CSJ - STC20658-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20658-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05853-00 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por María Isabel Álvarez Hernández contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, trámite al cual fueron vinculadas las autoridades, partes e intervinientes reconocidos en el proceso ejecutivo rad. n.° 2026-00245.

ANTECEDENTES

1. La accionante , mediante apoderado, reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y tutela judicial efectiva, que estima vulnerados por la autoridad convocada.

2. Expuso que promovió un ejecutivo contra Luisa Fernanda Bedoya Valencia y Raúl de la Vega, con base en laRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05853-00 2 promesa de compraventa suscrita el 22 de agosto de 2023.

Con él buscaba el pago de los $150.000.000 que los demandados debían girar al Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A. y de la cláusula penal pactada.

El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín negó el mandamiento de pago (19 jun. 2026) y mantuvo esa decisión al resolver la reposición (16 jul. 2026),

El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín negó el mandamiento de pago (19 jun. 2026) y mantuvo esa decisión al resolver la reposición (16 jul. 2026), determinación que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín confirmó (21 ago. 2026).

Afirma que con el auto del Tribunal (21 ago. 2026) se incurrió en defecto sustantivo, fáctico y por motivación insuficiente. Lo anterior, porque (i) el Tribunal aplicó el artículo 1506 del Código Civil « como si la designación del Banco Itaú Corpbanca Colombia S. A. como destinatario de una transferencia implicara, necesariamente, que dicha entidad era la única titular del crédito y la única legitimada para exigirlo». Con ello «omitió diferenciar entre la titularidad del crédito derivado de la promesa de compraventa y el destinatario material del pago», pese al parágrafo segundo de la cláusula tercera y a la sentencia SC515 -2024 de esta Corporación.

Además, ii. hizo una «valoración fragmentaria e irrazonable del título ejecutivo», pues consideró contradictorias las cláusulas tercera y quinta « sin demostrar que ambas regularan la misma obligación, a cargo de la misma parte y exigible en idéntica oportunidad». Y iii. negó la cláusula penal y las demás pretensiones « sin examinar de manera independiente la naturaleza dineraria de la obligación, la eventual procedencia de un mandamiento parcial, laRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05853-00 3 pretensión subsidiaria de perjuicios y los presupuestos contractuales y legales de la pena».

obligación, la eventual procedencia de un mandamiento parcial, laRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05853-00 3 pretensión subsidiaria de perjuicios y los presupuestos contractuales y legales de la pena».

3. En consecuencia, pretende que se amparen los derechos invocados, que se deje sin efecto el auto del Tribunal (21 ago. 2026) y que se ordene a esa Corporación proferir una nueva decisión « con valoración integral del título y respuesta suficiente a los reparos determinantes».

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1. El Tribunal Superior de Medellín se opuso al amparo porque no se advierte cargo alguno que constituya condición de procedencia de la acción de tutela.

2. Luisa Fernanda Bedoya Valencia, vinculada, por intermedio de apoderada judicial solicitó que se deniegue el amparo por cuanto, la negativa del mandamiento de pago en el asunto en cuestión a la accionante contó con respaldo probatorio al evidenciarse que « los compradores no le han incumplido ningún contrato ni le deben absolutamente nada y por lo tanto, no está legitimada para demandar y además ella fue la parte que incumplió y es quien debe pagar a los compradores los perjuicios causados».

CONSIDERACIONES

1. Relevancia constitucional – Procedencia de la acción de tutela contra providencias judicialesRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05853-00

4 Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado que la acción de tutela no procede, por regla general, contra providencias judiciales.

4 Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado que la acción de tutela no procede, por regla general, contra providencias judiciales. Así lo impone el respeto por la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía e independencia de quien administra justicia, principios que impedirían convertir el amparo en un recurso adicional para reabrir controversias ya definidas por el juez natural. Únicamente de manera excepcional, cuando la decisión judicial lesiona derechos fundamentales, resulta admisible el amparo, bajo la condición de que se acrediten los requisitos de carácter general, que habilitan el estudio de la solicitud, y otros específicos o materiales, que autorizan la prosperidad de la protección (CC C-590 de 2005).

El primero de los requisitos generales es la relevancia constitucional, presupuesto que antecede a cualquier consideración de fondo y opera como verdadera compuerta de acceso al examen del amparo. Su razón de ser es delimitar el ámbito propio del juez constitucional frente al del juez ordinario: al primero le corresponde la guarda de la Constitución y de los derechos fundamentales, no la revisión del acierto legal de las decisiones. Por ello la Corte Constitucional le ha atribuido tres finalidades concretas, al precisar que se trata de un requisito que persigue "(i) asegurar que la tutela no sea utilizada para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la tutela a cuestiones que afecten directamente los derechos fundamentales; y (iii) evitar que la tutela se convierta en una tercera insta ncia o recurso adicional para controvertir

(ii) restringir el ejercicio de la tutela a cuestiones que afecten directamente los derechos fundamentales; y (iii) evitar que la tutela se convierta en una tercera insta ncia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces" (CC SU -573 de 2019, SU -128 de 2021).Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05853-00 5

La Corte Constitucional explica que la relevancia constitucional "protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales" , de suerte que, para verificarla, el juez debe analizar "(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales" (CC SU-215 de 2022, SU-134 de 2022).

De la jurisprudencia expuesta deriva una regla que gobierna este asunto: la relevancia constitucional no se satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental. La Corte ha sido enfática en que la mención de un derecho no confiere, por sí sola, trascendencia constitucional a una controversia que continúa siendo de estirpe legal y/o probatorio. En consecuencia, la sola invocación de derechos fundamentales como el debido proceso o el acceso a la administración de

mención de un derecho no confiere, por sí sola, trascendencia constitucional a una controversia que continúa siendo de estirpe legal y/o probatorio. En consecuencia, la sola invocación de derechos fundamentales como el debido proceso o el acceso a la administración de justicia no habilita, per se , la intervención del juez constitucional.

Finalmente, este requisito no obra de manera aislada, su estudio solo se aborda una vez superadas la inmediatez y la subsidiariedad, presupuestos que le anteceden. Verificados en este caso, el análisis se concentra en laRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05853-00 6 relevancia, cuya ausencia, según pasa a exponerse, sella la improcedencia del amparo.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo satisface los requisitos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en particular, el de relevancia constitucional. Solo de superarse ese examen habría lugar a estudiar el f ondo, esto es, si la autoridad accionada incurrió en los defectos endilgados al confirmar la negativa a librar mandamiento de pago, con la consiguiente lesión de los derechos fundamentales invocados.

3. Caso concreto

Se anticipa que la Sala negará el amparo, pues en la providencia cuestionada no se advierte irregularidad alguna que imponga la injerencia del juez constitucional, comoquiera que el asunto sometido a su consideración no reviste relevancia constitucional, según se pasa a exponer:

3.1. La promotora, en calidad de ejecutante, dirige el

que imponga la injerencia del juez constitucional, comoquiera que el asunto sometido a su consideración no reviste relevancia constitucional, según se pasa a exponer:

3.1. La promotora, en calidad de ejecutante, dirige el amparo contra el auto de segunda instancia, con el fin de que se deje sin efecto y se ordene proferir una nueva decisión sobre el mandamiento de pago. En el fondo, su inconformidad recae sobre la manera com o el Tribunal interpretó la promesa de compraventa aportada como título ejecutivo.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05853-00 7 Para confirmar la negativa, esa Corporación sostuvo que en el parágrafo segundo de la cláusula tercera « se pactó un pago en favor de una tercera persona », de modo que, conforme al artículo 1506 del Código Civil, « el único que podría reclamarlo en este caso es la entidad Bancaria aludida en el pacto».

Añadió que el parágrafo segundo de la cláusula quinta, en el que la promitente vendedora se obligó a realizar los trámites y pagos ante el banco, «pone en entredicho la claridad de la obligación que la demandante pretende ejecutar, toda vez que no es diáfano a cuál parte contratante le correspondía realizar los respectivos pagos a la entidad financiera».

Y frente a la pena, concluyó que « como en el presente caso no es diáfano el incumplimiento de los demandados (…) no se puede afirmar que la cláusula penal sea exigible ». Son esa interpretación del contrato y la aplicación de las reglas del título ejecutivo las que la accionante pretende revertir por vía de tutela.

afirmar que la cláusula penal sea exigible ». Son esa interpretación del contrato y la aplicación de las reglas del título ejecutivo las que la accionante pretende revertir por vía de tutela.

3.2. En primer lugar, lo que en realidad pretende la tutelante es que el juez constitucional dirima una controversia sobre la interpretación de un contrato y la aplicación de normas legales. En efecto, sus reproches recaen sobre el alcance que el Tribunal dio a l artículo 1506 del Código Civil, sobre la armonía entre las cláusulas tercera y quinta de la promesa y sobre los presupuestos de exigibilidad de la cláusula penal, los intereses y los perjuicios.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05853-00 8 Se trata, en su integridad, de cuestiones de estricta legalidad, resueltas de manera motivada por el juez natural. Prueba de ello es que la propia accionante pide que el Tribunal vuelva a examinar el asunto «atendiendo a los artículos 1506 y 1634 del Código Civil», «mediante las reglas de interpretación de los artículos 1618, 1620 y 1622 del Código Civil » y « conforme a los artículos 422, 424, 430 y 431 del Código General del Proceso».

Tan es así que, desde el recurso de reposición y en subsidio apelación, la accionante sostuvo con apoyo en el parágrafo segundo de la cláusula tercera que el pago al Banco Itaú era «una modalidad de pago del precio convenida por las partes». El Tribunal examinó ese mismo pacto y concluyó que allí «se pactó un pago en favor de una tercera persona».

Banco Itaú era «una modalidad de pago del precio convenida por las partes». El Tribunal examinó ese mismo pacto y concluyó que allí «se pactó un pago en favor de una tercera persona».

Que la solicitud reitere ese debate ante esta Corporación confirma que el amparo se emplea como una tercera instancia para reabrir una discusión agotada, cometido ajeno a la naturaleza de este instrumento iusfundamental.

A lo anterior no obsta la invocación de la sentencia SC515-2024, que la accionante no citó ante el juez natural y trae por primera vez en sede constitucional como nuevo respaldo de una tesis ya desestimada. Su sola cita no confiere relevancia constituciona l, pues se trata de un pronunciamiento sobre el alcance legal de la estipulación a favor de otro, cuya aplicación al caso concreto corresponde al juez natural.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05853-00 9 3.3. En segundo lugar, la consecuencia jurídica que se desprende de la providencia cuestionada, esto es, la negativa a librar mandamiento de pago al no hallarse una obligación clara y exigible a favor de la ejecutante, es la que el ordenamiento prevé para esta clase de controversias.

La autoridad accionada sustentó su decisión en los artículos 422 y 430 del Código General del Proceso y en los artículos 1506, 1592 y 1594 del Código Civil, y valoró con arreglo a ellos el documento aportado como título. Esa determinación, contrastada con la Carta, no resulta por sí misma lesiva de derecho fundamental alguno, pues no hace más que extraer las consecuencias que el régimen del

arreglo a ellos el documento aportado como título. Esa determinación, contrastada con la Carta, no resulta por sí misma lesiva de derecho fundamental alguno, pues no hace más que extraer las consecuencias que el régimen del proceso ejecutivo dispone cuando el título no reúne los requisitos legales.

Además, la negativa del mandamiento de pago no cierra a la accionante el acceso a la administración de justicia, pues conserva la posibilidad de acudir a un proceso declarativo en el que se defina el alegado incumplimiento de la promesa y sus consecuencias.

3.4. Y en tercer lugar, no se acredita una afectación desproporcionada de derechos fundamentales que confiera trascendencia constitucional al asunto. La controversia es de contenido estrictamente económico y con efectos particulares, pues gira en torno al cobro de $150.000.000 y de una cláusula penal de $164.000.000, sin que se alegue ni se demuestre que la accionante sea sujeto de especial protección o que la decisión comprometa su subsistencia.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05853-00 10

Lo que subyace es una simple diferencia de criterio frente a la interpretación motivada de la autoridad accionada, a la cual la actora se limita a oponer la propia. Insiste la Sala en que la mera invocación del debido proceso o del acceso a la administración de justicia, sin demostración de una afectación desproporcionada, no confiere por sí sola relevancia constitucional a una controversia que sigue siendo legal.

4. Conclusión

En definitiva, como la decisión cuestionada no

de una afectación desproporcionada, no confiere por sí sola relevancia constitucional a una controversia que sigue siendo legal.

4. Conclusión

En definitiva, como la decisión cuestionada no constituye una actuación arbitraria susceptible de corrección por esta vía excepcional, pues lo que en el fondo pretende la actora es anteponer su criterio al de la autoridad judicial accionada, y al carecer e l asunto de relevancia constitucional, se negará el amparo solicitado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo rogado.

Comuníquese lo resuelto a las partes por un medio expedito y, de no impugnarse esta decisión, en oportunidadRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05853-00 11 remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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