CSJ - STC20672-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20672-2026 Radicación n.° 11001-02-30-000-2026-01545-00 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela que Andrea Caldas Posso promovió contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial; trámite al que fueron vinculad os los participantes del curso concurso de méritos para la provisión de cargos de la Rama Judicial -Convocatoria 28inscritos para el cargo de Juez Promiscuo Municipal.

ANTECEDENTES

1. La accionante reclama la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, petición, igualdad, «acceso a cargos públicos », buena fe , mérito y «prevalencia del derecho sustancial » presuntamente vulnerados por la autoridad convocada.Rad. n.° 11001-02-30-000-2026-01545-00

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2. En síntesis, señaló que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo PCSJA25 -12348 del 13 de noviembre de 2025, convocó al Vigésimo Octavo Concurso de Méritos para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial. En desarrollo de dicha convocatoria, efectuó su inscripción a través del aplicativo CARJUD APP, con el propósito de aspirar al cargo de Juez Promiscuo Municipal.

Manifestó que, mediante resolución CJR26-0497 del 3

Rama Judicial. En desarrollo de dicha convocatoria, efectuó su inscripción a través del aplicativo CARJUD APP, con el propósito de aspirar al cargo de Juez Promiscuo Municipal.

Manifestó que, mediante resolución CJR26-0497 del 3 de agosto de 2026, la Unidad de Administración de Carrera Judicial rechazó su inscripción del accionante con fundamento en la causal número 5, correspondiente a la ausencia de la declaración juramentada de no encontrarse incursa en inhabilidades e incompatibilidades.

Expuso que presentó la solicitud de verificación documental dentro del término establecido por la entidad, actuación mediante la cual pretendió controvertir la causal de rechazo y que se realizara una verificación integral de todos los documentos aportados y, así mismo, que el pasado 7 de agosto presentó petición ante la accionada solicitando explicación acerca de las razones concretas de su exclusión, sin que a la fecha de interposición del presente amparo ( 21. Seo. 2026) se le haya brindado una respuesta de fondo.

En este contexto, estimas vulneradas sus garantías fundamentales en la medida que fue excluida pese a haber aportado oportunamente la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades y laRad. n.° 11001-02-30-000-2026-01545-00 3 documentación exigida; además, porque que no se le informó de manera clara, concreta y detallada el requisito presuntamente incumplido ni se respondió de fondo el derecho de petición presentado el 7 de agosto de 2026, lo que le impidió conocer y controvertir las razones de su exclusión.

3. En consecuencia, pidió que se deje sin efecto su

derecho de petición presentado el 7 de agosto de 2026, lo que le impidió conocer y controvertir las razones de su exclusión.

3. En consecuencia, pidió que se deje sin efecto su exclusión de la convocatoria 28, se revise de manera material e individual su documentación, se le permita continuar en el proceso de selección si cumple los requisitos exigidos y se le responda a la petición presentada.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura advirtió la falta de subsidiariedad del amparo en tanto que el trámite de verificación documental aún no ha concluido y, una vez exista una decisión definitiva, la accion ante podrá controvertirla mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que haya acreditado un perjuicio irremediable.

Frente al derecho de petición indicó que, « aunque en el escrito de tutela se menciona que de manera independiente se radicó una reclamación y un derecho de petición el 7 de agosto de 2026, tras verificar la plataforma CARJUD APP se constata que la reclamación fue presentada en esa misma fecha; por consiguiente, se infiere que ambas denominaciones hacen alusión a un único trámite».Rad. n.° 11001-02-30-000-2026-01545-00 4

2. La Universidad Libre indicó que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la gestora.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela.

Por regla general, la acción de tutela no procede para controvertir actos administrativos, pues el ordenamiento

los derechos fundamentales de la gestora.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela.

Por regla general, la acción de tutela no procede para controvertir actos administrativos, pues el ordenamiento jurídico dispone de medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dentro de los cuales es posible solicitar la adopción de medidas cautelares.

No obstante, el mecanismo constitucional puede proceder excepcionalmente cuando aquellos medios no sean idóneos o eficaces en las circunstancias concretas, o cuando la intervención transitoria del juez resulte necesaria para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.

2. Problema jurídico.

Examinada la queja constitucional, c orresponde a la Corte determinar: i) si la misma es procedente para controvertir el rechazo del accionante del concurso de méritos, teniendo en cuenta que, al momento de formularse, se encontraba pendiente de decisión la solicitud de verificación de su documentación prevista en la convocatoria; y ii) si la entidad accionada vulneró el derecho fundamental de petición de la gestora al no responder la solicitud elevada el 7 de agosto de 2026.Rad. n.° 11001-02-30-000-2026-01545-00 5

3. Carácter prematuro del amparo frente a la exclusión de la convocatoria.

La acción de tutela « solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial » dada su naturaleza residual pues no fue establecida para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales a

La acción de tutela « solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial » dada su naturaleza residual pues no fue establecida para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales a menos que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable . Este presupuesto también se incumple cuando la demanda procura la protección constitucional de asuntos que están pendientes de resolución en el marco de un trámite judicial en curso.

Conforme con lo anterior, en el asunto bajo examen, la accionante pretende, en esencia, que el juez constitucional deje sin efectos la decisión mediante la cual fue rechazado del Vigésimo Octavo Concurso de Méritos para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial y valore la declaración juramentada cargada en el aplicativo. Sin embargo, para el momento en que fue presentada la acción de tutela, se encontraba pendiente de resolución la solicitud de verificación documental promovida por la propia interesada.

Dicha solicitud tiene por objeto, precisamente, que la Unidad de Administración de Carrera Judicial revise la causal de rechazo aplicada, examine la documentación aportada por el concursante y determine si hay lugar a modificar o mantener la decisión inicialmente adoptada. PorRad. n.° 11001-02-30-000-2026-01545-00 6 tanto, el trámite administrativo activado por la gestora no constituye una actuación inocua o meramente formal, sino el mecanismo previsto para que la autoridad competente vuelva sobre la situación particular del aspirante y adopte una determinación definitiva respecto de su admisión al concurso.

constituye una actuación inocua o meramente formal, sino el mecanismo previsto para que la autoridad competente vuelva sobre la situación particular del aspirante y adopte una determinación definitiva respecto de su admisión al concurso.

En esas condiciones, la controversia constitucional fue planteada antes de que la entidad accionada tuviera la oportunidad de resolver el cuestionamiento formulado. En efecto, mientras no sea decidida la solicitud de verificación documental, no es posible establecer si la administración mantendrá el rechazo, si valorará favorablemente el documento aportado con posterioridad o si dispondrá la reincorporación del aspirante. Cualquiera de esas posibilidades permanece abierto, razón por la cual la afectación denunciada no se encuentra plenamente definida ni consolidada.

En este sentido, la intervención del juez constitucional en este momento supondría anticiparse al pronunciamiento que corresponde adoptar a la autoridad encargada de administrar el concurso y, por contera, desplazar el procedimiento establecido para examinar las inconformidades relativas a la verificación de los documentos y emitir una orden sobre una situación que todavía puede ser resuelta favorablemente dentro del propio trámite administrativo.Rad. n.° 11001-02-30-000-2026-01545-00 7

4. Ausencia de vulneración en torno al derecho de petición.

De la revisión a los anexos aportados, y de conformidad con la repuesta otorgada por la convocada, se advierte que la gestora de este amparo no acreditó haber presentado una petición autónoma y distinta de la reclamación formulada dentro de la Convocatoria 28. Y es que, aunque en el escrito

con la repuesta otorgada por la convocada, se advierte que la gestora de este amparo no acreditó haber presentado una petición autónoma y distinta de la reclamación formulada dentro de la Convocatoria 28. Y es que, aunque en el escrito de tutela afirmó haber promovido ambas actuaciones, en los anexos únicamente obra la reclamación y no se aportó copia, constancia de radicación, acuse de recibo ni otro elemento que demuestre la presentación de un derecho de petición independiente.

Así, no puede atribuirse a la accionada una omisión respecto de una petición independiente cuya presentación y recepción no fueron demostradas. Al punto, es importante destacar que la carga mínima de acreditar la radicación de la solicitud cuya falta de respuesta se denuncia correspondía a la accionante, especialmente cuando la entidad controvirtió su existencia y explicó que en sus registros únicamente figura la reclamación. Sobre el tema, esta Corte ha explicado que:

«[Q]uien pretende la protección judicial de un derecho fundamental debe demostrar los supuestos fácticos en que se funda su pretensión, comoquiera que es razonable sostener que quien conoce la manera exacta como se presentan los hechos y las consecuencias de los m ismos, es quien padece el daño o la amenaza de afectación” (Sentencia T-835 de 2000). En aplicación de lo antes citado, es claro que en el sub judice no puede el juez constitucional, ante la ausencia de elementos probatorios, arribarRad. n.° 11001-02-30-000-2026-01545-00 8 a una decisión distinta que la denegación de la protección

constitucional, ante la ausencia de elementos probatorios, arribarRad. n.° 11001-02-30-000-2026-01545-00 8 a una decisión distinta que la denegación de la protección solicitada, pues correspondía a los accionantes aportar por lo menos elementos sumarios para sustentar su solicitud de amparo» (CSJ, STC, 5 jul. 2011, rad. 01271-00. Reiterada, entre otras providencias, en CSJ STC15369-2025).

En esas condiciones, no se encuentra demostrada la transgresión o amenaza al derecho fundamental de petición invocado por la actora , razón por la cual el amparo resulta improcedente. En efecto, no basta con afirmar la existencia de una vulneración, sino que corresponde acreditar que esta proviene de una conducta activa u omisiva imputable a la autoridad o al particular accionado.

5. Inexistencia de un perjuicio irremediable

Finalmente, t ampoco se encuentra acreditado que la espera de la decisión administrativa exponga al accionante a un perjuicio irremediable. Ello en tanto que, a unque afirmó que el avance del concurso podría impedirle participar en las etapas posteriores, esa apreciación no se concreta en un riesgo cierto e inminente.

Ciertamente, la fase siguiente del concurso corresponde a la prueba de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades. Sin embargo, para la fecha de presentación de la acción de tutela no se encontraba acreditado en el expediente que la autoridad hubiera fijado una fecha cierta para su realización ni que la prueba fuera a practicarse de manera inminente, antes de resolver las solicitudes de

la acción de tutela no se encontraba acreditado en el expediente que la autoridad hubiera fijado una fecha cierta para su realización ni que la prueba fuera a practicarse de manera inminente, antes de resolver las solicitudes de verificación documental. En consecuencia, la accionante noRad. n.° 11001-02-30-000-2026-01545-00 9 demostró que el concurso estuviera próximo a avanzar hacia una etapa que hiciera materialmente imposible su eventual reincorporación.

Esta circunstancia descarta el presupuesto de inminencia pues la posibilidad de que la gestora pierda la oportunidad de participar en las etapas subsiguientes depende, en primer lugar, del sentido de la decisión que adopte la administración y, en segundo lugar, del desarrollo posterior del cronograma. No se trata, entonces, de un daño próximo a consumarse, sino de una hipótesis eventual sujeta al resultado de una actuación administrativa pendiente.

Tampoco se advierte la necesidad de adoptar medidas urgentes e impostergables en la medida que l a suspensión del avance del concurso hasta la resolución de las solicitudes de verificación preserva la situación de los aspirantes y permite que la entidad examine sus reclamaciones antes de continuar con el proceso de selección. De esta manera, la actuación administrativa conserva, por ahora, aptitud material para brindar una respuesta eficaz.

En definitiva, la sola incertidumbre de la aspirante respecto del resultado de la verificación no configura un perjuicio irremediable. Dicha incertidumbre es inherente a la existencia de una actuación pendiente de decisión y no puede equipararse a la lesión definitiva de un derecho fundamental,

respecto del resultado de la verificación no configura un perjuicio irremediable. Dicha incertidumbre es inherente a la existencia de una actuación pendiente de decisión y no puede equipararse a la lesión definitiva de un derecho fundamental, especialmente cuando el concurso no avanzará hasta que la administración resuelva las solicitudes presentadas.Rad. n.° 11001-02-30-000-2026-01545-00 10

6. Conclusión.

En conclusión, la intervención del juez constitucional no resulta procedente en este momento, pues sustituiría anticipadamente a la autoridad administrativa, desconocería el trámite en curso y se apoyaría en una posible afectación futura que todavía no se ha materializad o. Por ello, se declarará improcedente la acción de tutela.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada.

Comuníquese lo resuelto por el medio más expedito a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado este fallo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMARad. n.° 11001-02-30-000-2026-01545-00

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MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMARad. n.° 11001-02-30-000-2026-01545-00

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ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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