CSJ - STC20687-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20687-2026 Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02062-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Familia del Tribunal Superior de Bogotá el pasado 14 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela promovida por S.C.S.C., en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad J.R.S., contra el Juzgado Treinta y Cinco de Familia de la misma ciudad ; trámite al cual fueron vinculadas las autoridades, partes e intervinientes dentro de l juicio de aumento de cuota alimentaria No. 2024-00000.

ANOTACIÓN PRELIMINAR

En aras de garantizar la protección a la intimidad del menor de edad involucrad o en el presente asunto, se suprimirá de toda futura publicación de esta providencia la información de cualquier dato que permita su identificación,Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02062-01 2 para lo cual se elaborará otro texto, de igual tenor, que será el publicable para todos los efectos, de conformidad con el artículo 1° del Acuerdo nº 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

ANTECEDENTES

1. La accionante reclama la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la

de esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

ANTECEDENTES

1. La accionante reclama la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y vida libre de violencia económica, junto con los derechos prevalentes de su hijo a los alimentos, la salud y la educació n, que estima quebrantados por la autoridad convocada.

2. Como soporte de su queja, expuso que el 21 de enero de 2020, en conciliación celebrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá, ella y J.C.R., padre del niño, fijaron una cuota alimentaria de $200.000 mensuales indexada al IPC, tres mudas de ropa al año y el 50% de los gastos de educación y salud a cargo de cada progenitor, obligación que, ante el incumplimiento del alimentante, debió ejecutar ante el Juzgado Treinta de Familia de Bogotá.

3. Relató que promovió proceso de aumento de cuota alimentaria ante el Juzgado Treinta y Cinco de Familia de Bogotá, despacho que, por auto del 24 de julio de 2025, tuvo por extemporánea la contestación del demandado y negó la exhibición de documentos que pid ió para establecer su capacidad económica.Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02062-01

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4. Narró que en la audiencia del 18 de febrero de 2026 el progenitor declaró ingresos por $2.000.000 mensuales y relacionó gastos que ascienden a $2.010.000, y que en la misma diligencia se decretaron pruebas de oficio.

5. Señaló que el demandado constituyó títulos

mensuales y relacionó gastos que ascienden a $2.010.000, y que en la misma diligencia se decretaron pruebas de oficio.

5. Señaló que el demandado constituyó títulos judiciales por $7.200.000 el 17 de febrero de 2026 y por $11.700.000 el 27 de mayo siguiente, este último para cancelar la deuda del proceso ejecutivo, documentos que el juzgado incorporó al expediente por auto de l 30 de julio de

2026.

6. Expuso que, en sentencia del 14 de agosto de 2026, el despacho accionado negó las pretensiones y la condenó en costas, al concluir que no se acreditó la variación de la capacidad económica del alimentante, que fijó en $2.000.000 a partir de la sola declaración de este.

7. Agregó que se encuentra desempleada desde el 25 de mayo de 2026, circunstancia que el juzgado no conoció por ser posterior al interrogatorio.

8. La tutelante reprochó a la juez haber acogido la palabra del demandado sobre sus ingresos sin advertir la contradicción con sus gastos ni valorar los $18.900.000 que movilizó en menos de cien días, no haber aplicado el artículo 97 del Código General del Proceso pese a tener por no contestada la demanda, ni la facultad del inciso noveno del artículo 129 de la Ley 1098 de 2006 para estimar la solvencia del alimentante, y haber omitido el enfoque de género. ConRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02062-01 4 ello, atribuyó a la providencia cuestionada defecto fáctico, defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y

4 ello, atribuyó a la providencia cuestionada defecto fáctico, defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

9. Con fundamento en lo expuesto, la promotora solicitó amparar los derechos invocados, dejar sin efectos la sentencia del 14 de agosto de 2026, incluida la condena en costas, y ordenar que se profiera una nueva decisión que valore la totalidad de la prueba, previo decreto oficioso de las necesarias para establecer la capacidad económica del padre.

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS

1. El Juzgado Treinta y Cinco de Familia de Bogotá pidió negar el amparo. Destacó que valoró en conjunto las pruebas allegadas en oportunidad, por lo que no consideró el título del archivo 035, que no fue pedido ni decretado en la oportunidad procesal prevista para ello . Agregó que el interrogatorio del demandado lo solicitó la propia actora, que la carga dinámica de la prueba no podía suplir la inactividad probatoria de esta para demostrar el aumento de la capacidad económica del alimentante y que ninguna de las partes alegó en el proceso la necesidad de un enfoque de género.

2. J.C.R., por conducto de apoderada, solicitó declarar improcedente o negar el amparo. Sostuvo que la tutela encubre una inconformidad con la valoración probatoria, que los títulos judiciales no prueban unaRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02062-01 5 capacidad económica permanente . Posteriormente informó que la actora trabaja actualmente en una empresa.

probatoria, que los títulos judiciales no prueban unaRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02062-01 5 capacidad económica permanente . Posteriormente informó que la actora trabaja actualmente en una empresa.

3. El Banco Agrario de Colombia S.A. pidió su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. Indicó que no recibió solicitud alguna de información sobre los depósitos judiciales, que su función en esa materia es operativa y que está sujeto a reserva bancaria.

4. La Cámara de Comercio de Bogotá también alegó falta de legitimación por pasiva. Explicó que el acuerdo de 2020 se celebró en una conciliación en equidad adelantada en su Centro de Arbitraje y Conciliación y que no tiene injerencia en el proceso cuestionado.

LA SENTENCIA IMPUGNADA

La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá negó el amparo. Consideró que la juez explicó de manera razonable por qué las pruebas no acreditaban la variación de la capacidad económica del alimentante, y que la actora no indicó qué le impidió obtener las pruebas que echaba de menos ni cuál debía decretarse de oficio. Añadió que la perspectiva de género no autoriza a atribuir a los medios de convicción un alcance que objetivamente no tienen.

IMPUGNACIÓN

La actora insistió en el amparo. Adujo que el a quo no examinó sus reparos concretos: la presunción del artículo 97Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02062-01 6 del Código General del Proceso, los títulos de los archivos 034

examinó sus reparos concretos: la presunción del artículo 97Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02062-01 6 del Código General del Proceso, los títulos de los archivos 034 y 035, la contradicción entre los ingresos y los gastos del demandado y el tenor disyuntivo del artículo 129 de la Ley 1098 de 2006. Agregó que tampoco verificó si la juez aplicó el enfoque de género, y que ella sí pidió la exhibición de documentos e identificó las pruebas de oficio necesarias. Solicitó revocar el fallo.

CONSIDERACIONES

1. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado, en línea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener incólumes los principios que contem plan los artículos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.

Por regla de excepción se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protección judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar ían imperiosa la intervención del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico.Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02062-01 7

ponderado estudio tornar ían imperiosa la intervención del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico.Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02062-01 7 Así, sobre la pretensión de exigir al juzgador una determinada interpretación de las normas procesales o una específica valoración probatoria , la Sala en precedencia ha indicado que «no se puede recurrir a la acción tutelar para imponer al fallador una determinada interpretación de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una específica valoración probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes ». (CSJ, STC17645-2025, en cita de, entre otros, STC 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01).

De manera que esta particular justicia sólo intervendría cuando eventualmente la decisión cuestionada sea producto de un proceder notorio, flagrante y manifiestamente apartado del ordenamiento jurídico, con incidencia directa en las garantías fundamentales de la impugnante.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Juzgado Treinta y Cinco de Familia de Bogotá, al negar el aumento de la cuota alimentaria en sentencia del 14 de agosto de 2026, incurrió en defecto fáctico, defecto sustantivo, desconocimiento del precedente o violación directa de la Constitución, por fijar la capacidad económica del alimentante con base en su declaración, no aplicar los artículos 97 del Código General del Proceso y 129 de la Ley 1098 de 2006 y omitir el enfoque de género, o si esa decisión obedece a una apreciación

capacidad económica del alimentante con base en su declaración, no aplicar los artículos 97 del Código General del Proceso y 129 de la Ley 1098 de 2006 y omitir el enfoque de género, o si esa decisión obedece a una apreciación razonable amparada en la autonomía judicial.

3. Caso concretoRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02062-01

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Se anticipa que la Sala confirmará la negativa del amparo, pues en la providencia cuestionada no se vislumbra irregularidad que imponga la injerencia del juez constitucional.

3.1. No se configura defecto fáctico. La juez relacionó las pruebas documentales, entre ellas las del archivo 034, a las que otorgó valor probatorio , y los interrogatorios de ambas partes. De ese conjunto concluyó que el material allegado por la demandante resultó insuficiente para acreditar una capacidad económica del deudor distinta de la que este expuso y de la que tenía en 2020, cuando se fijó la cuota. Ni los títulos constituidos para atender el proceso ejecutivo ni la estrecha diferencia entre los rangos de ingresos y gastos que el demandado declaró imponen, por sí solos, una conclusión distinta, pues aquellos corresponden al pago de una deuda ali mentaria y esta obedece a cifras aproximadas.

Frente al título del archivo 035, el juzgado explicó que no fue pedido ni decretado como prueba, según lo expuso en el auto del 30 de julio de 2026, que no fue recurrido. Tampoco prospera el reparo sobre la póliza del archivo 034 ,

no fue pedido ni decretado como prueba, según lo expuso en el auto del 30 de julio de 2026, que no fue recurrido. Tampoco prospera el reparo sobre la póliza del archivo 034 , pues la juez la registró como seguro educativo a favor del niño, en los términos en que la describió el propio demandado, y la recurrente, que afirma que se trata de un seguro de pensiones a nombre de este, no acreditó esa circunstancia en el presente trámite.Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02062-01 9 Y si la actora echa de menos otras pruebas sobre la capacidad del demandado, se advierte que la juez decretó pruebas de oficio en la audiencia del 18 de febrero de 2026 y que la exhibición de documentos que pidió fue negada por auto del 24 de julio de 2025 , contra el cual no se interpusieron recursos, oportunidad procesal que la tutela no está llamada a revivir. Que la conclusión de la juez sobre la capacidad económica del alimentante admita otra posible lectura no la torna arbitraria.

3.2. Tampoco se advierte defecto sustantivo. La juez no desconoció el inciso octavo del artículo 129 de la Ley 1098 de 2006, pues partió de que la obligación alimentaria se mide por la necesidad del beneficiario y por la capacidad del deudor, de modo que, aun cuando las necesidades del niño hubiesen aumentado, el incremento exigía que el alimentante pudiera asumirlo sin sacrificar su propia subsistencia. Con esa premisa examinó incluso la alternativa de una cuota integral, y concluyó que el acuerdo de 2020 resultaba más favorable para el menor, pues mantiene a cargo del padre la

pudiera asumirlo sin sacrificar su propia subsistencia. Con esa premisa examinó incluso la alternativa de una cuota integral, y concluyó que el acuerdo de 2020 resultaba más favorable para el menor, pues mantiene a cargo del padre la cuota mensual, el vestuario y el 50% de los gastos de educación y salud. Por su parte, la presunción del artículo 97 del Código General del Proceso recae sobre hechos susceptibles de confesión, y los que la recurrente señala , tales como la profesión del demandado, la propiedad de un inmueble y la ausencia de otras cargas , no acreditan, sin más, ingresos superiores a los declarados.

3.3. Por otro lado, la omisión del enfoque de género no se acredita. Esa herramienta no altera las reglas de la cargaRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02062-01 10 de la prueba ni autoriza a presumir ingresos que no fueron demostrados, y en el proceso no se planteó ni se evidenció un contexto de desigualdad que exigiera un análisis diferente. La decisión, además, resguardó el interés del niño al conservar el esquema que le resultaba más favorable, y el incumplimiento del padre cuenta con el proceso ejecutivo que la propia madre promovió. El desempleo posterior de la actora, que el juzgado no pudo conocer, tampoco estructura un defecto de la sentencia. Ese hecho puede plantearse ante el juez de familia, pues la cuota admite modificación cuando varían las circunstancias de las partes.

3.4. Así mismo, no se configura desconocimiento del precedente ni violación directa de la Constitución. La impugnante invoca la jurisprudencia sobre la presunción de

varían las circunstancias de las partes.

3.4. Así mismo, no se configura desconocimiento del precedente ni violación directa de la Constitución. La impugnante invoca la jurisprudencia sobre la presunción de solvencia del alimentante y el deber de decretar pruebas de oficio, pero no demuestra que la juez se apartara de una regla concreta aplicable a supuestos análogos. La presunción de que el deudor devenga al menos el salario mínimo opera a falta de prueba de su solvencia, y aquí la juez sí contaba con unos ingresos tenidos por acreditados. Por la mism a razón, no se advierte afectación de los artículos 13, 29, 43 y 44 superiores, pues la decisión mantuvo vigente la obligación alimentaria del padre en las condiciones más favorables para el menor. El cargo, en realidad, reformula la inconformidad de la gestora con la valoración probatoria.

3.5. Descartados los defectos alegados, l o que se advierte, entonces, es una diferencia de criterio de la actora frente a l razonamiento de la autoridad cuestionada,Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02062-01 11 adoptado en ejercicio de sus facultades y amparad o en los principios de autonomía e independencia judicial, situación que per se no abre paso a la protección constitucional, pues la acción de tutela no comporta una instancia adicional para prolongar el debate ya definido por los jueces naturales.

Al respecto, se ha insistido en que:

«independientemente de que se comparta o no la hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la

prolongar el debate ya definido por los jueces naturales.

Al respecto, se ha insistido en que:

«independientemente de que se comparta o no la hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, la reseñada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque éste pueda ser susceptible de otra exégesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia .» (CSJ, STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367 -00, reiterado, STC6192023).

4. Conclusión

En definitiva, como la decisión recriminada no constituye arbitrariedad susceptible de corrección por esta excepcional vía, porque lo pretendido por la reclamante es anteponer su propio criterio al de la autoridad cuestionad a, se confirmará la negativa del resguardo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto deRadicación n.º 11001-22-10-000-2026-02062-01 12 impugnación, por las razones expuestas en la parte considerativa.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las

12 impugnación, por las razones expuestas en la parte considerativa.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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