CSJ - STC20670-2026

FRANCISCO TERNERA BARRIOS

Magistrado Ponente

STC20670-2026 Radicación n°. 25000-22-13-000-2026-00488-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro (Antioquia), veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

La Corte decide la impugnación interpuesta frente a la sentencia proferida el 6 de julio de 2026 por la Sala CivilFamilia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, que negó el amparo promovido por Annwar Eljaytel Triana Ángel contra la Comisión Escrutadora Auxiliar No. 1 de Fusagasugá y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

I. ANTECEDENTES

1. El tutelante reclama la protección de las garantías fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, «buen nombre y honra, ejercicio de la profesión y oficio y participación política.».Radicación nº. 25000-22-13-000-2026-00488-01

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2. Del escrito inicial y de las pruebas allegadas se

resaltan los siguientes hechos relevantes:

2.1. El 2 de junio de 2026 1, Carlos Alberto Benavides Mora, Gabriel Becerra Y áñez, Jaime Caicedo Turriago y María José Pizarro Rodríguez , actuando en representación del Movimiento Político Pacto Histórico, otorgaron poder al abogado Wilson Daniel Castaño Rodríguez, entre otre otros, para ser representado en los escrutinios y procedimientos administrativos con ocasión a las votaciones de segunda

del Movimiento Político Pacto Histórico, otorgaron poder al abogado Wilson Daniel Castaño Rodríguez, entre otre otros, para ser representado en los escrutinios y procedimientos administrativos con ocasión a las votaciones de segunda vuelta presidencial «hasta la culminación del escrutinio general en sede administrativa. », quedando facultado para sustituir las potestades otorgadas.

2.2. El 19 de junio de 2026 2, Wilson Castaño remitió correo al gestor sustituyendo poder, designándolo «específicamente ante la Comisión Auxiliar 1 (Auxiliar).».

2.3. El 21 de junio de 2026, Annwar Eljaytel Triana Ángel se presentó ante la Comisión Escrutadora Auxiliar No. 1 de Fusagasugá – Cundinamarca con el fin de representar al partido político Pacto Histórico, para lo cual aportó la captura de pantalla del correo electrónico que le fue remitido por parte del abogado Wilson Daniel Castaño.

3. El gestor censura que los integrantes de la Comisión Escrutadora Auxiliar Número 1 de Fusagasugá, Cundinamarca « se negaron a reconocer la personería jurídica

1 Página 1, archivo 01EscritoTutela del expediente de tutela. 2 Página 11, archivo 01EscritoTutela del expediente de tutela.Radicación nº. 25000-22-13-000-2026-00488-01 3

invocada, bajo el argumento de que la sustitución de poder allegada mediante mensaje de datos no era suficiente y que debía aportarse el poder especial inicial en original físico con presentación personal.».

Agregó, que manifestó la posibilidad de verificar el

invocada, bajo el argumento de que la sustitución de poder allegada mediante mensaje de datos no era suficiente y que debía aportarse el poder especial inicial en original físico con presentación personal.».

Agregó, que manifestó la posibilidad de verificar el correo electrónico mediante el cual fue remitido la sustitución del poder y alegó «que el artículo 74 del Código General del Proceso presume auténticas las sustituciones de poder y que el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022 permite el otorgamiento de poderes mediante mensaje de datos», pero aun así le fue negado.

4. Con sustento en lo narrado, solicita declarar que la falta de reconocimiento de la person ería jurídica que invocó «se fundamentó en una interpretación restrictiva de las normas aplicables sobre representación y sustitución de poder », ordenar a la Comisión Escrutadora Auxiliar Número 1 de Fusagasugá - Cundinamarca «que proceda a corregir, aclarar o complementar el acta correspondiente, dejando expresa constancia de que el suscrito no se negó a presentar documentación relacionada con la representación invocada, sino que presentó la sustitución de poder correspondiente , aportó copia del poder especial inicial y ofreció la verificación del mensaje de datos mediante el cual fue remitida la documentación.» y «abstenerse de realizar o reproducir manifestaciones que atribuyan al suscrito conductas de mala fe, obstrucción del escrutinio, inducción en error de la comisión».

Respecto a la Registraduría Nacional del Estado Civil y Consejo Nacional Electoral, pidió «que, en las actuaciones de escrutinio que aún se encuentren en curso, se garantice el estudio y valoración integral de las sustituciones de poder remitidas mediante

Respecto a la Registraduría Nacional del Estado Civil y Consejo Nacional Electoral, pidió «que, en las actuaciones de escrutinio que aún se encuentren en curso, se garantice el estudio y valoración integral de las sustituciones de poder remitidas mediante mensaje de datos, absteniéndose de exigir como requisito único y excluyente la exhibición física»Radicación nº. 25000-22-13-000-2026-00488-01 4

Además, solicitó ordenar a la Registraduría Nacional del Estado Civil que, «adopte las medidas administrativas, pedagógicas o de orientación que considere pertinentes para evitar que situaciones similares se repitan en las distintas comisiones escrutadoras del país.»

También, requirió la remisión a las autoridades competentes, para que «evalúen la procedencia de las actuaciones disciplinarias, penales, administrativas o de control a que hubiere lugar respecto de la actuación desplegada por los integrantes de la Comisión Escrutadora Auxiliar Número 1 de Fusagasugá, Cundinamarca.».

II. RESPUESTAS RECIBIDAS

1. La Registraduría Nacional del Estado Civil alegó la configuración de falta de legitimación en la causa por activa, toda vez que en el ejercicio de sus funciones adelantó las medidas pertinentes para el cumplimiento adecuado de los comicios, sin incurrir en ninguna actuación que haya vulnerado de los derechos alegados por el gestor.

Señaló, que los funcionarios de la registraduría actúan como secretarios en los escrutinios que realizan las comisiones escrutadoras y delegados ante el Consejo Nacional Electoral, por lo cual «NO tienen facultades para

Señaló, que los funcionarios de la registraduría actúan como secretarios en los escrutinios que realizan las comisiones escrutadoras y delegados ante el Consejo Nacional Electoral, por lo cual «NO tienen facultades para intervenir de forma alguna en la decisión de declaratoria de elección, ni en las reclamaciones y apelaciones a las decisiones de las comisiones escrutadoras».

2. La Procuraduría General de la Nación señalo que no existe actuación u omisión de parte de esa entidad, quien dentro de sus competencias no est á llamada a atender elRadicación nº. 25000-22-13-000-2026-00488-01

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requerimiento de la tutela por lo cual alegó falta de legitimación en la causa por pasiva.

Agregó, que el agente del Ministerio Público asignado al punto de escrutinio «no tenía poder jurídico para sustituir a la Comisión Escrutadora en la adopción de determinaciones electorales (artículos 118 y 277 de la Constitución Política; Sentencia T -1001 de 2006; Sentencia T-313 de 2021)».

III. SENTENCIA IMPUGNADA

El a quo constitucional, negó el amparo invocado al considerar que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, indicando al gestor que respecto a que no se tuvo en cuenta el poder de sustitución que le fue otorgado por el partido político Pacto Histórico, «no presentó recurso contra esa determinación que le mereciera un pronunciamiento de la misma Comisión Escrutadora Auxiliar o de la Municipal, solo hizo una insistencia para que le fuera tenido en cuenta su poder, sin que ello tuviera acogida».

esa determinación que le mereciera un pronunciamiento de la misma Comisión Escrutadora Auxiliar o de la Municipal, solo hizo una insistencia para que le fuera tenido en cuenta su poder, sin que ello tuviera acogida».

Además, tampoco acudió a la jurisdicción contenciosa administrativa conforme al artículo 139 de la ley 1437 de 2011 para promover el control de nulidad electoral.

IV. IMPUGNACIÓN

La present ó el gestor, quien señaló que el a quo constitucional identificó erróneamente el objeto de la tutela, que no fue cuestionar la legalidad del escrutinio electoral oRadicación nº. 25000-22-13-000-2026-00488-01 6

acto administrativo de elección. Por tanto, indicó que a través del medio de control de nulidad electoral no es posible obtener la rectificación de los derechos fundamentales que considera vulnerados por «la actuación desplegada por la Comisión Escrutadora al negarse a reconocer la personería jurídica del suscrito como apoderado, impedir el ejercicio de la representación conferida, consignar en el acta una afirmación que no corresponde a la realidad».

Alegó, que la falta de reconocimiento de personería le impidió el ejercicio de los recursos ordinarios, por lo cual «No puede reprocharse al accionante la falta de interposición de recursos cuando la autoridad accionada negó desde el inicio la calidad jurídica indispensable para ejercerlos.»

Agregó la falta de pronunciamiento por parte del Tribunal respecto a la afectación a su buen nombre por las manifestaciones realizadas por los miembros de la Comisión Escrutadora convocada y «frente a las solicitudes encaminadas a

Agregó la falta de pronunciamiento por parte del Tribunal respecto a la afectación a su buen nombre por las manifestaciones realizadas por los miembros de la Comisión Escrutadora convocada y «frente a las solicitudes encaminadas a obtener la corrección del acta, la adopción de medidas de no repetición y la remisión de copias a las autoridades competentes».

V. CONSIDERACIONES

1. La Sala confirmará el fallo impugnado, en cuanto no accedió a la protección invocada, pero por las razones que pasan a exponerse.

2. En efecto, revisadas las pruebas allegadas, s e advierte que el escenario en el cual el accionante alega que le fueron vulnerados sus derechos, es decir, los escrutinios correspondientes a la segunda vuelta de las eleccionesRadicación nº. 25000-22-13-000-2026-00488-01

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presidenciales, ha finalizado junto con la temporalidad prevista para el funcionamiento de la Comisión Escrutadora accionada. Estas circunstancias se enmarcan dentro de la carencia actual de objeto por situación sobreviniente, toda vez que la pretensión principal est aría dirigida a obtener el reconocimiento de su participación dentro de una etapa específica del procedimiento electoral ya concluida . Por lo tanto, se pierde la eficacia de la orden pretendida , de modo que la presunta vulneración de derechos presenta condiciones diferentes a las iniciales . En consecuencia, la protección pretendida es inviable, en la medida en que la orden que pudiera impartir el juez de tutela no surt iría ningún efecto y caería en el vacío.

3. Ahora bien , frente a lo expuesto por el tutelante

protección pretendida es inviable, en la medida en que la orden que pudiera impartir el juez de tutela no surt iría ningún efecto y caería en el vacío.

3. Ahora bien , frente a lo expuesto por el tutelante

respecto a las censuras contra:

i.) La Registraduría Nacional del Estado Civil para que «adopte las medidas administrativas, pedagógicas o de orientación que considere pertinentes para evitar que situaciones similares se repitan en las distintas comisiones escrutadoras del país.» ii.) La remisión a las autoridades competentes, para que «evalúen la procedencia de las actuaciones disciplinarias, penales, administrativas o de control a que hubiere lugar respecto de la actuación desplegada por los integrantes de la Comisión Escrutadora Auxiliar Número 1 de Fusagasugá, Cundinamarca.».

basta señalar que la acción de tutela no está prevista para ese fin y que, en virtud de su naturaleza residual yRadicación nº. 25000-22-13-000-2026-00488-01 8

subsidiaria, no sustituye los requerimientos ni los mecanismos de denuncia , los cuales deben ser activados directamente por los interesados.

4. Por lo referido, se confirmará el fallo impugnado

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZRadicación nº. 25000-22-13-000-2026-00488-01

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FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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