CSJ - STC20665-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20665-2026 Radicación n° 11001-22-03-000-2026-03798-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, v eintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada por Yenny Milena Bernal Cuestas, Yudy Paola Rozo Cuestas y Jairo Enrique Bernal Cuestas frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 2 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela que promovieron contra el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de esta ciudad, trámite al que se vincularon las partes e intervinientes del proceso de pertenencia bajo radicado No. 2024-00302-00.

ANTECEDENTES

1.- Los gestores buscan la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia, vivienda digna, mínimo vital, vida digna y «unidad familiar».Rad. n° 11001-22-03-000-2026-03798-01 2 2.- En síntesis, manifestaron que, desde 1993, han ejercido de manera pública, pacífica e ininterrumpida la posesión de un inmueble ubicado en Bogotá, en el cual construyeron y habitan, junto con sus familias, una vivienda de cuatro pisos. Por tal razón, prom ovieron un proceso de pertenencia contra la Sociedad de Activos Especiales

posesión de un inmueble ubicado en Bogotá, en el cual construyeron y habitan, junto con sus familias, una vivienda de cuatro pisos. Por tal razón, prom ovieron un proceso de pertenencia contra la Sociedad de Activos Especiales (FRISCO), con el propósito de obtener el reconocimiento de la prescripción adquisitiva del dominio; sin embargo, sus pretensiones fueron negadas por el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 29 de abril de 2026.

Sostuvieron que, durante la audiencia en la que se practicaron pruebas y se profirió sentencia, se presentaron múltiples irregularidades procesales. Entre ellas, señalaron que la jueza omitió resolver oportunamente las excepciones previas, restringió la in tervención de su apoderada durante los interrogatorios de parte, dio por perdido un testimonio relevante y profirió sentencia pese a haber concedido previamente un término de tres días para justificar la inasistencia de uno de los accionantes a su interrogatorio. A su juicio, tales actuaciones configuraron un defecto procedimental absoluto que vulneró sus garantías procesales.

Adicionalmente, afirmaron que la abogada que inicialmente los representaba incurrió en graves omisiones, al no formular objeciones, interponer recursos ni elevar solicitudes durante la audiencia, así como tampoco ejercer una defensa técnica diligente frent e a las decisionesRad. n° 11001-22-03-000-2026-03798-01 3 judiciales adoptadas. Posteriormente, un nuevo apoderado interpuso recurso de apelación contra la sentencia y promovió una solicitud de nulidad; no obstante, ambas

3 judiciales adoptadas. Posteriormente, un nuevo apoderado interpuso recurso de apelación contra la sentencia y promovió una solicitud de nulidad; no obstante, ambas actuaciones fueron rechazadas por el despacho el 2 de julio de 2026, al considerarlas extemp oráneas o saneadas. Indicaron que estas circunstancias les impidieron acceder a la revisión judicial de la sentencia y afectaron su derecho de acceso a la administración de justicia.

Finalmente, destacaron la especial situación de vulnerabilidad de las familias que habitan el inmueble, entre cuyos integrantes se encuentran menores de edad, personas de escasos recursos y una de las accionantes que padece graves enfermedades, entre ellas lupus, afectación renal y antecedentes de quimioterapia. Sostuvieron que la pérdida de la vivienda generaría una afectación directa de derechos fundamentales como la vivienda digna, el mínimo vital y la unidad familiar, razón por la cual consideran imperi oso retrotraer la actuación con el fin de subsanar las irregularidades denunciadas.

3.- Con soporte en lo anterior, pretenden, se ordene: i) «REVOCAR la sentencia proferida el veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026) por el JUZGADO CINCUENTA CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, dentro del proceso de pertenencia identificado con radicado 11001310305020240030200»; ii) «RETROTRAER LA ACTUACIÓN PROCESAL hasta la etapa de la audiencia inicial, o hasta el momento procesal anterior a la configuración de las irregularidades advertidas, con el fin de que el proceso continúe garantizando de manera efectiva los

PROCESAL hasta la etapa de la audiencia inicial, o hasta el momento procesal anterior a la configuración de las irregularidades advertidas, con el fin de que el proceso continúe garantizando de manera efectiva los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción de las accionantes» y iii) «ORDENAR al JUZGADO CINCUENTA CIVIL DELRad. n° 11001-22-03-000-2026-03798-01 4 CIRCUITO DE BOGOTÁ que, al rehacer la actuación procesal correspondiente, observe estrictamente las garantías constitucionales y legales de las accionantes, garantizando el ejercicio efectivo de su derecho de defensa y contradicción, así como el desarrollo de las etapas procesales y la práctica de las pruebas conforme a las reglas establecidas en el Código General del Proceso».

RESPUESTA DEL ACCIONADO

El Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogotá informó que el proceso cuestionado fue admitido el 15 de agosto de 2024 y culminó con sentencia del 29 de abril de 2026, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. Dicha decisión no fue apelada oportunamente por las partes.

Agregó que, tras el cambio de apoderado de los accionantes, se interpuso de manera extemporánea el recurso de apelación y se formuló una solicitud de nulidad, ambas rechazadas mediante providencia del 2 de julio de 2026, sin que tales determinaciones tampoco fueran recurridas.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá concluyó que el amparo era improcedente, por cuanto los accionantes no interpusieron los recursos ordinarios disponibles contra

recurridas.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá concluyó que el amparo era improcedente, por cuanto los accionantes no interpusieron los recursos ordinarios disponibles contra la sentencia que negó sus pretensiones ni frente al auto que rechazó el incidente de nulidad.Rad. n° 11001-22-03-000-2026-03798-01 5 Además, señaló que las presuntas falencias atribuibles a su anterior apoderada, incluida la falta de interposición del recurso de apelación, no configuran una vulneración del derecho al debido proceso que permita acudir a la acción de tutela, pues las omis iones del profesional del derecho no habilitan la reapertura de etapas procesales ni la controversia de decisiones judiciales ya ejecutoriadas.

IMPUGNACIÓN

Los accionantes reiteraron los argumentos expuestos en el escrito inicial y cuestionaron que el análisis efectuado por el tribunal hubiera sido excesivamente formal, sin valorar de manera integral las presuntas vulneraciones de los derechos al debido proceso y a la defensa ocurridas dentro del litigio de pertenencia.

Afirmaron que sí acudieron a mecanismos de defensa mediante la interposición del recurso de apelación y la formulación de una solicitud de nulidad, los cuales fueron rechazados. En consecuencia, solicitaron revocar el fallo de tutela, amparar sus derechos fundamentales y los de las personas que habitan el inmueble, y dejar sin efectos las actuaciones cuestionadas.

CONSIDERACIONES

1.- La Corte anticipa el fracaso de la solicitud de amparo

tutela, amparar sus derechos fundamentales y los de las personas que habitan el inmueble, y dejar sin efectos las actuaciones cuestionadas.

CONSIDERACIONES

1.- La Corte anticipa el fracaso de la solicitud de amparo y, en consecuencia, la confirmación de lo decidido en primera instancia, por las razones que se exponen a continuación:Rad. n° 11001-22-03-000-2026-03798-01 6 1.1.- Yenny Milena Bernal Cuestas, Yudy Paola Rozo Cuestas y Jairo Enrique Bernal Cuestas pretenden, principalmente, que se revoque la sentencia proferida el 29 de abril de 2026 por el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogotá y que, en su lugar, se retrotraiga la actuación con el fin de garantizar sus derechos al debido proceso, defensa y contradicción, dentro del expediente radicado bajo el n° 2024-00302-00.

No obstante, se advierte una conducta negligente y descuidada de su parte, pues guardaron silencio frente a la decisión mediante la cual la juez negó las pretensiones de la demanda de pertenencia promovida contra la Sociedad de Activos Especiales (FRISCO).

En efecto, aunque dicha determinación era susceptible del recurso de apelación, este no fue interpuesto para controvertir las inconformidades que ahora se plantean por vía de tutela. De este modo, al desaprovechar la oportunidad procesal correspondiente, los accionantes dejaron de ejercer el mecanismo idóneo con el que contaban para cuestionar, ante el juez natural, los reparos que actualmente formulan. Por consiguiente, no pueden pretender subsanar, mediante

procesal correspondiente, los accionantes dejaron de ejercer el mecanismo idóneo con el que contaban para cuestionar, ante el juez natural, los reparos que actualmente formulan. Por consiguiente, no pueden pretender subsanar, mediante la acción de tutela, la falta de diligencia en la que incurrieron.

Igual consideración se predica de la providencia del 2 de julio de 2026, mediante la cual se rechazaron tanto la solicitud de nulidad como el recurso de apelación formuladosRad. n° 11001-22-03-000-2026-03798-01 7 por los tutelantes. En esa oportunidad, se estimó que cualquier irregularidad debía alegarse durante la audiencia y que, al no haberse hecho, quedó saneada conforme al numeral 1º del artículo 136 del Código General del Proceso. Asimismo, se concluyó que la apelación fue presentada extemporáneamente, pues, de conformidad con el artículo 322 ibídem, debía interponerse en la misma diligencia en la que se profirió la sentencia. Contra tales determinaciones tampoco se formuló recurso alguno.

Esta Sala tiene decantado, que:

«(…) el descuido en el empleo de los medios de protección que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los trámites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de último momento para rescatar op ortunidades precluidas o términos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protección previstos en el orden jurídico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado sería

términos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protección previstos en el orden jurídico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado sería el fruto de su propia incuria». STC2845-2025.

En este orden, se torna inviable examinar el fondo de la cuestión sometida a escrutinio de la Sala, en la medida en que la omisión de ese requisito general de viabilidad impide cualquier incursión en el asunto cuestionado.

1.2.- De otro lado, el descuido imputado por l os impulsores a su abogada , vislumbrado en una indebidaRad. n° 11001-22-03-000-2026-03798-01 8 asistencia jurídica como demandante s en la Litis objetada, no es causa idónea para acceder al auxilio, pues como lo ha adoctrinado esta Corporación,

(…) en cuanto toca con la supuesta negligencia que el actor le endilga a su defensor, tal circunstancia no es suficiente motivo para impetrar con éxito el amparo constitucional , pues, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte (…) con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesión, y que el interesado puede reclamar por otras vías, [tal circunstancia] no sirve para edificar una acción de tutela contra decisiones judiciales. (CSJ STC, 18 de mayo de 2009, rad. 2009 -00508-01, reiterada, en STC 22532025).

También, ha dicho que:

tutela contra decisiones judiciales. (CSJ STC, 18 de mayo de 2009, rad. 2009 -00508-01, reiterada, en STC 22532025).

También, ha dicho que:

(…) la contingente incuria de los apoderados judiciales (…) en defender los intereses de sus representados, no es suficiente motivo para impetrar con éxito la acción pues aquélla sería imputable a éstos y no al juez acusado , dado que esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesión, y que el interesado puede reclamar por otras vías, no sirve para edificar una acción de tutela contra decisiones judiciales [.] (…) [E]l derecho de postulación no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de “...los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jurídico procesal...”, ya que eso sería opuesto a la ordenación del proceso y a los principios de eventualidad y preclusión. (STC2253-2025).Rad. n° 11001-22-03-000-2026-03798-01 9

2.- En definitiva, se ratificará lo resuelto por el tribunal.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto a las partes y al a quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto a las partes y al a quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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