CSJ - STC20696-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20696-2026 Radicación n° 11001-02-04-000-2026-02569-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada por Diego Andrés Molano Aponte frente a la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal el 3 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela que promov ió contra la Sala de Casación Laboral, trámite al que se vincularon las partes e intervinientes del trámite incidental bajo radicado No. 200900033-01.

ANTECEDENTES

1.- El accionante busca la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción y «principio de responsabilidad subjetiva en materia sancionatoria».

2.- En compendio, adujo que, en el trámite incidental adelantado dentro d el recurso extraordinario de casaciónRad. n° 11001-02-04-000-2026-02569-01 2 promovido por Reinaldo Lizarazo Murillo contra el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y la Administradora Colombiana de Pensiones —Colpensiones—, fue sancionado el 13 de julio de 2022 con multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales.

Explicó que la medida tuvo origen en un supuesto incumplimiento institucional, pues la Sala había requerido

fue sancionado el 13 de julio de 2022 con multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales.

Explicó que la medida tuvo origen en un supuesto incumplimiento institucional, pues la Sala había requerido al Ministerio de Defensa, al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y a la UGPP para que remitieran la historia laboral del demandante y, ante la falta de respuesta oportuna, abrió incidente sancionatorio con el fin de determinar la procedencia de la multa prevista en el artículo 44 del Código General del Proceso.

Añadió que, aunque el incumplimiento provino de dependencias internas del Ministerio, la sanción le fue impuesta personalmente en su calidad de ministro, pese a que para entonces ya no ejercía el cargo y nunca recibió comunicación alguna sobre el requerimi ento. Indicó que documentos de la propia entidad confirmaban que dichas solicitudes no fueron remitidas al despacho ministerial, circunstancia que, a su juicio, evidenciaba la ineficacia de la notificación en términos constitucionales.

Expuso que solo tuvo conocimiento de la sanción a través de los medios de comunicación, en septiembre de 2022, y que, una vez enterado, solicitó su vinculación formal al trámite y la nulidad de la actuación incidental. Señaló que la Sala tardó más de dos a ños en resolver dicha solicitud,Rad. n° 11001-02-04-000-2026-02569-01 3 periodo durante el cual permaneció en una situación jurídica indefinida mientras avanzaba el proceso de cobro coactivo, dentro del cual fueron embargadas sus cuentas y,

3 periodo durante el cual permaneció en una situación jurídica indefinida mientras avanzaba el proceso de cobro coactivo, dentro del cual fueron embargadas sus cuentas y, finalmente, pagó la totalidad de la multa.

Argumentó que, mediante auto de 24 de septiembre de 2025, notificado por estado el 28 de noviembre siguiente, se negó la nulidad solicitada, decisión que, en su criterio, incurrió en defectos procedimentales y sustantivos, al considerar válida una notificación dirigida a la entidad y no a la persona sancionada; equiparar las respuestas institucionales con el ejercicio de su defensa personal; y sostener que la ausencia de análisis sobre la responsabilidad subjetiva debía controvertirse mediante recurso de reposición, pese a que este solo podía interponerse a partir de una notificación que, según afirmó, nunca se produjo.

Finalmente, sostuvo que la Sala aplicó de manera extensiva el Decreto 806 de 2020, sin tener en cuenta que la sanción recaía sobre una persona natural y no sobre la entidad. Asimismo, afirmó que nunca se valoró si su conducta había sido dolosa o culposa, c omo lo exige el principio de responsabilidad subjetiva en materia sancionatoria, irregularidades que, a su juicio, terminaron afectando su patrimonio sin que mediara una valoración efectiva de su comportamiento individual.

3.- Con fundamento en lo anterior, solicitó que se ordenara: i)«DEJAR SIN EFECTO el Auto AL8367 -2025 del 24 de septiembre de 2025, en la parte en que negó la solicitud de nulidadRad. n° 11001-02-04-000-2026-02569-01 4

ordenara: i)«DEJAR SIN EFECTO el Auto AL8367 -2025 del 24 de septiembre de 2025, en la parte en que negó la solicitud de nulidadRad. n° 11001-02-04-000-2026-02569-01 4 presentada por el señor DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE» y ii) «DEJAR SIN EFECTO el Auto CSJ AL3772-2022 del 13 de julio de 2022, mediante el cual la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia impuso al señor DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE una multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por haber sido proferido con violación flagrante de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa».

RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1.- La Sala de Casación Laboral expuso que, en el proceso laboral de origen, se efectuaron múltiples requerimientos de información al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia , al Ministerio de Defensa y a la UGPP, los cuales no fueron atendidos oportunamente. Por tal razón, mediante la sentencia SL5683-2021 se dispuso la apertura del trámite incidental de multa y, posteriormente, a través del auto AL3772 -2022, se impuso sanción al accionante y a otros funcionarios.

Añadió que el actor promovió incidentes de nulidad y solicitudes de suspensión del cobro, todos resueltos desfavorablemente mediante el auto AL8367-2025, de 24 de septiembre, determinación que calificó como razonable y ajustada al ordenamiento jurídico.

solicitudes de suspensión del cobro, todos resueltos desfavorablemente mediante el auto AL8367-2025, de 24 de septiembre, determinación que calificó como razonable y ajustada al ordenamiento jurídico.

2.- La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura sostuvo que su actuación dentro del proceso de cobro coactivo se ajustó plenamente a la ley, pues se limitó a hacer efectiva una obligación derivada de una sanción cor reccional impuestaRad. n° 11001-02-04-000-2026-02569-01 5 por la Sala de Casación Laboral, sin tener competencia para revisar o cuestionar la validez de dicha providencia judicial.

Indicó que se profirieron el mandamiento de pago, las resoluciones que resolvieron las excepciones, la orden de seguir adelante con la ejecución y las medidas de embargo, todo ello conforme al régimen de cobro coactivo. Agregó que el proceso terminó por pago total de la obligación, razón por la cual negó cualquier vulneración de derechos fundamentales atribuible a esa Dirección.

3.- El Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social —UGPP, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, el Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación —P.A.R. ISS— y el Consejo Superior de la Judicatura solicitaron su desvinculación del trámite, por considerar que carecen de legitimación en la causa por pasiva.

ACTUACIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

el Consejo Superior de la Judicatura solicitaron su desvinculación del trámite, por considerar que carecen de legitimación en la causa por pasiva.

ACTUACIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala de Casación Penal consider ò que, si bien la tutela planteaba un asunto de relevancia constitucional y cumplía los requisitos generales de procedibilidad —incluido el de inmediatez —, no se configuró ninguno de los defectos específicos que permiten dejar sin efectos una providencia judicial.Rad. n° 11001-02-04-000-2026-02569-01 6 Estimó que la decisión adoptada por la Sala accionada fue razonable y ajustada al ordenamiento jurídico, por lo que negó la protección invocada, al no acreditarse defecto procedimental, fáctico o sustantivo, ni violación directa de la Constitución.

IMPUGNACIÓN

El tutelante afirmó que, si bien el a quo constitucional reconoció que la tutela cumplía todos los requisitos generales de procedencia, convalidó una sanción personal impuesta sin notificación individual, al confundir las comunicaciones institucionales con la notificación pe rsonal y las respuestas administrativas con el ejercicio de su propia defensa. Explicó que la Sala Laboral nunca acreditó que, en su condición de exministro, hubiera recibido los oficios, conocido el trámite, autorizado a funcionarios para representarlo o contado con una oportunidad real para ejercer el derecho de contradicción, aportar pruebas o interponer el recurso de reposición, cuyo término dependía de una notificación personal que, según afirmó, nunca se produjo.

una oportunidad real para ejercer el derecho de contradicción, aportar pruebas o interponer el recurso de reposición, cuyo término dependía de una notificación personal que, según afirmó, nunca se produjo.

Agregó que la sanción se sustentó en una responsabilidad objetiva derivada de su anterior condición de ministro, sin identificar una conducta individual dolosa o culposa. Sostuvo, además, que se omitió valorar una prueba que consideró decisiva, esto es, el Oficio RS20220930102059, del cual se desprendería que los requerimientos nunca llegaron a su despacho.Rad. n° 11001-02-04-000-2026-02569-01 7 Finalmente, afirmó que la providencia de 24 de septiembre de 2025 incurrió en defecto fáctico, motivación aparente y violación directa del artículo 29 de la Constitución, al equiparar a la entidad con la persona natural sancionada, desconocer la exigencia constitucional de responsabilidad subjetiva y reprocharle la falta de interposición de un recurso que, en su criterio, resultaba jurídicamente imposible ejercer ante la ausencia de una notificación válida.

CONSIDERACIONES

1.- Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Casación Laboral lesionò las garantías fundamentales del accionante con el auto del 24 de septiembre de 2025 que negó las solicitudes de nulidad del trámite incidental de imposición de sanción correccional que se adelantó en el proceso ordinario laboral que Reinaldo Lizarazo Murillo promovió contra el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, incurriendo con ello,

imposición de sanción correccional que se adelantó en el proceso ordinario laboral que Reinaldo Lizarazo Murillo promovió contra el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, incurriendo con ello, supuestamente, en vía de hecho por defecto procedimental, fáctico o sustantivo y violación directa de la Constitución.

2. Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acción consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una vía de hecho ,Rad. n° 11001-02-04-000-2026-02569-01 8 obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un término razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios idóneos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesión alegada, salvo que se esté en presencia de un perjuicio irremediable.

3. Descendiendo al sub lite , l a Sala anticipa que ratificará la desestimación del amparo tal como lo concluyó la Homóloga Penal en primer grado, por cuanto, del examen del proveído censurado (con el límite propio del juez constitucional), no se vislumbra irregularidad con fuerza suficiente que imponga la necesaria injerencia de esta justicia excepcional.

3.1.- En el asunto estudiado, la Sala accionada, al resolver la nulidad solicitada por el accionante —sustentada

suficiente que imponga la necesaria injerencia de esta justicia excepcional.

3.1.- En el asunto estudiado, la Sala accionada, al resolver la nulidad solicitada por el accionante —sustentada en que nunca fue notificado personalmente del auto que abrió el incidente ni de aquel que le impuso la multa, lo que, en su criterio, le impidió ejercer su defensa—, reconoció que dicha irregularidad fue planteada como causal de nulidad y, por tanto, debía establecerse si efectivamente vulneró su derecho de defensa y contradicción.

En su análisis, concluyó que la notificación remitida al correo institucional del Ministerio de Defensa fue válida y suficiente, por haberse enviado al canal oficial registrado por la entidad. Sostuvo que la falta de traslado interno al despacho del ministro no era imputable a la administración de justicia, sino a la organización interna del Ministerio. EnRad. n° 11001-02-04-000-2026-02569-01 9 ese sentido, consideró que, una vez enviado el oficio al correo institucional, la notificación cumplió su finalidad y que cualquier falla en la circulación interna de la información no constituía causal de nulidad. Por ello, descartó que el tutelante hubie ra sido privado de su defensa por falta de notificación personal.

En cuanto a la responsabilidad subjetiva, la Sala afirmó que sí examinó la conducta del Ministerio bajo la representación legal del accionante. Indicó que la entidad omitió atender los primeros requerimientos y solo actuó cuando se advirtió la posibilidad de imponer una sanción,

afirmó que sí examinó la conducta del Ministerio bajo la representación legal del accionante. Indicó que la entidad omitió atender los primeros requerimientos y solo actuó cuando se advirtió la posibilidad de imponer una sanción, circunstancia que, a su juicio, evidenciaba falta de diligencia. Estimó que dicha omisión institucional era atribuible al ministro en su calidad de representante legal y que, por esa razón, la imposición de la multa personal se enco ntraba justificada. Reiteró que la sanción no se sustentó en una responsabilidad objetiva, sino en la omisión de atender, sin justa causa, las órdenes judiciales impartidas.

También sostuvo que el gestor tuvo la oportunidad de ejercer su defensa material, pues posteriormente presentó escritos, incidentes de nulidad y solicitudes dentro del trámite. En su criterio, aunque la notificación no llegó directamente al despacho del ministro, la entidad respondió institucionalmente y el accionante pudo intervenir con posterioridad, lo que demostraría que no se produjo una afectación decisiva de su derecho de defensa. En consecuencia, concluyó que, en su caso, no se configuró la causal de nulidad por indebida notificación.Rad. n° 11001-02-04-000-2026-02569-01 10

Finalmente, reafirmó que la sanción impuesta al actor se produjo dentro del marco legal de los poderes correccionales del juez y que su conducta —entendida como la omisión institucional bajo su representación — retrasó la decisión del proceso laboral. Con fundamento en lo anterior, negó la nulidad solicitada, mantuvo la multa impuesta

correccionales del juez y que su conducta —entendida como la omisión institucional bajo su representación — retrasó la decisión del proceso laboral. Con fundamento en lo anterior, negó la nulidad solicitada, mantuvo la multa impuesta mediante el auto AL3772-2022 del 13 de julio y concluyó que no se vulneró el debido proceso ni se configuró defecto procedimental alguno que justificara anular el trámite incidental.

3.2.- Así, bajo el contexto que viene de verse, más allá que la Corte acoja o no los fundamentos en los que la autoridad judicial acusada r espaldó la providencia recriminada, lo cierto es que, no se le puede atribuir defecto que configure vía de hecho , pues fue fruto de una interpretación respetable de la problemática planteada y del contexto jurídico analizado, labor en la que no es viable interferir, en virtud de la autonomía propia de los jueces. En ese sentido, la Sala ha dicho en precedencia que:

«(…) el mecanismo de amparo constitucional no está previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia y conllevaría a erosionar el régimen de jurisdicción y competencias previstas en el ordenamiento jurídico a través del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo» (STC5042-2024).Rad. n° 11001-02-04-000-2026-02569-01 11 Adicionalmente, se ha dicho que no es suficiente una

promotor de este amparo» (STC5042-2024).Rad. n° 11001-02-04-000-2026-02569-01 11 Adicionalmente, se ha dicho que no es suficiente una decisión discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situación que no ocurre en este caso.

Por otro lado, cuando el propósito del tutelante es el de anteponer su criterio al de la autoridad cuestionada y atacar el pronunciamiento que le fue desfavorable por esta vía , se insiste, es una finalidad ajena a este auxilio, que no fue creado para erigirse como una instancia más dentro de los juicios ni como escenario para debatir la posición de los jueces ordinarios que, sin arbitrariedades, en su legítimo entendimiento, asuman frente a determinada situación.

En definitiva, se reitera, al margen del criterio que esta Sala pudiera tener frente a lo resuelto, cuando por vía de tutela se demanda una providencia judicial, se ha indicado que:

«(…) independientemente de que se comparta o no la hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho , la reseñada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque éste pueda ser susceptible de otra exégesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pu diera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia

respetado, aunque éste pueda ser susceptible de otra exégesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pu diera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (…)» (STC5042-2024).Rad. n° 11001-02-04-000-2026-02569-01 12

4.- En consecuencia, se confirmará la providencia impugnada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto a las partes y al a quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZRad. n° 11001-02-04-000-2026-02569-01

13 FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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