CSJ - STC20645-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20645-2026 Radicación n.º 05001-22-10-000-2026-00458-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Familia del Tribunal Superior de Medellín el pasado 7 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela promovida por D.L.M., en nombre propio y en representación de su hija menor de edad M.L.Á., contra el Juzgado de Familia de la misma ciudad; trámite al cual fueron vinculadas las autoridades, partes e intervinientes dentro de la medida de protección VIF n.° 2026-00000 (02-00000-24).

ANOTACIÓN PRELIMINAR

En aras de garantizar la protección a la intimidad de la menor de edad involucrad a en el presente asunto, se suprimirá de toda futura publicación de esta providencia la información de cualquier dato que permita su identificación,Radicación n.º 05001-22-10-000-2026-00458-01 2 para lo cual se elaborará otro texto, de igual tenor, que será el publicable para todos los efectos, de conformidad con el artículo 1 del Acuerdo n.º 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

ANTECEDENTES

1. El accionante, a través de apoderado judicial, reclama la protección de sus derechos fundamentales al

esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

ANTECEDENTES

1. El accionante, a través de apoderado judicial, reclama la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, así como de los derechos de su hija a la libertad de expresión, al libre desarrollo de la personalidad y a la prevalencia de sus derechos, que estima quebrantados por la autoridad judicial convocada.

2. Como soporte de su queja, expuso en síntesis que:

2.1. El 25 de abril de 2024 solicitó ante la Comisaría de Familia de Medellín el restablecimiento de los derechos de su hija, por los maltratos físicos y psicológicos que atribuyó a la madre, E .Á.H. Esa solicitud dio lugar a un proceso administrativo de restablecimiento de derechos a favor de la niña, que culminó con la Resolución 358 de 29 de agosto de 2024, en la que se declaró la vulneración de sus derechos por parte de ambos progenitores. Esa d ecisión fue homologada por el Juzgado de Familia de Oralidad de Medellín.

2.2. Por su parte, el 21 de mayo de 2024, la madre pidió ante la misma Comisaría una medida de protección por violencia intrafamiliar en contra del padre, por un episodio de maltrato verbal ocurrido el 24 de abril de ese año, y obtuvoRadicación n.º 05001-22-10-000-2026-00458-01 3 medidas provisionales en su favor. Con ello se abrió un trámite independiente del anterior.

2.3. Paralelamente, los progenitores celebraron acuerdos conciliatorios ante el Instituto Colombiano de

3 medidas provisionales en su favor. Con ello se abrió un trámite independiente del anterior.

2.3. Paralelamente, los progenitores celebraron acuerdos conciliatorios ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el 31 de mayo de 2024, y ante el Centro de Conciliación y Arbitraje «Conciliadores», el 29 de abril de

2025. En ellos se asignaron al padre los cuidados personales de la niña y se dispuso que los encuentros con la madre se coordinarían previamente.

2.4. En el trámite de violencia intrafamiliar, el demandante en tutela aportó conversaciones de WhatsApp y correos electrónicos para demostrar que no ejerció violencia contra la denunciante y que procuró los encuentros maternofiliales, en la medida en que la niña así lo quisiera. Ese trámite culminó con la Resolución 080 de 5 de marzo de 2026, mediante la cual la Comisaría de Familia de Medellín lo declaró responsable de violencia intrafamiliar, bajo la modalidad de violencia vicaria, por no fomentar la relación materno-filial.

2.5. Ambos progenitores apelaron la decisión , por su parte el padre pidió su revocatoria total, y la madre, s olicitó modificación parcial para que se adoptaran medidas más severas y se trasladaran al trámite las órdenes del restablecimiento de derechos. El Juzgado de Familia de Medellín resolvió los dos recursos en sentencia de 26 de mayo de 2026 y confirmó la resolució n. Se apoyó en que el padre

restablecimiento de derechos. El Juzgado de Familia de Medellín resolvió los dos recursos en sentencia de 26 de mayo de 2026 y confirmó la resolució n. Se apoyó en que el padre no asistió a la terapia de padres separados que se le ordenó,Radicación n.º 05001-22-10-000-2026-00458-01 4 no respondía los mensajes ni las propuestas de visita de la madre, no le ofrecía alternativas y justificaba su silencio en que la niña no quería estar con ella.

3. El promotor reprochó al despacho accionado que en su providencia se diera una valoración incompleta de las pruebas, en particular de las entrevistas y los audios en los que la niña expresó su deseo de no ver a su madre, y del memorial que radicó el 17 de abril de 2026, que, a su juicio, no se tuvo en cuenta . Cuestionó que se le sancionara por respetar la opinión de su hija, en contravía de la sentencia T350 de 2025 de la Corte Constitucional, y que se aplicara el enfoque de género sin acreditar la asimetría que exige la STC043-2024. Con ello, atribuyó a la providencia defecto fáctico y violación directa de la Constitución.

4. En consecuencia, solicitó dejar sin efecto la sentencia de 26 de mayo de 2026 y la Resolución 080 de 5 de marzo de 2026, absolverlo y levantar las medidas de protección impuestas en su contra.

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1. El Juzgado de Familia de Medellín pidió negar el amparo. Señaló que su sentencia delimitó el objeto de la

protección impuestas en su contra.

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1. El Juzgado de Familia de Medellín pidió negar el amparo. Señaló que su sentencia delimitó el objeto de la alzada, diferenció el trámite de violencia intrafamiliar del proceso de restablecimiento de derechos y resolvió los reparos de ambos recurrentes. Prec isó que la opinión de la niña no releva al progenitor custodio de sus deberes de cooperación y promoción del vínculo familiar. Agregó que losRadicación n.º 05001-22-10-000-2026-00458-01 5 asuntos atribuidos al memorial de 17 de abril de 2026 fueron considerados al delimitar ambos trámites y que los documentos posteriores a su decisión no podían integrar la valoración probatoria.

2. La Comisaría de Familia de Medellín defendió la legalidad de su actuación y precisó que «se protegió (…) a la denunciante E.Á.H. y se le prohibió al encontrado responsable vincular a su hija en las discrepancias que se presenten entre ellos». Agregó que escuchar a la menor no significa convertirla en árbitro del conflicto parental ni trasladarle la decisión de mantener o no el vínculo con su madre.

3. E.Á.H. se opuso a las pretensiones. Adujo que lo sancionado no fue el respeto a la voluntad de la niña, sino el incumplimiento del compromiso que el padre asumió ante el Juzgado de Familia de Oralidad de Medellín de «facilitar el acercamiento» entre madre e hija. Afirmó, además, que esa conclusión coincide con la del Juzgado de Familia de

incumplimiento del compromiso que el padre asumió ante el Juzgado de Familia de Oralidad de Medellín de «facilitar el acercamiento» entre madre e hija. Afirmó, además, que esa conclusión coincide con la del Juzgado de Familia de Oralidad de esa ciudad, que al homologar el proceso de restablecimiento de derechos advirtió una «interferencia parental intencional por parte del progenitor».

LA SENTENCIA IMPUGNADA

La Sala Familia del Tribunal Superior de Medellín negó el amparo al concluir que el despacho convocado motivó de manera suficiente y razonada su decisión y valoró la opinión de la niña junto con las demás pruebas de manera conjunta. Advirtió, además, que el accionante pretendía reabrir elRadicación n.º 05001-22-10-000-2026-00458-01 6 debate probatorio, pues sus reproches se reducían a una mera discrepancia con el criterio del juez natural.

IMPUGNACIÓN

El promotor insistió en el amparo. Adujo que el a quo no se pronunció sobre la sentencia T -350 de 2025 ni sobre la STC043-2024, que ignoró el memorial de 17 de abril de 2026 y que ninguna autoridad indagó si la voluntad de la niña era libre o inducida por el padre.

CONSIDERACIONES

1. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado, en línea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener incólumes

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado, en línea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener incólumes los principios que contem plan los artículos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.

Por regla de excepción se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protección judicial, eventos que luego de unRadicación n.º 05001-22-10-000-2026-00458-01 7 ponderado estudio tornarían imperiosa la intervención del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico.

Así, sobre la pretensión de exigir al juzgador una determinada interpretación de las normas procesales o una específica valoración probatoria , la Sala en precedencia ha indicado que «no se puede recurrir a la acción tutelar para imponer al fallador una determinada interpretación de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una específica valoración probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes ». (CSJ, STC17645-2025, en cita de, entre otros, STC 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01).

De manera que esta particular justicia sólo intervendría cuando eventualmente la decisión cuestionada sea producto

(CSJ, STC17645-2025, en cita de, entre otros, STC 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01).

De manera que esta particular justicia sólo intervendría cuando eventualmente la decisión cuestionada sea producto de un proceder notorio, flagrante y manifiestamente apartado del ordenamiento jurídico, con incidencia directa en las garantías fundamentales del impugnante.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si la autoridad accionada incurrió en defecto fáctico o en violación directa de la Constitución al confirmar la Resolución 080 de 5 de marzo de 2026 de la Comisaría de Familia , que declaró al actor responsable de violencia intrafamiliar por obstaculizar el vínculo entre su hija y la madre, sin otorgar, según aquel, prevalencia a la opinión de la niña; o si, por el contrario, esa decisión obedece a una apreciación razonable ampa rada en la autonomía judicial.Radicación n.º 05001-22-10-000-2026-00458-01 8

3. La obstrucción parental del vínculo filial.

Reiteración y desarrollo de la doctrina de la Sala

El derecho de los niños a tener una familia y a no ser separados de ella, consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política, comprende la posibilidad de mantener relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores, aun cuando estos ya no convivan. Sin embargo, cuando la ruptura de la pareja deriva en un conflicto prolongado, los hijos corren el riesgo de dejar de ser sujetos de protección para convertirse en el escenario de la disputa entre sus padres. Esta Corporación ha denominado esa

cuando la ruptura de la pareja deriva en un conflicto prolongado, los hijos corren el riesgo de dejar de ser sujetos de protección para convertirse en el escenario de la disputa entre sus padres. Esta Corporación ha denominado esa situación obstrucción parental del vínculo filial.

Con el fin de delimitarla, la Sala la defin ió como «un fenómeno que se presenta cuando, de manera sostenida y sistemática, uno de los progenitores -directa o indirectamente - impide, dificulta o erosiona la relación afectiva del hijo con el otro progenitor, trasladando al menor cargas emocionales, narrativa s o lealtades que exceden su capacidad de comprensión y autonomía» (CSJ STC5491 -2026, reiterada en STC13455-2026).

Así entendida, la obstrucción no depende de la intención subjetiva del progenitor que la ejerce ni exige un diagnóstico clínico en el niño. Por el contrario, se verifica a partir de indicadores objetivos que el juez puede constatar en el expediente:

«(i) la reiteración de expresiones, juicios de valor o narrativas en el discurso del niño que no corresponden a su nivel de desarrollo oRadicación n.º 05001-22-10-000-2026-00458-01 9 que el menor no puede explicar con sus propias palabras; (ii) la prolongación injustificada de la ausencia de contacto con el progenitor no custodio; (iii) el uso de mecanismos institucionalesadministrativos o judiciales - para perpetuar la separación; (i v) la resistencia sistemática a medidas de acercamiento, aun cuando estas cuenten con acompañamiento profesional; y (v) la construcción de una imagen exclusivamente negativa del

administrativos o judiciales - para perpetuar la separación; (i v) la resistencia sistemática a medidas de acercamiento, aun cuando estas cuenten con acompañamiento profesional; y (v) la construcción de una imagen exclusivamente negativa del progenitor ausente, desprovista de matices y de correlato con la experiencia directa del menor» (ídem).

De lo anterior se desprende una consecuencia de especial importancia en la valoración de la opinión del niño. Su derecho a ser escuchado es indiscutible, pero su manifestación constituye el punto de partida del examen judicial, no su punto final. Por eso, cuando el vínculo con uno de los progenitores se ve atravesado por conflictos intensos o rupturas prolongadas, la Sala ha precisado que el análisis no puede agotarse «en la recepción pasiva de la voluntad del menor», sino que debe indagar «sobre el origen, la autenticidad y el contexto de dicha voluntad, con el apoyo de herramientas técnicas e interdisciplinarias» (CSJ STC5491-2026). Dicho de otro modo, escuchar al niño no significa trasladarle la decisión de mantener o romper la relación con uno de sus padres, pues ello lo sitúa en medio del conflicto de los adultos y le impone una carga de lealtades y culpas que no le corresponde.

Ahora bien, la Sala avanzó en la determinación de la naturaleza jurídica de este fenómeno. Precisó que la obstrucción no es una simple desavenencia doméstica ni un ejercicio legítimo de la autoridad parental, pues por su reiteración y sistematicidad afecta la salud mental y la integridad emocional del niño, así como su derecho a

obstrucción no es una simple desavenencia doméstica ni un ejercicio legítimo de la autoridad parental, pues por su reiteración y sistematicidad afecta la salud mental y la integridad emocional del niño, así como su derecho a mantener relaciones personales con ambos progenitores. PorRadicación n.º 05001-22-10-000-2026-00458-01 10 eso constituye una forma de maltrato que se inscribe en la categoría de la violencia intrafamiliar (CSJ STC13455-2026).

A su vez, esa lesión no recae solo sobre el hijo. Como el derecho de relacionamiento es de doble vía, la conducta obstructiva afecta también al progenitor apartado. En su favor puede dar lugar a medidas de protección por violencia intrafamiliar, con los in cidentes de incumplimiento y las sanciones que la Ley 294 de 1996 prevé para su desacato (ídem).

Con todo, la figura tiene un límite que el juez debe observar con cuidado. No puede usarse para desacreditar denuncias serias de abuso ni para restar valor al relato de quien, de buena fe, invoca el maltrato como razón del rechazo al contacto. Por ello, la Sala advirtió que «la obstrucción parental solo puede tenerse por acreditada a partir de indicadores objetivos, verificables y valorados en conjunto, nunca sobre presunciones o suposiciones, y que su declaración exige, por definición, haber descartado un riesgo real para el menor derivado del contacto» (ídem).

En suma, frente a indicadores objetivos de obstrucción, el juez no puede limitarse a recibir la voluntad del niño como un dato concluyente. Le corresponde identificar el patrón

descartado un riesgo real para el menor derivado del contacto» (ídem).

En suma, frente a indicadores objetivos de obstrucción, el juez no puede limitarse a recibir la voluntad del niño como un dato concluyente. Le corresponde identificar el patrón relacional, valorar en conjunto las pruebas técnicas, descartar la existencia d e un riesgo real en el contacto y adoptar o respaldar las medidas que protejan el vínculo comprometido.

4. Caso concretoRadicación n.º 05001-22-10-000-2026-00458-01

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Se anticipa que la Sala confirmará la negativa del amparo, pues en la providencia cuestionada no se vislumbra irregularidad que imponga la injerencia del juez constitucional.

4.1. Como punto de partida, conviene precisar el objeto de la decisión censurada, pues buena parte de los reproches del actor descansa en confundir los distintos trámites que se han adelantado en torno a esta familia. En efecto, el conflicto ha dado lugar, por lo menos, a tres escenarios. El primero es el proceso de restablecimiento de derechos promovido por el padre a favor de la niña, que culminó con la Resolución 358 de 29 de agosto de 2024, en la que se declaró la vulneración de sus derechos por parte de amb os progenitores, y que fue homologado por el Juzgado de Familia de Oralidad de Medellín. El segundo lo conforman los acuerdos sobre cuidado personal y visitas celebrados ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, otro Juzgado de Familia de Oralidad de esa ciudad y un centro de conciliación. El tercero es el trámite de violencia intrafamiliar iniciado por la

cuidado personal y visitas celebrados ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, otro Juzgado de Familia de Oralidad de esa ciudad y un centro de conciliación. El tercero es el trámite de violencia intrafamiliar iniciado por la madre, único que culminó con la Resolución 080 y con la sentencia aquí cuestionada.

Cada uno de ellos tiene un objeto propio, y así lo entendió el despacho demandado al advertir en su providencia que:

«Es importante señalar a las partes que de una parte está el proceso de Restablecimiento de Derechos que se adelantó por la violencia ejercida por la madre frente a la niña, en la que ambosRadicación n.º 05001-22-10-000-2026-00458-01 12 padres fueron sancionados y de otro lado está el proceso de violencia intrafamiliar en que la señora E denunció actos en su contra, y no de la niña, que es el que terminó con la sanción que hoy se cuestiona».

Por ello, no es de recibo que el tutelante traslade a este escenario los episodios de maltrato que atribuye a la madre respecto de la niña, materia propia del restablecimiento de derechos, para desvirtuar una decisión cuyo objeto era la violencia ejercida contra la progenitora. Cada trámite conserva su propio ámbito, y lo resuelto en uno no puede trasladarse automáticamente al otro. Ese mismo criterio aplicó el fallador natural frente a ambos recurrentes , pues con idéntico criterio negó la pretensión de la madre de extender al trámite de violencia intrafamiliar las sanciones y advertencias decretadas en el restablecimiento de derechos.

4.2. Precisado lo anterior, la Sala no advierte

con idéntico criterio negó la pretensión de la madre de extender al trámite de violencia intrafamiliar las sanciones y advertencias decretadas en el restablecimiento de derechos.

4.2. Precisado lo anterior, la Sala no advierte arbitrariedad en la conclusión del juzgado. Su decisión no descansó en el episodio de abril de 2024, sino en una dinámica sostenida que tuvo por acreditada con las pruebas del trámite:

«[…] de las pruebas aportadas es claro que hay un ejercicio de la violencia frente a la madre cuando: no le responde los mensajes; a las propuestas de visitas, no le ofrecerle (sic) alternativa; no ha iniciado la atención psicológica para que se trabaje co n ella, no le responde los mensajes amparado en que la niña no quiere estar con ella».

Esa conclusión tampoco obedeció a una presunción. El juzgado la contrastó con lo establecido por las autoridadesRadicación n.º 05001-22-10-000-2026-00458-01 13 que, con apoyo interdisciplinario, examinaron la situación de la niña en el restablecimiento de derechos:

«Acertado análisis hizo la comisaría de familia, pues es claro y se había concluido tanto en el PARD como en sede de homologación, que el padre ha participado en dinámicas que generan un entorno que incide en que se agrave la situación madre e hija».

Y advirtió, además, que «[l]as resultas del PARD y los acuerdos logrados por las partes en aras de mejorar la relación, son finalmente utilizados por el señor D en contra de la madre, reiterando que la niña es quien no quiere mantener el vínculo materno filial».

logrados por las partes en aras de mejorar la relación, son finalmente utilizados por el señor D en contra de la madre, reiterando que la niña es quien no quiere mantener el vínculo materno filial».

Vistos en conjunto, tales hallazgos se corresponden con los indicadores objetivos que la doctrina de la Sala ha identificado para reconocer la obstrucción del vínculo filial. Allí confluyen la prolongada ausencia de contacto con la progenitora, la resistencia a las medidas de acercamiento, el uso de las actuaciones institucionales en contra de la madre y el rechazo de la niña hacia esta, en cuya formación, según lo concluido en el restablecimiento de derechos, incidió el padre. De este modo, carece de suste nto el reproche de la impugnación según el cual ninguna autoridad indagó por el origen de la voluntad de la menor, pues esa indagación se surtió en el restablecimiento de derechos y fue tenida en cuenta por el fallador al resolver la alzada.

4.3. Tampoco prospera el argumento central del promotor, esto es, que se le sancionó por respetar la opinión de su hija. Como se explicó, la manifestación del niño constituye el punto de partida del examen judicial, no suRadicación n.º 05001-22-10-000-2026-00458-01 14 punto final. Incluso la jurisprudencia que invoca el actor alude a valorar esa opinión y darle un peso progresivo, no a tenerla como definitiva. En ese sentido, el juzgado no desconoció la voluntad de la niña; lo que reprochó fue que el padre la convirtiera en la razón para desentenderse de su propio deber:

tenerla como definitiva. En ese sentido, el juzgado no desconoció la voluntad de la niña; lo que reprochó fue que el padre la convirtiera en la razón para desentenderse de su propio deber:

«Las conductas del señor D de dejar que la niña sea la responsable de fomentar el vínculo con su madre y su familia, de ignorar sus mensajes, de no responderle y responsabilizarla de posibles afectaciones psicológicas y emocionales de su hija, configuran claramente en una violencia de género […]».

Esa es, precisamente, la situación que la doctrina de la Sala busca evitar , esto es, trasladar al niño la decisión de mantener o romper el vínculo con uno de sus padres, lo que lo sitúa en medio del conflicto de los adultos. A ello se suma que en este caso no se acreditó un riesgo real derivado del contacto materno -filial que justificara l a abstención del padre. El restablecimiento de derechos respondió al maltrato relatado por la niña con terapias y acompañamiento, no con la suspensión de los encuentros con la madre. Los acuerdos posteriores mantuvieron el derecho de visitas de la madre. Y la propia Comisaría levantó la medida de alejamiento para permitir los acercamientos entre los progenitores en beneficio de su hija.

4.4. En cuanto al enfoque de género, el gestor sostiene que se aplicó sin acreditar la asimetría entre las partes. Sin embargo, esa asimetría no se presumió por la sola condición de mujer de la denunciante, sino que resulta de la posición que cada progenitor oc upa frente al vínculo con la niña.Radicación n.º 05001-22-10-000-2026-00458-01

de mujer de la denunciante, sino que resulta de la posición que cada progenitor oc upa frente al vínculo con la niña.Radicación n.º 05001-22-10-000-2026-00458-01 15 Quien ejerce su cuidado personal controla el acceso a ella, de modo que la madre depende de la cooperación del padre para ejercer su relación, y las conductas que el juzgado tuvo por probadas, como los mensajes sin respuesta y las propuestas de visita sin alternativa, se valieron justamente de esa dependencia. Además, como lo ha precisado esta Corporación, la obstrucción del vínculo no lesiona solo al hijo, sino también al progenitor apartado, y puede dar lugar en su favor a medidas de protección por violen cia intrafamiliar (CSJ STC13455-2026).

4.5. Tampoco prospera el reproche por la falta de mención del memorial de 17 de abril de 2026. Con independencia de si ese escrito llegó o no al despacho, lo cierto es que su contenido ya hacía parte del debate. La entrevista de la niña ante el Juzgado de Familia de Oralidad había sido aportada al trámite desde el 11 de febrero de 2026. Las conciliaciones fueron consideradas por el juzgado al delimitar los dos trámites. Y la voluntad de la menor fue el eje de la apelación del padre, que el fallador resumió y resolvió. De ahí que su posible omisión no tuviera la entidad para variar lo decidido.

4.6. Finalmente, no escapa a la Sala que, con posterioridad a la sentencia cuestionada, se informaron en este trámite nuevas actuaciones administrativas, un encuentro de acercamiento fallido y una reiteración del

4.6. Finalmente, no escapa a la Sala que, con posterioridad a la sentencia cuestionada, se informaron en este trámite nuevas actuaciones administrativas, un encuentro de acercamiento fallido y una reiteración del rechazo de la niña hacia su madre. Por ser sobre vinientes, esas circunstancias no inciden en la validez de la decisión censurada ni son objeto de juicio en esta sede, y suRadicación n.º 05001-22-10-000-2026-00458-01 16 verificación corresponde a las autoridades que hoy conocen del restablecimiento de derechos de la menor. Con todo, en la medida en que guardan relación con los indicadores reseñados en el acápite 3 de esta providencia , la Sala recuerda a ambos progenitores que su hija no puede seguir siendo el escenario de su conflicto y que el cuidado personal comporta el deber de promover, y no de condicionar, la relación con el otro padre.

4.7. Descartados los defectos alegados, l o que se advierte, entonces, es una diferencia de criterio del tutelante frente a l razonamiento de la autoridad cuestionada, adoptado en ejercicio de sus facultades y amparad o en los principios de autonomía e independencia judicial, situación que per se no abre paso a la protección constitucional, pues la acción de tutela no comporta una instancia adicional para prolongar el debate ya definido por los jueces naturales.

Al respecto, se ha insistido en que:

«independientemente de que se comparta o no la hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía

Al respecto, se ha insistido en que:

«independientemente de que se comparta o no la hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, la reseñada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque éste pueda ser susceptible de otra exégesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia .» (CSJ, STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367 -00, reiterado, STC6192023).

5. ConclusiónRadicación n.º 05001-22-10-000-2026-00458-01

17 En definitiva, la providencia cuestionada no incurrió en los defectos que le atribuye el reclamante. No se configura el defecto fáctico, pues el juzgado valoró en conjunto el acervo probatorio, y la falta de mención del memorial no alteró el sentido de lo resuelto. Tampoco se advierte violación directa de la Constitución ni desconocimiento de la jurispr udencia invocada, pues la opinión de la niña fue debidamente considerada, y el enfoque de género encontró sustento en la asimetría acreditada entre los progenitores. Así las cosas, se confirmará la negativa del resguardo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

asimetría acreditada entre los progenitores. Así las cosas, se confirmará la negativa del resguardo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnación.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTARadicación n.º 05001-22-10-000-2026-00458-01 18

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Francisco Te