CSJ - STC20677-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20677-2026 Radicación n.° 11001-22-10-000-2026-02079-01 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación de la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 15 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela promovida por Zasha Sofía Lugo Brijaldo, contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de la misma ciudad trámite al cual fueron vinculados los intervinientes del disciplinario n° 20 2602629.

ANTECEDENTES

1. La parte actora acude al presente mecanismo en busca de la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, dignidad humana, honra y «derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y de revictimización », que considera quebrantados por la autoridad jurisdiccional convocada.Rad. n.° 11001-22-10-000-2026-02079-01

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2. En síntesis y en lo que aquí interesa expuso que, en el desarrollo de las audiencias preliminares de imputación y medida de aseguramiento adelantadas los días 12, 14 y 15 de mayo de 2026 ante el Juzgado Cuarenta y Tres Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, denuncia que promovió contra David Enrique Arias Méndez,

mayo de 2026 ante el Juzgado Cuarenta y Tres Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, denuncia que promovió contra David Enrique Arias Méndez, el abogado defensor Zaviv Vivas Narváez ejerció una estrategia de defensa fundamentada en violencia de género, estereotipos y revictimización.

Señala que, toda vez que el profesional del derecho de forma desobligante e instrumentalizando el estrado judicial empleó sus atributos personales, edad, formación académica como psicóloga y magíster en violencia de género, así como su vinculación laboral con la Fiscalía General de la Nación para catalogarla como una persona «manipuladora» y con «poder dominante», además de acusarla temerariamente de haber «craneado» la denuncia, simular síntomas y manipular escenarios digitales, presentó una queja disciplinaria en contra del citado apoderado; sin embargo, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá la desestimó de plano.

Indica que en la anterior decisión se desconoció que el artículo 68 de la Ley 1123 de 2007 no podía utilizarse para emitir una absolución anticipada o resolver de fondo la irrelevancia disciplinaria de la conducta sin haber iniciado formalmente la investig ación. Asimismo, expuso que la autoridad omitió valorar una prueba decisiva al no examinar el registro audiovisual del « Audio 5 » correspondiente a laRad. n.° 11001-22-10-000-2026-02079-01 3 sesión del 15 de mayo de 2026, incurrió en un defecto fáctico y desconoció la jurisprudencia de la Comisión Nacional de

3 sesión del 15 de mayo de 2026, incurrió en un defecto fáctico y desconoció la jurisprudencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de la Corte Constitucional en materia de violencia psicológica, perspectiva de género y prohibición de revictimización judicial.

3. Por lo anterior, pretende que a través de este mecanismo especial se ordene a la Colegiatura aludida «DEJAR SIN EFECTOS» la providencia del 31 de julio de 2026 y que en consecuencia profiera una nueva decisión que atienda todos sus reparos.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá relacionó las actuaciones que conoció de la causa objeto de crítica; precisó de un lado, a la actora no se le han lesionado prerrogativas superiores pues no es parte en la contienda, y del otro, «[l]a decisión de desestima de plano de fecha 31 de julio de 2026 se encuentra debidamente fundamentada fáctica, jurídica y jurisprudencialmente».

2. Zaviv Vivas Narváez se opuso al resguardo con sustento en que la decisión objeto de análisis concluyó correctamente que su conducta resultaba atípica, circunstancia que de manera alguna vulnera las prerrogativas superiores aludidas.

3. La Procuradora 97 Judicial Penal II puntualizó lo siguiente:Rad. n.° 11001-22-10-000-2026-02079-01 4 luego de examinar la acción y verificar los audios, las transcripciones de la decisión que se censura por la acción

puntualizó lo siguiente:Rad. n.° 11001-22-10-000-2026-02079-01 4 luego de examinar la acción y verificar los audios, las transcripciones de la decisión que se censura por la acción constitucional, encuentra que la acción es procedente y se debe amparar el derecho de la señora Zasha Sofía Lugo Brijaldo al acceso a la jus ticia disciplinaria. Lo anterior, por cuanto con la decisión de la Comisión de disciplina judicial se desconoció de manera flagrante el derecho a la víctima a ser tratada con respeto, pero sobre todo a que las discusiones estén libres de sesgos machistas. Estos reclamos no son un discurso sexista ni mucho menos una visión de género sin fundamento, sino que corresponden a una obligación contraída por el Estado colombiano para la defensa de las mujeres, para que no se juzgue su pasado, acciones y comportamien to, sino que el proceso se adelante con garantías objetivas tanto para el acusado como para la mujer presunta víctima.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

El Tribunal constitucional de primera instancia negó el amparo solicitado , con sustento en que la determinación criticada

no es infundada o arbitraria. En efecto, la autoridad convocada examinó las manifestaciones que fueron objeto de reproche, las confrontó con el contexto en el que fueron realizadas y explicó las razones por las cuales consideró que aquellas se encontraban amparadas por el ejercicio del derecho de defensa y no configuraban, en los términos del artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, una conducta injuriosa o una acusación temeraria.

IMPUGNACIONES

La presentó el accionante insistiendo en los argumentos

configuraban, en los términos del artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, una conducta injuriosa o una acusación temeraria.

IMPUGNACIONES

La presentó el accionante insistiendo en los argumentos que expuso en el escrito de tutela ; destacó que no busca imponer una valoración probatoria subjetiva, sino que la autoridad disciplinaria omitió analizar un segmento específico del registro audiovisual (Audio 5 del 15 de mayo de 2026, min 1:17:54 a 1:46:14), donde se profirieron manifestaciones revictimizantes.Rad. n.° 11001-22-10-000-2026-02079-01 5

De otra parte, el Ministerio Público hizo lo propio y para tal efecto indicó en suma que la Corporación convocada incurrió en un defecto fáctico y en violencia institucional al desestimar de plano la queja sin valorar integralmente el registro audiovisual del 15 de mayo de 2026, normalizando discursos estereotipados bajo la figura del derecho de defensa e inobservando los deberes de debida diligencia reforzada y juzgamiento con perspectiva de género.

CONSIDERACIONES

1. En el caso bajo estudio se observa que el reclamo se dirige contra el proveído proferido el 31 de julio de 2026 por medio del cual la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá desestimó de plano la queja formulada contra Zaviv Vivas Narváez en la acción disciplinaria con rad.

2026-2629-00

2. Examinada la queja constitucional al tenor de la normativa aplicable y su cotejo con la información extractada

contra Zaviv Vivas Narváez en la acción disciplinaria con rad. 2026-2629-00

2. Examinada la queja constitucional al tenor de la normativa aplicable y su cotejo con la información extractada de las pertinentes piezas procesales adosadas al expediente, la Sala confirmará la decisión de primer grado constitucional que negó la protección reclamada, en la medida en que la determinación cuestionada no estructura ningún defecto específico de procedibilidad que conlleve su desautorización, sino que, por el contrario, obedece a un criterio jurídicamente fundamentado.Rad. n.° 11001-22-10-000-2026-02079-01

6 Ciertamente para llegar a la aludida resolución, l a Corporación convocada, después de citar senda jurisprudencia respecto de la injuria y temeridad, figuras contempladas en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007 que estructuran la falta de respecto a la administración de justicia y citar en extenso lo acontecido en la audiencia del 14 de mayo de 2026, en cuanto a las afirmaciones del denunciado, puntualizó lo siguiente:

De la anterior transcripción se concluye que la intervención del abogado ZAVIV VIVAS NARVÁEZ se dio con ocasión del ejercicio del derecho de defensa de su prohijado, basando sus argumentos en los elementos materiales probatorios obrantes, con los que puso de presente la calidad que ostenta la víctima al ser empleada de la Fiscalía General de la Nación, tener un título profesional de psicóloga y con magister en violencia de género. Datos que contrastó con los de su defendido, de los que resaltó su corta edad

de presente la calidad que ostenta la víctima al ser empleada de la Fiscalía General de la Nación, tener un título profesional de psicóloga y con magister en violencia de género. Datos que contrastó con los de su defendido, de los que resaltó su corta edad y nivel educativo. Aunque el abogado cuestionó a la víctima e hizo referencia a su condición de mujer, el contexto en que se dio fue precisamente para resaltar la protección especial constitucional con la que cuenta, para enfatizar en que no podía ser usada como una patente de corso o una camisa de fuerza para desconocer los derechos que también le asisten a su protegido.

Asimismo, las expresiones “cuestiones pasionales”, “víctima lineal y perfecta”, “víctima ideal” y “no dejar ir su joven”, no pueden tomarse de manera aislada, pues como se concluye de su intervención, dichas afirmaciones se dieron en el contexto de la defensa por él planteada, con la que pretendió traer a colación situaciones presuntamente presentadas entre la quejosa y su defendido, basado en el relato que le hizo este último, sin que con ellas buscara menospreciar o socavar sus derechos como víctima o su condición de mujer.

En esa línea de argumentos precisó que:

Aunado a lo anterior, aunque esa situación fue puesta de presente por la señora Fiscal y el abogado de víctimas al Juez 43 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, este consideró que no se daba una agresión de esa índole contra la quejosa, resaltando que no podía desconocer que el abogado ZAVIV VIVAS NARVÁEZ estaba ejerciendo el derecho de defensa con base a los

no se daba una agresión de esa índole contra la quejosa, resaltando que no podía desconocer que el abogado ZAVIV VIVAS NARVÁEZ estaba ejerciendo el derecho de defensa con base a los elementos materiales probatorios que puso de presente la Fiscalía General de la Nación.Rad. n.° 11001-22-10-000-2026-02079-01 7 Agregó el señor Juez, ante otras manifestaciones efectuadas por el querellado, que en ningún momento el abogado pretendió acusar a la delegada fiscal “…porque es que no está diciendo el señor Defensor que le pagaron, sino que dice que le contó su cliente que eso le manifestó la señora…”.

En consecuencia, esta Magistrada considera que las expresiones empleadas por el litigante denunciado no pueden ser calificadas como de irrespetuosas, injuriosas ni constituyen acusaciones temerarias o calumniosas. Tampoco se puede predicar que con ellas tuviera la intención o el ánimo de injuriar a la quejosa.

Simplemente fueron la verbalización inmediata de su desacuerdo frente a la imputación y la solicitud de medida de aseguramiento elevada por la Fiscalía General de la Nación, en el que puso de presente que rechazaba de manera categórica cualquier expresión o comportamiento constitutivo de violencia de género o de menosprecio hacia la mujer.

El profesional del derecho denunciado no usó expresiones tendientes a injuriar o acusar temerariamente a la quejosa, revictimizarla o intentar degradarla como mujer. Debatió el material probatorio y colocó de presente las discrepancias que estimó se presentaban, sin que sea posible predicar que actuó con

revictimizarla o intentar degradarla como mujer. Debatió el material probatorio y colocó de presente las discrepancias que estimó se presentaban, sin que sea posible predicar que actuó con el ánimo de injuriarla.

De otra parte, en cuando a la aplicación de la perspectiva de género indicó que:

si bien en la referida actuación penal se investigan delitos de carácter sexual y violencia intrafamiliar de los que aparece como víctima la quejosa, de cara específicamente a los hechos objeto de queja: manifestaciones efectuadas por el querellado en esa audiencia y a las competencias regladas de esta jurisdicción, no se advierte que se reúnan las condiciones o exigencias necesarias para adoptar una decisión diferente a la que aquí se toma, en razón a que el juez conductor de la audiencia garantizó plenamente sus derechos, no evidenció la eventual comisión de una falta disciplinaria y ella estuvo debidamente representada en su ausencia por su apoderado.

Conforme con ello, aun cuando la Corte comparta o no tales razonamientos, la determinación adoptada no es infundada o arbitraria, comoquiera que la autoridad cuestionada abordó la temática planteada con apoyo en losRad. n.° 11001-22-10-000-2026-02079-01 8 medios de prueba recaudados y la normatividad que pudiese resultar aplicable al caso, de modo que, el reclamo de la tutelante no puede ser de recibo en esta sede excepcional.

Nótese que la decisión de la Comisión accionada atendió de manera puntual las quejas expuestas por la actora en el escrito correspondiente. En efecto, la aquí inconforme en el

tutelante no puede ser de recibo en esta sede excepcional.

Nótese que la decisión de la Comisión accionada atendió de manera puntual las quejas expuestas por la actora en el escrito correspondiente. En efecto, la aquí inconforme en el numeral 1 de su proveído refirió que en las audiencias de los días 12, 14 y 15 de mayo de 2026 el juzgado de conocimiento impuso medida de aseguramiento al procesado; mientras que en el numeral 3 exteriorizó la censura referida a las manifestaciones de la defensa, estructurada por la quejosa en los siguientes términos: «[d]urante la sesión de la audiencia preliminar del 14 de mayo de 2026 , el abogado defensor denunciado pretermitió el ejercicio de una contradicción técnica y de los deberes de lealtad procesal. En su lugar, desplegó una estrategia de litigio fundamentada en estereotipos de género, asimetrías institucionales e imputaciones desprovistas de sustento probatorio, instrumentalizando el estrado judicial como un escenario de revictimización y violencia institucional» (Subraya la Sala).

En tal orden, atendiendo la forma en que se formuló la queja, era inexorable que la autoridad convocada desarrollara el estudio de la falta que se atribuyó al profesional del derecho; de atender tal análisis, de una forma diferente, sería tanto que por la sola conte xtualización de unos hechos, el Juez este en la obligación de investigar el acontecer de todo el proceso y de allí endilgar las faltas que a bien tuviera, dejando de lado, que se trata de un asunto

unos hechos, el Juez este en la obligación de investigar el acontecer de todo el proceso y de allí endilgar las faltas que a bien tuviera, dejando de lado, que se trata de un asunto rogado y que la carga de la queja asoma unos paramentosRad. n.° 11001-22-10-000-2026-02079-01 9 mínimos para la individualización de la conducta y la acusación.

Finalmente de la providencia cuestionada no se advierte una inobservancia de la perspectiva de género, comoquiera que la juzgadora disciplinaria efectuó un análisis contextualizado de las expresiones reprochadas y determinó, de manera fundada, que no concurrieron elementos de sesgo, violencia o discriminación machista, sino argumentos de litigio orientados a controvertir la solicitud de medida de aseguramiento. Así, en el examen de tipicidad atinente al artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, la autoridad accionada garantizó dicho enfoque al verificar que no existió una asimetría o abuso que descalificara a la denunciante por razón de su género, por lo que desestimar la queja no implicó un desconocimiento de los deberes de protección reforzada, sino la constatación de la at ipicidad de la conducta amparada en el derecho de defensa.

3. De cara al examen de los razonamientos expuestos por las autoridades judiciales en sus decisiones, la Sala ha

dicho en reiteradas oportunidades que:

[A]l juez de tutela le está vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicción cuya independencia y autonomía

por las autoridades judiciales en sus decisiones, la Sala ha dicho en reiteradas oportunidades que:

[A]l juez de tutela le está vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicción cuya independencia y autonomía tiene su origen en nítidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Artículos 113, 228 y 230 de la Carta Política), máxime cuando la determinación sobre la cual gravita la censura está soportada en un admisible examen de los hechos, así como de la prudente interpretación de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme así emerge de las razones expuestas en los proveídos acusados» (ver entre otras, recientemente, STC54822026).Rad. n.° 11001-22-10-000-2026-02079-01 10

Así mismo, esta Corporación ha sostenido que «es el llamado a intervenir a manera de árbitro para determinar cuáles de los planteamientos valorativos y hermenéuticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los más acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisión oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia» y, que «la adversidad de la decisión no es por sí misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural» (ib.).

4. Corolario de lo expuesto, se ratificará lo resuelto en primera instancia.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando

4. Corolario de lo expuesto, se ratificará lo resuelto en primera instancia.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve CONFIRMAR la sentencia objeto de impugnación.

Comuníquese por el medio más expedito lo aquí resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTARad. n.° 11001-22-10-000-2026-02079-01

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MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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