CSJ - STC20656-2026

FRANCISCO TERNERA BARRIOS

Magistrado Ponente

STC20656-2026 Radicación n°. 50001-22-13-000-2026-00225-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro (Antioquia), veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación interpuesta frente a la sentencia proferida el 1º de julio de 2026 por la Sala Tercera de Decisión Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio , que concedió la tutela promovida por -Gonzalo Enriquecontra el Juzgado Segundo de Familia de la misma ciudad . Al trámite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso de radicado XX00XXXX000220XX0XXXX001.

I. ANTECEDENTES

1. El gestor, a través de apoderada, reclama la protección de sus garantías de l debido proceso, igualdad,

1 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, proferido por esta Sala de Casación se profieren dos versiones de esta providencia con idéntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares) para efectos de publicación y otr a con la información real y completa de las partes para efectos de notificación.Radicación n°. 50001-22-13-000-2026-00225-01 2 honra, acceso a la administración de justicia , a la «familia» y de propiedad.

2. De las pruebas allegadas se establecen los siguientes

hechos relevantes:

2 honra, acceso a la administración de justicia , a la «familia» y de propiedad.

2. De las pruebas allegadas se establecen los siguientes

hechos relevantes:

2.1. El 22 de abril de 20242, -Claudia Margaritaradicó una demanda de fijación de cuota alimentaria en favor de su hijo menor de edad y en contra del tutelante, pidiendo una mesada de $3.000.000 y relacionando los gastos respectivos. Indicó que el otro hijo común, -Luis Joaquín Fernando -, ya era mayor de edad y que estaba a punto de lograr su título de abogado , así como que el progenitor tenía ingresos suficientes.

2.2. El 9 de septiembre de 2024 3, el Juzgado accionado admitió la demanda y fijó una cuota provisional de alimentos de $2.500.000 mensuales.

2.3. El accionado contestó4 y formuló las excepciones de mérito de « existencia de un acuerdo previo entre las partes », vigencia «de obligación alimentaria en cabeza del demandado en favor del otro hijo de la pareja …», «inexistencia de capacidad económica del demandado para suministrar cuota de alimentos con el aumento que pretende la demandante», «improcedencia de la solicitud de fijación de cuota provisional de alimentos a nombre del menor (…)», «relación excesiva de gastos de un menor de edad y desigualdad en la asignación de los mismos en cabeza del demandado» y «mala fe de la demandante»

2 C01Principal, archivos 001 y 002. 3 C01Principal, archivos 004. 4 C01Principal, 008.Radicación n°. 50001-22-13-000-2026-00225-01 3

2 C01Principal, archivos 001 y 002. 3 C01Principal, archivos 004. 4 C01Principal, 008.Radicación n°. 50001-22-13-000-2026-00225-01 3 porque no puso de presente la existencia de un acuerdo previo de alimentos entre las partes, realizado en el 2013 ante el ICBF, en el que pactaron que el hijo adolescente viviría con su padre y el pequeño con la madre, así como que cada uno asumiría los gastos de alimentos de sus hijos (habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación, instrucción).

2.4. Surtidas otras actuaciones5, en audiencia del 5 de marzo de 2025 6, entre otros, el Juzgado fijó el litigio , indicando que «se examinará la capacidad económica del alimentante, (…) y si tiene n virtud de prosperidad algunas de las excepciones de mérito que ha formulado a través de apoderada judicial».

2.5. El 20 de ma rzo de 2026 7, el Juzgado accionado profirió sentencia , mediante la cual declaró parcialmente probadas las excepciones relativas a la existencia de un acuerdo previo entre las partes sobre el asunto y de la obligación alimentaria respecto del otro hijo del demandado hasta diciembre de 2024 , inexistencia de capacidad económica del accionado para imponerle la cuota pretendida, excesiva relación de gastos del menor de edad y desigualdad en la asignación al padre y la de mala fe de la demandante; a su vez , decretó una mesada a cargo del p rogenitor de $2.000.000.

excesiva relación de gastos del menor de edad y desigualdad en la asignación al padre y la de mala fe de la demandante; a su vez , decretó una mesada a cargo del p rogenitor de $2.000.000.

5 El 11 de junio de 2025 , el Juzgado accionado tuvo por notificado de la admisión de la demanda al accionado y por no contestada la demanda; decisión que dejó sin efectos el 30 de septiembre siguiente, al analizar nuevamente el acto de notificación, razón por la cual aceptó como oportuna la contestación de la demanda. 6 C01Principal, 048. 7 C01Principal, 055.Radicación n°. 50001-22-13-000-2026-00225-01 4

3. El promotor cuestiona la sentencia de l 20 de marzo de 2026, porque erróneamente consideró que la mayoría de edad alcanzada por el otro hijo de la pareja era suficiente para «dejar en firme una cuota provisional lesiva en favor del otro hijo, omitiendo de manera flagrante que las obligaciones alimentarias del hijo beneficiario ya se encontraban plenamente tasadas, reguladas y amparadas por un acuerdo preexistente que hace tráns ito a cosa juzgada».

En ese sentido, aduce «que la mayoría de edad de un hermano menor no extingue, no modifica, ni altera automáticamente los términos del acuerdo alimentario preexistente que ya regía para el hermano solicitante», y afirma que no tiene recursos suficientes para pagar la cuota fijada.

3. Conforme a lo expuesto, solicita que se deje sin efectos la sentencia de l 20 de marzo de 2026 y que, en su

solicitante», y afirma que no tiene recursos suficientes para pagar la cuota fijada.

3. Conforme a lo expuesto, solicita que se deje sin efectos la sentencia de l 20 de marzo de 2026 y que, en su lugar, se ordene a l Juzgado convocado proferir una nueva decisión en la que valore integralmente el acuerdo alimentario preexistente.

II. RESPUESTAS RECIBIDAS

1. El Juzgado Segundo de Familia de Villavicencio aseveró que no vulneró derecho fundamental alguno del tutelante.

2. La demandante del proceso criticado sostuvo que el Juzgado reconoció algunas excepciones propuestas por el gestor y que el solo hecho de que la decisión no le fueraRadicación n°. 50001-22-13-000-2026-00225-01 5 favorable no constituía afectación de sus garantías superiores, de manera que el actor pretende reabrir una discusión que fue surtida e la instancia respectiva ; además, resaltó que el hijo mayor, para el año 2024, ya había culminado sus estudios universitarios, contaba con 25 años de edad y se encontraba vinculado laboralmente, situación que fue analizada al momento de adoptar la decisión criticada a favor del otro hijo, dado que es estudiante de ingeniería civil, y tiene gastos significativamente superiores a los existentes cuando suscribieron el acuerdo anterior.

III. SENTENCIA IMPUGNADA

El a quo constitucional concedió el amparo al considerar que la sentencia del 20 de marzo de 2026 incurrió en una deficiente motivación, pues, aunque la juzgadora reconoció la existencia y validez de la conciliación celebrada

El a quo constitucional concedió el amparo al considerar que la sentencia del 20 de marzo de 2026 incurrió en una deficiente motivación, pues, aunque la juzgadora reconoció la existencia y validez de la conciliación celebrada el 16 de abril de 2013, mediante la cual se había fijado una cuota alimentaria, no explicó por qué procedía, en un proceso promovido para la fijación de alimentos, establecer una mesada de $2.000.000 a favor del hijo demandante , sin precisar si esta sustituía o modificaba la previamente acordada, «inclusive, fijando así el litigio, amén de la falta de justificación en caso de recurrir a la facultad extra o ultra petita, prevista en el artículo 281 del Código General del Proceso».

Además, el Tribunal consideró que el Juzgado no expuso los motivos por los cuales consideró que la terminación de los estudios universitarios de uno de los hijos «aparejó automáticamente la extinción de aquella obligación alimentaria,Radicación n°. 50001-22-13-000-2026-00225-01 6 liberándose así más capacidad patrimonial (…) [del padre] para servir la nueva» mesada, en especial, porque no se consideró que: i) el hijo mayor de edad «no se encontraba laborando y requería del apoyo de sus progenitores mientras se posibilitaba su inmersión laboral »8; ii) que aun vivía con su padre ; iii) él no se había graduado cuando se presentó la demanda ; y iv) la conciliación realizada, en la que se pactó una mesada a su favor, mantenía validez, de manera que, al eliminar esa obligación alimentaria, se definió y afectó la relación jurídica de aquél,

cuando se presentó la demanda ; y iv) la conciliación realizada, en la que se pactó una mesada a su favor, mantenía validez, de manera que, al eliminar esa obligación alimentaria, se definió y afectó la relación jurídica de aquél, a pesar de que no fue vinculado al proceso criticado.

Con fundamento en lo anterior y dado que lo relativo a la mesada del hijo mayor de edad debió discutirse en un juicio de exoneración de alimentos, el Tribunal encontró configurado un defecto procedimental absoluto, toda vez que el Juzgado declaró parcialmente probada la excepción de «existencia de obligación alimentaria en cabeza del demandado en favor del otro hijo de la pareja (…) hasta el mes de diciembre de 2024 », con lo cual limitó esa carga a esa fecha, soslayando el trámite legalmente previsto para exigir la terminación de la obligación, la cual no opera de pleno derecho y debe ser declarada mediante el procedimiento correspondiente, con la intervención del alimentado . Al respecto, en concreto, concluyó que:

(i) la juzgadora construyó su razonamiento bajo un suceso jurídico inexistente (falta de declaración judicial de exoneración), puesto

8 En ese sentido resaltó que aquél, en su declaración, sostuvo, cuando se le cuestionó sobre quién costeaba su manutención, lo siguiente: « Digamos que desarrollo actividades independientes, pero pues yo vivo en la casa de mi señor padre, que, pues, dispongo prácticamente de ella a su totalidad, ahí es donde yo me alimento, donde yo cocino a veces, pues es lo único que salgo a hacer es lavar la ropa donde mi señora madre y ya».Radicación n°. 50001-22-13-000-2026-00225-01

cocino a veces, pues es lo único que salgo a hacer es lavar la ropa donde mi señora madre y ya».Radicación n°. 50001-22-13-000-2026-00225-01 7 que, el advenimiento de eventos que habilitan la supresión o exoneración de la necesidad del alimentario respecto a percibir aquella cuota por el alimentante no comporta la exoneración automática, sino que requiere el impulso de aquel cauce adjetivo, escenario donde el acreedor de aquella obligación y el alimentante surten el debate probatorio, garantizando así a cada uno el derecho a la contradicción y, (ii ) considerando extinguida esa obligación, ignoró la existencia de la senda procesal prevista en el artículo 390, numeral 2° del Código General del Proceso.

En consecuencia, dejó sin efectos la sentencia del 20 de marzo de 2026 y ordenó al Juzgado accionado proferir una nueva decisión, cuidándose de no incurrir en los defectos advertidos, sin que ello implique que deba decidir el asunto a favor del tutelante.

IV. IMPUGNACIÓN

La madre que impulsó el proceso c ensurado, en representación de su hijo menor de edad, impugnó el fallo de primera instancia, al estimar que el amparo se concedió a partir de una interpretación equivocada de la decisión proferida por el Juzgado convocado, pues, a su juicio, dicha autoridad valoró integralmente las pruebas y las nuevas circunstancias económicas y familiares, sin desconocer el acuerdo celebrado en 2013 y sin exonerar indebidamente al hijo mayor ni vulnerar el debido proceso, por lo que no se configuraban los defectos aludidos, ni una deficiente

circunstancias económicas y familiares, sin desconocer el acuerdo celebrado en 2013 y sin exonerar indebidamente al hijo mayor ni vulnerar el debido proceso, por lo que no se configuraban los defectos aludidos, ni una deficiente motivación que justificaran la intervención del juez constitucional.

A su vez, sostuvo que el Juzgado advirtió las necesidades alimentarias de su hijo y que lo resuelto en esta sede afecta ese derecho de alimentos.Radicación n°. 50001-22-13-000-2026-00225-01 8

V. CONSIDERACIONES

1. La Sala revocará el fallo impugnado y, en su lugar, negará la tutela de la referencia por las razones que pasan a exponerse.

2. En la decisión cuestionada, la juzgadora empezó por analizar la normativa aplicable a la obligación alimentaria de los hijos y precisó que el menor de edad demandante nació el 27 de diciembre de 2008, ten ía 17 años y est aba bajo la custodia de cuidado personal de su madre y, por tanto, le correspondía al padre suministrar una cuota de alimentos acorde con sus necesidades.

• A su vez, encontró acreditado que, el 16 de abril de 2013, las partes acordaron que la madre asumiría el cuidado y gastos del hijo pequeño, entonces de 4 años, y el padre el del adolescente (14 años), razón por la cual declaró probada la excepción de mala fe.

• Resaltó, igualmente, que con la demanda se allegó la constancia de la conciliación extrajudicial fallida y aclaró que en ese trámite no se buscó la modificación del acuerdo

la excepción de mala fe.

• Resaltó, igualmente, que con la demanda se allegó la constancia de la conciliación extrajudicial fallida y aclaró que en ese trámite no se buscó la modificación del acuerdo existente, así como que , dado que los alimentos ya habían sido pactados entre las partes, era posible solicitar su reforma, según lo establecido en el artículo 129 del Código de Infancia y Adolescencia, de manera que, en el sub examine, la accionante no debió promover el proceso de fijación de alimentos, sino el de modificación del pacto existente y, en consecuencia, debió convocar al accionado a conciliar elRadicación n°. 50001-22-13-000-2026-00225-01 9 asunto bajo ese presupuesto.

• Centrado el estudio en la excepción relativa a la existencia de la obligación alimentaria del hijo mayor de edad a cargo del padre, la juzgadora indicó que había cumplido los 25 años, que su grado como abogado ocurrió el 4 de diciembre de 2024 y que la jurisprudencia ha considerado que se deben a alimentos al hijo que estudia, aunque haya alcanzado la mayoría de edad, siempre que no exista prueba de que subsiste por sus propios medios, así como que la finalización de la formación universitaria habilita a la persona para el ejercicio de una profesión u oficio y, por ende, da lugar a la terminación del deber legal de los padres de suministrar alimentos, salvo que se encuentre en condición de inhabilitación.

Con base en lo anterior, concluyó que debía entenderse que, a partir de enero de 2025, «ya no había obligación alimentaria hacia él de parte de sus padres », en concreto, a cargo de su

de inhabilitación.

Con base en lo anterior, concluyó que debía entenderse que, a partir de enero de 2025, «ya no había obligación alimentaria hacia él de parte de sus padres », en concreto, a cargo de su progenitor y que, en consecuencia, se tenía por establecido que hubo «una variación en lo que se refiere a su capacidad económica», que le permite asumir los alimentos de su hijo menor de edad.

Por tanto, declaró probada parcialmente la excepción propuesta en ese sentido, dado que la obligación alimentaria del demandado en favor del otro hijo de la pareja existió hasta diciembre de 2024.

• En consonancia con lo referido y estudiando lo relativoRadicación n°. 50001-22-13-000-2026-00225-01 10 a la capacidad económica del alimentante demandado, hizo una relación de sus bienes e ingresos, según lo acreditado y lo dicho por el accionado, así como los de la madre, teniendo en cuenta las pruebas documentales y testimoniales allegadas, para determinar que aquél tenía recursos para asumir los gastos de su hijo, pero no en la cuantía pedida sino en $2.000.000.

3. Para la Sala, contrario a lo establecido en primera instancia, la decisión emitida no podría recibirse como irrazonable, p ues fue proferida por el juez natural, tras efectuar un análisis motivado de la normativa llamada a regular la controversia, así como de las pruebas obrantes en el plenario, sumado a que resolvió el proceso con base en la fijación del litigio -«capacidad económica del alimentante» y «si tienen virtud de prosperidad algunas de las excepciones de mérito»-, así como

el plenario, sumado a que resolvió el proceso con base en la fijación del litigio -«capacidad económica del alimentante» y «si tienen virtud de prosperidad algunas de las excepciones de mérito»-, así como en ejercicio de las facultades legales, pues, si bien el juzgador indicó que la demanda pudo ser de modificación de alimentos, lo cierto es que el objeto del proceso no fue otro que definir la cuota alimentaria a cargo del padre frente al hijo menor de edad y así procedió el estrado accionado.

En consecuencia, al respecto, no se observa vulneración a los derechos del accionado, toda vez que, como se vio en los antecedentes de esta providencia, aquél pudo ejercer su defensa en torno a dicha pretensión.

A lo anterior se suma que el hecho de que existiera un acuerdo previo no fue desconocido, por el contrario, el Juzgado lo valoró, no obstante, fijó una nueva cuota deRadicación n°. 50001-22-13-000-2026-00225-01 11 alimentos, acorde con el objeto del litigio, dado que ese pacto no tenía efectos de cosa juzgad a inmutable, de manera que podía ser modificado por el juez de familia.

Así las cosas, entre el proveído controvertido y los argumentos expuestos por el censor existe una disparidad de criterios, sin que corresponda al juez constitucional dirimir dicha controversia como si se tratara de un juez de instancia. En efecto, la acción de tutela no fue concebida para que el operador judicial actúe como árbitro entre la s interpretaciones propuestas por el juzgador y las partes, ni para que, bajo ese pretexto, adelante una revisión oficiosa del asunto.

operador judicial actúe como árbitro entre la s interpretaciones propuestas por el juzgador y las partes, ni para que, bajo ese pretexto, adelante una revisión oficiosa del asunto.

3.1. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el padre, con las pruebas idóneas, puede iniciar un proceso de reducción de la cuota fijada, acreditando que no tiene capacidad para su pago, de manera que, en ese punto, la tutela no satisface el requisito d e subsidiariedad, pues, mientras las partes tengan a su alcance otro medio de defensa, esta acción es improcedente.

3.2. Por lo demás, frente al hijo mayor de 25 años de la pareja, debe indicarse, de un lado, que a él le corresponde ejercer las acciones ordinarias procedentes en caso de que lo considere necesario para reclamar su eventual derecho de alimentos frente al padre; y, de otro, que su progenitor ya no ejerce su representación legal, razón por la cual no puede el juez de tutela resolver las súplicas que en relación con él formula el gestor.Radicación n°. 50001-22-13-000-2026-00225-01 12

4. Por lo referido, se revocará el fallo de l a quo y se negará la tutela de la referencia.

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, NIEGA la tutela de la referencia.

Comuníquese esta providencia a los interesados por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte

autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, NIEGA la tutela de la referencia.

Comuníquese esta providencia a los interesados por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: 4DB193FE342B9E34D916C4D856F4D548425485C1F0DB7B6336C640BE52AE3CA1

Documento generado en 2026-10-26