CSJ - STC20682-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20682-2026 Radicación n.° 11001-02-04-000-2026-02649-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida el 8 de septiembre de 2026 por la Sala de Casación Penal, dentro de la acción de tutela promovida por Alberto Herrera Romero contra el Juzgado Treinta y Siete Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá , trámite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso penal 2019-02497.

ANTECEDENTES

1. El accionante, en nombre propio, reclama la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y presunción de inocencia, así como del principio in dubio pro reo, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas.Rad. n.° 11001-02-04-000-2026-02649-01

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2. De las pruebas incorporadas al expediente y el escrito de tutela se extrae que el Juzgado Treinta y Siete Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó al tutelante a 360 meses de prisión por la comisión de los delitos de homicidio agrav ado en grado de tentativa, en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego,

de los delitos de homicidio agrav ado en grado de tentativa, en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones (5 oct. 2020); decisión que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó (24 abr. 2025), sin que contra ella se interpusiera el recurso de casación.

Afirma que, con esas providencias, se incurrió en defecto fáctico y violación directa de la Constitución. Lo anterior, porque i. la condena se fundó « unicamente por la creabilidad que el juez le dio a las víctimas», cuando «solo hay palabra contra palabra»; ii. el arma nunca fue incautada, pues « no hay acta de incautación», de modo que el porte es atípico y, con él, desaparecen el concurso heterogéneo y la agravante del homicidio, ya que «me condenaron por un arma fantasma»; y iii. sin el arma no podía acreditarse la idoneidad del medio para la tentativa, por lo que las instancias debieron aplicar el in dubio pro reo y absolverlo.

3. En este contexto, solicitó dejar sin efecto las sentencias condenatorias y ordenar al Juzgado Treinta y Siete Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá proferir un nuevo fallo en el que lo absuelva del porteRad. n.° 11001-02-04-000-2026-02649-01 3 agravado «por atipicidad al no haver (sic) incautación», lo absuelva o recalifique las tentativas y disponga su libertad inmediata.

3 agravado «por atipicidad al no haver (sic) incautación», lo absuelva o recalifique las tentativas y disponga su libertad inmediata.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá precisó que en la sentencia de segunda instancia se expusieron los motivos para confirmar la condena; además, advirtió que esa decisión, notificada el 30 de abril de 2025, no fue recurrida en casación, y que el tutelante no explicó por qué dejó transcurrir más de un año para acudir al amparo.

2. El Juzgado Treinta y Siete Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá relató las principales actuaciones del proceso penal e informó que el incidente de reparación integral, iniciado el 27 de agosto de 2025, continúa en curso; también, señaló que la inconformidad se limita a la valoración probatoria, que no se promovió la casación y que la tutela se interpuso tardíamente.

3.- La Procuradora 7 Judicial Penal II de Bogotá pidió declarar improcedente el amparo por falta de inmediatez, pues la última sentencia data de más de dieciséis meses atrás, sin que el tutelante, pese a su reclusión, justificara la demora; en todo caso, a notó que no existe tarifa legal probatoria y que las instancias valoraron, además de los testimonios, las lesiones de las víctimas, los proyectiles, el lago hemático y las grabaciones de seguridad, medios con los que también se acreditó la existencia del arma.Rad. n.° 11001-02-04-000-2026-02649-01 4

lago hemático y las grabaciones de seguridad, medios con los que también se acreditó la existencia del arma.Rad. n.° 11001-02-04-000-2026-02649-01 4 4.- La Fiscal 191 Seccional de la Unidad de Vida de Bogotá solicitó negar el amparo, toda vez que la incautación del arma no es indispensable para estructurar el porte ni la tentativa de homicidio, y la discrepancia con la valoración probatoria no vulnera garantías fundamentales.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Juez constitucional de primer grado declaró improcedente la acción de tutela, dado que no se cumplieron los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.

IMPUGNACIÓN

El gestor impugnó con argumentos análogos a los de la queja inicial.

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de carácter residual y subsidiario, toda vez que sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervención del juezRad. n.° 11001-02-04-000-2026-02649-01 5 excepcional con el fin de restablecer el orden jurídico, quebrantado, aparentemente, por una autoridad judicial, a saber:

5 excepcional con el fin de restablecer el orden jurídico, quebrantado, aparentemente, por una autoridad judicial, a saber:

«(i) que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una ca rga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión ius fundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela.» (CC C-590/05 y SU-813/07).

De igual forma, superadas cada una de las anteriores exigencias, es imprescindible que se haya configurado alguno de los defectos específicos, esto es, sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constitución.

2. Examinada la queja constitucional al tenor de la jurisprudencia aplicable y su cotejo con la información extractada de las pertinentes piezas procesales adosadas al

o que se haya violado directamente la Constitución.

2. Examinada la queja constitucional al tenor de la jurisprudencia aplicable y su cotejo con la información extractada de las pertinentes piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificará el fallo desestimatorio de primer grado, en virtud del incu mplimiento del requisito de inmediatez y ante la incuria del accionante para cuestionar la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá (24 abr. 2025), a través de la cual se confirmó laRad. n.° 11001-02-04-000-2026-02649-01 6 condena de 360 meses de prisión que le fue impuesta por el

Juzgado Treinta y Siete Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

2.1. Y es que tal y como se señaló con anterioridad, este mecanismo constitucional tiene cabida solo de manera excepcional, en tanto que su aplicación procede únicamente para la «protección inmediata» de los derechos constitucionales fundamentales (art. 86 C.P.), razón por la cual, su objetivo se desvanece si su ejercicio es tardío. Al respecto tiene dicho la Sala:

«(…) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acción pública, precisa señalar que así como la Constitución Política, impone al Juzgador el deber de brindar protección inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber recíproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia (ordinal 7, artículo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acción constitucional, puede

deber recíproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia (ordinal 7, artículo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acción constitucional, puede tomarse, ora como síntoma del carácter dudoso de la lesión o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como señal de aceptación a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesión o amenaza del derecho fundamental.

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por término razonable para la interposición de la acción el de seis meses.» (CSJ STC, 29 abr. 2009, Rad. 2009 -00624-00, reiterada, entre otras, en CSJ STC, 25 de ene. 2023, Rad. 2023-02630-01 y STC6156-2025).

Aunado a lo anterior, cuando la censura se dirige contra una determinación judicial, el mentado requisito adquiere más relevancia; en esos casos, el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse aún más riguroso, ya que lo queRad. n.° 11001-02-04-000-2026-02649-01 7 eventualmente se desvirtuaría serían principios esenciales como la cosa juzgada, la seguridad jurídica y, de contera, la autonomía e independencia judicial.

Así las cosas, la Sala encuentra que la última decisión proferida al interior del proceso penal cuestionado es la sentencia de segunda instancia del 24 de abril de 2025 ,

autonomía e independencia judicial.

Así las cosas, la Sala encuentra que la última decisión proferida al interior del proceso penal cuestionado es la sentencia de segunda instancia del 24 de abril de 2025 , mientras que el amparo constitucional sólo se promovió el 25 de agosto de 2026, superándose con creces el término que se ha entendido como prudente y razonable para ejercer la acción, situación que impide examinar de fondo el asunto, pues, la demora en incoar la protección supralegal es suficiente para descartar la presencia de arbitrariedades por parte de las autoridades convocadas y que tengan efectos en las prerrogativas fundamentales.

Ahora, en algunos casos se ha flexibilizado el requisito de inmediatez, y superado su ausencia, sin embargo, ello solo puede obedecer, entre otras, a la existencia de un motivo válido que justifique la inactividad del accionante para activar la jurisdicción constitucional. Al respecto ha indicado la Corte:

«(…) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneración del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acción, la Corte ha establecido los siguientes criterios: “(i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vul neración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción

afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vul neración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de losRad. n.° 11001-02-04-000-2026-02649-01 8 derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición (…).» (CSJ STC, 15 de abr. 2021, Rad. 2021-01055-00, citada en STC6156-2025).

En el sub examine la Corte encuentra que el quejoso no pretendió justificar su tardanza para acudir al amparo, y su condición de privado de la libertad no resulta suficiente para prescindir de dicho análisis, pues, como lo advirtió el a quo, podía presentar sus solicitudes a través de la oficina jurídica del establecimiento penitenciario.

3. Lo antes enunciado, resulta suficiente para respaldar el fallo impugnado y, por tanto, confirmar la resolución adoptada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto a las partes y al a -quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Comuníquese lo resuelto a las partes y al a -quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO Presidente de SalaRad. n.° 11001-02-04-000-2026-02649-01 9

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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