CSJ - STC20669-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20669-2026 Radicación n.º 68001-22-13-000-2026-00667-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia de 14 de septiembre de 2026 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga1, dentro de la acción de tutela promovida por Alex Hernando Gil Fino contra el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cali , trámite al cual fueron vinculados los partícipes en el declarativo n.° 2025-00320.

ANTECEDENTES

1. El accionante reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa , acceso efectivo a la administración de justicia y vivienda digna, que consideró vulnerados por la autoridad judicial accionada en

1 El asunto fue repartido y conocido por dicha colegiatura de conformidad con lo establecido en el acuerdo PCSJA26-12567 de 12 de agosto de 2026 , adoptado con ocasión del sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026.Radicación n.º 68001-22-13-000-2026-00667-01

2 el trámite del declarativo de restitución de tenencia por leasing habitacional n.° 76001-31-03-008-2025-00320.

2. En síntesis, adujo que el referido proceso fue promovido en su contra por BBVA Colombia S.A. y conocido

leasing habitacional n.° 76001-31-03-008-2025-00320.

2. En síntesis, adujo que el referido proceso fue promovido en su contra por BBVA Colombia S.A. y conocido por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cali . Relató que ese despacho admitió la demanda y ordenó su notificación (12 sep. 2025), que la demandante le envió en dos oportunidades a su correo dicho auto (25 sep. y 1° oct. 2025), que se dictó sentencia en la que se le tuvo por notificado y se le ordenó la restitución del inmueble (14 nov. 2025), que el juzgado comisionó a las autoridades de Jamundí para realizar la diligencia de restitución , fijada para el 17 de septiembre de 2026 (24 jul. 2026).

Afirmó que recibió y abrió el mensaje electrónico de notificación, pero «no abrí ni consulté el archivo adjunto que contenía el Auto No. 1078. Reconozco que el cuerpo del mensaje informaba la existencia del proceso y el término. No sostengo que la sola falta de apertura invalide la notificación»; que por ello no compareció antes al proceso a plantear su defensa. Precisó que pidió al juzgado accionado copia digital del expediente (20 ago. 2026), que al verificar una posible controversia sobre la notificación elevó a esa autoridad solicitud de amparo de pobreza y designación de apoderado para proceder con su defensa (23 ago. 2026), pedimento que le remitió al juzgado comisionado de Jamundí para su conocimiento (24 ago. 2026).

De ese panorama derivó la lesión a sus prerrogativas

de apoderado para proceder con su defensa (23 ago. 2026), pedimento que le remitió al juzgado comisionado de Jamundí para su conocimiento (24 ago. 2026).

De ese panorama derivó la lesión a sus prerrogativas fundamentales toda vez que, en su concepto, «Si se acredita unRadicación n.º 68001-22-13-000-2026-00667-01

3 defecto de notificación, su trascendencia no sería abstracta: antes de la sentencia no pude formular defensas ni pedir pruebas »; señaló la configuración de un perjuicio irremediable porque «La amenaza es concreta e inminente porque la diligencia tiene fecha y hora ciertas. Su ejecución produciría una alteración material de la tenencia de la vivienda familiar antes de que haya podido contar con defensa técnica y antes de que los mecanismos judiciales disponibles sean examinados o ejercidos eficazmente».

3. Por lo anterior, elevó pedimentos genéricos tendientes a que se adoptaran las medidas que resulten viables de acreditarse una vulneración y, puntualmente, solicitó « que no se materialice la entrega durante el término estrictamente necesario que determine el Tribunal para que sea resuelta la solicitud de amparo de pobreza».

RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1. El Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cali realizó un breve recuento de las actuaciones a su cargo que, en lo medular, coinciden con lo relatado por el accionante. Advirtió que en el escrito tutelar el promotor aceptó haber sido notificado de la existencia del proceso y no haber comparecido antes de la sentencia. Informó que la solicitud

medular, coinciden con lo relatado por el accionante. Advirtió que en el escrito tutelar el promotor aceptó haber sido notificado de la existencia del proceso y no haber comparecido antes de la sentencia. Informó que la solicitud de amparo de pobreza y designación de apoderado fue remitida al despacho comisionado y a la Inspección correspondiente, en atención a la diligencia programada y «a fin de que se surtiera el trámite que legalmente corresponde».

Sostuvo que en el trámite del juicio «se respetaron las garantías procesales de las partes» y que el accionante dispone deRadicación n.º 68001-22-13-000-2026-00667-01

4 otros medios, como la demanda de revisión, la oposición a la entrega o la asesoría de la Defensoría del Pueblo, la Personería o los consultorios jurídicos. En consecuencia, solicitó denegar el amparo por ausencia de vulneración.

2. El Juzgado Primero Civil Municipal de Jamundí informó que le correspondió por reparto el despacho comisorio para practicar la diligencia de lanzamiento del inmueble. Relató las actuaciones que desplegó, señalando que la diligencia se programó para el 17 de septiembre de 2026 y que está a cargo de la Inspección Segunda de Policía de esa ciudad. Sobre la solicitud de amparo de pobreza, manifestó que la recibió por parte del accionante y, posteriormente, le fue remitida por el despacho judicial de Cali; sin embargo, le respondió a esa autoridad que « la competencia para emitir una respuesta de fondo frente a las peticiones elevadas por la parte demandada recae en el juzgado de conocimiento »

posteriormente, le fue remitida por el despacho judicial de Cali; sin embargo, le respondió a esa autoridad que « la competencia para emitir una respuesta de fondo frente a las peticiones elevadas por la parte demandada recae en el juzgado de conocimiento » pues su labor se limita a la comisión ordenada. Por tanto, precisó que las inconformidades del accionante corresponden al despacho que tramita el proceso.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga declaró improcedente la salvaguarda constitucional al considerar incumplido el presupuesto de la subsidiariedad comoquiera que «la tutela no puede utilizarse para anticipar el estudio de controversias que aún cuentan con cauces procesales propios », esto es, que «la solicitud de amparo de pobreza se encuentra pendiente de resolución».Radicación n.º 68001-22-13-000-2026-00667-01

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IMPUGNACIÓN

La interpuso el promotor del amparo precisando que se debía examinar « si, en las circunstancias temporales y procesales concretas del caso, los mecanismos ordinarios señalados en el fallo ofrecen una protección oportuna y efectiva antes de la materialización de la diligencia de entrega fijada para el 17 de septiembre de 2026 a las 9:00 a. m., cuando la solicitud de amparo de pobreza y designación de apoderado continúa pendiente de decisión».

En el trámite de la impugnación, allegó memorial informando que a la fecha « no he sido notificado de providencia alguna que resuelva dicha solicitud de amparo de pobreza.

apoderado continúa pendiente de decisión».

En el trámite de la impugnación, allegó memorial informando que a la fecha « no he sido notificado de providencia alguna que resuelva dicha solicitud de amparo de pobreza. Adicionalmente, al revisar el expediente digital que me fue compartido por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cali el 29 de septiembre de 2026, se encontrab an incorporadas la solicitud de amparo y los posteriores memoriales de seguimiento, sin que identificara providencia que decidiera dicha solicitud ni designación de apoderado judicial », lo cual consideró como hecho sobreviniente relevante.

CONSIDERACIONES

1. Ha sido invariable la posición de la jurisprudencia de esta Corte al señalar que uno de los principios esenciales que orienta la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política es el de subsidiariedad.

En virtud de ese presupuesto, se ha dicho en precedencia que la acción de tutela no puede emplearse como un medio alternativo o supletorio en la solución de lasRadicación n.º 68001-22-13-000-2026-00667-01

6 controversias, ni su aducción ante el juez de amparo puede ser coetánea con los procedimientos ordinarios estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a éstos, tampoco ser tomada como un recurso adicional de los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales con los cuales el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales.

De manera que, una de las formas de desconocer ese carácter residual se configura cuando se acude a la protección constitucional frente a asuntos que están

intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales.

De manera que, una de las formas de desconocer ese carácter residual se configura cuando se acude a la protección constitucional frente a asuntos que están pendientes de resolución en el marco del trámite cuestionado. Al respecto, tiene dicho esta Sala que:

(…) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso está haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinación, en atención a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisión que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas válidamente al funcionario de conocimiento por el constit uyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocería el carácter residual de esta senda y las normas de orden público, que son de obligatoria aplicación, con la consiguiente alteración de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa. (CSJ, STC149712026, en reiteración de STC 7886-2016 y STC61722015).

2. La Sala anuncia que ratificará la improcedencia del amparo tal como lo concluyó el fallo de primer grado, por advertirse el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, conforme lo prevé el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, dado que, como se dijo,Radicación n.º 68001-22-13-000-2026-00667-01

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subsidiariedad, conforme lo prevé el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, dado que, como se dijo,Radicación n.º 68001-22-13-000-2026-00667-01

7 mientras la causa judicial en cuestión esté activa, o se encuentre pendiente de definición un recurso o solicitud elevada al interior del mismo, como es del caso, la salvaguarda no puede prosperar al evidenciarse claramente anticipada.

En este evento, el amparo deviene prematuro precisamente porque le corresponde al juez natural del asunto, en el trámite ordinario del proceso, resolver la petición de amparo de pobreza que elevó el accionante el 23 de agosto de 2026 y reiteró el 16 de septiembre siguiente, expresamente señalando en este último memorial argumentos similares a los de esta tutela al solicitar «Que se tenga en cuenta la inminencia de la diligencia del 17 de septiembre de 2026 y se adopte, dentro de las competencias del despacho, la decisión que jurídicamente corresponda respecto de las solicitudes pendientes, sin que este memorial pretenda afirma r que el amparo de pobreza suspenda automáticamente la diligencia »2. Por demás, no se advierte una mora judicial en la tramitación de dichos memoriales. En ese sentido, cualquier decisión del juez constitucional respecto de la queja elevada resulta apresurada porque está pendiente resolver dicha solicitud.

3. Ahora bien, con la impugnación , formulada el 16 de septiembre de 2026, el accionante cuestiona la improcedencia de su amparo mientras el juzgado accionado tramita su solicitud planteada, por no resultar una «protección

de septiembre de 2026, el accionante cuestiona la improcedencia de su amparo mientras el juzgado accionado tramita su solicitud planteada, por no resultar una «protección oportuna y efectiva antes de la materialización de la diligencia de

2 Cfr. Archivo « 030memorial 2025 -00320-00.pdf» del expediente digital allegado sobre el juicio de restitución que se cuestiona.Radicación n.º 68001-22-13-000-2026-00667-01

8 entrega» que estaba programada para el día siguiente, 17 de septiembre de 2026.

Al respecto, se advierte que, de los informes allegados y los expedientes remitidos, no es posible advertir si dicha diligencia se desarrolló o no 3. No obstante, al margen de lo acontecido basta con recordar que este mecanismo de amparo no está instituido para suspender diligencias judiciales, y el cabal desarrollo de estas no configura un perjuicio irremediable, por lo que no es posible conceder el auxilio de manera transitoria.

En efecto, la Corte tiene dicho de tiempo atrás que « la tutela no se erige como un mecanismo idóneo para obtener la interrupción de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisión judicial adoptada en el marco de un proceso tramita do con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en él, por cuanto su fin exclusivo es la protección de los derechos fundamentales» (CSJ. STC, 28 oct. 2009, exp. 1496-01, reiterada en STC21204-2025).

En tal sentido, la práctica de una diligencia de entrega

exclusivo es la protección de los derechos fundamentales» (CSJ. STC, 28 oct. 2009, exp. 1496-01, reiterada en STC21204-2025).

En tal sentido, la práctica de una diligencia de entrega «no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por sí misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, además, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para sí y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a órdenes legítimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acción de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podría impedir que se cumplan los mandatos

3 El 30 de septiembre de 2026 este despacho solicitó al Juzgado Primero Civil Municipal de Jamundí el expediente actualizado del despacho comisorio n.° 2026 -00593. Verificado el mismo, no se pudo constatar si la Inspección de Policía correspondiente llevó a cabo la diligencia programada.Radicación n.º 68001-22-13-000-2026-00667-01

9 dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales» (CSJ STC13305-2024 en cita de STC, 29 nov. 2006, rad. 00079-01).

Lo anterior cobra mayor relevancia al analizar la conducta desinteresada del accionante en el juicio de restitución en que se le demandó. En efecto, él mismo reconoce que recibió la notificación del auto admisorio de la demanda los días 25 de septiembre y 1° de octubre de 2025 -hace aproximadamente un año -, pero que no abrió los

restitución en que se le demandó. En efecto, él mismo reconoce que recibió la notificación del auto admisorio de la demanda los días 25 de septiembre y 1° de octubre de 2025 -hace aproximadamente un año -, pero que no abrió los documentos adjuntos, por lo que no se hizo presente en el proceso para plantear su defensa; posteriormente, se profirió la sentencia de 14 de noviembre de 2025 que le ordenó la restitución del inmueble.

Por tanto, se advierte que el accionante pretende con este mecanismo de amparo , en esencia, reprogramar una diligencia judicial que es el resultado de un proceso que cuenta con sentencia en firme que ordenó dicha actuación, lo cual, como se dejó ver, es ajeno a la finalidad de este auxilio constitucional. Entonces, ciertamente el tutelante debe o debió acudir a los mecanismos ordinarios de defensa con los que cuenta o contó en el juicio de restitución de tenencia por leasing habitacional, asumiendo las consecuencias jurídicas de su actuación procesal, y en punto de su solicitud de amparo de pobreza, aguardar la decisión que en derecho corresponda por parte de la autoridad judicial llamada a resolverla, pudiendo, en cualquier caso, insistir en ella para que sea resuelta de manera oportuna.Radicación n.º 68001-22-13-000-2026-00667-01

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4. Corolario de lo expuesto, se impone la ratificación del fallo de primera instancia por la desatención del presupuesto de la subsidiariedad.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando

del fallo de primera instancia por la desatención del presupuesto de la subsidiariedad.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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