CSJ - STC20647-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20647-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-05768-00 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Manuel de Jesús Mendoza Quintero contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad; trámite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el ejecutivo mixto n.° 1991-08760.

ANTECEDENTES

1. La accionante reclama la protección de los derechos fundamentales debido proceso y acceso a la administración de justicia presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

2. En síntesis, señaló que, en el juicio de la referencia promovido en su contra el Juzgado Quinto Civil del CircuitoRad. n.° 11001-02-03-000-2026-05768-00 2 de Cúcuta decretó la terminación por desistimiento tácito y el levantamiento del embargo y secuestro de los inmuebles identificados con matrícula No. 260 -0018912 denominado «Granja Avícola Villa Flor » y No. 260 -0093547 llamado « La

Carolina».

Relató que, en la diligencia de entrega Natalia Suárez Galvis y Carlos Alberto Contreras Suárez formularon oposición alegando ser propietaria y poseedor,

Carolina».

Relató que, en la diligencia de entrega Natalia Suárez Galvis y Carlos Alberto Contreras Suárez formularon oposición alegando ser propietaria y poseedor, respectivamente y, aportando una sentencia de pertenencia a favor de Suárez Galvis sobre el inmueble No. 260-0018912; petición que refutó alegando que aquellos no podían adquirir por prescripción un bien que estaba embargado y secuestrado pues el mismo estaba fuera del comercio y, a lo sumo, podrían considerarse meros tenedores.

Manifestó que, pese a ello, el funcionario judicial accionado despachó favorablemente la oposición tras argumentar que los opositores acreditaron sumariamente actos de posesión y que cualquier reproche relacionado con la sentencia del juicio de pertenencia debía debatirse en otro escenario judicial; razonamiento que avaló el Tribunal convocado en providencia del 14 de agosto de 2026.

3. En este contexto, estima vulneradas sus garantías fundamentales y, en consecuencia, pretende que se deje sin efecto las providencias que resolvieron la oposición y se ordené al Juzgado convocado proferir una nueva determinación en la que se disponga la entrega material de los inmuebles.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-05768-00

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta relató las actuaciones a su cargo y defendió la determinación adoptada.

2. El Tribunal convocado precisó que «l os reparos formulados en la acción de tutela se contraen a una inconformidad con

relató las actuaciones a su cargo y defendió la determinación adoptada.

2. El Tribunal convocado precisó que «l os reparos formulados en la acción de tutela se contraen a una inconformidad con el criterio jurídico adoptado por el Despacho, derivada de los efectos adversos que la decisión produjo frente a los intereses de quien promueve la presente acción».

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales.

La acción de tutela no procede contra providencias o actuaciones judiciales con el fin de salvaguardar los principios de los artículos 228 y 230 de la Constitución Política. En efecto, no pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o ya terminados para modificar las determinaciones emitidas en ellos.

Excepcionalmente se estableció su procedencia para aquellos casos en donde el funcionario judicial ha incurrido en un proceder arbitrario y opuesto a la ley. En este caso deberán concurrir los presupuestos generales deRad. n.° 11001-02-03-000-2026-05768-00 4 procedibilidad de : inmediatez, subsidiariedad, que no se cuestionen sentencias emitidas en el marco de otra acción de tutela y la relevancia constitucional . Junto a ellos, debe verificarse la ocurrencia de alguno de los defectos específicos: sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o violación de la Constitución.

2. La relevancia constitucional.

En torno a este requisito, la Corte Constitucional ha

carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o violación de la Constitución.

2. La relevancia constitucional.

En torno a este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que tiene tres finalidades concretas: «(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional[63] y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad [64]; (ii ) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales[65] y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces[66]» (C.C, SU-128 de 2021).

En esa línea, se ha sostenido que el mismo «(...) protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales[119]» (C.C., SU -215 de 2022). En esa línea, se han adoptado como criterios para examinar la ausencia o no de relevancia constitucional que la controversia «(i) verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal o económico[161]; (ii) involucre algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental, y (iii) no implique utilizar la acción de tutela como una instancia o un recurso adicional para reabrir debates

algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental, y (iii) no implique utilizar la acción de tutela como una instancia o un recurso adicional para reabrir debates concluidos en el proceso ordinario» (C.C. SU-016 de 2026).Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-05768-00 5

En esa medida, este presupuesto de procedibilidad exige que entre la actuación cuestionada y la presunta vulneración de los derechos fundamentales exista una relación directa, específica y suficientemente acreditada. No basta con que la parte accionante manifieste su inconformidad frente a la interpretación de la norma hecha por el fallador, con la valoración de una prueba o con el resultado adverso del proceso.

Es necesario, entonces, que la parte interesada explique de qué manera la decisión censurada trasgredió el ámbito de la autonomía judicial y produjo una afectación constitucionalmente relevante. Dicho de otro modo, el debate debe trascender la simple discrepancia interpretativa y poner de manifiesto una actuación que, por su arbitrariedad, irrazonabilidad o manifiesta incompatibilidad con la Constitución comprometa de forma efectiva una garantía fundamental.

En conclusión, la relevancia constitucional no se satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental ni con la simple invocación del debido proceso o del acceso a la administración de justicia. Además de ello, es indispensable demostrar que la providencia cuestionada produjo una afectación directa, concreta y desproporcionada de tales garantías. Por tanto, cuando el amparo se limita a reiterar discusiones de índole legal, probatoria y procesal, o pretende

demostrar que la providencia cuestionada produjo una afectación directa, concreta y desproporcionada de tales garantías. Por tanto, cuando el amparo se limita a reiterar discusiones de índole legal, probatoria y procesal, o pretende reabrir debates ya resueltos, la controversia carece de verdadera trascendencia constitucional y no habilita laRad. n.° 11001-02-03-000-2026-05768-00 6 intervención excepcional del juez de tutela.

2. Caso concreto

2.1. En el caso particular, el accionante cuestiona las decisiones adoptadas por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta, mediante auto del 29 de mayo de 2026, y por la Sala Civil Familia del Tribunal de la misma ciudad el 14 de agosto de 2026, que aceptaron y confirmaron , respectivamente, la oposición a la entrega formulada por Carlos Alberto Contreras y Natalia Suárez Galvis respecto de los inmuebles distinguidos con matrículas Nos. 2600093547 y 260 -0018912, pese a que la ocupación alegada surgió mientras estos se encontraban embargados y secuestrados. Sostiene que, durante la vigencia de esas medidas, los bienes estaban fuera del comercio y quienes los ocupaban tenían la condición de meros tenedores.

En esencia, atribuye a las providencias un defecto sustantivo, derivado de la indebida aplicación del artículo 309 del Código General del Proceso, la omisión de las normas que regulan los efectos del secuestro judicial y el desconocimiento del precedente de las altas cortes sobre la imposibilidad de adquirir por prescripción bienes

309 del Código General del Proceso, la omisión de las normas que regulan los efectos del secuestro judicial y el desconocimiento del precedente de las altas cortes sobre la imposibilidad de adquirir por prescripción bienes secuestrados. Aunado a que se fundamentaron en una sentencia de pertenencia aportada por aquellos sin analizar si la ocupación podía producir efectos jurídicos mientras los inmuebles estaban bajo custodia judicial.

2.2. Teniendo en cuenta lo anterior, lo primero queRad. n.° 11001-02-03-000-2026-05768-00 7 advierte la Sala es el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de inmediatez, por cuanto el amparo se presentó en un término razonable respecto de la situación que aparentemente genero la vulneración, y de subsidiariedad en tanto que contra las determinaciones reprochas no procede remedio ordinario alguno.

No obstante, el asunto sometido a consideración carece de relevancia constitucional, pues los cuestionamientos formulados por el accionante se concentran en determinar los efectos civiles y procesales del embargo y del secuestro sobre la posesión alegada por los opositores , lo que torna innecesario extender el examen al estudio de fondo de l defecto sustantivo enunciados por la parte actora.

En efecto, la controversia planteada pretende definir el alcance del artículo 309 del Código General del Proceso y establecer si, dentro del incidente de oposición a la entrega, era posible examinar nuevamente la aptitud jurídica de los actos posesorios que sirvieron de fundamento a una sentencia de pertenencia previamente proferida. Esto revela

establecer si, dentro del incidente de oposición a la entrega, era posible examinar nuevamente la aptitud jurídica de los actos posesorios que sirvieron de fundamento a una sentencia de pertenencia previamente proferida. Esto revela que el núcleo del desacuerdo no se encuentra en la interpretación, aplicación o desarrollo de una disposición constitucional, sino en la determinación del escenario procesal apropiado para debatir los efectos del embargo y del secuestro sobre una ocupación material.

Nótese que el accionante pretende que por vía de tutela se determine que los opositores nunca pudieron adquirir la condición de poseedores, porque su ocupación habríaRad. n.° 11001-02-03-000-2026-05768-00 8 derivado de la actuación del secuestre y, por tanto, habría sido ejercida en nombre ajeno. Sin embargo, establecer la existencia de esa relación de dependencia exigía comprobar las circunstancias en las que cada opositor ingresó a los inmuebles, el título bajo el cual permaneció en ellos y si reconoció o no dominio ajeno.

Aunado a ello, n o se advierte que la controversia involucre la definición del contenido o alcance de los derechos fundamentales invocados. Ello en la medida que lo debatido consiste en establecer si las autoridades ordinarias debían acoger la tesis jurídica del accionante acerca de los efectos del secuestro sobre la posesión y si los medios de convicción permitían reconocer a los opositores como poseedores materiales.

Tampoco la alegación del presunto desconocimiento del precedente transforma por si sola la controversia en un asunto con relevancia constitucional. Para ello era necesario

convicción permitían reconocer a los opositores como poseedores materiales.

Tampoco la alegación del presunto desconocimiento del precedente transforma por si sola la controversia en un asunto con relevancia constitucional. Para ello era necesario demostrar que las providencias invocadas como tal contenían una regla decisoria aplicable a un supuesto fáctico y jurídico equivalente al examinado. No obstante, el accionante sustenta su censura en decisiones relacionadas con la aptitud de una posesión para producir la prescripción adquisitiva, mientras que las provi dencias cuestionadas se ocuparon de establecer si existía una posesión material actual, respaldada mediante prueba sumaria, que permitiera formular oposición a la entrega.

En ese sentido, la discusión propuesta se mantiene enRad. n.° 11001-02-03-000-2026-05768-00 9 el plano de la interpretación legal y probatoria efectuado por los funcionarios judiciales accionados. La pregunta sobre si un bien embargado y secuestrado puede ser objeto de actos posesorios, si la ocupación proveniente del secuestre constituye mera tenencia y si esas circunstancias podían examinarse en el incidente regulado por el artículo 309 del Código General del Proceso corresponde al campo del juez ordinario.

Admitir la relevancia constitucional en estas condiciones supondría habilitar la tutela para revisar toda controversia en la que una parte atribuya a la interpretación legal o a la valoración probatoria consecuencias adversas para sus intereses. Ello desna turalizaría el carácter subsidiario y excepcional del amparo y permitiría emplearlo como una instancia adicional para replantear debates ya

legal o a la valoración probatoria consecuencias adversas para sus intereses. Ello desna turalizaría el carácter subsidiario y excepcional del amparo y permitiría emplearlo como una instancia adicional para replantear debates ya sometidos al juez natural.

En estas condiciones, la censura formulada no evidencia un problema constitucional autónomo, sino una diferencia de criterio frente a la interpretación jurídica acogida por los jueces accionados, a la cual el actor contrapone su propia lectura del asunto. Reitérese que la invocación formal de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia no basta para dotar de trascendencia constitucional una controversia que continúa circunscrita a cuestiones de legalidad, especialmente cuando no se dem uestra una afectación concreta, grave y desproporcionada de tales garantías.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-05768-00 10

3. Conclusión.

En conclusión, como las decisiones recriminadas no constituyen una actuación arbitraria susceptible de corrección por esta vía excepcional, y al carecer el asunto de relevancia constitucional, se declarará la improcedencia del amparo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve : DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela de la referencia.

Comuníquese lo resuelto por el medio más expedito a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser

la tutela de la referencia.

Comuníquese lo resuelto por el medio más expedito a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado este fallo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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