CSJ - STC20699-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20699-2026 Radicación n.º 05000-22-13-000-2026-00409-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida el 15 de septiembre de 2026 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia, dentro de la tutela promovida por José Ignacio Mesa Zapata contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos y la Dirección de Seguridad Urbana de la misma urbe ; trámite al cual fueron vinculados Gladys Marina Arboleda Restrepo, Rigoberto de Jesús Arboleda Restrepo, Teresita de Jesús Arboleda Restrepo , María Lourdes de Fátima Arboleda de Mesa , Marco Aurelio Arboleda Restrepo , María Fabiola Arboleda Restrepo , Fabio Antonio Torres Espinosa, Luis Hernán Arboleda Restrepo y las autoridades, partes e intervinientes en el proceso de pertenencia y reivindicatorio en reconvención rad. n.º 201300011.Rad. n.º 05000-22-13-000-2026-00409-01 2

ANTECEDENTES

1. El gestor, en su propio nombre , reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, «patrimonio», igualdad , « vivienda digna » y acceso a la administración de justicia , presuntamente vulnerados por las autoridades enjuiciadas.

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, «patrimonio», igualdad , « vivienda digna » y acceso a la administración de justicia , presuntamente vulnerados por las autoridades enjuiciadas.

2. En síntesis, adujo que , el 10 de julio de 2026, radicó una solicitud ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos (rad. n.º 2013-00011), con el fin de que no fuera llevada a cabo una diligencia de entrega sobre un predio que, según afirmó, es de su propiedad, sobre el que ejerce «una posesión de muchos años», ya que ella es «inviable».

Se quejó, entonces, de que consultó a ese despacho sobre las «solicitudes pendientes», pero este se limitó a indicarle que « debía entregar el inmueble »; y de que fue programada nuevamente diligencia de entrega , sin que hubiese algún pronunciamiento frente a su solicitud, la cual también dio a conocer a la Dirección de Seguridad de la misma urbe.

Agregó que es grave que se le despoje de su propiedad, especialmente, porque « insistentemente [se ha dicho] que la sentencia es en su contra » y teniendo en cuenta que « la parte demandante perdió la legitimidad para actuar».

3. Con base en ello, en esencia , pidió que se suspenda la diligencia de entrega programada para el 20 deRad. n.º 05000-22-13-000-2026-00409-01

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agosto de 2026; y se ordene al despacho convocado «desistir y reponer el auto que ordenó la entrega».

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS

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agosto de 2026; y se ordene al despacho convocado «desistir y reponer el auto que ordenó la entrega».

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS

1. El despacho criticado sostuvo no haber vulnerado derecho alguno del accionante e informó sobre la emisión de una serie de autos, uno de los cuales fue objeto de recursos por la parte demandante , tras solicitar la suspensión de la entrega al comisionado «hasta tanto se les remita nuevamente el exhorto».

2. La demandante en reconvención en el trámite objeto de queja indicó oponerse a las pretensiones de amparo. Pidió que se declare la existencia de cosa juzgada respecto de lo ya decidido en fallo 139 de 2026, emitido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia , y, subsidiariamente, que , si se advierte mora frente a la solicitud del convocante de 10 de julio de 2026 , se ordene emitir el pronunciamiento correspondiente, « sin anticipar su contenido, reconocer derechos posesorios ni suspender indefinidamente el cumplimiento de la sentencia».

3. La secretaría de seguridad y gobierno de Santa Rosa de Osos , en lo pertinente, informó haber efectuado la devolución del exhorto mediante el cual se le comisionó para la diligencia de entrega, con el fin de «garantizar que se verificara lo solicitado por el apoderado».

ACTUACIÓN DE INSTANCIARad. n.º 05000-22-13-000-2026-00409-01

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La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia negó la protección solicitada, toda vez que no encontró

ACTUACIÓN DE INSTANCIARad. n.º 05000-22-13-000-2026-00409-01

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La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia negó la protección solicitada, toda vez que no encontró acreditado el presupuesto de la subsidiariedad, pues «para la fecha en que se instauró la presente acción de resguardo, la Judex ya había realizado un primer pronunciamiento frente al memorial presentado por el señor JOSE IGNACIO MESA ZAPATA, por cuanto dispuso suspender la diligencia de entrega y retomar la competencia para proceder con la estimación del nuevo acaecer, teniendo en cuenta lo alegado por el señor MESA ZAPATA».

IMPUGNACIÓN

La interpuso el gesto r, con el fin de exponer que no resulta admisible « que un juzgado adicione un despacho comisorio, ordenando un lanzamiento, cuando se ha perdido la legitimidad en la causa por activa », más porque «la sentencia no es emitida en [su] contra» y aquel «se ha negado a revisar [sus] oposiciones judiciales».

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de carácter residual y subsidiario, toda vez que solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio con el fin de evitar un perjuicio irremediable.

La jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluirRad. n.º 05000-22-13-000-2026-00409-01 5

transitorio con el fin de evitar un perjuicio irremediable.

La jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluirRad. n.º 05000-22-13-000-2026-00409-01 5

y verificarse para tornar imperiosa la intervención del juez excepcional, con el fin de restablecer el orden jurídico, quebrantado, aparentemente, por una autoridad judicial, a saber:

(i) que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii ) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión ius fundamental que alega en sede de tutela; (ii i) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv ) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela

(C.C., C-590/05 y SU-813/07).

De igual forma, superadas las anteriores exigencias, es imprescindible que se configure alguno de los defectos específicos, esto es, sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación,

De igual forma, superadas las anteriores exigencias, es imprescindible que se configure alguno de los defectos específicos, esto es, sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precede nte jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constitución.

2. En el caso particular, el accionante se quejó de que consultó al despacho accionado sobre las « solicitudes» que elevó en su radicación de 10 de julio de 2026, pero este se limitó a indicarle que « debía entregar el inmueble » objeto de la pertenencia y reivindicatorio censurados ; amén de que fue programada nuevamente diligencia de entrega, sin que hubiese algún pronunciamiento frente a su solicitud, la cualRad. n.º 05000-22-13-000-2026-00409-01

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también dio a conocer a la Dirección de Seguridad de la misma urbe.

Agregó que es grave que se le despoje de su propiedad, especialmente, porque « insistentemente [se ha dicho] que la sentencia es en su contra » y teniendo en cuenta que « la parte demandante perdió la legitimidad para actuar».

3. No obstante, examinada la queja constitucional al tenor de la jurisprudencia aplicable y su cotejo con la información extractada de las pertinentes piezas procesales adosadas al expediente, de entrada, advierte la Sala la improcedencia del amparo solicitado.

En efecto, nótese que, con proveído de 31 de agosto de 2026, con base en el cual fue emitido oficio que se comunicó

adosadas al expediente, de entrada, advierte la Sala la improcedencia del amparo solicitado.

En efecto, nótese que, con proveído de 31 de agosto de 2026, con base en el cual fue emitido oficio que se comunicó en la misma fecha, el fallador accionado dispuso « requerir al comisionado y al subcomisionado para que devuelva todo lo actuado con ocasión del exhorto comisorio número 8 del 12 de junio de 2026, ya que debe el juzgado retomar la competencia que para este efecto se había desplazado para así proceder con la estimación del nuevo acaecer » y solicitó a esas mismas autoridades «su suspensión hasta tanto se les remita nuevamente el exhorto».

Y, aunque ello fue objeto de recursos por parte de la demandante en reconvención, lo cual está pendiente de resolución, lo cierto es que la comisionada también informó en este trámite haber devuelto el exhorto con el que se le comisionó para la diligencia de entrega, con el fin de «garantizar que se verificara lo solicitado por el apoderado » delRad. n.º 05000-22-13-000-2026-00409-01 7

demandante en ese proceso, con lo que, en últimas, todo ello al arribar el expediente a esta Corporación se encontraba pendiente de pronunciamiento, sin que se advierta alguna dilación que habilite la intervención del juez constitucional.

A propósito, el carácter prematuro en la presentación de acciones de tutela ha sido abordado por la Sala de la siguiente manera:

(…) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda

A propósito, el carácter prematuro en la presentación de acciones de tutela ha sido abordado por la Sala de la siguiente manera:

(…) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso está haciendo uso de otro medio de defensa judicial [y] debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinación, en atención a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisión que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede i nvadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas válidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocería el carácter residual de esta senda y las normas de orden público, qu e son de obligatoria aplicación, con la consiguiente alteración de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa (CSJ, STC, 18 mar. 2011, rad. 2011 -00171-00, reiterada en CSJ, STC6172-2015, entre otras).

Así, teniendo en cuenta el estado actual del litigio, no puede admitirse que por medio de este trámite constitucional se provea la solución a cuestiones que aún debe dirimir el juez ordinario, pues el amparo no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo de los medios de defensa establecidos por la ley.

De ahí que le corresponde primero al juez de la causa resolver o definir sobre lo aquí pedido, sin que sea viable

mecanismo sustitutivo de los medios de defensa establecidos por la ley.

De ahí que le corresponde primero al juez de la causa resolver o definir sobre lo aquí pedido, sin que sea viable anticiparse a la determinación que aquel, en el marco de susRad. n.º 05000-22-13-000-2026-00409-01 8

funciones, autonomía e independencia, pueda adoptar, máxime si aquella involucra aspectos cuya trascendencia resulta indiscutible en el devenir de la controversia en cuestión.

Por lo tanto, el que se encuentre cursando dicha tramitación no solo convierte en prematuras las súplicas, sino que resulta inviable que opere incluso como mecanismo transitorio, ya que, en estos eventos, el peticionario deberá esperar la conclusión del asunto puesto a consideración del competente.

Al respecto, recuérdese que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del presupuesto de subsidiariedad y su inobservancia ocurre no solo cuando aún existen otras vías tendientes a solucionar la afectación a los derechos o las mismas están siguiendo su curso , sino también porque se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios.

Lo previo, aunado a que no se advierte la configuración de un perjuicio irremediable con las características exigidas para activar de manera excepcional este remedio supralegal.

4. De ese modo, se impone confirmar la determinación reprochada, pero por lo expuesto; sin que, por sustracción de materia, resulte necesario emitir algún juicio frente al alegato de cosa juzgada presentado en este proceso por la demandante en reconvención en el reivindicatorio

determinación reprochada, pero por lo expuesto; sin que, por sustracción de materia, resulte necesario emitir algún juicio frente al alegato de cosa juzgada presentado en este proceso por la demandante en reconvención en el reivindicatorio criticado.Rad. n.º 05000-22-13-000-2026-00409-01 9

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado.

Comuníquese lo resuelto por un medio eficaz, y en oportunidad, envíense las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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