CSJ - STC20638-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20638-2026 Radicación nº 11001-02-04-000-2026-02499-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casación Penal el 1º de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela promovida por Jaime Alberto Duarte Barón contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga – Sala Penal; trámite al cual fueron vinculados la Secretaría de la Sala Penal de dicho tribunal, el Juzgado Once Penal del Circuito de esa ciudad y las partes e intervinientes en el proceso penal radicado nº 2013-03581.

ANTECEDENTES

1. El solicitante, a través de apoderada , reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia , defensa técnica, «prevalencia del derecho sustancial y recurso judicial efectivo »,Rad. n° 11001-02-04-000-2026-02499-01

2 presuntamente vulnerado s por l a corporación judicial convocada.

2. Del escrito inicial y los anexos, se extrae en

síntesis que:

2.1. Jaime Alberto Duarte Barón, fue condenado por el Juzgado Once Penal del Circuito de Bucaramanga mediante sentencia del 22 de marzo de 2022 a la pena de 420 meses de prisión por el delito de homicidio agravado.

2.1. Jaime Alberto Duarte Barón, fue condenado por el Juzgado Once Penal del Circuito de Bucaramanga mediante sentencia del 22 de marzo de 2022 a la pena de 420 meses de prisión por el delito de homicidio agravado.

La condena fue confirmada integralmente por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga el 15 de diciembre de 2025 (con un salvamento parcial de voto, respecto a la exclusión la circunstancia de agravación del numeral 7 del artículo 104 del Código Penal), decisión contra la cual, el entonces defensor del procesado interpuso recurso de casación.

Ante la omisión del apoderado defensor de sustentar la dentro del plazo legal, el tribunal declaró desierto el recurso extraordinario mediante auto del 14 de abril de 2026 , providencia comunicada por correo electrónico el 16 de abril de 2026 (no obstante, la comunicación enviada a la representación de la víctima resultó devuelta, por lo que se procedió a notificarla mediante estado del 24 de abril de 2026).

El 21 de abril de 2026, el procesado otorgó poder a una nueva apoderada judicial, quien al día siguiente interpuso yRad. n° 11001-02-04-000-2026-02499-01

3 sustentó recurso de reposición contra el auto de deserción, argumentando la existencia de una falta material de defensa técnica.

Por su parte, la Secretaría de la corporación dejó constancia de que, a raíz de la notificación realizada a la víctima (el 24 de abril de 2026 ), «el término común para recurrir

técnica.

Por su parte, la Secretaría de la corporación dejó constancia de que, a raíz de la notificación realizada a la víctima (el 24 de abril de 2026 ), «el término común para recurrir transcurría del 27 al 29 de abril». Sin embargo, mediante auto del 6 de julio de 2026 , la mayoría de la Sala declaró extemporánea la reposición al contabilizar el plazo individualmente desde el 16 de abril de 2026 , (decisión que contó con un salvamento de voto).

2.2. El actor cuestionó principalmente el trámite dado al recurso de casación y al de reposición formulado contra el auto que declaró la deserción del extraordinario.

La disconformidad principal fue frente al auto (6 de julio de 2026) que declaró extemporáneo el remedio horizontal que su nueva apoderada interpuso contra el proveído que declaró desierta la casación. Al respecto argumentó que el colegiado fragmentó la figura de la integración normativa al aplicar el plazo de tres días previsto en el Código General del Proceso, pero inaplicando la regla del término común (artículo 183 de la ley 906 de 2004), «que ordenaba contabilizar la ejecutoria a partir de la última notificación efectuada a la víctima el 24 de abril de 2026, dentro de cuyo lapso el escrito ya figuraba incorporado al expediente».

Asimismo, atribuyó desconocimiento del precedente judicial, en tanto la decisión desconoció el criterio fijado porRad. n° 11001-02-04-000-2026-02499-01

4 la Sala de Casación Penal sobre providencias emitidas fuera

judicial, en tanto la decisión desconoció el criterio fijado porRad. n° 11001-02-04-000-2026-02499-01

4 la Sala de Casación Penal sobre providencias emitidas fuera de audiencia y «desestimó la constancia secretarial que fijó el término entre el 27 y el 29 de abril de 2026 ». Censuró que se diera prevalencia a una exigencia formalista por encima de la efectividad de la administración de justicia y del carácter extemporáneo erróneamente endilgado a la reposición.

Finalmente, reprochó que la negativa a estudiar de fondo la reposición impidió examinar la ausencia material de defensa técnica generada por la conducta omisiva del anterior abogado, quien prescindió de sustentar la casación a pesar de haberla interpuesto privando al procesado de la oportunidad de discutir la circunstancia de agravación punitiva.

3. Por lo anterior, pidió que se deje sin efecto el auto del 6 de julio de 2026 mediante la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga declaró extemporáneo el recurso de reposición presentado contra el auto que declaró desierto el recurso extraordinario de casación, y ordenar al tribunal «profiera una nueva providencia en la cual reconozca que el recurso de reposición presentado el 22 de abril de 2026 fue oportuno y lo resuelva de fondo, con valoración integral de la ausencia material de la defensa técnica, la relevancia del salvamento de v oto y los demás argumentos formulados (…)».

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1. El Tribunal Superior de Bucaramanga justificó su

la defensa técnica, la relevancia del salvamento de v oto y los demás argumentos formulados (…)».

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1. El Tribunal Superior de Bucaramanga justificó su actuación señalando que declaró desierto el recursoRad. n° 11001-02-04-000-2026-02499-01

5 extraordinario de casación mediante auto del 14 de abril de 2026, debido a que la demanda no fue presentada dentro del término legal que venció el 18 de marzo de 2026. Explicó que dicha providencia fue comunicada a la defensa el 16 de abril de 2026 y que el recurso de reposición radicado por la nueva apoderada el 22 de abril resultó extemporáneo, pues el término de tres días corría de forma individual a partir de la notificación enviada a la bancada defensiva y venció el 21 de abril de 2026.

Precisó que la constancia secretarial que fijó el plazo entre el 27 y el 29 de abril de 2026 únicamente resultaba exigible para la víctima notificada con posterioridad y no reabría la oportunidad procesal de la defensa. Agregó que la profesional entrante a sumió la representación en concurrencia con el profesional anterior y sin extinguir los plazos fenecidos.

2. La Procuraduría 362 Judicial II para Asuntos Penales de Bucaramanga coadyuvó las pretensiones de la demanda tutelar al considerar que el recurso de reposición radicado el 22 de abril de 2026 por la nueva defensora del procesado/accionante fue oportuno. Argumentó que «el

demanda tutelar al considerar que el recurso de reposición radicado el 22 de abril de 2026 por la nueva defensora del procesado/accionante fue oportuno. Argumentó que «el término poseía carácter común y debía computarse desde la última notificación surtida a la víctima el 24 de abril de 2026 (fijado del 27 al 29 de abril), por lo que calificar como tardío un escrito previamente radicado constituyó un rigorismo que impidió valorar la alegada falta de defensa técnica».Rad. n° 11001-02-04-000-2026-02499-01

6

3. La Fiscalía 14 Seccional de Bucaramanga aclaró que el proceso penal en cuestión se encuentra en estado inactivo tras la sentencia condenatoria dictada el 22 de marzo de 2022 por el Juzgado Once Penal del Circuito de Bucaramanga. Pidió su desvinculación de la acción constitucional.

FALLO DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL

La Sala a-quo negó el amparo tras concluir que el tribunal accionado no incurrió en vulneración alguna, en tanto el plazo de tres (3) días para interponer reposición contra el auto dictado fuera de audiencia corría individualmente desde la comunicación enviada por correo electrónico a la defensa. Asimismo, precisó que la posterior notificación por estado a la víctima el 24 de abril no r eabrió los términos para la defensa y que la certificación secretarial emitida no generó confianza legítima, destacando que la omisión de presentar la demanda de casación fue atribuible exclusivamente al anterior defensor y no al órgano judicial.

IMPUGNACIÓN

emitida no generó confianza legítima, destacando que la omisión de presentar la demanda de casación fue atribuible exclusivamente al anterior defensor y no al órgano judicial.

IMPUGNACIÓN

La interpuso la abogada del querellante. Refutó el fallo de primer grado criticando que la controversia no podía circunscribirse a un simple cómputo formal de términos, «sino a la pérdida del recurso extraordinario derivada de una ruptura material de la defensa técnica ». Destacó que el anterior abogado abandonó la casación sin justificación tras haberla interpuesto, y sostuvo que la reposición del 22 de abril deRad. n° 11001-02-04-000-2026-02499-01

7 2026 se radicó de manera oportuna antes del plazo común certificado por la Secretaría (del 27 al 29 de abril de 2026) tras notificarse a la víctima. Finalmente, enfatizó que la posición de la Procuraduría y el salvamento de voto del magistrado del Tribunal demostraban la existencia de una duda hermenéutica razonable sobre la naturaleza común del término.

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si la colegiatura accionada vulneró las prerrogativas invocadas por el accionante al interior del proceso penal rad. 2013-03581-01 al declarar extemporáneo el recurso de reposición – 6 de julio de 2026 – interpuesto contra el auto del 14 de abril de 2026 que declaró desierta la casación, al haber contabilizado el término de forma individual desde la comunicación enviada

al declarar extemporáneo el recurso de reposición – 6 de julio de 2026 – interpuesto contra el auto del 14 de abril de 2026 que declaró desierta la casación, al haber contabilizado el término de forma individual desde la comunicación enviada a la defensa y no como un plazo común computado a partir de la última notificación efe ctuada a la víctima, impidiendo con ello un pronunciamiento de fondo sobre la alegada ausencia material de defensa técnica atribuible al anterior apoderado que omitió presentar la demanda del recurso extraordinario.

2. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judicialesRad. n° 11001-02-04-000-2026-02499-01

8 Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acción consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una vía de hecho , obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un término razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios idóneos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesión alegada, salvo que se esté en presencia de un perjuicio irremediable.

3. Caso concreto – La determinación atacada

De conformidad con el problema jurídico planteado, l a Sala centrará su análisis en lo decidido por el tribunal tutelado el 6 de julio de 2026, donde declaró extemporáneo

3. Caso concreto – La determinación atacada

De conformidad con el problema jurídico planteado, l a Sala centrará su análisis en lo decidido por el tribunal tutelado el 6 de julio de 2026, donde declaró extemporáneo el recurso de reposición formulado contra el auto de deserción de la impugnación extraordinaria.

3.1. En la decisión recriminada por el tutelante, se observa que el Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Penal, tras declarar desierta la casación formulada contra el fallo confirmatorio de la condena , explicó preliminarmente que la ley 906 de 2004 no prevé un término para la interposición y sustentación del recurso de reposición , no obstante, acudió a la integración normativa y consideró que resultaba plausible adoptar el plazo de tres (3) días siguientes a la notificación del auto al interesado, en aplicación del artículo 318 del Código General del Proceso, e indicó:Rad. n° 11001-02-04-000-2026-02499-01

9

«Para el presente caso, se tiene que el auto que negó la prórroga del término para la sustentación del recurso extraordinario de casación se notificó a la apoderada de Duarte Barón, el 16 de abril anterior, y el recurso horizontal se interpuso el día 22 del mismo mes, es decir, el último día para presentar el recurso era el 21 de abril. Esta situación torna el recurso interpuesto como claramente extemporáneo, lo que impide el estudio de fondo del mismo.

Ahora bien, se hace necesario aclarar que, pese a que el poder judicial para actuar dentro del proceso le fue reconocido a la

abril. Esta situación torna el recurso interpuesto como claramente extemporáneo, lo que impide el estudio de fondo del mismo.

Ahora bien, se hace necesario aclarar que, pese a que el poder judicial para actuar dentro del proceso le fue reconocido a la abogada el 21 de abril, conforme aparece registrado en el poder que fue allegado a esta Magistratura, lo mismo no la exime de responsabilidad como se explicará a continuación».

Más adelante, resaltó que la Constitución Política (artículo 228) precisa que los términos procesales deben observarse con absoluta diligencia y su incumplimiento implica sanciones procesales como la declaración de desierto de un recurso.

Aclaró también que, en consideración del inciso 3º, numeral 3, artículo 491 de la codificación procedimental civil (continuando con la integración legal en lo no regulado por la normativa procesal penal), quienes comparezcan después de la apertura del proceso lo harán en el estado en que se encuentre, sin que proceda el eventual restablecimiento de plazos u etapas procesales; y, frente a la situación planteada en el asunto, apuntó:

«Visto lo anterior, resulta claro que el recurso interpuesto resultó extemporáneo y que, pese a que el poder fue otorgado a la abogada el mismo día en que fenecía el término para interponer el recurso de reposición, dicha situación no la exime de los plazos establecidos, motivos por los que será declarado extemporáneo el recurso de reposición, interpuesto en contra del auto 14 de abrilRad. n° 11001-02-04-000-2026-02499-01

10 anterior, que declaró desierto el recurso extraordinario de casación.

recurso de reposición, interpuesto en contra del auto 14 de abrilRad. n° 11001-02-04-000-2026-02499-01

10 anterior, que declaró desierto el recurso extraordinario de casación.

Empero, la Sala considera necesario advertir que la constancia secretarial que fue emitida el 5 de mayo de 2026, en la que se señalaba como plazo para interponer el recurso de reposición el 27 de abril al 29 del mismo mes, no puede tomarse en cuenta para contar el término que tenía la defensa, pues al revisar dicho documento, resultó claro que el plazo allí registrado sólo podría ser exigible por parte de la víctima.

Téngase en cuenta que la bancada defensiva fue notificada por medio de correo electrónico, desde el 16 de abril, como obra en el archivo 48 de la Carpeta de Segunda Instancia, aunado a que no puede afirmarse que la Dra. Liliana Pacheco Flórez no conocía el auto emitido el 14 de abril, pues el poder otorgado a la abogada no sustituyó al abogado anterior, por el contrario, concurre con el que ya ostentaba el Dr. Carlos Humberto Byona Centeno, razón que refuerza la declaratoria de extemporaneidad del recurso interpuesto».

A partir de dicha revisión, declaró la extemporaneidad del remedio horizontal propuesto por la defensa del procesado.

3.2. Lo anterior da cuenta que el tribunal accionado consignó en la providencia que provocó esta acción constitucional, las razones que tuvo para tomar tal decisión luego de analizar el contexto puesto a su consideración, sin que al efecto se advierta una actuación subjetiva y arbitraria

consignó en la providencia que provocó esta acción constitucional, las razones que tuvo para tomar tal decisión luego de analizar el contexto puesto a su consideración, sin que al efecto se advierta una actuación subjetiva y arbitraria susceptible de ser corregida por esta senda excepcional.

En este orden, se descarta la posibilidad de predicar una causal de procedibilidad en la actuación reseñada porque, al margen del criterio que la Corte pudiera tener, al no vislumbrarse un proceder caprichoso por parte de la Colegiatura tutelada, no hay lugar a la intervención de estaRad. n° 11001-02-04-000-2026-02499-01

11 particular justicia, reservada para casos de indiscutible desafuero judicial.

Al respecto, esta Corporación ha sostenido que el Juez de la causa está dotado de discreta autonomía para interpretar las leyes, de modo que el amparo sólo se abre paso, si:

«se detecta un error grosero o un yerro superlativo o mayúsculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la función judicial; en suma, cuando se presenta una vía de hecho, así denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jurídico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado » (CSJ STC2276-2016; reiterada en STC16705, 18 nov. 2016, rad. 2016-01773-01, entre otras).

Y análogamente, sobre la acción de tutela, ha dicho la

Corte:

STC2276-2016; reiterada en STC16705, 18 nov. 2016, rad. 2016-01773-01, entre otras).

Y análogamente, sobre la acción de tutela, ha dicho la

Corte:

«[N]o está concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la razón y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo» (ver entre otras, CSJ STC4967, 21 abr. 2016, rad. 2016-00322-01).

Además, el accionado no incurrió en un proceder caprichoso al acudir al principio de integración normativa para fijar el término aplicable ante la ausencia de regulación explícita en la Ley 906 de 2004 para decisiones proferidas fuera de audiencia. Dicho ejercicio hermenéutico estructuróRad. n° 11001-02-04-000-2026-02499-01

12 un marco procesal acorde con el artículo 189 de la Ley 600 de 2000, precepto que prevé un plazo de tres días siguientes a la notificación para la interposición y sustentación del recurso, criterio utilizado por la Homóloga Penal de esta Corporación en los autos AP2596-2024 y AP8351-2025, para suplir el vacío normativo en la materia. De este modo, la aplicación de la norma integrada atendió a la necesidad de

Corporación en los autos AP2596-2024 y AP8351-2025, para suplir el vacío normativo en la materia. De este modo, la aplicación de la norma integrada atendió a la necesidad de establecer la oportunidad para recurrir de manera individual a partir de la notificación al sujeto interesado.

Por otra parte, resulta fundamentada la deducción de la a-quo constitucional sobre la preservación del principio de igualdad procesal, toda vez que extender la regla del término común del artículo 183 de la Ley 906 de 2004 – prevista para la interposición del recurso extraordinario de casación – al trámite de la reposición ordinaria alteraría el equilibrio entre los intervinientes. En efecto, el establecimiento de plazos individuales garantiza a cada sujeto la misma extensión de tres días contados desde su notificación particular, mientras que tomar como hito inicial la última notificación realizada en el proceso otorgaría a quien fue notificado en primer lugar un lapso material superior al de los demás sujetos procesales.

3.3. De otro lado, en cuanto a la fijación de términos establecida por la Secretaría del tribunal tomada como referencia por la apoderada del enjuiciado, en una discusión generada a partir de una situación similar, la Sala de Casación Penal tuvo la oportunidad de precisar que el seguimiento de los términos procesales es una carga para lasRad. n° 11001-02-04-000-2026-02499-01

13 partes y que no pueden quedar condicionados a las interpretaciones que eventualmente hagan de ellos los funcionarios o empleados judiciales, pues, se reitera, operan por ministerio de la ley:

13 partes y que no pueden quedar condicionados a las interpretaciones que eventualmente hagan de ellos los funcionarios o empleados judiciales, pues, se reitera, operan por ministerio de la ley:

(…), una vez comunicada la sentencia de segundo grado e interpuesto el recurso extraordinario, era deber de la parte pasiva del proceso penal, estar al tanto de la actuación para efectos de la contabilización de términos, sin que sea dable exigir la notificación del inicio de ellos para presentar demanda, en la medida que se computan de manera ininterrumpida (CSJ AP, 22 Abr. 2013, Rad. 39055).

En AP1067 de 2020, se ratificó que: “La contabilización de términos para la interposición y presentación del recurso extraordinario opera por ministerio de la Ley y es automática. Por seguridad jurídica, su aplicación no está sujeta al arbitrio o la interpretación subjetiva de los empleados o funcionarios judiciales ” (STP9413-202) Negrillas fuera de texto.

Por consiguiente, no fue por desconocimiento de la ley sustancial o del precedente jurisprudencial, por vicios en el procedimiento o por defecto fáctico que la Corporación accionada tomó su decisión, por lo que no se avizora la configuración de ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales y, por tanto, se itera, no se advierte violación a las garantías del quejoso.

4. Como se anticipó, en virtud de lo analizado, se ratificará el fallo impugnado.

DECISIÓNRad. n° 11001-02-04-000-2026-02499-01

quejoso.

4. Como se anticipó, en virtud de lo analizado, se ratificará el fallo impugnado.

DECISIÓNRad. n° 11001-02-04-000-2026-02499-01

14 En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia confutada.

Comuníquese por medio idóneo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y remítase oportunamente la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: A5B69171A726251219A42BC48220897213BD4E9A890A0A9698FA85605901F161

Documento generado en 2026-10-26