CSJ - STC20681-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20681-2026 Radicación n.º 76111-22-13-002-2026-00231-01 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia de 25 de agosto de 2026 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro de la acción de tutela promovida por J. S. J. contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Buenaventura, trámite al cual fueron vinculados los partícipes en el ejecutivo de alimentos n.° 2023-XX-00.

ANOTACIÓN PRELIMINAR

En aras de garantizar la protección a la intimidad d el menor de edad involucrado en el presente asunto, se suprimirá de toda futura publicación de esta providencia la información de cualquier dato que permita su identificación, para lo cual se elaborará otro texto, de igual tenor, que será el publicable para t odos los efectos, de conformidad con elRadicación n.º 76111-22-13-002-2026-00231-01

2 artículo 1 del Acuerdo n.º 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

ANTECEDENTES

1. El pretensor acude por intermedio de apoderado judicial, invocando la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y «defensa», presuntamente

esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

ANTECEDENTES

1. El pretensor acude por intermedio de apoderado judicial, invocando la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y «defensa», presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada.

2. En síntesis, sostuvo que en su contra se promovió un ejecutivo de alimentos, asunto cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Buenaventura, el cual libró mandamiento de pago mediante auto del 24 de agosto de 2023 y ordenó seguir adelante con la ejecución mediante providencia del 4 de diciembre siguiente.

Reseñó que al considerar que no fue debidamente notificado del inicio del trámite, elevó solicitud de nulidad en dos ocasiones, pero en ambas, fueron despachadas desfavorablemente sus súplicas, panorama del que deriva la lesión de sus derechos fundamentales.

3. Por lo anterior, solicitó que se decrete la nulidad de todo lo actuado desde el auto que libró mandamiento de pago, dentro del proceso ejecutivo referenciado.

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADORadicación n.º 76111-22-13-002-2026-00231-01

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1. El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Buenaventura relató las actuaciones surtidas dentro del trámite. Defendió la legalidad de las decisiones que resolvieron las solicitudes de nulidad propuestas por el accionante, destacó que la segunda de ellas correspondió a una reiteración de la elevada de manera primigenia el 12 de mayo de 2024, por tanto, solicitó que se declare la

resolvieron las solicitudes de nulidad propuestas por el accionante, destacó que la segunda de ellas correspondió a una reiteración de la elevada de manera primigenia el 12 de mayo de 2024, por tanto, solicitó que se declare la improcedencia del amparo por incumplimiento del requisito de inmediatez.

2. La progenitora del menor ejecutante, por intermedio de apoderado judicial , se opuso a la prosperidad del resguardo, en sustento indicó que el accionante ha contado con representación judicial dentro del ejecutivo, y siendo que tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, no se evidencia vulneración a sus derechos fundamentales.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga negó el amparo, en sustento indicó que el auto del 11 de junio de 2026 que negó la nulidad propuesta por el ejecutado, así como la decisión del 6 de julio siguiente que resolvió el recurso de reposición formulado contra dicha providencia, no resultan caprichosas ni arbitrarias, conforme se sustentaron en la aplicación de las reglas que gobiernan las nulidades.Radicación n.º 76111-22-13-002-2026-00231-01

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IMPUGNACIÓN

La interpuso el promotor, relievó que el a quo constitucional no consideró que se configuró una afectación material a sus derechos fundamentales por « ausencia de defensa técnica » durante el trámite del primer incidente de nulidad, ya que «existiendo las pruebas de la indebida notificación, no fueron aportadas por el apoderado judicial oportunamente».

CONSIDERACIONES

defensa técnica » durante el trámite del primer incidente de nulidad, ya que «existiendo las pruebas de la indebida notificación, no fueron aportadas por el apoderado judicial oportunamente».

CONSIDERACIONES

1. El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la inmediatez, con el que se busca impedir que se desnaturalice el trámite de la tutela, en tanto la protección que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneración o amenaza actual.

Al respecto, ya se encuentra decantado que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuación que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales, como lo ha dicho esta Sala:

En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acción pública, precisa señalar que así como la Constitución Política, impone al Juzgador el deber de brindar protección inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber recíproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia (ordinal 7, artículo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acción constitucional, puede tomarse, ora como síntoma del carácter dudoso de la lesión o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como señal de aceptación a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia,Radicación n.º 76111-22-13-002-2026-00231-01

5 celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesión o amenaza del derecho fundamental.

5 celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesión o amenaza del derecho fundamental.

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por término razonable para la interposición de la acción el de seis meses. (CSJ, STC, 29 abr 2009, rad. 2009 -00624-00, recientemente en STC17149-2025).

Este presupuesto adquiere relevancia cuando la censura se circunscribe a una providencia judicial y su análisis requiere mayor rigor, ya que lo que eventualmente se desvirtuaría serían principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y de contera la autonomía e independencia judicial. Esa es la postura reiterada de esta

Corte:

En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinación judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que éste último no pierda su razón de ser, convirtiéndose, subsecuentemente , en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y legítimos intereses de terceros . (CSJ, STC10554-2018 reiterando STC12196-2014).

2. Anuncia l a Sala que ratificará la negativa del amparo, pero por incumplimiento del principio de la inmediatez, tal como continuación se expone.

2.1. En el asunto, el promotor afirma que en el ejecutivo n.° 2023-XXX-00 se vulneraron sus derechos fundamentales porque no fue debidamente notificado del

inmediatez, tal como continuación se expone.

2.1. En el asunto, el promotor afirma que en el ejecutivo n.° 2023-XXX-00 se vulneraron sus derechos fundamentales porque no fue debidamente notificado del auto que libró mandamiento de pago , motivo por el cual acude al presente amparo pretendiendo que se dejen sinRadicación n.º 76111-22-13-002-2026-00231-01

6 efectos las decisiones emitidas dentro del coercitivo a partir de la providencia del 24 de agosto de 2023.

El actor sostiene que, alegando una indebida notificación, su apoderado judicial elevó solicitud de nulidad, la cual fue negada por el juzgado convocado mediante providencia del 12 de mayo de 2024. Indicó que cambió de apoderado y nuevamente elevó solicitud de nulidad con base en la misma causal, no obstante, la solicitud se rechazó de plano en auto del 11 de junio de 2026, determinación que, recurrida, se mantuvo incólume en auto del 6 de julio siguiente.

Ahora bien, la salvaguarda constitucional fue presentada el 11 de agosto de 2026, es decir que, la acción constitucional se interpuso más de 2 años después de proferida la decisión que negó su solicitud de nulidad, determinación a partir de la cual alega la vulneración de sus garantías fundamentales, por lo que pronto se advierte la desatención del referido presupuesto de procedibilidad de la acción de tutela, comoquiera que, si el pretensor consideraba que dicha determinaci ón transgredía sus prerrogativas, debió acudir al resguardo de manera tempestiva, pero no lo

desatención del referido presupuesto de procedibilidad de la acción de tutela, comoquiera que, si el pretensor consideraba que dicha determinaci ón transgredía sus prerrogativas, debió acudir al resguardo de manera tempestiva, pero no lo hizo dentro del término señalado como prudente por la jurisprudencia constitucional, conforme los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada.

2.2. La desatención de este presupuesto también se pregona de la providencia de 11 de junio de 2026 queRadicación n.º 76111-22-13-002-2026-00231-01

7 despachó desfavorable la solicitud de nulidad elevada por el tutelante, pues aunque se encuentra dentro del término de seis meses, en la medida en que la interposición de una nueva solicitud, en este caso un control de legalidad, fue fundada en similares argumentos a los expuestos y rechazados anteriormente por la autoridad judicial convocada, descarta por completo un debate novedoso y, por ende, carece de aptitud para habilitar el término tempestivo para acudir a la salvaguarda.

Ciertamente, el tutelante interpuso nulidad por la presunta « indebida notificación », no obstante, conforme fue determinado por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Buenaventura, ello fue estudiado en providencia del 14 de mayo de 2024, que resolvió un trámite incidental que fue propuesto por el ejecutado bajo similares argumentos a los nuevamente expuestos.

Como puede observarse, el tutelante pretendió retomar el debate definido en la referida providencia, así las cosas, la

propuesto por el ejecutado bajo similares argumentos a los nuevamente expuestos.

Como puede observarse, el tutelante pretendió retomar el debate definido en la referida providencia, así las cosas, la providencia de 11 de junio no extiende el término de la inmediatez. Al respecto, esta Sala tiene señalado que « a diferencia de lo manifestado en el escrito de impugnación, la solicitud resuelta… retomó la situación definida en pretérita oportunidad …que se encuentra en firme, sin que el haber reiterado sobre el tema, aunque con distinta argumentación, tenga la virtud de desconfigurar el principio [de inmediatez]» (CSJ, STC 27 may. 2011, exp. 00096, citado en STC11447-2024).Radicación n.º 76111-22-13-002-2026-00231-01

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3. Téngase en cuenta que, en algunos casos se ha flexibilizado el requisito de inmediatez, sin embargo, ello solo puede obedecer, entre otras, a la existencia de un motivo válido que justifique la inactividad del accionante para activar la jurisdicción constitucional. Al respecto ha indicado

la Corte:

Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneración del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acción, la Corte ha establecido los siguientes criterios: “(i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii ) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos

justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii ) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición . (CSJ, STC39492021).

En el sub-lite, la Sala no encuentra que las manifestaciones realizadas por el promotor permitan evidenciar alguna de las causales expuestas por la jurisprudencia en cita como eximentes del mentado presupuesto, por lo que se releva a esta particular justicia de ahondar en análisis de otras temáticas , como la juridicidad de las decisiones criticadas, examen que sin duda está condicionado a la superación del referido requisito temporal.

4. Ahora bien, respecto de la presunta negligencia de la profesional del derecho que representó al tutelante en elRadicación n.º 76111-22-13-002-2026-00231-01

9 incidente inicialmente propuesto dentro del coercitivo, se precisa que tal circunstancia, por sí sola, no habilita la intervención del juez de tutela frente a decisiones judiciales.

Sobre el particular, esta Corte tiene decantado que: ‘Tampoco son de recibo las manifestaciones del actor respecto a la negligencia que endilga a su apoderado en el patrocinio de sus derechos , pues esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesión , y que el interesado puede reclamar

respecto a la negligencia que endilga a su apoderado en el patrocinio de sus derechos , pues esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesión , y que el interesado puede reclamar por otras vías, no sirve para edificar una acción de tutela contra decisiones judiciales’ (...) porque el derecho de postulación no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de ‘(...) los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jurídico procesal (...)’, ya que eso sería opuesto a la ordenación del proceso y a los principios de eventualidad y preclusión (…) . (CSJ STC 9 de junio de 2004, exp . 00448-01 reiterada entre otras en STC9510-2016 y STC2401-2026). Negrilla propia.

5. En definitiva, como se superó el término considerado como prudencial para acudir a la salvaguarda, ese sólo criterio resulta suficiente para ratificar la improcedencia del amparo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnación.Radicación n.º 76111-22-13-002-2026-00231-01

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Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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