CSJ - STC20660-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20660-2026 Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-01901-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal el pasado 30 de junio de 20261, dentro de la acción de tutela promovida por Aura Aristizábal de Moreno contra la Sala de Casación Laboral y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga ; trámite al cual fueron vinculadas las autoridades, partes e intervinientes dentro del ordinario laboral n.° 2019-00611.

ANTECEDENTES

1. La accionante, a través de apoderado judicial, reclama la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital, vida digna, dignidad humana, igualdad y no discriminación, debido proceso y acceso a la administración de justicia con perspectiva de género, que

1 Impugnación ingresó a Sala de Casación Civil por reparto el 24 de septiembre de 2026.Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-01901-01 2 estima quebrantados por las autoridades judiciales convocadas.

2. Como soporte de su queja, expuso en síntesis que:

2.1. Contrajo matrimonio con Hernando Moreno Jiménez el 14 de junio de 1969, unión de la que nacieron tres hijos, todos mayores de edad . Durante la vida conyugal se

2.1. Contrajo matrimonio con Hernando Moreno Jiménez el 14 de junio de 1969, unión de la que nacieron tres hijos, todos mayores de edad . Durante la vida conyugal se dedicó al cuidado del hogar y a la crianza, sin actividad económica propia y con dependencia total del sustento que proveía su esposo.

2.2. Hacia 1980 se separó de cuerpos de su esposo , aunque conservó el apoyo, la comunicación y la dependencia afectiva y económica. En 1995 el cónyuge se trasladó a Bogotá, en un contexto de violencia y de adicción al alcohol y a sustancias psicoactivas. Pese a las gestiones de la tutelante para ubicarlo , solo años después supo que había fallecido en esa ciudad el 19 de enero de 2002, a causa de un accidente de tránsito.

2.3. El causante cotizó 560,57 semanas al régimen de prima media, todas entre el 3 de julio de 1971 y el 30 de junio de 1988, es decir, antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.

2.4. En 2017 y 2018 pidió a Colpensiones la pensión de sobrevivientes, sin embargo, la entidad negó la prestación en ambas oportunidades y confirmó su decisión al resolver los recursos de reposición y apelación.Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-01901-01 3

2.5. Acudió entonces al proceso ordinario laboral, cuyo reparto correspondió al Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, que, en sentencia del 27 de octubre de 2020 condenó a

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2.5. Acudió entonces al proceso ordinario laboral, cuyo reparto correspondió al Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, que, en sentencia del 27 de octubre de 2020 condenó a Colpensiones a reconocer la pensión a favor de la accionante, en calidad de cónyuge supérstite, junto con el retroactivo, los intereses moratorios y las costas.

2.6. Surtida la alzada, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga, el 29 de mayo de 2023 , revocó ese fallo y absolvió a la demandada. Para ello, estimó que no se superaba el test de procedencia para aplicar la condición más beneficiosa y que la reclamante no acreditó convivencia con el causante durante los 2 años anteriores a su muerte. Al abordar el enfoque de género, concluyó que las pruebas no permitían establecer que la separación hubiera obedecido a vejámenes atribuibles al afiliado.

2.7. La Sala de Casación Laboral, en sentencia SL2537-2025 del 29 de octubre de 2025, no casó la decisión. Aunque encontró que el causante sí dejó causada la pensión conforme al Acuerdo 049 de 1990, desestimó el primer cargo porque la sentencia seguía sostenida en la falta de convivencia. Desechó el segundo, sobre perspectiva de género, porque atacaba por la vía directa la conclusión fáctica del Tribunal según la cual las pruebas no demostraban que la separación obedeciera a vejámenes del causante.Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-01901-01 4

fáctica del Tribunal según la cual las pruebas no demostraban que la separación obedeciera a vejámenes del causante.Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-01901-01 4

3. La promotora reprochó a las autoridades convocadas exigir la convivencia de forma rígida, sin examinar si la ruptura obedeció al abandono, las adicciones y la violencia del causante. Les atribuyó incoherencia, pues negaron el enfoque de género por falta de prueba aunque tuvieron por demostrados esos hechos, y con ello le trasladaron la carga de acreditar una convivencia que el propio cónyuge hizo imposible. Agregó que desconocieron el precedente sobre el deber de juzgar con perspectiva de género, que ordena flexibilizar la prueba, atribuir la separación a quien la causó y aplicar el principio pro femina.

Por ello, alegó defecto fáctico, defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

4. Con fundamento en lo expuesto, la actora pidió amparar los derechos invocados, dejar sin efecto la sentencia SL2537-2025 y ordenar a la Sala de Casación Laboral dictar una nueva decisión. Solicitó que esa decisión aplique la perspectiva de género, valore i ntegralmente las pruebas y vuelva a examinar el requisito de convivencia a la luz de los artículos 13, 42, 43 y 48 de la Constitución.

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS

1. La Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga se limitó a remitir el enlace del expediente

artículos 13, 42, 43 y 48 de la Constitución.

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS

1. La Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga se limitó a remitir el enlace del expediente ordinario.Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-01901-01

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2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali informó que el proceso se envió al Tribunal de Buga por la medida de descongestión del Acuerdo PCSJA22 -11962 de 2022, y que allí se dictó la sentencia de segunda instancia, que la Sala de Casación Laboral no cas ó. Agregó que esas decisiones se ajustaron a las normas y a la jurisprudencia aplicables, y que la tutelante pretende convertir el amparo en una tercera instancia.

3. El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali relató que dictó la sentencia condenatoria n.º 220 del 27 de octubre de 2020 y concedió la apelación de Colpensiones. Se abstuvo de pronunciarse sobre la vulneración alegada, por corresponder ese análisis al juez constitu cional, y remitió el expediente de primera instancia.

4. El Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación (P.A.R.I.S.S.), vinculado, pidió su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. Explicó que no tiene relación con los hechos y que Colpensiones es la entidad que administra el régimen de prima media.

LA SENTENCIA IMPUGNADA

La Sala de Casación Penal negó el amparo. Consideró

en la causa por pasiva. Explicó que no tiene relación con los hechos y que Colpensiones es la entidad que administra el régimen de prima media.

LA SENTENCIA IMPUGNADA

La Sala de Casación Penal negó el amparo. Consideró que la sentencia SL2537 -2025 se apoyó en una valoración razonable de las pruebas y en la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral. Añadió que la insuficiencia probatoria para aplicar el enfoque de género se basó en las conclusionesRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-01901-01 6 fácticas del Tribunal, que por la vía directa no podían modificarse, lo cual fue una inferencia propia de la autonomía del juez natural.

IMPUGNACIÓN

La promotora insistió en el amparo. Adujo que el a quo no valoró los testimonios sobre el abandono del hogar ni tuvo en cuenta que el propio Tribunal admitió que «aparentemente correspondería» fallar con enfoque de género. Sostuvo que exigir la prueba de «vejámenes» desconoce el precedente constitucional, y que el fallo no respondió el reproche por violación directa de la Constitución.

CONSIDERACIONES

1. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado, en línea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener incólumes los principios que contem plan los artículos 228 y 230 de la

Corporación, se ha dicho y reiterado, en línea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener incólumes los principios que contem plan los artículos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-01901-01 7 Por regla de excepción se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protección judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar ían imperiosa la intervención del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico.

Así, sobre la pretensión de exigir al juzgador una determinada interpretación de las normas procesales o una específica valoración probatoria , la Sala en precedencia ha indicado que «no se puede recurrir a la acción tutelar para imponer al fallador una determinada interpretación de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una específica valoración probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes ». (CSJ, STC17645-2025, en cita de, entre otros, STC 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01).

De manera que esta particular justicia sólo intervendría cuando eventualmente la decisión cuestionada sea producto de un proceder notorio, flagrante y manifiestamente apartado

2012, rad. 2012-0009-01).

De manera que esta particular justicia sólo intervendría cuando eventualmente la decisión cuestionada sea producto de un proceder notorio, flagrante y manifiestamente apartado del ordenamiento jurídico, con incidencia directa en las garantías fundamentales del impugnante.

2. Problema jurídico

Corresponde a esta Corporación establecer si la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga y la Sala de Casación Laboral, al negar la pensión de sobrevivientes por falta de convivencia y no casar esa determinación, incurrieron en defecto fáctico, defecto sustantivo, desconocimiento delRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-01901-01 8 precedente o violación directa de la Constitución por no analizar el caso con perspectiva de género, o si esas decisiones obedecen a una apreciación razonable amparada en la autonomía judicial.

3. Caso concreto

Se anticipa que la Sala confirmará la negativa del amparo, pues en la s providencias cuestionadas no se vislumbra irregularidad que imponga la injerencia del juez constitucional.

3.1. En primer lugar, no se configura el defecto fáctico. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga no descartó el enfoque de género de manera apresurada ni con prescindencia de la prueba. Reseñó uno a uno el interrogatorio de la demandante y los testimonio s de Luis Marulanda Tirado, Paola Andrea Moreno Aristizábal, Neil Fernando Marín Castaño y Lina María Moreno Aristizábal, y a partir de ese examen concluyó:

interrogatorio de la demandante y los testimonio s de Luis Marulanda Tirado, Paola Andrea Moreno Aristizábal, Neil Fernando Marín Castaño y Lina María Moreno Aristizábal, y a partir de ese examen concluyó:

«En el caso, de las declaraciones recibidas, aparentemente correspondería proferir esta sentencia atendiendo al enfoque de género, sin embargo, las afirmaciones expresadas por la demandante en su interrogatorio, así como las de quienes rindieron su declaración en calidad de testigos, son insuficientes para determinar que por la eventual condición de alcoholismo o drogadicción que para la década de 1990 pudo haber presentado el cónyuge de la demandante, ésta hubiese sufrido vejámenes que condujeran a la separación de cuerpos; de ahí que no haya lugar a proferir sentencia condenatoria, interpretando la falta de convivencia por culpa exclusiva del afiliado fallecido».Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-01901-01 9 Leído en su integridad, el pasaje no respalda la tesis de la impugnante. La expresión «aparentemente correspondería» no encierra una admisión en su favor . Con ella, el Tribunal plantea la posible hipótesis de que la separación fue imputable al causante, para descartarla de inmediato al confrontarla con lo que efectivamente demostraron las pruebas.

Esa conclusión, además, encuentra respaldo en las mismas declaraciones. Según los testigos, el causante salió del hogar en 1995 «con la intención de buscar trabajo y que luego volvería». Después de su partida «la pareja siguió “bien”», y en 1996

mismas declaraciones. Según los testigos, el causante salió del hogar en 1995 «con la intención de buscar trabajo y que luego volvería». Después de su partida «la pareja siguió “bien”», y en 1996 él propuso a su esposa que se trasladara a vivir con él a Bogotá, ofrecimiento que ella no aceptó. Frente a ese panorama, no resultaba irrazonable concluir que la ruptura no obedeció, de manera exclusiva y demostrada, a la conducta del afiliado . Que la tutelante extraiga de esos relatos una conclusión distinta no convierte en arbitraria la del juez natural.

Por su parte, la Sala de Casación Laboral partió de un supuesto que la propia recurrente no discutió en sede extraordinaria: «que Aura Aristizábal de Moreno no convivió con el cotizante dentro de los dos años anteriores a la muerte de este ni procrearon hijos en ese lapso» . Como la censura escogió la vía directa, tampoco controvirtió la valoración probatoria del Tribunal, de modo que no puede reprocharse al órgano de cierre no haber revisado unas pruebas que la técnica del recurso le impedía examinar.Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-01901-01 10 3.2. Tampoco se estructuran el defecto sustantivo ni el desconocimiento del precedente. Contra lo que afirma la reclamante, ninguna de las autoridades convocadas desconoció el deber de juzgar con perspectiva de género. El Tribunal lo reconoció expresamente como punto de partida de su análisis, al señalar que «[l]os jueces, en nuestras providencias, tenemos el deber de analizar con perspectiva de género los

Tribunal lo reconoció expresamente como punto de partida de su análisis, al señalar que «[l]os jueces, en nuestras providencias, tenemos el deber de analizar con perspectiva de género los casos sometidos a nuestro conocimiento, cuando de ellos hacen parte mujeres afectadas o víctimas de violencia y/o tratos discriminatorios» . Acto seguido, transcribió los apartes pertinentes de la sentencia SU-080 de 2020, la misma que la actora echa de menos. No hubo, entonces, omisión del precedente . El Tribunal lo aplicó, y si no condujo al resultado que la actora esperaba fue porque no encontró probados los hechos que habrían permitido atribuir la separación al causante.

La Sala de Casación Laboral, a su turno, precisó por qué el cargo no podía prosperar:

«La opositora tiene razón al señalar que el cargo desconoce las conclusiones fácticas del fallo impugnado, las que se presentan inalterables dada la senda directa por la que se dirige el cargo. […] aunque la recurrente cuestiona que el Tribunal al analizar el requisito de convivencia desde el enfoque con perspectiva de género inobservó que “la problemática multidimensional no se limita a que para que la violencia intrafamiliar y de género sean sancionables deban de presentarse escenarios de extrema violencia física o psicológica”, no tiene en cuenta que la razón de no analizar la perspectiva en el presente caso, se originó en la insuficiencia probatoria de las afirmaciones de la demandante en su interrogatorio de parte y las declaraciones de los testigos».

Ese razonamiento se ajusta a la técnica propia del

no analizar la perspectiva en el presente caso, se originó en la insuficiencia probatoria de las afirmaciones de la demandante en su interrogatorio de parte y las declaraciones de los testigos».

Ese razonamiento se ajusta a la técnica propia del recurso extraordinario, cuya definición corresponde alRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-01901-01 11 órgano de cierre de esa especialidad. Además, responde de manera directa al argumento que la tutelante reproduce en esta sede, según el cual se le exigió la prueba de violencia. El deber de juzgar con perspectiva de género no releva a quien lo invoca de ac reditar los hechos sobre los cuales pretende atribuir la ruptura al causante, ni conduce por sí mismo a un resultado determinado. Así lo entendió la misma recurrente en casación, cuando advirtió que ese enfoque no implicaba «de manera directa acceder a las pretensiones de la demanda». No hubo, por tanto, inversión alguna de la carga de la prueba, sino la exigencia ordinaria de demostrar el supuesto fáctico en que se fundaba la pretensión.

3.3. Finalmente, tampoco se configura la violación directa de la Constitución. Bajo la invocación de los artículos 13, 42, 43 y 48 superiores, la actora insiste en el mismo reproche ya descartado que los falladores debieron atribuir la separación al causante sin exigirle la prueba de que la ruptura obedeció a la conducta de este. Además, la interpretación de los artículos 42 y 43 fue precisamente el objeto del segundo cargo de casación, de manera que la Sala de Casación Laboral ya se ocupó de ella en los términos reseñados.

interpretación de los artículos 42 y 43 fue precisamente el objeto del segundo cargo de casación, de manera que la Sala de Casación Laboral ya se ocupó de ella en los términos reseñados.

3.4. Descartados los defectos alegados, l o que se advierte, entonces, es una diferencia de criterio de la actora frente a los razonamientos de las autoridades cuestionadas, adoptados en ejercicio de sus facultades y amparados en los principios de autonomía e independencia judicial, situación que per se no abre paso a la protección constitucional, puesRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-01901-01 12 la acción de tutela no comporta una instancia adicional para prolongar el debate ya definido por los jueces naturales.

Al respecto, se ha insistido en que:

«independientemente de que se comparta o no la hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, la reseñada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque éste pueda ser susceptible de otra exégesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia .» (CSJ, STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367 -00, reiterado, STC6192023).

4. Conclusión

En definitiva, como la s decisiones recriminadas no

marzo de 2010, exp. 00367 -00, reiterado, STC6192023).

4. Conclusión

En definitiva, como la s decisiones recriminadas no constituyen arbitrariedad susceptible de corrección por esta excepcional vía, porque lo pretendido por la reclamante es anteponer su propio criterio al de la s autoridades cuestionadas, se confirmará la negativa del resguardo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnación.Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-01901-01 13 Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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