CSJ - STC20639-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20639-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-05779-00 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela interpuesta por Farid Rojas Rojas contra la Homóloga de Casación Penal, trámite al cual fueron vinculad os la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, al Defensor Público Olbar Andrade Rincón, a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría de Intervención Segunda (2ª) Deleg ada para la Casación Penal, al Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta Media y Mínima Seguridad de Bogotá, a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional DIJIN, a la Presidencia de la República, a la Policía Nacional, al Mi nisterio de Relaciones Exteriores y a Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia; así como a las demás partes e intervinientes en el trámite de extradición n.° 2025-03330 (NI 71407).Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-05779-00 2

ANTECEDENTES

1. El solicitante, en su propio nombre , reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, derecho de defensa y acceso efectivo a la administración de justicia que estima lesionados por la autoridad judicial accionada.

ANTECEDENTES

1. El solicitante, en su propio nombre , reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, derecho de defensa y acceso efectivo a la administración de justicia que estima lesionados por la autoridad judicial accionada.

2. En sustento de su reclamo, afirmó que fue solicitado en extradición para responder, ante las autoridades judiciales del Reino de España, por la posible comisión de los delitos de «agresión sexual a menor de dieciséis años » y « obtención de imágenes íntimas de menores a través de la tecnología de la información».

Sostuvo que, mediante concepto CP254-2026, 2 sep., la Sala de Casación Penal autorizó su entrega al país requirente; sin embargo, en su criterio, en aquél se incurrió en vías de hecho por defectos sustantivo, fáctico y de motivación; en mayor medida, por cuanto tuvo por acreditado el requisito de doble incriminación a partir de una caracterización fáctica distinta de la contenida en la solicitud de extradición, sin explicar de manera suficiente, coherente y verificable cómo la conducta atribuida por las autoridad es españolas se adecuaba al artículo 218 del Código Penal Colombiano; aunado al hecho que no se efectuó una valoración del supuesto fáctico determinante para establecer que la equivalencia penal no corresponde de manera suficiente con los elementos documentales que la propia Sala tuvo a su disposición.

3. Bajo ese contexto, tras pedir se deje sin efectos el concepto CP254-2026, 2 sep.; solicitó:Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-05779-00 3 «[…] se ordene a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de

concepto CP254-2026, 2 sep.; solicitó:Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-05779-00 3 «[…] se ordene a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia adoptar las determinaciones que correspondan dentro del trámite de extradición, realizando nuevamente el examen que resulte procedente con estricta sujeción a los hechos y documentos que efectivamente integran la solicitud formulada por el Reino de España y, particularmente, estableciendo de manera clara y jurídicamente sustentada la correspondencia entre la conducta atribuida al requerido y el requisito de doble incriminación, sin alterar, ampliar o sustituir el supuesto fáctico que sirve de fundamento a la solicitud de extradición.

(…)

En el evento de que durante el trámite constitucional ya se hubieren iniciado actuaciones posteriores al Concepto CP254-2026, solicito que se disponga igualmente su suspensión en cuanto estén dirigidas a perfeccionar, ejecutar o materializar la extradición, manteniéndose dicha suspensión hasta que se profiera la decisión definitiva en esta acción y se determine el alcance de la protección constitucional que corresponda.

Subsidiariamente, si el juez constitucional considera que no resulta procedente dejar sin efectos directamente el Concepto CP254-2026, solicito que se ordene a la Sala de Casación Penal emitir una nueva decisión dentro del término que se determine en el fallo, en la cual sean examinados y resueltos de manera concreta, suficiente y jurídicamente sustentada los aspectos constitucionalmente relevantes puestos de presente en esta acción, particularmente aquellos relacionados con la correspondencia entre

y resueltos de manera concreta, suficiente y jurídicamente sustentada los aspectos constitucionalmente relevantes puestos de presente en esta acción, particularmente aquellos relacionados con la correspondencia entre los hechos que fundamentan la solicitud española y la conducta utilizada para establecer la doble incriminación, preservándose entretanto la suspensión de cualquier actuación dirigida a materializar la entrega del requerido.

Finalmente, solicito que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la decisión de tutela y evitar que, durante el trámite constitucional, se produzca un hecho consumado que haga nugatoria la protección solicitada, manteniéndose a FARID ROJAS ROJAS a disposición de las autoridades colombianas mientras se define de manera definitiva la controversia constitucional aquí planteada» (Negrilla del texto original).

RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS

1. La Homóloga de Casación Penal desvirtuó los defectos alegados por el accionante, pues el trámite de extradición verificó debidamente la doble incriminación, la competencia territorial y el respeto de las garantíasRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-05779-00 4 fundamentales del requerido , por lo que , sin acción u omisión de su parte, pidió la negativa del amparo.

2. Las Direcciones de Asuntos Internacionales y

Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores; la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC; y la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, alegaron falta de legitimación en la causa por pasiva , en cuanto

Exteriores; la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC; y la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, alegaron falta de legitimación en la causa por pasiva , en cuanto indicaron no haber transgredido derecho alguno del actor.

CONSIDERACIONES

1. Corresponde establecer , preliminarmente, si la presente salvaguarda satisface el presupuesto de la subsidiariedad y, de superarse lo anterior, si la Sala convocada vulneró las prerrogativas invocadas por Farid Rojas Rojas , al interior del trámite judicial de extradición 2025-03330 (NI 71407) al conceptuar favorablemente su entrega a las autoridades judiciales de l Reino de España, para ser procesado por la posible comisión de los delitos de «agresión sexual a menor de dieciséis años » y « obtención de imágenes íntimas de menores a través de la tecnología de la información».

2. La Constitución Política, en el artículo 86, estableció la tutela como un mecanismo excepcional, preferente, subsidiario y residual que tiene por objeto la protección de manera efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, ante su vulneración o amenaza, proveniente de la acción u omisión atribuible a las autoridades o de losRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-05779-00 5 particulares, en los casos que la ley regula, siempre que el interesado no cuente con otros medios de defensa judicial.

En consideración a ése carácter, se ha dicho que no puede emplearse como un medio alternativo o supletorio en la solución de las controversias, ni su aducción ante el juez

interesado no cuente con otros medios de defensa judicial.

En consideración a ése carácter, se ha dicho que no puede emplearse como un medio alternativo o supletorio en la solución de las controversias, ni su aducción ante el juez de amparo puede ser coetánea con los procedimientos judiciales o administrativos est atuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a éstos, tampoco ser tomada como un recurso adicional de los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales con los cuales el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en dichas actuaciones.

Al efecto, la Sala ha señalado:

«(…)…Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acción pública no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir tópicos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no está concebida para sustituirlos o desplazarlos “sino única y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garantía de rango superior con ocasión de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla”» (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01, reiterada recientemente en STC5516-2026).

3. En el asunto bajo estudio, el actor dirige su ataque contra el concepto de extradición CP254-2026, 2 sep. , por medio del cual la Homóloga de Casación Penal autorizó su extradición y entrega a l as autoridades judiciales d el Reino

contra el concepto de extradición CP254-2026, 2 sep. , por medio del cual la Homóloga de Casación Penal autorizó su extradición y entrega a l as autoridades judiciales d el Reino de España , donde será enjuiciado por los presuntos tiposRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-05779-00 6 penales mencionados ; para que se deje sin efectos éste, porque en criterio del tutelante la Sala habría declarado cumplida la doble incriminación mediante una equivalencia típica insuficientemente sustentada y construida sobre la modificación del supuesto fáctico objeto de extradición.

Sin embargo, de la revisión del expediente constitucional y el trámite seguido contra dicho sujeto, en el sistema consulta procesos, se observa que este junto con el concepto de extradición aludido se remitió el pasado 28 de septiembre de los corrientes, a la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, lo que torna prematura la protección reclamada por esta senda.

Se arriba a tal conclusión pues, está corriendo el término para que el Gobierno Nacional emita el acto administrativo que decida de manera definitiva sobre la entrega a la nación extranjera, por lo que al no haber concluido dicho plazo a la fecha de presentación de la tutela, es precoz el ejercicio de la acción, en la medida en que el gestor deberá aguardar a que exista un pronunciamiento definitivo sobre la puntual materia, máxime cuando en el entretanto aquel podrá acudir a la Presidencia de la República a exponer las circunstancias que trae a este

gestor deberá aguardar a que exista un pronunciamiento definitivo sobre la puntual materia, máxime cuando en el entretanto aquel podrá acudir a la Presidencia de la República a exponer las circunstancias que trae a este escenario frente a la actuación surtida en la Corte Suprema de Justicia, situación que torna improcedente la acción de tutela, dado su carácter subsidiario y residual.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-05779-00 7

4. Por otra parte y, sin perjuicio de lo expuesto, para la Sala la protección invocada resulta inviable, toda vez que, más allá de la problemática que el promotor del amparo propone al interior del trámite que adelantó la Corporación convocada, lo cierto es que, en caso de no estar de acuerdo con la resolución que decida sobre la extradición, la interesada y/o interesado tiene otras vías ordinarias para debatir sus inconformidades ante la autoridad respectiva, como lo son el recurso de reposición contra el acto administrativo que eventualmente ordene la entrega al país extranjero, cuando se le notifique y , la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el canon 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ante la jurisdicción de esa especialidad, toda vez que la actuación de la Sala de Casación Penal únicamente se limitó a emitir el respectivo concepto, de conformidad con lo previsto en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004.

Ello porque el concepto emitido por esta Corporación en Sala Penal de Casación, no tiene efectos vinculantes sobre el pedido de extradición cuando éste es aprobatorio, conforme

lo previsto en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004.

Ello porque el concepto emitido por esta Corporación en Sala Penal de Casación, no tiene efectos vinculantes sobre el pedido de extradición cuando éste es aprobatorio, conforme a lo reglado por el artículo 501 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, según el cual «(…) el concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obligará al gobierno; pero si fuere favorable a la extradición, lo dejará en libertad de obrar según las conveniencias nacionales (…)» (Resalta la sala).

De suerte que, la decisión final acerca de conceder la entrega del acá accionante al Estado requirente radicaRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-05779-00 8 exclusivamente en el Gobierno Nacional, quien tiene la última palabra en el asunto.

En un caso de idéntica situación fáctica al presente, la Sala consideró que,

(…) los cuestionamientos aquí ventilados sobre las irregularidades acerca del estudio realizado por la Sala de Casación Penal de los hechos que sustentan el petitum de extradición, puede expresarlos el gestor por vía de reposición ante el Gobierno Nacional, o en su defecto, a través de las acciones contencioso administrativas, en el evento que el Presidente de la República decida acoger el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia.

Sobre la procedibilidad de impugnar el acto administrativo que concede la extradición, expuso la Corte Constitucional:

“(…) [E]l acto administrativo expedido por el Presidente de la República, en el que concluye el procedimiento especial de extradición, cuando es resuelto en favor del Estado requirente,

concede la extradición, expuso la Corte Constitucional:

“(…) [E]l acto administrativo expedido por el Presidente de la República, en el que concluye el procedimiento especial de extradición, cuando es resuelto en favor del Estado requirente, constituye una decisión respecto de la cual proceden las acciones contencioso administrativas, particularmente la de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del código contencioso administrativo , sin perjuicio de que la persona afectada con las respectivas decisiones pueda ejercer la acción de tutela, siempre y cuando se presenten las hipótesis previstas en el artículo 86 de la Constitución Política (…)”, (se resalta).

Bajo ese contexto, resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional, pues éste no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, no siendo la acción de tutela una instancia paralela a otras actuaciones, por la cual se adopten decisiones que suplanten al funcionario competente (CSJ STC2451-2017, reiterada recientemente en STC5516-2026).

5. En casos que guardan idéntica similitud con el presente, la Sala ha sido reiterativa en afirmar que las determinaciones que se expiden por parte del Ejecutivo enRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-05779-00 9 materia de extradición son actos administrativos cuya legalidad no es susceptible de ser cuestionada en este escenario residual y subsidiario y en esa línea de

pensamiento ha sido insistente en sostener que:

El trámite de extradición, sin duda alguna, ostenta unas características que, por su naturaleza, sólo admite el control dentro

escenario residual y subsidiario y en esa línea de pensamiento ha sido insistente en sostener que:

El trámite de extradición, sin duda alguna, ostenta unas características que, por su naturaleza, sólo admite el control dentro de su propio ámbito; ciertamente que, si así no fuera, advendría la participación de otras autoridades, como se pretende en este caso respecto de la Sala de Casación Civil, que no están habilitadas normalmente para hacerlo, y menos si se trata de irrumpir en el ejercicio que a las competentes les corresponde en las diversas etapas en que participan.

Lo anterior adquiere una mayor significación cuando está de por medio la emisión de conceptos que en forma autónoma y sin estar sujetos a control funcional emite la Sala de Casación Penal, cuya opinión adversa o favorable al extraditado, no vinculan a aqué lla. Todo lo anterior permite recordar que la acción de tutela no se halla instituida para generar un trámite paralelo a los ya establecidos por la ley, ni para permitir la suplantación de las autoridades administrativas competentes; y menos en caso como e l presente donde la actuación resulta en últimas examinada por la Sala de Casación Penal, que obra como órgano límite en la materia. Y desde luego cumplida la actuación, la posterior del ejecutivo se halla revestida de un grado de discrecionalidad que, por fuerza, hace inadmisible su revisión por vía constitucional, mucho más si va en armonía con el concepto previo de la Corte, como ocurre en este caso.

Bajo esas circunstancias, emerge la improcedencia de la acción de tutela, en los términos en que aquí se ha planteado, pues lo que se

va en armonía con el concepto previo de la Corte, como ocurre en este caso.

Bajo esas circunstancias, emerge la improcedencia de la acción de tutela, en los términos en que aquí se ha planteado, pues lo que se pretende, según evidencia la demanda respectiva, es que el Juez constitucional participe en la revisión de los actos admin istrativos correspondientes, y que actuando así como autoridad única someta a tamiz los conceptos y decisiones de las autoridades competentes que por las circunstancias anotadas, resultan refractarios a la acción de tutela” (CSJ, STC6046-2014, reiterada hace poco en STC4516-2025 y STC139772025).

Ahora, importa recordar cómo en asuntos de similares contornos, la Corte tiene igualmente sentado que:Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-05779-00 10 (…) los cuestionamientos aquí ventilados sobre las irregularidades acerca del estudio realizado por la Sala de Casación Penal de los hechos que sustentan el petitum de extradición, puede expresarlos el gestor por vía de reposición ante el Gobierno Nacional, o en su defecto, a través de las acciones contencioso administrativas, en el evento que el Presidente de la República decida acoger el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia (ejúsdem).

Y, so bre la procedibilidad de impugnar el acto administrativo que concede la extradición, la Corte

Constitucional expuso que:

(…) el acto administrativo expedido por el Presidente de la República, en el que concluye el procedimiento especial de extradición, cuando es resuelto en favor del Estado requirente,

administrativo que concede la extradición, la Corte

Constitucional expuso que:

(…) el acto administrativo expedido por el Presidente de la República, en el que concluye el procedimiento especial de extradición, cuando es resuelto en favor del Estado requirente, constituye una decisión respecto de la cual proceden las acciones contencioso administrativas, particularmente la de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del código contencioso administrativo, sin perjuicio de que la persona afectada con las respectivas decisiones pueda ejercer la acción de tutela, siempre y cuando se presenten las hipótesis previstas en el artículo 86 de la Constitución Política (…), (se resalta).

Bajo ese contexto, resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional, pues éste no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, no siendo la acción de tutela una instancia paralela a otras actuaciones, por la cual se adopten decisiones que suplanten al funcionario competente (C.C., C-243 de 2009, citada por la Sala en la STC125-2015, STC8742 -2016, STC19408-2017, STC4969-2022 y STC4516-2025, entre otras).

En ese orden, debe reiterarse que el juez constitucional tiene vedado inmiscuirse en una cuestión que en principio debe ser abordada y definida por el juzgador competente, por lo que, en esas condiciones, y según lo preceptuado en el numeral 1º, del artícu lo 6º, del Decreto 2651 de 1991, se declarará la improcedencia del presente auxilio, ya que como se puntualizó, es a través de los medios de control previstos

numeral 1º, del artícu lo 6º, del Decreto 2651 de 1991, se declarará la improcedencia del presente auxilio, ya que como se puntualizó, es a través de los medios de control previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y ante esa justicia, a la que debeRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-05779-00 11 acudir el gestor para rebatir la extradición referida ; además de observarse un ejercicio presuroso de esta acción.

6. Finalmente, dada la existencia de otro medio de defensa judicial, tampoco se abre paso la acción como mecanismo transitorio, por cuanto para que se esté en presencia de un perjuicio irremediable, se requiere que el daño « (…) revista cierta gravedad e inminencia más allá de lo puramente eventual, y que sólo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela » (CSJ STC 1º sep. 2011, rad. 2011-00194-01, reiterada entre otras en STC11415 -2017 y recientemente en STC5516-2026).

7. Así las cosas, deviene improcedente la salvaguarda, comoquiera que el ejercicio de la tutela es prematuro; aunado al hecho que, el convocante cuenta con otras vías judiciales idóneas para procurar la defensa adecuada de sus derechos frente al acto administrativo por medio del cual el Gobierno Nacional dispondrá lo atinente al concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal en cuanto al pedido de extradición en su contra.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

Nacional dispondrá lo atinente al concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal en cuanto al pedido de extradición en su contra.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil , Agraria y Rural , administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley , DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-05779-00 12 Comuníquese lo aquí resuelto a las partes por el medio más expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, remítanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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