CSJ - STC20685-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20685-2026 Radicación n.º 15001-22-13-000-2026-00224-01 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia de 27 de agosto de 2026 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro de la acción de tutela promovida por J. A. G.

W. contra el Juzgado Tercero de Familia de la misma ciudad, trámite al cual fueron vinculadas l as partes e intervinientes en el ejecutivo de alimentos con radicado n.°

2023-XXX-00.

ANOTACIÓN PRELIMINAR

En aras de garantizar la protección a la intimidad de los menores de edad involucrado s en el presente asunto, se suprimirá de toda futura publicación de esta providencia la información de cualquier dato que permita su identificación, para lo cual se elaborará otro texto, de igual tenor, que seráRadicación n.º 15001-22-13-000-2026-00224-01

2 el publicable para todos los efectos, de conformidad con el artículo 1 del Acuerdo n.º 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

ANTECEDENTES

1. El accionante reclamó la protección de sus derechos fundamentales a «la dignidad humana, igualdad, honra y

esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

ANTECEDENTES

1. El accionante reclamó la protección de sus derechos fundamentales a «la dignidad humana, igualdad, honra y buen nombre, mínimo vital, trabajo, igualdad entre los hijos integrantes del núcleo familiar, salud, seguridad social, educación », presuntamente vulnerados por la autoridad enjuiciada.

2. En síntesis, expuso que P. T. A. G., en representación de su hijo menor A.D.G.A., promovió en su contra ejecutivo de alimentos, asunto que correspondió al Juzgado Tercero de Familia de Tunja , el cual libró mandamiento de pago y decretó el embargo del 40% de su salario, así como de las prestaciones sociales, bonificaciones, primas, liquidaciones y demás emolumentos embargables.

3. El tutelante se queja de que las medidas adoptadas por el juzgado afectan su mínimo vital y desconocen que tiene obligaciones alimentarias con otra hija, quien también es menor de edad, por tanto, solicitó que se ordene al estrado accionado que revoque la medida cautelar sobre su salario e informe a su empleador, para que se dejen de realizar los descuentos a su nómina.Radicación n.º 15001-22-13-000-2026-00224-01

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1. El Juzgado Tercero de Familia de Tunja solicitó que se declare la improcedencia del amparo, en sustento, informó que, con base en el acta de un acuerdo conciliatorio, mediante auto del 13 de marzo de 2023 libró mandamiento de pago en contra del tutelante . Relievó que aquel, allegó

que se declare la improcedencia del amparo, en sustento, informó que, con base en el acta de un acuerdo conciliatorio, mediante auto del 13 de marzo de 2023 libró mandamiento de pago en contra del tutelante . Relievó que aquel, allegó unos soportes de pago, actuación de la derivó su enteramiento de la actuación, sin embargo, no contestó la demanda ni formuló excepciones, por lo que mediante auto del 25 de julio de 2023 ordenó seguir adelante con la ejecución.

Señaló que el 12 de febrero de 2026, P. T. comunicó que el ejecutado cumplía parcialmente sus obligaciones alimentarias, por lo que a través de auto del 3 de julio de 2026 decretó la medida cautelar de embargo del salario y ofició al empleador para que realizara los descuentos correspondientes, determinación que, en todo caso, no fue recurrida por el solicitante.

2. P. T. A., madre del menor ejecutante, se opuso a la prosperidad del resguardo. Destacó que el incumplimiento del alimentante no obedece a un evento reciente, sino a una acumulación de más de 3 años. Resaltó que el pretensor tiene conocimiento del ejecutivo adelant ado y es en esa causa donde debe plantear sus inconformidades.Radicación n.º 15001-22-13-000-2026-00224-01

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3. El Defensor de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar , Regional de Tunja, emitió concepto indicando que no considera que se estén vulnerando las garantías fundamentales del solicitante ya que «el artículo 130 de la Ley 1098 de 2006 faculta al juez para ordenar el descuento de

Bienestar Familiar , Regional de Tunja, emitió concepto indicando que no considera que se estén vulnerando las garantías fundamentales del solicitante ya que «el artículo 130 de la Ley 1098 de 2006 faculta al juez para ordenar el descuento de hasta el cincuenta por ciento (50%) del salario y prestaciones sociales del alimentante asalariado, como mecanismo destinado a asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones alimentarias», por tanto, la cuantía embargada no resulta contraria a la legislación aplicable.

4. La Procuradora Judicial 30 para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, conceptuó que no se evidencia la configuración de una vía de hecho , ni de una vulneración de derechos fundamentales atribuible al despacho accionado, en la medida que se emitió decisión con base en la normativa aplicable al asunto.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja declaró improcedente la salvaguarda por inobservancia del criterio de subsidiariedad, puesto que el tutelante no ha expresado sus inconformidades ante la autoridad judicial cognoscente del ejecutivo que en su contra se tramita.

IMPUGNACIÓNRadicación n.º 15001-22-13-000-2026-00224-01

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El querellante discrepó de la anterior determinación , reiterando los argumentos expuestos en su escrito inaugural, no obstante, nada indicó sobre el incumplimiento advertido sobre el requisito de procedibilidad.

CONSIDERACIONES

1. Corresponde a la Corte establecer si el presente

reiterando los argumentos expuestos en su escrito inaugural, no obstante, nada indicó sobre el incumplimiento advertido sobre el requisito de procedibilidad.

CONSIDERACIONES

1. Corresponde a la Corte establecer si el presente resguardo atiende el presupuesto de la subsidiariedad que le es connatural y, solo de superarse tal examen, si el Juzgado Tercero de Familia de Tunja vulneró las prerrogativas invocadas por el promotor dentro del coercitivo en el que es ejecutado, en el marco de la actuación que ordenó el embargo del 40% de su salario.

2. Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acción consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una vía de hecho, por supuesto, bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un término razonable a formular la queja y haya utilizado los mecanismos idóneos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesión alegada.

3. Frente al presupuesto de la subsidiariedad el precedente constitucional tiene decantado que la acción deRadicación n.º 15001-22-13-000-2026-00224-01

6 tutela, dada su naturaleza eminentemente residual, no fue establecida para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales , pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa

6 tutela, dada su naturaleza eminentemente residual, no fue establecida para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales , pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos estén siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio, a menos que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Al efecto, la Sala ha señalado: Recuérdese que la acción de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse sólo cuando en el escenario natural del respectivo trámite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, únicamente es permiti da la revisión del desarrollo procesal respecto de las garantías propias del juicio, pero en ningún momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constitución o la ley les han asignado la competencia p ara resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conduciría a invadir su órbita de acción y a quebrantar la Carta Política . (CSJ, STC102792017).

Ligado al anterior criterio, se ha destacado que este también se incumple cuando la demanda procura la protección constitucional de asuntos que están pendientes de resolución en el marco de un trámite judicial en curso , pues frente a cualquier presunta irregularidad atribuible al operador judicial, la misma debe ser propuesta y debatida al interior de la respectiva causa, a través de los instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico, aun cuando esa oportunidad se e xtienda hasta la sentencia, pues le está

operador judicial, la misma debe ser propuesta y debatida al interior de la respectiva causa, a través de los instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico, aun cuando esa oportunidad se e xtienda hasta la sentencia, pues le está vedado a esta jurisdicción anticiparse en la adopción deRadicación n.º 15001-22-13-000-2026-00224-01

7 determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, toda vez que no puede arrogarse facultades ajenas.

4. Circunscrita a los términos de la impugnación , la Sala considera pertinente ratificar el fallo de primera instancia, ya que conforme a lo razonado por el a quo, el resguardo no satisface el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse, conforme lo prevé el numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 , tal como pasa a exponerse.

En el asunto, de acuerdo con los antecedentes y anexos que conciernen al ejecutivo criticado, pudo comprobarse que la causa judicial se encuentra cursando en el Juzgado Tercero de Familia de Tunja, en el cual se emitió el auto del 3 de julio de 2026 decretando medida de embargo y retención del 40% del salario y emolumentos de J. A. G. W., e igualmente se dispuso a oficiar al pagador de Socada S.A. , actual empleador del ejecutado.

En esta sede, el tutelante viene cuestionando la referida decisión por considerar que el porcentaje embargado transgrede sus garantías fundamentales, no obstante, aquella providencia no fue cuestionada por el aquel en

actual empleador del ejecutado.

En esta sede, el tutelante viene cuestionando la referida decisión por considerar que el porcentaje embargado transgrede sus garantías fundamentales, no obstante, aquella providencia no fue cuestionada por el aquel en reposición ante el juzgado de conocimiento , a la luz del artículo 318 del estatuto procesal, y subsidiariamente en apelación, conforme dispone el numeral 8 del canon 321 ibidem.Radicación n.º 15001-22-13-000-2026-00224-01

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De acuerdo con lo expuesto, es evidente que el accionante desperdició los instrumentos previstos para discutir la decisión de la que hoy se queja en sede de tutela, pues recuérdese que Sala ha sido enfática en precisar que «si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jurídico, - como aquí ocurrió -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (…) » (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027 -01, reiterada entre muchas otras en,

STC7002-2015 y STC11856-2015).

Igualmente se advierte anticipado cualquier pronunciamiento frente a los reproches que expone el actor respecto a los pagos de las cuotas alimentarias que dice que ha realizado , pues la causa ejecutiva se encuentra en trámite, por lo que allí es donde debe exponer los argumentos en defensa de sus intereses.

Dado ese contexto, resulta improcedente el resguardo porque no puede admitirse que por medio de este trámite constitucional se pretenda proveer solución a cuestiones que corresponde dirimir a los jueces ordinarios en las respectivas

Dado ese contexto, resulta improcedente el resguardo porque no puede admitirse que por medio de este trámite constitucional se pretenda proveer solución a cuestiones que corresponde dirimir a los jueces ordinarios en las respectivas instancias, pues el amparo no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo o alterno de los medios de defensa establecidos por la ley, y menos para anticiparse a las decisiones que compete proferir a la autoridad judicial.Radicación n.º 15001-22-13-000-2026-00224-01

9 En esas condiciones, acudir al auxilio constitucional deviene en improcedencia mientras el juicio controvertido esté surtiéndose, tal como esta Corporación ha sostenido:

[E]l amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que, … en tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial de protección es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipotética vulneración de sus derechos fundamentales, si gozó y aún cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa…. Por lo demás, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, según la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucio nal, que le está vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente …para que de una manera rápida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso’, pues,

por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente …para que de una manera rápida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso’, pues, reitérese, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera específica señale la ley (…) . (CSJ, STC 22 feb. 2010, rad. 2010-00312-01, citado en STC900-2016 y STC4645-2016).

5. Corolario de lo discurrido, se confirmará el fallo impugnado dada la evidente improcedencia del resguardo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y porRadicación n.º 15001-22-13-000-2026-00224-01

10 autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnación.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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