imponerle un deber. Lo resuelto por el Tribunal,Rad. n.º 11001-02-03-000-2026-05729-00 9

entonces, no introdujo un tema ajeno a lo que era objeto de discusión.

3.4. Finalmente, al ser aspectos que fueron ventilados, discutidos y objeto de resolución a lo largo de las diferentes etapas del liquidatorio censurado, queda claro que la protección solicitada tiene como finalidad reabrir, por esta

3.4. Finalmente, al ser aspectos que fueron ventilados, discutidos y objeto de resolución a lo largo de las diferentes etapas del liquidatorio censurado, queda claro que la protección solicitada tiene como finalidad reabrir, por esta vía excepcional, un debate que ya se agotó ante el juez natural y en dos instancias.

4. Conclusión

En definitiva, al carecer el asunto de relevancia constitucional, se declarará la improcedencia del amparo por esta sola razón, sin que sea del caso adentrarse en el examen de los defectos alegados.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo invocado.

Comuníquese lo aquí resuelto a las partes por el medio más expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.Rad. n.º 11001-02-03-000-2026-05729-00 10

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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