CSJ - STC20673-2026

ACUERDO PCSJA26-12567 12 de agosto de 2026 “Por el cual se prorrogan unas medidas, se transforman transitoriamente unos despachos judiciales en despachos de apoyo itinerante y se adoptan medidas para garantizar la prestación del servicio de administración de justicia en materia de acciones de tutela, hábeas corpus, solicitudes de audiencias de control de garantías con personas privadas de la libertad y relacionadas con actos urgentes, en los municipios afectados por el sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026”.

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20673-2026 Radicación n° 08001-22-13-000-2026-00866-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada por Luz Helena Zuluaga Giraldo, en nombre propio y como agente oficiosa de María Teresa Zuluaga Giraldo frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 10 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela promovida contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito e Inspección Dieciocho de Policía de Convivencia y Paz , ambos de Pereira, trámite al que se vincularon las partes e intervinientes en el ejecutivo No. 2023-00056-00.

ANTECEDENTESRad. n° 08001-22-13-000-2026-00866-01

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Pereira, trámite al que se vincularon las partes e intervinientes en el ejecutivo No. 2023-00056-00.

ANTECEDENTESRad. n° 08001-22-13-000-2026-00866-01 2 1.- La accionante busca la protección de su s derechos fundamentales a la vida digna, vivienda, mínimo vital, salud, debido proceso, integridad física y protección especial de los adultos mayores.

2.- En síntesis, manifestó que , tanto la accionante como su hermana agenciada son adultas mayores de más de 80 años, cuyas viviendas colapsaron como consecuencia del terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026. Indicó que, ante la destrucción total de sus hogares, se refugiaron en la vivienda de su hija y sobrina, Luz Helena Palomino Zuluaga. No obstante, sobre dicho inmueble pesa una orden de entrega y desalojo proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira y remitida a la Inspección Dieciocho de Policía de Convivencia y Paz, dentro de un proceso ejecutivo, circunstancia que las expone a un riesgo extremo de quedar en situación de indigencia.

Expuso que el predio fue adjudicado en el marco de un proceso ejecutivo, pese a encontrarse inventariado dentro de la sociedad conyugal en trámite entre Luz Elena Palomino y Juan Pablo Franco Roa, asunto que se adelanta ante el Juzgado Segundo de Familia de Pereira . Agregó que el adjudicatario, Jorge Mario Marín Arellano, se encuentra investigado penalmente por un presunto fraude procesal.

Juan Pablo Franco Roa, asunto que se adelanta ante el Juzgado Segundo de Familia de Pereira . Agregó que el adjudicatario, Jorge Mario Marín Arellano, se encuentra investigado penalmente por un presunto fraude procesal.

Señaló, además, que la Fiscalía Novena Seccional de esa localidad había promovido una audiencia de restablecimiento del derecho para el 14 de agosto de 2026, con el propósito de suspender la entrega del bien; sinRad. n° 08001-22-13-000-2026-00866-01 3 embargo, dicha diligencia no pudo realizarse debido a la suspensión de términos judiciales ocasionada por los daños estructurales derivados del terremoto. Afirmó que esta situación de fuerza mayor las dejó sin un mecanismo ordinario disponible para evitar el desalojo, lo que agravó su estado de vulnerabilidad física, emocional y psicológica.

Sostuvo que las personas de la tercera edad son titulares de una protección constitucional reforzada y que la ejecución de un desalojo en medio de una catástrofe natural podría comprometer sus derechos a la vida digna, al mínimo vital y a la igualdad material. En ese sentido, argumentó que la acción de tutela resulta procedente como mecanismo transitorio, dado que la vía penal ordinaria quedó suspendida por fuerza mayor, mientras la orden de entrega permanece vigente.

Finalmente, indicó que ante la Comisaría de Familia Galán cursa una medida de protección a favor del núcleo familiar, la cual, en su criterio, debe ser impulsada y articulada con las demás autoridades competentes, con el fin de garantizar la integridad de las adultas mayores y hacer

Galán cursa una medida de protección a favor del núcleo familiar, la cual, en su criterio, debe ser impulsada y articulada con las demás autoridades competentes, con el fin de garantizar la integridad de las adultas mayores y hacer efectiva la protección reforzada que les asiste, especialmente frente a la amenaza de desalojo en el contexto de una emergencia humanitaria.

3.- Con soporte en lo anterior, solicitó que se ordenara: i) «al JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA y a la INSPECCIÓN 18 DE POLICÍA DE PEREIRA la suspensión transitoria de la entrega del inmueble Matrícula 290 -171415, por el términoRad. n° 08001-22-13-000-2026-00866-01 4 estrictamente necesario para que las autoridades administrativas adscriban una solución habitacional»; ii) «ORDENAR a la ALCALDÍA DE PEREIRA (SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL - GESTIÓN DEL RIESGO) realizar el censo, caracterización e inclusión PRIORITARIA E INMEDIATA de las señoras LUZ HELENA ZULUAGA GIRALDO y MARÍA TERESA ZULUAGA GIRALDO en los programas de auxi lio de arrendamiento, albergue o subsidio de vivienda para damnificados por el terremoto del 10 de agosto de 2026».

De igual modo, solicitó: iii) «EXHORTAR a la COMISARÍA DE FAMILIA GALÁN a impulsar la medida de protección radicada a favor del núcleo familiar»; iv) «ORDENAR la suspensión de la entrega y desalojo

De igual modo, solicitó: iii) «EXHORTAR a la COMISARÍA DE FAMILIA GALÁN a impulsar la medida de protección radicada a favor del núcleo familiar»; iv) «ORDENAR la suspensión de la entrega y desalojo del inmueble Matrícula No. 290 -171415, Km 5 Vía Pereira – Cerritos, Entrada 6 Malabar, Casa 2D2 Pereira – Risaralda al menos hasta tanto el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira (o quien haga sus veces) reanude términos y realice la Audiencia de Restablecimiento del Derecho dentro del Radicado No. 66001600005820251282800, incoada por la Fiscalía Novena Seccional de Pereira» y v) «RECONOCER la legitimación en la causa y la agencia oficiosa de la señora LUZ HELENA ZULUAGA GIRALDO para actuar en defensa de los derechos fundamentales de su hermana MARÍA TERESA ZULUAGA GIRALDO, dada su imposibilidad psicológica y física sobreviniente».

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1.- El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira sostuvo que el proceso ejecutivo en el que se remató y adjudicó el inmueble se tramitó conforme a la ley y que la orden de entrega se encuentra ejecutoriada, aunque no ha podido materializarse debido a diver sas acciones de tutelaRad. n° 08001-22-13-000-2026-00866-01 5 promovidas con anterioridad y declaradas improcedentes. Señaló que las accionantes no son parte del proceso y carecen de legitimación para controvertirlo.

5 promovidas con anterioridad y declaradas improcedentes. Señaló que las accionantes no son parte del proceso y carecen de legitimación para controvertirlo.

2.- El Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de esa ciudad explicó que la audiencia de restablecimiento del derecho fue programada, pero debió aplazarse como consecuencia del terremoto del 10 de agosto de 2026, que afectó la infraestructura judicial, la conectividad y la disponibilidad de varios intervinientes. Precisó que no existió negligencia de su parte, pues la diligencia fue reprogramada para el 25 de septiembre siguiente y que, en caso de no restablecerse el funcionamiento del Centro de Servicios Judiciales, el despacho asumiría directamente las gestiones necesarias para su realización. Por ello, sostuvo que no existe vulneración de derechos atribuible a esa autoridad judicial.

3.- La Comisaría de Familia Galán expuso que la solicitud de medida de protección presentada por Luz Elena Palomino el 12 de agosto fue rechazada el 14 de ese mes, por existir cosa juzgada respecto de los hechos patrimoniales planteados y por carecer de compe tencia para adoptar medidas habitacionales derivadas del terremoto. Reconoció que la notificación del auto fue remitida erróneamente a la Comisaría Centro; sin embargo, indicó que dicha irregularidad fue subsanada el 1º de septiembre. En consecuencia, sostuvo que no vulneró derecho alguno y que la acción de tutela resulta improcedente frente a esa entidad.Rad. n° 08001-22-13-000-2026-00866-01 6 4.- La Fiscalía Novena Seccional de Pereira sostuvo que

la acción de tutela resulta improcedente frente a esa entidad.Rad. n° 08001-22-13-000-2026-00866-01 6 4.- La Fiscalía Novena Seccional de Pereira sostuvo que no tiene responsabilidad en la presunta vulneración de derechos, dado que no ordenó el desalojo ni intervino en el proceso civil. Explicó que su actuación se limitó a promover diligentemente la audiencia de restablecimiento del derecho dentro de la investigación penal, la cual no pudo llevarse a cabo debido a la suspensión de términos ocasionada por el terremoto. Afirmó que fue la emergencia natural, y no una omisión de la Fiscalía, la que impidió la real ización de la diligencia.

5.- La Inspección Dieciocho de Convivencia y Paz manifestó que no ha vulnerado los derechos de las accionantes, pues aún no ha fijado fecha para ejecutar el despacho comisorio, dado que este fue recibido un día antes del terremot o y sus instalaciones resultaron estructuralmente afectadas, lo que llevó a la Alcaldía de Pereira a suspender los términos administrativos mediante el Decreto 281 de 2026. Añadió que su actuación se limita al cumplimiento de la orden impartida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito, y que carece de competencia para brindar soluciones habitacionales o suspender la entrega del inmueble.

6.- Jorge Mario Marín Arellano sostuvo que la acción de tutela constituye, en su criterio, un uso temerario y dilatorio de la jurisdicción constitucional, pues —según afirmó— la hija de la accionante, Luz Helena Palomino, ha promovido múltiples acciones de tutela con el propósito de

dilatorio de la jurisdicción constitucional, pues —según afirmó— la hija de la accionante, Luz Helena Palomino, ha promovido múltiples acciones de tutela con el propósito de impedir la entrega del inmueble y, en esta oportunidad,Rad. n° 08001-22-13-000-2026-00866-01 7 utiliza a su madre para reiterar los mismos hechos, incorporando el cataclismo como un nuevo argumento.

Rechazó las acusaciones de fraude o irregularidad y afirmó que adquirió el inmueble mediante remate judicial, de buena fe, conforme a la ley y con respaldo en decisiones en firme del Juzgado Segundo Civil del Circuito. Alegó que no ha vulnerado derecho alg uno y que no existe una vía de hecho atribuible a su actuación. Añadió que la tutela desconoce el principio de subsidiariedad, pues se encuentran en curso mecanismos ordinarios, entre ellos una demanda de simulación y una investigación penal, en los que pu ede debatirse la validez de los títulos.

7.- Juan Pablo Franco Roa rechazó los hechos expuestos en la solicitud de amparo y afirmó que las actoras no acreditaron la destrucción de sus viviendas, la carencia de ingresos ni una situación de dependencia absoluta, pues, según indicó, ambas son pensionadas y figuran como propietarias de varios inmuebles que se encuentran en buen estado. Sostuvo que la ocupación del bien rematado obedece a una estrategia reiterada de su excónyuge para impedir su entrega mediante diversas acciones de tutela previamente declaradas improcedentes. Negó la existencia de fraude o irregularidades en el proceso ejecutivo, insistió en la

a una estrategia reiterada de su excónyuge para impedir su entrega mediante diversas acciones de tutela previamente declaradas improcedentes. Negó la existencia de fraude o irregularidades en el proceso ejecutivo, insistió en la legalidad de la adjudicación y afirmó que no se acreditó un perjuicio irremediable, una afectación psicológica incapacitante ni la imposibilidad de acudir a los mecanismos ordinarios de administración de justicia.Rad. n° 08001-22-13-000-2026-00866-01 8 8.- Yuliana Marcela Ocampo manifestó no tener conocimiento de los hechos narrados en la acción de tutela y explicó que su única relación con el inmueble deriva de una hipoteca abierta sin límite de cuantía, válidamente constituida y registrada, amparada por l os principios de legalidad, buena fe y confianza legítima. Señaló que no existe decisión judicial que declare la existencia de fraude, nulidad o irregularidad respecto de la adjudicación del bien o de la garantía hipotecaria, por lo que, en su criterio, la acción constitucional no puede utilizarse para desconocer derechos reales consolidados ni afectar la seguridad jurídica de terceros.

9.- Raúl González Chalarca exteriorizó que es un tercero ajeno a la controversia y que su única relación con el inmueble deriva de una hipoteca válidamente constituida y registrada, adquirida de buena fe luego de verificar que el bien contaba con un título sin restricciones. Indicó que actuó conforme a la ley y con fundamento en la información registral disponible, por lo que sus derechos como acreedor hipotecario no pueden verse afectados por la acción de tutela

bien contaba con un título sin restricciones. Indicó que actuó conforme a la ley y con fundamento en la información registral disponible, por lo que sus derechos como acreedor hipotecario no pueden verse afectados por la acción de tutela ni por controversias en las que no intervino.

10.- La Dirección de Gestión del Riesgo de Pereira — DIGER— certificó que las gestoras fueron censadas oficialmente como afectadas por el terremoto e inscritas en el RUD. Informó que existen alojamientos temporales disponibles, aunque las interesadas manifestaron que gestionarían directamente su alojamiento. Con fundamento en lo anterior, l a entidad sostuvo que cumplió lasRad. n° 08001-22-13-000-2026-00866-01 9 obligaciones a su cargo frente a la emergencia y que no existió omisión o falla que le fuera atribuible en la atención brindada a las accionantes.

11.- Luz Elena Palomino afirmó que el terremoto destruyó las viviendas de su madre y de su tía, circunstancia que las obligó a refugiarse en otro inmueble, el cual —según sostuvo— pertenece a la sociedad conyugal aún en liquidación y fue rematado mediante un presunto fraude procesal, asunto que actualmente es objeto de investigación penal. Explicó que la audiencia de restablecimiento del derecho no pudo realizarse debido al cierre del Palacio de Justicia después del sismo, lo que dejó a las afectadas sin protección. Por ello, solicitó suspender la entrega del predio hasta que la jurisdicción penal pueda reanudar la audiencia destinada al restablecimiento de sus derechos.

12.- La ac tora allegó un escrito en el que solicitó la

protección. Por ello, solicitó suspender la entrega del predio hasta que la jurisdicción penal pueda reanudar la audiencia destinada al restablecimiento de sus derechos.

12.- La ac tora allegó un escrito en el que solicitó la suspensión inmediata de la diligencia de desalojo programada para el 13 de octubre de 2026, al considerar que su ejecución podría ocasionarle un perjuicio irremediable, dado que al día siguiente se celebraría una au diencia penal en la que podría restablecerse su derecho sobre el inmueble. Por ello, pidió la intervención urgente del juez constitucional para evitar el despojo y salvaguardar sus privilegios esenciales.

ACTUACIÓN DE PRIMERA INSTANCIARad. n° 08001-22-13-000-2026-00866-01

10 La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla concluyó que la tutela no era procedente para suspender la entrega del inmueble, dado que no se acreditó una afectación actual de derechos fundamentales y la accionante no agotó los mecanismos ord inarios de defensa. Asimismo, declaró la carencia actual de objeto respecto de las demás pretensiones, toda vez que tanto la caracterización para acceder a ayudas de vivienda como la decisión de la Comisaría de Familia ya habían sido adelantadas por las entidades competentes.

IMPUGNACIÓN

La promotora impugnó la decisión proferida por el a quo constitucional, con fundamento en los mismos argumentos expuestos en el escrito inicial. Añadió que la simple caracterización de los afectados o la oferta de albergues temporales no comporta una satis facción material y

constitucional, con fundamento en los mismos argumentos expuestos en el escrito inicial. Añadió que la simple caracterización de los afectados o la oferta de albergues temporales no comporta una satis facción material y definitiva del derecho fundamental a la vivienda digna.

Asimismo, sostuvo que no les fue posible controvertir la decisión mediante la cual se ordenó librar despacho comisorio a la Inspección Dieciocho de Policía, por cuanto dicha determinación no era susceptible de recursos. Agregó que permanece pendiente de re solución la controversia relacionada con los «derechos de gananciales» sobre el predio que habitan, así como un asunto asociado a un presunto fraude procesal, razón por la cual, en su criterio, deben ser respetados sus derechos en atención a su condición de sujetos de especial protección constitucional.Rad. n° 08001-22-13-000-2026-00866-01 11

CONSIDERACIONES

1.- Desde ahora se anticipa la improcedencia del amparo y, en consecuencia, la confirmación de la providencia adoptada en primera instancia, pues, tal como lo concluyó el a quo constitucional, no se advierte vulneración alguna de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia ni de aquellos invocados en favor de la accionante y su agenciada, como pasa a explicarse.

1.1.- En lo que respecta a las críticas formuladas contra la Inspectora Dieciocho de Convivencia y Paz de Pereira, se observa que la diligencia de desalojo del inmueble adjudicado en remate aún no tiene fecha programada. Ello obedece a que el despacho comisorio arribó poco antes del sismo ocurrido el

observa que la diligencia de desalojo del inmueble adjudicado en remate aún no tiene fecha programada. Ello obedece a que el despacho comisorio arribó poco antes del sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026 y, posteriormente, la Alcaldía de Pereira, mediante el Decreto 281 del 12 de agosto de 2026, suspendió todos los términos administrativos con ocasión de la emergencia derivada de dicho evento, mi entras se impartían las directrices correspondientes. Por tanto, no puede atribuirse a esa autoridad afectación alguna de prerrogativas esenciales.

No obstante, aun cuando se fije una fecha para la diligencia de desalojo , la pretensión encaminada a suspenderla tampoco estaría llamada a prosperar, pues, conforme al precedente de esta Sala, la acción de tutela noRad. n° 08001-22-13-000-2026-00866-01 12 constituye el mecanismo idóneo para « suspender, retrotraer o invalidar» el desarrollo o cumplimiento de las diligencias de entrega ordenadas en el marco de un proceso judicial adelantado por el juez competente.

Lo anterior, por cuanto «(…) la entrega dispuesta en un proceso judicial no entraña en sí misma, un perjuicio irremediable (…) pues ese tipo de medidas responde a órdenes legítimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acción de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podría impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales» (STC21343-2025).

1.2.- De otro lado, se tuvo conocimiento de que la

que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales» (STC21343-2025).

1.2.- De otro lado, se tuvo conocimiento de que la Fiscalía Novena Seccional de Pereira, dentro de la noticia criminal No. 66001600005820251282 800, promovió oportunamente audiencia de restablecimiento de derechos ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de esa localidad, la cual fue programada para el 14 de agosto de 2026. Sin embargo, la diligencia no pudo lleva rse a cabo debido a la suspensión general de términos judiciales decretada por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión del sismo ocurrido en Risaralda, circunstancia ajena a la voluntad del ente acusador y que no obedece a actuación u omisión alguna atribuible a este.

En complemento, se conoció que el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías, ante el aplazamiento de la audiencia, reprogramó la diligencia paraRad. n° 08001-22-13-000-2026-00866-01 13 el 25 de septiembre de 2026. Asimismo, advirtió que, en caso de no restablecerse el funcionamiento del Centro de Servicios Judiciales, asumiría directamente las gestiones necesarias para su realización. En ese contexto, se reitera que no se advierte vulneración de derechos atribuible a ninguna de las dos autoridades.

1.3.- En cuanto a la Comisaría de Familia Galán, se advierte que informó que la solicitud de medida de protección presentada por Luz Elena Palomino Zuluaga, el 12 de agosto

dos autoridades.

1.3.- En cuanto a la Comisaría de Familia Galán, se advierte que informó que la solicitud de medida de protección presentada por Luz Elena Palomino Zuluaga, el 12 de agosto de 2026, fue rechazada mediante auto del 14 de agosto siguiente, al considerar que los he chos relacionados con conflictos patrimoniales ya habían sido objeto de pronunciamiento judicial y, por tanto, existía cosa juzgada. Asimismo, indicó que carecía de competencia para adoptar medidas habitacionales derivadas de las afectaciones ocasionadas por el terremoto.

No obstante, reconoció que la notificación de dicha decisión fue remitida inicialmente, por error, a la Comisaría Centro; sin embargo, precisó que esa irregularidad fue subsanada el 1º de septiembre, mediante la notificación directa a la interesada, con lo cual se garantizó su conocimiento efectivo.

Así las cosas, se advierte que, durante el trámite de la presente acción constitucional, la autoridad cuestionada seRad. n° 08001-22-13-000-2026-00866-01 14 pronunció sobre la omisión reprochada por la accionante y, además, impartió el impulso correspondiente.

Por ende, se torna inane el análisis de fondo de la discusión planteada por la memorialista, ante la carencia actual de objeto por hecho superado, aspecto sobre el cual, se ha dicho que «(…) ningún sentido tiene que aquí se imparta cualquier tipo de orden en relación con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, en este momento procesal, no existen o, cuando menos, presentan características

se ha dicho que «(…) ningún sentido tiene que aquí se imparta cualquier tipo de orden en relación con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, en este momento procesal, no existen o, cuando menos, presentan características diferentes a las iniciales» (STC203-2024).

1.4.- Igual acontece respecto de la Dirección de Gestión del Riesgo de Pereira - DIGER, pues, el 21 de agosto de 2026, realizó la caracterización de la accionante y su hermana para el acceso a programas sociales de vivienda, circunstancia que igualmente configura la carencia actual de objeto por hecho superado. Asimismo, se indicó que ambas optaron por autogestionar su alojamiento y no acceder a los albergues temporales ofrecidos, ayuda que, según se informó, aún permanece disponible.

1.5.- Ahora, se advierte que la tutelante carece de legitimación en la causa por activa para cuestionar las actuaciones adelantadas por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira dentro del proceso ejecutivo radicado 2023-00056-00, en el cual se remató y adjudicó el inmueble objeto de controversia. Lo mismo ocurre respecto de lo relacionado con la liquidación conyugal que se tramita anteRad. n° 08001-22-13-000-2026-00866-01 15 el Juzgado Segundo de Familia de esa misma ciudad entre Luz Helena Palomino Zuluaga y Juan Pablo Franco Roa, toda vez que no es parte en ninguno de dichos procesos.

Al respecto, esta Colegiatura ha predicado:

«cualquier actuación, sin importar el sentido y alcance de la misma,

Luz Helena Palomino Zuluaga y Juan Pablo Franco Roa, toda vez que no es parte en ninguno de dichos procesos.

Al respecto, esta Colegiatura ha predicado:

«cualquier actuación, sin importar el sentido y alcance de la misma, derivada de un trámite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la «tutela», debe ser ejercida por quienes allí participaron como partes; contrario sensu, carece de atribución para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales frente a «determinada actuación judicial», quien allí no tuvo la calidad de sujeto procesal » (STC9841-2021 reiterada en STC9858-2025).

1.6.- Finalmente, respecto de la solicitud de decretar una medida provisional encaminada a suspender la diligencia de desalojo, deberá estarse a lo resuelto el 1º de octubre de 2026, cuando se negó dicha petición al no advertirse la necesidad de adoptarla, conforme a lo previsto en el artículo 7.º del Decreto 2591 de 1991.

2.- En consecuencia, tal como lo concluyó el a quo constitucional, no se evidencia vulneración alguna del debido proceso, del acceso a la administración de justicia ni de los derechos de la tutelante y hermana , razón por la cual se ratificará el fallo objeto de impugnación.

DECISIÓNRad. n° 08001-22-13-000-2026-00866-01

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En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

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En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto a las partes y al a quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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