CSJ - STC20690-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20690-2026 Radicación nº 11001-02-04-000-2026-02512-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casación Penal el 1º de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela promovida por Osmar Darío Contreras Castro , contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Sala Penal, trámite al cual fueron vinculados el Juzgado Quince Penal del Circuito de esa ciudad y las partes e intervinientes en el proceso penal radicado nº 2020-09623.

ANTECEDENTES

1. El solicitante, a través de apoderado 1, reclamó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción y acceso a la administración de

1 Abogado: JHONATAN SALAMANCA RENGIFORad. nº 11001-02-04-000-2026-02512-01

2 justicia, presuntamente vulnerado s por colegiatura convocada.

2. Del escrito inicial y los anexos, se extrae en

síntesis que:

2.1. A Osmar Darío Contreras Castro el 23 de enero de 2024 la fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir agravado . Posteriormente, presentó escrito de acusación en el que se

de 2024 la fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir agravado . Posteriormente, presentó escrito de acusación en el que se relacionaron hasta 13 testimonios y otras pruebas documentales que pretende hacer valer en el juicio. La audiencia respectiva se llevó a cabo el 7 de abril de 2025.

Luego, en la audiencia preparatoria del 8 de mayo de 2026, la fiscalía solicitó el decreto de los medios de prueba. La defensa del procesado se opuso a la solicitud tras alegar que aquellos no fueron descubiertos en debida forma en la audiencia de formulación de acusación y pidió su exclusión; sin embargo, el juzgado no accedió a lo reclamado por la defensa y procedió a decretar las pruebas pedidas por el delegado fiscal. El apoderado del enjuiciado apeló esa determinación.

El 22 de julio de 2026 la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, confirmó en su integridad la decisión del aquo, en el sentido de encontrar acreditado el descubrimiento material de los testimonios y demás medios de prueba por parte de la fiscalía.Rad. nº 11001-02-04-000-2026-02512-01

3 2.2. Acudió el accionante a la presente salvaguarda para cuestionar la decisión del tribunal que ratificó el decreto de la totalidad de las pruebas requeridas por la fiscalía en la audiencia preparatoria.

Cuestionó puntualmente que no se hubieran excluido y/o rechazado trece testimonios solicitados por el ente persecutor con fundamento en que dichos medios de prueba no fueron verbalizados durante la audiencia de formulación

audiencia preparatoria.

Cuestionó puntualmente que no se hubieran excluido y/o rechazado trece testimonios solicitados por el ente persecutor con fundamento en que dichos medios de prueba no fueron verbalizados durante la audiencia de formulación de acusación, es decir, descubiertos en debida forma.

Alegó que el tribunal accionado dio por acreditado un descubrimiento material global sin verificar ni individualizar prueba por prueba, si cada uno de los testimonios y sus soportes fueron efectivamente puestos a disposición de la defensa. Asimismo, sostuvo que la decisión se basó en «afirmaciones sobre la remisión de archivos digitales a una dirección de correo electrónico que presentó discordancias con la de su apoderado».

Adujo que la providencia incurrió en «defectos fáctico, de motivación insuficiente, sustantivo y procedimental » principalmente porque no abordó los planteamientos expuestos en la apelación en torno a la verificación correcta del descubrimiento probatorio, la correspondencia entre lo supuestamente descubierto y lo enunciado, la naturaleza de los medios de prueba, la constancia de su entrega efectiva y la argumentación en cuanto a que las omisiones denunciadas «no afectaron la contradicción a la luz del principio de trascendencia».Rad. nº 11001-02-04-000-2026-02512-01

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3. Por lo anterior, pidió que se deje sin efecto el auto de segunda instancia del 22 de julio de 2026, « únicamente en cuanto confirmó la negativa de exclusión y rechazo respecto de los testimonios controvertidos »; y, ordenar al tribunal accionado proferir una nueva decisión que, « con motivación suficiente,

cuanto confirmó la negativa de exclusión y rechazo respecto de los testimonios controvertidos »; y, ordenar al tribunal accionado proferir una nueva decisión que, « con motivación suficiente, verifique de manera individualizada si cada uno de esos testimonios fue materialmente descubierto a quién, cuándo, cómo y con qué constancia y si la omisión reconocida produjo o no una afecta ción material del derecho de defensa».

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1. La Magistrada ponente de la decisión recriminada, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali , sin pronunciarse expresamente sobre las pretensiones de la demanda de tutela, pidió remitirse a los argumentos plasmados en la decisión del 22 de julio de este año que ratificó la negativa de la exclusión probatoria de la fiscalía.

2. El Juzgado Quince Penal del Circuito de Cali manifestó que en la audiencia preparatoria del 8 de mayo de 2026 resolvió la solicitud de la defensa con participación de los sujetos procesales y decretó la totalidad de las pruebas de las partes, decisión que posteriormente fue revisada y respaldada por el superior funcional.

3. La Procuraduría 74 Judicial II Penal de Cali solicitó desestimar el amparo tras considerar que no se configuró defecto alguno, toda vez que los 13 testimonios figuraban en el anexo del escrito de acusación y la entidadRad. nº 11001-02-04-000-2026-02512-01

5 acusadora remitió 39 archivos digitales al correo de la defensa dentro de los tres días siguientes a la acusación.

4. La Fiscalía 113 Seccional de Cali señaló que las

5 acusadora remitió 39 archivos digitales al correo de la defensa dentro de los tres días siguientes a la acusación.

4. La Fiscalía 113 Seccional de Cali señaló que las partes contaron con la oportunidad procesal para formular y controvertir solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, por lo que la controversia ya había sido examinada por los jueces ordinarios sin evidenciarse arbitrariedades.

FALLO DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL

Declaró improcedente el resguardo por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad debido a que el proceso penal en cuestión se encuentra en trámite y, por lo tanto, la controversia probatoria suscitada y traída a la senda constitucional, bien puede seguir proponiéndose en la s etapas subsiguientes de la actuación ordinaria, sin que se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable.

IMPUGNACIÓN

La interpuso el apoderado del accionante insistiendo en la argumentación del escrito inicial. Adicionalmente refutó el fallo de la Sala a-quo pues considera que aplicó la subsidiariedad como «un dogma absoluto » al ignorar que la omisión de verbalización de los testimonios por parte de la fiscalía constituye una inobservancia relevante del principio de oralidad que rige el procedimiento penal. Argumentó queRad. nº 11001-02-04-000-2026-02512-01

6 los recursos ordinarios propuestos frente a la providencia atacada fueron «ineficaces para corregir una falencia ya consumada».

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Corresponde establecer, preliminarmente, si el

6 los recursos ordinarios propuestos frente a la providencia atacada fueron «ineficaces para corregir una falencia ya consumada».

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Corresponde establecer, preliminarmente, si el mandato aportado que faculta al abogado del reclamante para interponer esta acción cumple los requisitos de especificidad previstos por la jurisprudencia de esta Sala; y, de superarse lo anterior, si la colegiatura accionada vulneró las prerrogativas del accionante al interior del proceso penal que se le adelanta (rad. 2020 -09623) al ratificar el proveído del a-quo que decretó todas las pruebas solicitadas por la fiscalía sin que esta cumpliera, supuestamente, con el debido descubrimiento probatorio.

2. Del poder especial para interponer la tutela

Sin perjuicio de la especial naturaleza del auxilio constitucional, al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos básicos de ciertos actos procesales, cual es el caso de la legitimación en la causa, ya sea por activa o por pasiva, así como la debida representación.

Sobre el derecho de postulación, el canon 10 del Decreto 2591 de 1991, prevé que la tutela «podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a travésRad. nº 11001-02-04-000-2026-02512-01

7 de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté

7 de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud».

A partir de dicha disposición, la Corte Constitucional ha enfatizado que si bien toda persona puede ejercer la acción directamente o a través de otra, cuando ésta no es representante legal o agente oficioso en las condiciones previstas en la ley, al abogado que ejerce la acción «a nombre de otro a título profesional », se le exige acreditar su calidad y el mandato judicial (T -550/93), precisándose que en tal caso, «todo poder en materia de tutela es especial , vale decir, se otorga una sola vez para el fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión» (CC T-001/97). (Se resalta).

Este razonamiento se amplió y fue profusamente expresado en sendas providencias dictadas por dicha Corporación, al señalar que al acudir ante el juez constitucional para ejercer la defensa de derechos fundamentales, es necesario acreditar que el mandato no se confunda con cualquier otra gestión que pudiera habérsele encomendado al abogado, en tanto: «la falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acción de amparo constitucional a nombre de

para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acción de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimación por activa » (CC T-207/97,Rad. nº 11001-02-04-000-2026-02512-01

8 T-674/97, T -526/98, T -530/98, T -693/98, T -695/98, T088/99, T-0002/01 y T-975/05, entre otras).

Por su parte, esta Corporación, además de compartir la anterior postura, en reiteradas oportunidades ha sostenido que:

«(…) los poderes conferidos a los abogados para actuar dentro de las actuaciones judiciales o extrajudiciales, no pueden tener "...la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes...", ya que este mecanismo es un proceso judicial autónomo, que cuando se ejerce a través de un abogado requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulación (entre muchos, fallos de 15 mayo 1995 -exp. 2169-, 22 de mayo y 2 de agosto de 1996 -exps. 3009 y 3224 -, 14 de noviembre 1997 -exp. 4568-, 4 de marzo y 14 de agosto de 1998exps. 4804 y 5254-, 24 noviembre de 1999 -exp. 7669-, 31 de julio de 2000 -exp. 0206-, 20 de febrero y 29 de noviembre de 2001exps. 4804 y 5254-, 24 noviembre de 1999 -exp. 7669-, 31 de julio de 2000 -exp. 0206-, 20 de febrero y 29 de noviembre de 2001exps. 20000965 y 200010813)» (CSJ ATC, 19 feb. 2003, rad. 00072-01, citado entre otros en STC, 21 ago. 2013, rad. 01149-01 y STC11327-2023, 11 oct., ad. 00176-01).

En esa misma línea, se ha reiterado que «ningún tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder ; pero si la intervención acaece como agente oficioso, deberá manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa » (CSJ STC, 11 mar. 2009, rad. 00001-01, citada entre otras en STC12860-2022, 28 sep., rad. 00639-01).Rad. nº 11001-02-04-000-2026-02512-01

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Igualmente señaló que:

«la legitimación de los abogados para instaurar la acción de tutela aduciendo representación judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto (…). La carencia de la citada personería para iniciar la acción de amparo constitucional, no se suple con la presentación del

aduciendo representación judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto (…). La carencia de la citada personería para iniciar la acción de amparo constitucional, no se suple con la presentación del apoderamiento otorgado para un asunto diferente . (…) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acción (…) a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimación por activa» (CSJ STC, 4 may. 2012, rad. 00145 -01, citada, entre otras, en STC10661 -2023, 27 sep., rad. 0039901). Se subraya.

Tal requerimiento es aún más estricto cuando el auxilio se dirige contra una actuación jurisdiccional , en la medida en que, «cuando la presunta violación de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un específico trámite judicial, la legitimidad para pretender su reparación sólo está radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aquí acontece, en quien no tiene tal calidad» (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 0079501, citada entre otras en STC13172 -2023, 23 nov., rad. 01230-01).

3. Caso concreto

De entrada, se anuncia la confirmación de la desestimación de la salvaguarda, pero lo será porque, esta Sala no advierte satisfecho el requisito relacionado con el apoderamiento para la presentación de la acción constitucional a nombre de Osmar Darío Contreras Castro ,

desestimación de la salvaguarda, pero lo será porque, esta Sala no advierte satisfecho el requisito relacionado con el apoderamiento para la presentación de la acción constitucional a nombre de Osmar Darío Contreras Castro , afectado con la decisión recriminada.Rad. nº 11001-02-04-000-2026-02512-01

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En efecto, de la evidencia allegada a este asunto pronto surge la impertinencia del ruego que instó el abogado Jhonatan Salamanca Rengifo pues resulta innegable que no es el titular de los derechos cuya infracción invoca, ni adosó el poder especial, concreto y específico que habilitara su mediación en este particular trámite a nombre del precitado ciudadano, a partir del cual se tuviera acreditado ese derecho de postulación.

Además, la Corte ha insistido en que el mandato dado para el amparo es completamente independiente del que se otorga para otro trámite, de ahí que, por ejemplo, repetidamente se haya desestimado la legitimación de los profesionales para cuestionar por esta vía el desarrollo de los procesos en los que apenas participan como apoderados. Sobre el tema se ha explicado que:

«(…) en la medida en que, ‘los poderes especiales conferidos a los abogados para actuar dentro de las actuaciones judiciales, no pueden tener (...) la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes (...) al ser este mecanismo un proceso judicial autónomo que promovido a través de abogado, requiere sujetarse a las reglas generales del

derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes (...) al ser este mecanismo un proceso judicial autónomo que promovido a través de abogado, requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulación » (CSJ STC 13 Jul. 2010, rad. 00128-01, reiterada en STC1444 -2016, 11 feb., rad. 201502902-01; se subrayó).

Además, sobre la especificidad del poder para esta clase de asuntos, la Sala en precedencia puntualizó:Rad. nº 11001-02-04-000-2026-02512-01

11 «(…) Los poderes dados para ejercer la representación en otros procesos administrativos o judiciales y los poderes generales para interponer tutelas no facultan al profesional del derecho para acudir a la jurisdicción constitucional.

(…) Un poder especial en materia de tutela se otorga por escrito, por una sola vez y para un fin específico . En ese sentido, el mandato debe indicar: i) los datos de poderdante; ii) la autoridad accionada; iii) el derecho fundamental invocado; iv) el acto, omisión, proceso o providencia que causa el litigio, de manera que se explique o permita identificar la situación fáctica concreta que origina la tutela.

La ausencia de uno de los elementos esenciales del poder genera falta de legitimación en la causa por activa y, por tanto, la tutela es improcedente.

(…) Y advirtió finalmente que la anterior postura se encamina a garantizar que quienes concurran a las acciones de tutela estén legitimados en la causa, cuestión que resulta ser de la mayor

improcedente.

(…) Y advirtió finalmente que la anterior postura se encamina a garantizar que quienes concurran a las acciones de tutela estén legitimados en la causa, cuestión que resulta ser de la mayor importancia, pues no puede perderse de vista que esta busca la protección inmediata de los derechos que son inherentes a una persona y no a un tercero. Así, las exigencias de especificidad del poder no son una limitación al ejercicio de la tutela, por el contrario, su fin es asegurar que el titular de los derechos fundamentales despliegue un control respecto de sus apoderados y actuaciones, de manera que estos solo actúen frente a las autoridades, hechos u omisiones concretas que afecten, lesionen o amenacen sus garantías superiores en forma idónea y particular y sin alejarse o desconocer el poder de disposición del mandante , aspecto especialmente trascendente, si se tienen en cuenta las resultas y efectos de este trámite supralegal, tales como la institución de la cosa juzgada constitucional, que impide volver a acudir a esta instancia, o una eventual sanción por temeridad » (CSJ STC10721 -2023) Negrillas fuera de texto.

Por lo tanto, y a pesar de que la Sala a-quo requirió al profesional del derecho para que adjuntara poder especial para promover la acción y así lo hizo, el allegado no precisa con suficiencia la actuación frente a la cual se despliega el mecanismo constitucional, pues en él solo se indica que: «(…)Rad. nº 11001-02-04-000-2026-02512-01

12 confiero poder AMPLIO y SUFICIENTE al ABOGADO JHONATAN

mecanismo constitucional, pues en él solo se indica que: «(…)Rad. nº 11001-02-04-000-2026-02512-01

12 confiero poder AMPLIO y SUFICIENTE al ABOGADO JHONATAN SALAMANCA RENGIFO […] para que me represente y realice todos los actos propios del derecho de defensa para que en mi nombre y representación presente ACCIÓN DE TUTELA e INTERPONGA LOS RECURSOS NECESARIOS para la protección de mis derechos fundamentales. En consecuencia, mi apo derado queda facultado para formular la Acción de Tutela, tramitarla y llevarla hasta su terminación en primera, segunda instancia e inclusive insistencia de revisión ante la Sala de Revisión de la Honorable Corte Constitucional, por la flagrante vulneración al derecho fundamental del debido proceso, defensa, administración de justicia » ( Expediente digital 11001020400020260251200 – archivo: 0006Memorial.pdf.)

Por lo tanto , aun cuando la Homóloga Penal avocó el conocimiento de la acción y profirió decisión pese a que el mandato aportado no reunía los requisitos de la especificidad, esta Sala de Casación Civil reitera que la debida acreditación del derecho de postulación y de la legitimación en la causa por activa constituyen presupuestos inescindibles de procedibilidad que, al no haber sido advertidos o saneados en la primera instancia, deben ser examinados obligatoriamente en sede de impugnación.

En efecto, se reitera, conforme al abundante precedente citado, la representación judicial en materia de amparo exige que el poder otorgado contenga expresamente los datos del poderdante, la autoridad accionada, los derechos

En efecto, se reitera, conforme al abundante precedente citado, la representación judicial en materia de amparo exige que el poder otorgado contenga expresamente los datos del poderdante, la autoridad accionada, los derechos fundamentales invocados y el acto o providencia que origina el litigio, exigencias insustituibles, por lo que, al comprobarse que el mandato otorgado en este asunto adolece de dicha especificidad al no identificar la providencia o actuaciónRad. nº 11001-02-04-000-2026-02512-01

13 judicial objeto de censura, deviene la inviabilidad de la salvaguarda.

4. En conclusión, se ratificará la desestimación del resguardo, pero porque resultaba perentorio que el profesional del derecho que lo formuló e impugnó la determinación de la a-quo, demostrara en debida forma el derecho de postulación para tal evento, pues el poder conferido no es suficientemente específico para promover el auxilio, según la jurisprudencia de esta Sala.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese por medio idóneo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y remítase oportunamente la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

providencia a todos los interesados, al a quo, y remítase oportunamente la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTARad. nº 11001-02-04-000-2026-02512-01

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MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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