CSJ - STC20644-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA Magistrado ponente

STC20644-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-05673-00 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis) Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Ricardo Blandón Giraldo contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de esa ciudad , trámite al cual fueron vinculad os las autoridades, partes e intervinientes reconocidos en la pertenencia rad. n.° 202200250.

ANTECEDENTES

1. El accionante, actuando en nombre propio , reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, «tutela judicial efectiva », «prevalencia del derecho sustancial » y defensa , presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-05673-00

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2. En sustento, adujo haber iniciado la causa objeto de revisión y que « había ingresado al inmueble hacía más de veintitrés (23) años, ejerciendo desde entonces posesión material, pública, exclusiva y con actos inequívocos de señor y dueño», posesión presuntamente derivada de la agregación a la que fue ejercida por su madre Lucía Giraldo Jaramillo . Narró que el conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Veinticinco

presuntamente derivada de la agregación a la que fue ejercida por su madre Lucía Giraldo Jaramillo . Narró que el conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogotá, autoridad que no accedió a sus pretensiones, tras considerar que «al haberse iniciado la posesión bajo la vigencia del artículo 1º de la Ley 50 de 1936, y no advertirse que el actor hubiera optado por acogerse al régimen previsto en la Ley 791 de 2002, resultaba aplicable el término extraordinario de veinte años, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 153 de 1887. En esas condiciones, concluyó que la prescripción únicamente se consolidaría el 12 de diciembre de 2022, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda».

Inconforme, interpuso recurso de apelación, pero el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decidió confirmar el veredicto, pero por cuanto no se acreditó suficientemente la posesión ejercida en calidad de comunero y la exclusión de los demás condueños (9 sep. 2026).

De ese panorama derivó la lesión a sus derechos fundamentales, toda vez que, en su concepto, las determinaciones «desconocieron de manera ostensible el material probatorio, aplicaron un régimen jurídico que no correspondía y omitieron ofrecer una motivación constitucionalmente suficiente».Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-05673-00 3

3. Por lo anterior, pidió dejar sin efecto la providencia de segunda instancia , para que, en su lugar, se resuelva nuevamente conforme a sus intereses.

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3. Por lo anterior, pidió dejar sin efecto la providencia de segunda instancia , para que, en su lugar, se resuelva nuevamente conforme a sus intereses.

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS

1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá remitió el link del expediente acusado.

2. El Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogotá allegó el enlace a la documentación y respaldó los motivos de su decisión.

3. Luis Carlos Jaramillo Espinosa se opuso a la prosperidad de las pretensiones.

CONSIDERACIONES

1. Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá incurrió en los presuntos yerros censurados en la pertenencia adelantada (rad n.º 2022 -00250), por haber confirmado el fracaso de las pretensiones, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas.

2. Tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de lasRad. n.° 11001-02-03-000-2026-05673-00 4 personas, de carácter residual y subsidiario, toda vez que sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervención del juez

transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervención del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jurídico, quebrantado, aparentemente, por una autoridad judicial, a saber:

(i) que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una ca rga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión ius fundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela.

(CC, C-590/05 y SU-813/07).

De igual forma, superadas las anteriores exigencias, es imprescindible que se haya configurado alguno de los defectos específicos, esto es, sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constitución.

defectos específicos, esto es, sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constitución.

3. Caso concretoRad. n.° 11001-02-03-000-2026-05673-00

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3.1. Al verificar el fallo cuestionado, mediante el cual la autoridad querellada confirmó la negativa de las pretensiones de la pertenencia, tras advertir que no se acreditó una posesión exclusiva y excluyente frente a los demás condueños, no se advierte la configuración de ningún defecto susceptible de ser corregido por esta senda excepcional, ni la conculcación de las garantías esenciales invocadas, conforme pasa a explicarse.

En efecto, al momento de desatar la alzada, la Magistratura comenzó por el reproche relativo al régimen prescriptivo aplicado por el a quo y, compartiéndolo, concluyó:

(...) no ofrece discusión que el término de diez (10) años previsto en la Ley 791 de 2002 resultaba más favorable para el actor que el régimen anterior, el cual exigía el transcurso de veinte (20) años para consolidar la prescripción extraordinaria adquisi tiva de dominio. Bajo ese entendido, del análisis integral del libelo introductorio emerge con claridad que la intención del demandante fue acogerse al plazo reducido (...)

No obstante, advirtió que ese aspecto «no conduce a la prosperidad de la acción», porque no se acreditó que Lucia Giraldo Jaramillo hubiera ejercido una posesión exclusiva y

fue acogerse al plazo reducido (...)

No obstante, advirtió que ese aspecto «no conduce a la prosperidad de la acción», porque no se acreditó que Lucia Giraldo Jaramillo hubiera ejercido una posesión exclusiva y excluyente frente a los demás comuneros, ni que existiera una posesión jurídicamente apta para ser agregad a a la alegada por el demandante. Por ello, recordó el criterio de esta Corporación sobre la posesión del comunero (CSJ, SC388-2023), así:Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-05673-00 6

En casos como este, el interesado tiene la carga de probar, de manera fehaciente, que en un momento determinado renunció públicamente a su condición formal de copropietario, expresando con claridad su intención de poseer el bien de manera exclusiva y excluyente. Para ello, se requiere un acto inequívoco de rebeldía de ese condómino, con el que desconozca los derechos de los demás, y comience a asumirse como único propietario. Esta acción debe ser manifiesta y contundente, en el sentido de no dejar lugar a dudas sobre la intención de no poseer más a nombre de la comunidad de copropietarios

Bajo esos lineamientos, el operador judicial no encontró acreditado un acto inequívoco de rebeldía. Observó que, según la demanda, la posesión de la señora Giraldo Jaramillo inició el 12 de diciembre de 2002, fecha en que le fue adjudicada una sexta parte del inmueble en una sucesión, circunstancia que, por si sola, no permite inferir que hubiese exteriorizado rebeldía frente a los demás comuneros.

adjudicada una sexta parte del inmueble en una sucesión, circunstancia que, por si sola, no permite inferir que hubiese exteriorizado rebeldía frente a los demás comuneros. Tampoco los actos materiales atribuidos (explotar económicamente el bien, realizar mejoras, evitar invasiones, pagar servicios e impuestos, entre otros) le bastaron, porque «aun siendo acreditados, resultan compatibles con la condición de comunera y, por esta sola razón, no desvirtuaban la presunción de que fueron ejecutados en beneficio de la comunidad».

Esa apreciación la respaldó en las pruebas recaudadas. Del interrogatorio del demandante destacó que, si bien su madre « comenzó a actuar como dueña de la casa » tras el fallecimiento del expropietario, ese relato « no da cuenta de un comportamiento dirigido a excluir a los demás comuneros o a desconocerRad. n.° 11001-02-03-000-2026-05673-00 7 los derechos que estos ostentaban sobre el inmueble», pues participar con los demás herederos en la sucesión demuestra actos de administración, conservación y aprovechamiento materia, compatibles con la condición de copropietaria.

Del testimonio de Juan Carlos Montenegro Cuellar coligió que el demandante « se hizo cargo » del bien porque su madre ya era una persona mayor, lo que solo evidencia que dejó en él las labores de administración y mantenimiento, «hechos que no desdicen la condición de comunera ». Y frente a lo dicho por el antiguo arrendatario, según el cual el demandante administraba la casa y era reconocido como dueño, aunque la señora Lucia «tenía contacto con la comunidad»,

«hechos que no desdicen la condición de comunera ». Y frente a lo dicho por el antiguo arrendatario, según el cual el demandante administraba la casa y era reconocido como dueño, aunque la señora Lucia «tenía contacto con la comunidad», estimó que apenas explicaba las razones por las que el hijo asumió la administración, « sin ofrecer elementos que permitan concluir que aquella ejerció una posesión exclusiva frente a los demás copropietarios».

Adicionalmente, halló respaldo de esa conclusión en la forma que se planteó el libelo, pues el demandante fijó el inicio de la posesión en la misma fecha que la señora adquirió la calidad de comunera, coincidencia que «resulta compatible con el ejercicio de las facultades inherentes a su condición de copropietaria y no con el desconocimiento de los derechos de los restantes condueños».

En consecuencia, aunque tuvo por acreditados los hechos posesorios propios del actor, dedujo que « el tiempo no le alcanza para prescribir pues la suma de posesiones no resulta posible para el propósito». Explicó que, al no haberse demostrado una posesión exclusiva de la cedente frente a las cuotas de losRad. n.° 11001-02-03-000-2026-05673-00 8 demás comuneros, y siendo ella titular de una sexta parte del bien, la posesión que ejercía sobre esa cuota era consecuencia de su derecho y no la idónea para adquirir por prescripción, de suerte que la agregación prevista en el artículo 778 del Código Civil carecía de uno de sus presupuestos esenciales, esto es, que la posesión transmitida fuese jurídicamente apta para conducir a la usucapión pretendida.

artículo 778 del Código Civil carecía de uno de sus presupuestos esenciales, esto es, que la posesión transmitida fuese jurídicamente apta para conducir a la usucapión pretendida.

Se sigue de lo anterior que el yerro atribuido al juzgado accionado, consistente en haber aplicado el término de veinte años, fue advertido y corregido por el Tribunal, sin que de él derivara la lesión reclamada, pues la negativa de las pretensiones se sustentó, en definitiva, en la ausencia de una posesión exclusiva y excluyente y en la imposibilidad de sumar posesiones. Y, en todo caso, la autoridad expuso de manera suficiente y razonada los motivos de su determinación, tras confrontar la regla jurisprudencial aplicable con el material probatorio, sin que se observe una valoración contraevidente o caprichosa, ni una motivación aparente.

Conforme con ello, la resolución adoptada, como se anticipó, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuración de una «vía de hecho», siendo claro, entonces, que el reclamo no encuentra recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus expectativas.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-05673-00 9 En relación con lo explicado, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podría abrirse camino la prosperidad de la protección constitucional, pues es necesario que la determinación se encuentre afectada por errores superlativos y d esprovistos de todo fundamento objetivo, situación que no ocurre en el sub lite.

la prosperidad de la protección constitucional, pues es necesario que la determinación se encuentre afectada por errores superlativos y d esprovistos de todo fundamento objetivo, situación que no ocurre en el sub lite.

Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que:

(…) el mecanismo de amparo constitucional no está previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia y conllevaría a erosionar el régimen de jurisdicción y competencias previstas en el ordenamiento jurídico a través del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo (CSJ, STC6743-2024, STC70892024, STC8564-2024, STC9537-2024, entre otras).

3.2. Con todo, y como razón adicional, el asunto carece de relevancia constitucional, pues el accionante cuestiona si la posesión que su madre ejerció sobre una cuota del inmueble podía considerarse exclusiva y excluyente frente a los demás comuneros y, por tanto, sumarse a la propia conforme al artículo 778 del Código Civil. De ahí que se trate de una discusión sobre los presupuestos de la posesión del comunero y de la suma de posesiones, propia del derecho civil sustancial y no de la interpretación o el alcance de una norma constitucional.

Además, resolverla exigiría volver sobre los medios de convicción recaudados para establecer si hubo un acto

civil sustancial y no de la interpretación o el alcance de una norma constitucional.

Además, resolverla exigiría volver sobre los medios de convicción recaudados para establecer si hubo un acto inequívoco de rebeldía frente a los demás condueños, laborRad. n.° 11001-02-03-000-2026-05673-00 10 que compete al juez natural y que el Tribunal ya cumplió. No se advierte, entonces, que esté e n juego la definición del contenido o alcance de los derechos fundamentales invocados. Incluso el reproche sobre el régimen prescriptivo carece de proyección constitucional, pues fue resuelto en favor del actor al aplicar el término de diez años, sin incidir en el sentido de la decisión.

Admitir la relevancia constitucional en estas condiciones desnaturaliza el carácter excepcional del ampro y lo convertiría en una instancia adicional para replantear debates ya sometidos al estudio del juez natural. La invocación formal de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia no basta para dotar de trascendencia constitucional una controversia circunscrita a cuestiones de legalidad, má xime cuando no se demuestra una afectación concreta, grave y desproporcionada de tales garantías.

4. Por el demarcado horizonte, no queda alternativa distinta a predicar la negativa del resguardo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo rogado.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-05673-00

en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo rogado.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-05673-00 11 Comuníquese lo resuelto a las partes por un medio expedito y, de no impugnarse esta decisión, en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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