CSJ - STC20642-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20642-2026 Radicación n.º 17001-22-13-000-2026-00240-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia de 11 de septiembre de 2026 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro de la acción de tutela promovida por Diana Patricia Gutiérrez Velásquez, quien adujo actuar en nombre d el Conjunto Cerrado Reserva de Castilla P.H. , contra Diana María Peláez Uribe y el Banco Caja Social , extensiva al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales y la Alcaldía de ese municipio , asunto al cual fueron vinculados los partícipes en el declarativo n.° 202600133.

ANTECEDENTES

1. La accionante, actuando en su calidad de presidenta del Consejo de Administración del ConjuntoRadicación n.º 17001-22-13-000-2026-00240-01

2 Cerrado Reserva de Castilla P.H., reclamó la protección de los derechos fundamentales de dicha copropiedad y, « por conexidad, a sus propietarios, residentes, trabajadores y demás personas que dependen de la continuidad de los servicios esenciales que presta la copropiedad », a la vida digna, integridad personal, seguridad, vivienda digna y propiedad, así como del que

conexidad, a sus propietarios, residentes, trabajadores y demás personas que dependen de la continuidad de los servicios esenciales que presta la copropiedad », a la vida digna, integridad personal, seguridad, vivienda digna y propiedad, así como del que denominó derecho a la administración efectiva de los recursos de la persona jurídica , que consideró vulnerados por los sujetos accionados.

2. En síntesis, adujo que Diana María Peláez Uribe ejerció como administradora de la copropiedad hasta el 15 de julio de 2026, fecha en la cual presentó renuncia al cargo .

Sin embargo, afirmó que «continúa teniendo bajo su poder, control o disponibilidad las claves, token y/o mecanismos de autenticación necesarios para acceder y realizar operaciones sobre las cuentas bancarias» de la copropiedad, pese a los requerimientos verbales y escritos que, según indicó, le formularon para su entrega.

Expuso que Luz Ángela Rairán Pinilla, a quien identificó como representante legal suplente de la copropiedad, adelantó ante el Banco Caja Social las gestiones para activar los mecanismos necesarios para el manejo de las referidas cuentas. Sin embargo, sost uvo que la entidad financiera se imposibilitó dicha habilitación, porque en sus registros aún figuraba Diana María Peláez Uribe como persona vinculada a su operación.Radicación n.º 17001-22-13-000-2026-00240-01

3 Asimismo, precisó que el Consejo de Administración eligió en julio de 2026 a García & Giraldo 2023 S.A.S. como nueva empresa administradora. Sin embargo, afirmó que la

3 Asimismo, precisó que el Consejo de Administración eligió en julio de 2026 a García & Giraldo 2023 S.A.S. como nueva empresa administradora. Sin embargo, afirmó que la Alcaldía de Manizales se abstuvo de registrar esa designación, al invocar las medidas ca utelares adoptadas dentro del proceso de impugnación de actos de asamblea radicado n.° 17001-31-03-004-2026-00133, que cursa ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales. Precisó que el juez constitucional debía determinar el alcance de dichas medidas cautelares para evitar que produjeran un obstáculo absoluto en la operación de la copropiedad.

De ese panorama derivó la lesión a las prerrogativas fundamentales invocadas toda vez que, en su concepto, la concurrencia de tales circunstancias produjo un « bloqueo administrativo y financiero de la copropiedad , la retención de mecanismos de acceso y operación bancaria, la imposibilidad de activar las cuentas de la actual representante legal suplente » lo cual impide a dicha organización disponer de sus recursos y atender oportunamente sus obligaciones, con el consiguiente «riesgo cierto de paralización de servicios esenciales » como la seguridad, servicios públicos, manteamiento, seguros, entre otros.

3. Por lo anterior, solicitó, en lo relevante:

TERCERA. ORDENAR a la señora DIANA MARÍA PELÁEZ URIBE entregar, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del fallo, todos los elementos necesarios para garantizar la continuidad administrativa y financiera de la copropiedad.

entregar, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del fallo, todos los elementos necesarios para garantizar la continuidad administrativa y financiera de la copropiedad. CUARTA. ORDENAR al BANCO CAJA SOCIAL realizar, dentro del término que determine el Despacho, las actuaciones necesarias para que la persona que acredite jurídicamente la representación de laRadicación n.º 17001-22-13-000-2026-00240-01

4 copropiedad pueda operar las cuentas, conforme a la documentación legal vigente. QUINTA. ORDENAR a la señora PELÁEZ URIBE abstenerse de realizar cualquier operación financiera, modificación de usuarios, cambio de claves, bloqueo, transferencia o disposición de los recursos de la copropiedad. SEXTA. ORDENAR al Banco Caja Social abstenerse de permitir la operación de las cuentas por personas que no acrediten actualmente facultades de representación o autorización válida. SÉPTIMA. ORDENAR a las autoridades administrativas vinculadas que, dentro del ámbito de sus competencias, adopten las actuaciones necesarias para evitar que las restricciones administrativas existentes produzcan un bloqueo absoluto de la capacidad de la copropiedad para atender sus obligaciones esenciales. OCTAVA. SOLICITAR al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales que informe al juez constitucional el alcance concreto de las medidas cautelares decretadas dentro del proceso radicado 2026-00133, especialmente respecto de las facultades que permanecen vigentes para atender obligaciones esenciales y garantizar la continuidad financiera de la copropiedad.

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

2026-00133, especialmente respecto de las facultades que permanecen vigentes para atender obligaciones esenciales y garantizar la continuidad financiera de la copropiedad.

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. Diana María Peláez Uribe , accionada , en escrito presentado con la abogada Sandra Patricia Valenzuela, quien afirmó intervenir como coadyuvante , se opuso a las pretensiones y negó haber vulnerado o amenazado las garantías invocadas. Manifestó que «no ejerzo materialmente la administración de la copropiedad desde el proceso de entrega efectuado el 15 de julio de 2026, no he dispuesto indebidamente de recursos pertenecientes a la persona jurídica ni he desarrollado conducta encaminada a impedir la operación financiera» de la copropiedad.

Precisó que los mecanismos de autenticación permanecían vinculados a su identidad personal y que, por esa razón, no podían ser utilizados por terceros; según sostuvo, la solución requería «cancelar el usuario anterior, retirarRadicación n.º 17001-22-13-000-2026-00240-01

5 su asociación, registrar al nuevo representante y habilitarle mecanismos propios». Solicitó negar el amparo y requirió que se esclareciera la «situación de personería y representación legal [de la copropiedad] y por qué no se encuentra regularizada».

2. E l Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales informó que conoce del proceso verbal de impugnación de actos de asamblea promovido contra las decisiones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria del Conjunto Cerrado Reserva de Castilla P.H. celebrada el 7 de marzo de

informó que conoce del proceso verbal de impugnación de actos de asamblea promovido contra las decisiones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria del Conjunto Cerrado Reserva de Castilla P.H. celebrada el 7 de marzo de 2026 y contra las determinaciones emanadas del Consejo de Administración elegido en dicha reunión. Señaló que, en auto de 30 de junio de 2026, decretó la suspensión provisional de los efectos de esas decisiones, mientras se adopta decisión de fondo en el proceso; actuaciones proferidas en ejercicio de sus competencias y con observancia del trámite aplicable, por lo que solicitó declarar que no vulneró ni amenazó los derechos fundamentales invocados y disponer su desvinculación del trámite constitucional.

Adicionalmente, precisó que «las dificultades administrativas y financieras de la copropiedad y con la imposibilidad de acceder u operar sus cuentas bancarias, no ha sido puesta en conocimiento de este Despacho dentro del proceso. Por consiguiente, el Juzgado no ha tenido oportunidad procesal de conocerla , valorarla ni adoptar determinación alguna al respecto, de modo que no puede atribuirse a esta autoridad judicial una acción u omisión relacionada con circunstancias que no le habían sido informadas».

3. La Alcaldía de Manizales informó que mediante Resolución 820 de 15 de julio de 2025 inscribió a DianaRadicación n.º 17001-22-13-000-2026-00240-01

6 María Peláez Uribe como representante legal principal y a Luz Ángela Rairán Pinilla como suplente del Conjunto Cerrado Reserva de Castilla P.H. Señaló que la Asamblea General

6 María Peláez Uribe como representante legal principal y a Luz Ángela Rairán Pinilla como suplente del Conjunto Cerrado Reserva de Castilla P.H. Señaló que la Asamblea General Ordinaria de 7 de marzo de 2026 aprobó la continuidad del Consejo de Administraci ón y que este, en sesión de 17 de marzo siguiente, ratificó a la administradora, por lo que no resultaba necesario realizar un nuevo registro.

No obstante, indicó que, en acatamiento de la medida cautelar decretada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales dentro del proceso de impugnación de actos, expidió la Resolución 1145 de 21 de agosto de 2026, mediante la cual suspendió el reconocimiento e inscripción de quienes figuraban como representante legal principal y suplente de la copropiedad.

4. Francia Helena Castaño Valencia, Jhony Gallego Palacios, Leidy Llohana Giraldo Mora, María Helena Frayle Frayle, Ana Gilma Frayle Frayle , Flor Alba Frayle Frayle y Fredy de Jesús Agudelo Agudelo, vinculados en su condición de copropietarios y residentes, se opusieron integralmente a las pretensiones manifestando que la acción fue « interpuesta de manera fraudulenta bajo el nombre de la persona jurídica por una administración fáctica y desprovista de personería». Sostuvieron que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales no incurrió en vulneración de garantías fundamentales al decretar, mediante auto de 30 de junio de 2026, la suspensión provisional de los efectos de las decisiones adoptadas por la

el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales no incurrió en vulneración de garantías fundamentales al decretar, mediante auto de 30 de junio de 2026, la suspensión provisional de los efectos de las decisiones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria del 7 de marzo de ese año.Radicación n.º 17001-22-13-000-2026-00240-01

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ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales declaró improcedente la salvaguarda tras colegir la falta de legitimación en la causa por activa de Diana Patricia Gutiérrez Velásquez para promover la acción en nombre de la copropiedad -al no ser su representante legaly, por conexidad, de sus propietarios y residentes -al no ostentar poder para ello -. Sin perjuicio de lo anterior, consideró incumplido el presupuesto de la subsidiariedad por no agotarse las actuaciones ante el Banco Caja Social y no haberse puesto la situación en conocimiento del juez ordinario.

IMPUGNACIÓN

La interpuso la promotora del amparo precisando, en punto de la falta de legitimación, que «la falta de acreditación documental de la calidad de presidenta del consejo de administración era subsanable» por lo cual aportó la documentación que « el Acta de Asamblea General en la cual consta la elección y aprobación del Consejo de Administración y del cargo ejercido por la suscrita documento que permite despejar la incertidumbre que el Tribunal encontró en el expediente». Respecto a la subsidiariedad, afirmó que «la solicitud constitucional no pretendía desconocer la competencia del juez natural. Por el contrario, buscaba evitar que, mientras se definía el

expediente». Respecto a la subsidiariedad, afirmó que «la solicitud constitucional no pretendía desconocer la competencia del juez natural. Por el contrario, buscaba evitar que, mientras se definía el proceso ordinario, la copropiedad quedara en una situación de bloqueo financiero materialmente insostenible », esto es, un perjuicio irremediable.

CONSIDERACIONESRadicación n.º 17001-22-13-000-2026-00240-01

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1. Sin perjuicio de la especial naturaleza del auxilio constitucional, al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos básicos de ciertos actos procesales, como lo es la legitimación en la causa, ya sea por activa o por pasiva, así como la debida representación. Al respecto, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, prevé que esta acción «podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derecho s ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud».

A partir de dicha disposición, la Corte Constitucional ha señalado que toda persona puede ejercer esta acción directamente o a través de su representante legal, agente oficioso en las condiciones previstas en la ley o apoderado judicial con el mandato judicial respectivo, así: « Tanto las normas como la jurisprudencia, consideran válidas tres vías procesales adicionales para la interposición de la acción de tutela: (i) a través del

judicial con el mandato judicial respectivo, así: « Tanto las normas como la jurisprudencia, consideran válidas tres vías procesales adicionales para la interposición de la acción de tutela: (i) a través del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso» (CC, T-301/07, reiterando T-531/02).

Bajo esas premisas, en lo que respecta a las personas jurídicas, «únicamente se encuentran habilitadas para invocar en esta sede sus derechos fundamentales bien el representante legal o unRadicación n.º 17001-22-13-000-2026-00240-01

9 profesional en derecho con el correspondiente poder especial y específico» (CSJ, STC15389-2026; se resalta).

En particular, tratándose de la representación de una propiedad horizontal, el artículo 50 de la Ley 675 de 2001 consagra que « [l]a representación legal de la persona jurídica y la administración del edificio o conjunto corresponderán a un administrador designado», a lo cual, el numeral 10° del artículo 51 ejusdem, señala que una de las funciones del administrador es la de «[r]epresentar judicial y extrajudicialmente a la persona jurídica y conceder poderes especiales para tales fines». Por su parte, sobre la certificación de la existencia y representación judicial de este tipo de personas jurídicas, el canon 8° de la citada ley norma señala que « corresponde al

la persona jurídica y conceder poderes especiales para tales fines». Por su parte, sobre la certificación de la existencia y representación judicial de este tipo de personas jurídicas, el canon 8° de la citada ley norma señala que « corresponde al Alcalde Municipal o Distrital del lugar de ubicación del edificio o conjunto, o a la persona o entidad en quien este delegue esta facultad».

2. De conformidad con los puntuales lineamientos normativos y jurisprudenciales, en el asunto bajo examen, pronto se anuncia la ratificación del veredicto impugnado por la falta de legitimación en la causa por activa de Diana Patricia Gutiérrez Velásquez para promover el amparo en procura de los derechos fundamentales de l Conjunto Cerrado Reserva de Castilla P.H. y, « por conexidad », de sus propietarios, residentes y colaboradores.

En efecto, la señora Gutiérrez Velásquez se presenta como la presidenta del Consejo de Administración de la referida copropiedad, y con la impugnación pretende subsanar la falta de legitimación aportando documentos queRadicación n.º 17001-22-13-000-2026-00240-01

10 acreditan dicha calidad. Sin embargo, como se dejó ver , la jurisprudencia constitucional tiene decantadas las reglas sobre la legitimación por activa para interponer una acción constitucional, por lo que tratándose de una persona jurídica dicha facultad recae en su representante legal o en quien este designe mediante poder especial y específico. Puntualmente, la Ley 675 de 2001 señala que dicha representación la ostenta la administración de la copropiedad, certificada por la alcaldía del municipio respectivo, situación que ni se

designe mediante poder especial y específico. Puntualmente, la Ley 675 de 2001 señala que dicha representación la ostenta la administración de la copropiedad, certificada por la alcaldía del municipio respectivo, situación que ni se adujo, ni se probó.

Ciertamente, la señora Gutiérrez Velásquez dejó saber que no es la administradora del Conjunto Cerrado Reserva de Castilla P.H., ni es abogada con poder especial y especifico otorgado por la administración, ni, mucho menos, de sus propietarios, residentes y colaboradores, a quienes pretende representar por conexidad. En consecuencia, no puede ejercer esta acción constitucional en procura de los derechos fundamentales de tales sujetos.

Ahora bien, lo descrito cobra mayor relevancia al constatar los informes rendidos, pues la accionada Diana María Peláez Uribe pide aclarar la « situación de personería y representación legal [de la copropiedad] y por qué no se encuentra regularizada» y, por su parte, un grupo de propietarios y residentes de la copropiedad manifestaron que la salvaguarda fue «interpuesta de manera fraudulenta bajo el nombre de la persona jurídica por una administración fáctica y desprovista de personería».Radicación n.º 17001-22-13-000-2026-00240-01

11 Por consiguiente, sólo podrá interponer este amparo en nombre de la copropiedad la persona que se encuentre legitimada para ello, bien por ser su administrador principal conforme la certificación correspondiente, el suplente, ante la ausencia absoluta o temporal del principal -lo que cobra relevancia dado el relato fáctico del amparo -, o un abogado

legitimada para ello, bien por ser su administrador principal conforme la certificación correspondiente, el suplente, ante la ausencia absoluta o temporal del principal -lo que cobra relevancia dado el relato fáctico del amparo -, o un abogado con mandato especial y específico otorgado por aquellos.

3. En conclusión, los argumentos expuestos son suficientes para confirmar la desestimación del amparo por falta de legitimación en la causa por activa de la promotora y, por tanto, releva a la Sala del estudio de cualquier otro criterio de procedibilidad, así como del planteamiento de fondo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO Presidente de SalaRadicación n.º 17001-22-13-000-2026-00240-01

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JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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