CSJ - STC20695-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20695-2026 Radicación n° 11001-02-04-000-2026-02669-01 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Resuelve la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casación Penal el 10 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela promovida por Fabio Díaz Contreras contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas - UARIV, trámite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes en la acci ón de tutela con rad. 2026-00046-00.

ANTECEDENTESRad. n° 11001-02-04-000-2026-02669-01

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1. El actor reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y «reparación y no repetición », presuntamente conculcados por la s autoridades jurisdiccionales accionadas.

2. En sustento, expuso que promovió la acción referida en líneas anteriores contra la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV por considerar vulnerado su derecho fundamental de petición tras haber solicitado el pago de la indemnización correspondiente «al hecho de perdida de bienes inmuebles reconocido

de Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV por considerar vulnerado su derecho fundamental de petición tras haber solicitado el pago de la indemnización correspondiente «al hecho de perdida de bienes inmuebles reconocido en resolución N° 2015 -77387 del 24 de marzo de 2015 (…)», sin embargo, en desconocimiento que se trata de hechos de victimización diferentes, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín confirmó en su integridad la decisión del Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de la misma ciudad, que negó la protección reclamada.

Indica que en las anteriores decisiones se tergiversó que el pagó que se le hizo respecto del secuestro del que fue víctima fuese extensivo a la perdida de los bienes, pues todo ello tuvo ocurrencia antes de la entrada en vigor del Decreto No. 1084 de 2015.

3. Aunque no elevó una petición en concreto, de la lectura del escrito de tutela se concluye que pretende que se ordene al pago de la indemnización administrativa a la que tiene derecho.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOSRad. n° 11001-02-04-000-2026-02669-01

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1. La Corporación convocada relacionó las actuaciones que conoció del trámite objeto de análisis.

2. El Juzgado accionado precisó que «fue respetuoso del debido proceso y de los derechos fundamentales dentro del trámite de tutela, con absoluta observancia de las normas y jurisprudencia constitucional aplicables al caso concreto. La decisión fue debidamente estudiada y sustentada, puesta e n conocimiento de las partes con las

tutela, con absoluta observancia de las normas y jurisprudencia constitucional aplicables al caso concreto. La decisión fue debidamente estudiada y sustentada, puesta e n conocimiento de las partes con las ritualidades del caso».

3. La UARIV puntualizó que «contestó la petición del accionante de manera adecuada, no siendo posible exigirle a la Entidad más allá de las posibilidades jurídicas y materiales que se derivan de la situación expuesta. En esa medida, la UARIV no incumplió la obligación de salvaguardar el contenido esencial del derecho fundamental de petición, por lo cual no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales de los accionantes»

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La homóloga Especializada en lo Penal negó el amparo solicitado, pues «no se alegó ni se acreditó la existencia de fraude en la estructuración de las providencias cuestionadas, circunstancia que constituye el único evento en el que excepcionalmente podría habilitarse el estudio del asunto».

IMPUGNACIÓN

La parte accionante la presentó y reiteró, en esencia, los argumentos expuestos en el escrito de tutela.Rad. n° 11001-02-04-000-2026-02669-01 4

CONSIDERACIONES

1. La Corte Constitucional, en sentencia SU -627 fechada el 1º de octubre de 2015, consolidó los criterios dispuestos desde el año 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acción de tutela frente a una controversia suscitada con ocasión de un trámite de igual naturaleza, de la siguiente manera:

dispuestos desde el año 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acción de tutela frente a una controversia suscitada con ocasión de un trámite de igual naturaleza, de la siguiente manera:

4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cu ando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de

además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii ) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.Rad. n° 11001-02-04-000-2026-02669-01 5 4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que hab ría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de

obtener la protección de un derecho fundamental que hab ría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional.

2. Tras realizar el examen correspondiente a la demanda de tutela instaurada Fabio Díaz Contreras , se revela sin asomo de duda que la solicitud debe desestimarse, habida cuenta que su objetivo es atacar la s sentencias de primera y segunda instancia proferidas el 24 de marzo y 19 de mayo, ambas de 2026, por el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de Medellín y la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, respectivamente, dentro de otra acción de idéntica naturaleza que el actor promovió contra la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV con rad. 2026-00046-01.

Sin embargo, e sta situación configura la causal de improcedencia consagrada en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 comoquiera que no se evidencia la ocurrencia de las hipótesis previstas en el punto 4.6.2.2. de la providencia citada líneas atrás para autorizar, de manera excepcionalísima, la intervención de un segundo juez de tutela.Rad. n° 11001-02-04-000-2026-02669-01 6

3. Por otro lado, téngase en cuenta además, que la jurisprudencia constitucional ha insistido en que ante una

segundo juez de tutela.Rad. n° 11001-02-04-000-2026-02669-01 6

3. Por otro lado, téngase en cuenta además, que la jurisprudencia constitucional ha insistido en que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el señalado mecanismo excepcional, no es un nuevo instrumento de la misma naturaleza el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto, toda vez que con ese fin el legislador diseñó la impugnación y la revisión eventual ante la Corte Constitucional, último escenario donde la parte interesada podrá, en caso de no ser seleccionado el dossier, acudir al recurso de insistencia previsto en el artículo 33 del citado decreto 1, para suplicar a dicha Corporación su escogencia, únicos mecanismos procesales que pueden interponerse o solicitarse ante los funcionarios habilitados para el efecto.

Al respecto, la Sala ha precisado lo siguiente:

Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garantía, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acción de tutela, también lo es que la selección se materializa a través del procedimiento previsto en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que ‘[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido por éstos cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave’,

Corte o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido por éstos cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave’, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto ‘dentro de los quince días calendario siguientes a la fecha de notificación por estado del auto de la Sala de Selección’ (Artículo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992) . (CSJ STC, 7 nov. 2012, exp . 20141 -00, reiterada, entre otras, en

STC6714-2023 y STC16697-2023).

1 Regulado en el Acuerdo No. 05 de 1992 (Reglamento de la Corte Constitucional), unificado y actualizado mediante Acuerdo No. 02 de 2015.Rad. n° 11001-02-04-000-2026-02669-01 7

4. Corolario de lo expuesto, se ratificará lo resuelto en primera instancia.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil , Agraria y Rural , administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley , resuelve CONFIRMAR la sentencia objeto de impugnación.

Comuníquese por el medio más expedito lo aquí resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

asuma lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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