CSJ - STC20667-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA Magistrado ponente

STC20667-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-05711-00 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Leidy Rosa Romero Camaño y Francisco Tomas Buelvas Ortega contra la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, trámite al cual fueron vinculad os las autoridades, partes e intervinientes reconocid os en el juicio de esa especialidad rad. n.° 2018-00048.

ANTECEDENTES

1. Los accionantes, actuando en nombre propio , reclamaron la protección de sus derechos fundamentales alRad. n.° 11001-02-03-000-2026-05711-00 2 debido proceso , acceso a la administración de justicia , mínimo vital, « reparación integral » y restitución de tierras , presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas.

2. En sustento, adujeron que se le s amparó su derecho a la restitución de tierras al interior del proceso cuestionado (29 feb. 2024). Narraron que, en cumplimiento parcial de la sentencia se realizó la entrega material del predio, pero « nos ha sido imposible iniciar la implementación de los

derecho a la restitución de tierras al interior del proceso cuestionado (29 feb. 2024). Narraron que, en cumplimiento parcial de la sentencia se realizó la entrega material del predio, pero « nos ha sido imposible iniciar la implementación de los proyectos productivos ordenados, y sobre la compensación no hemos recibido ninguna información ni avance por parte del Grupo Fondo de la URT» porque no se ha registrado la sentencia en los respectivos folios de matrícula.

Señalaron que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo emitió nota devolutiva fundada en que el veredicto no plasmó los números de cédula de los beneficiarios y, a pesar de que el tribunal remitió «un oficio precisando los nombres completos y números de identificación », a la fecha no se ha efectuado la inscripción.

De ese panorama derivó la lesión a sus derechos fundamentales, toda vez que, en su concepto, se ha incurrido en una mora injustificada en conminar al cumplimiento de los mandatos.

3. Por lo anterior, pidieron ordenar al juzgador que «en ejercicio de sus poderes correccionales y de vigilancia de ejecución de sentencias, requiera de manera forzosa el cumplimiento».Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-05711-00

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RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS

1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena remitió el link del expediente acusado y señaló haber emitido una providencia de seguimiento posfallo.

2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas alegó el incu mplimiento del requisito de subsidiariedad y su falta de legitimación en

haber emitido una providencia de seguimiento posfallo.

2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas alegó el incu mplimiento del requisito de subsidiariedad y su falta de legitimación en la causa por pasiva.

3. La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo señaló haber efectuado la inscripción de la sentencia.

4. La Agencia Nacional de Hidrocarburos , el Ministerio de Vivienda , el Servicio Nacional de Aprendizaje ,

el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas pidieron su desvinculación.

5. La Procuraduría 9 Judicial II para la Restitución de Tierras de Cartagena y el Ministerio de Salud se opusieron a la prosperidad de las pretensiones.

CONSIDERACIONES

1. Corresponde a la Corte establecer si las autoridades enjuiciadas incurrieron en los presuntos yerros censurados en la restitución de tierras adelantada (rad n.ºRad. n.° 11001-02-03-000-2026-05711-00 4 2018-00048), por haber omitido desplegar las actuaciones necesarias para el cumplimiento de las órdenes judiciales, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas.

2. Conforme a la decantada jurisprudencia de esta Corte, en línea de principio la salvaguarda no procede contra decisiones judiciales, toda vez que en aras a mantener incólumes los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Carta Política, al juez constitucional no le es dable

Corte, en línea de principio la salvaguarda no procede contra decisiones judiciales, toda vez que en aras a mantener incólumes los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Carta Política, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.

No obstante, cuando se haya configurado alguno de los defectos específicos de procedibilidad del amparo frente a una providencia, que la Corte Constitucional clasificó en sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente m otivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o violación directa de la Constitución, el amparo se abre paso, siempre y cuando este respete las exigencias generales de la inmediatez y la subsidiariedad.

3. En efecto, Leidy Romero Camaño y Francisco Buelvas Ortega acudieron al mecanismo supra legal medularmente por la tardanza de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en compeler la ejecución de la s ordenes impartidas al interior del proceso cuestionado.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-05711-00

5 No obstante, de la revisión realizada a la queja constitucional y a las piezas procesales del precitado juicio incorporadas al expediente constitucional, de entrada, se anuncia que se negará el amparo, porque se advierte que, con el fin de ventilar dicho p edimento, elevó varios memoriales y, en atención a sus solicitudes, el pasado 30 de

incorporadas al expediente constitucional, de entrada, se anuncia que se negará el amparo, porque se advierte que, con el fin de ventilar dicho p edimento, elevó varios memoriales y, en atención a sus solicitudes, el pasado 30 de septiembre el juzgador emitió pronunciamiento en el que dio continuidad a la etapa de seguimiento posfallo y requirió « al Fondo de la UAEGRTD, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo y a la UAEGRTD Dirección Territorial Sucre, para que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, informen a esta Sala, sobre el cumplimiento definitivo de las órdenes dadas en la sentencia de calendas 29 de febrero de 2024, so pena de iniciar la apertura de los incidentes, y aplicar eventualmente las sanciones de que trata el artículo 44, numeral 3, del Código General del Proceso y artículos 58 a 69 de la Ley 270 de

1996. En ese mismo término, se deberá indicar el nombre completo del funcionario encargado de cumplir la orden».

Lo anterior evidencia que la colegiatura accionada procedió a cumplir lo pretendido por l os aquí interesados, actuación desplegada en el curso de la presente controversia de amparo, por lo que la situación fáctica de lo puntualmente reclamado fue superada, y en esa medida no tiene objeto proferir algún mandato en ese sentido. Al punto, la Sala de tiempo atrás ha precisado:

Si bien se tiene que el propósito de la tutela, es que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere pertinentes a la

tiempo atrás ha precisado:

Si bien se tiene que el propósito de la tutela, es que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa actual y cierta de los mismos, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derechoRad. n.° 11001-02-03-000-2026-05711-00 6 alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción. (C.C., T-308/03).

4. Con todo, si su censura se encuentra direccionada a cuestionar concretamente la falta de sanción, memórese que para ello debe agotarse el procedimiento sancionatorio, el cual se encuentra sometido al cumplimiento de las formas propias de cada juicio. De ah í, que resulte anticipado cualquier pronunciamiento frente al reproche que se expone, teniendo en cuenta que el trámite aún no ha culminado, escenario dentro del cual se podrán participar con miras a lo que se pretende.

De manera que no es la acción supralegal la vía idónea para debatir el tema propuesto habida consideración que no puede utilizarse como si fuera una instancia paralela a las consagradas en el ordenamiento procedimental, y mucho

que se pretende.

De manera que no es la acción supralegal la vía idónea para debatir el tema propuesto habida consideración que no puede utilizarse como si fuera una instancia paralela a las consagradas en el ordenamiento procedimental, y mucho menos para pretermitir etapa s procesales, obviar procedimientos o desconocer la competencia legalmente atribuida a las autoridades para la decisión del asunto.

5. En definitiva, habida cuenta que la situación que causaba la supuesta amenaza a las prerrogativas fundamentales se encuentra superada y que se inobservó el presupuesto de subsidiariedad, se impone sin más la negativa del resguardo implorado.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-05711-00

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DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo rogado.

Comuníquese lo resuelto a las partes por un medio expedito y, de no impugnarse esta decisión, en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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