CSJ - STC20700-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20700-2026 Radicación n° 11001-02-04-000-2026-02479-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada por Carlos Arturo López Jiménez frente a la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 25 de agosto de 2026, dentro de la acción de tutela que promovió contra la Sala de Casación Laboral y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, trámite al que se vincularon las partes e intervinientes del proceso laboral bajo radicado No. 2014-00590-00.

ANTECEDENTES

1.- El accionante busca la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, « prevalencia del derecho sustancial, la buena fe procesal y protección constitucional al trabajo».Rad. n° 11001-02-04-000-2026-02479-01 2 2.- En compendio, adujo que promovió un proceso ordinario laboral contra la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca Comfamiliar Andi – Comfandi, con el propósito de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre el 29 de enero de 1992 y el 11 de octubre de 2013, finalizado unilateralmente por la empleadora sin justa causa, así como el reconocimiento de la

propósito de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre el 29 de enero de 1992 y el 11 de octubre de 2013, finalizado unilateralmente por la empleadora sin justa causa, así como el reconocimiento de la nivelación salarial. Indicó que, mediante sentencia del 20 de mayo de 2022, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali absolvió a la demandada de las pretensiones y lo condenó en costas. Inconforme, interpuso recurso de apelación, pero la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad confirmó la determinación el 25 de septiembre de 2024.

Sostuvo que c ontra esa decisión formuló recurso extraordinario de casación, cuya concesión fue denegada mediante auto del 4 de febrero de 2025, al considerar que el interés económico para recurrir ascendía a $24.195.303, suma inferior al mínimo legal exigido. Frente a esa determinación interpuso reposición y, en subsidio, queja. Sin embargo, el ad quem mantuvo su postura y remitió las diligencias a la Sala de Casación Laboral para resolver esta última impugnación.

Indicó que, mediante auto AL4970-2026 del 22 de abril, dicha Corporación declaró bien denegado el recurso extraordinario de casación, al establecer que el interés económico del accionante no superaba los 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes exigidos por el artículoRad. n° 11001-02-04-000-2026-02479-01 3 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 43 de la Ley 712 de 2001. Precisó

3 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 43 de la Ley 712 de 2001. Precisó que, para la fecha de la sentencia de segunda instancia, dicho límite equivalía a $156.000.000, dado que el salario mínimo de 2024 era de $1.300.000.

Afirmó que esa determinación vulneró sus derechos fundamentales, por cuanto se sustentó en una interpretación restrictiva y formalista que omitió valorar integralmente las pretensiones y los argumentos expuestos en la apelación, relacionados con la nivelac ión salarial, la reliquidación de prestaciones, la indemnización moratoria, las vacaciones y los perjuicios morales. Cuestionó, además, que estos últimos fueran cuantificados en cero por no encontrarse determinados en la demanda, sin atender a que su tasac ión corresponde al arbitrio judicial y que, de haberse incluido, el interés económico habría superado el límite exigido para acceder a la casación.

Finalmente, reiteró que la negativa a conceder el recurso extraordinario obedeció a una aplicación excesivamente rígida del principio de consonancia y a una motivación insuficiente sobre el verdadero alcance de la apelación. Aclaró que no pretendía revivir reclamaciones abandonadas en segunda instancia, sino que se delimitara correctamente el objeto de la impugnación y se cuantificaran todos los conceptos comprendidos en ella. Para sustentar su postura, invocó precedentes jurisprudenciales relativos al deber de motivación de las decisiones judiciales, la prevalencia del derecho sustancial y la prohibición deRad. n° 11001-02-04-000-2026-02479-01 4

postura, invocó precedentes jurisprudenciales relativos al deber de motivación de las decisiones judiciales, la prevalencia del derecho sustancial y la prohibición deRad. n° 11001-02-04-000-2026-02479-01 4 imponer barreras procesales desproporcionadas al acceso a la administración de justicia.

3.- Con fundamento en lo anterior, solicitó que se ordenara: i) «DEJAR SIN EFECTOS el auto AL4970 -2026 del 22 de abril de 2026, proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se declaró bien denegado el recurso extraordinario de casación »; ii) « DEJAR SIN EFECTOS, en lo pertinente, el auto del 4 de febrero de 2025 y el auto del 11 de abril de 2025, proferidos por la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante los cuales se negó la casación, no se re puso esa decisión y se concedió la queja »; iii) «ORDENAR a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que profiera una nueva decisión sobre el recurso de queja, previa valoración integral del contenido real de la sustentación oral de la apelación, del registro de la audiencia de primera instancia y de la totalidad de los elementos que puedan incidir en la determinación del agravio económico».

De igual modo, requirió: iv) «ORDENAR que la nueva decisión explique expresamente, y no de manera implícita, el alcance que tuvo la invocación en la apelación de los artículos 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo y de las demás disposiciones mencionadas por el recurrente,

explique expresamente, y no de manera implícita, el alcance que tuvo la invocación en la apelación de los artículos 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo y de las demás disposiciones mencionadas por el recurrente, y determine si la alzada comprendió otros efectos económicos además de la indemnización po r despido injusto »; v) « ORDENAR que, si se concluye que dentro del marco de la apelación quedaron comprendidos los perjuicios morales u otros rubros determinables, su valor no sea tratado automáticamente como cero por la sola ausencia de una cifra líquida en la demanda, sino que se examine su naturaleza, su determinabilidad jurídica y, si existe verdadera duda sobre la cuantía, las herramientas previstas por el ordenamiento para establecer el interés económico».Rad. n° 11001-02-04-000-2026-02479-01 5 También, pidió: vi) « SUBSIDIARIAMENTE, si el juez constitucional encuentra acreditado de manera suficiente que el interés económico supera los 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes exigidos para 2024, ORDENAR que se declare mal denegado el recurso extraordinario y se continúe su trámite, sin anticipar juicio alguno sobre la prosperidad de la demanda de casación » y vii) « VINCULAR a COMFANDI y a las demás personas o autoridades que puedan resultar afectadas por la decisión constitucional».

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1.- La Sala de Casación Laboral defendió la legalidad de su actuación y allegó copia de la providencia cuestionada.

afectadas por la decisión constitucional».

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1.- La Sala de Casación Laboral defendió la legalidad de su actuación y allegó copia de la providencia cuestionada.

2.- La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali solicitó declarar improcedente el amparo, al considerar que el accionante pretende reabrir un asunto ya resuelto por la jurisdicción ordinaria, finalidad ajena a la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela.

3.- El vinculado Danilo Andrés Gómez Carrera solicitó conceder la protección constitucional, al estimar que la decisión que denegó el recurso extraordinario de casación vulneró los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por cu anto no se valoraron integralmente los conceptos objeto de apelación al determinar el interés económico para recurrir. En consecuencia, pidió dejar sin efectos dicha providencia y ordenar una nueva valoración que comprenda todos los rubros pertinentes, sin incurrir en formalismos excesivos.Rad. n° 11001-02-04-000-2026-02479-01 6

4.- La Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - Comfandi solicitó su desvinculación del trámite constitucional, por considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.

ACTUACIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala de Casación Penal consideró que no se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales del accionante, toda vez que la decisión cuestionada se sustentó en que su interés económico para recurrir en casación no superaba el

La Sala de Casación Penal consideró que no se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales del accionante, toda vez que la decisión cuestionada se sustentó en que su interés económico para recurrir en casación no superaba el límite legal exigido p ara 2024. Precisó que la autoridad judicial examinó los argumentos y elementos probatorios aportados, incluida la sustentación oral y la solicitud de dictamen pericial, sin encontrar razones suficientes para modificar lo resuelto. En consecuencia, negó el resguardo solicitado, al estimar que las determinaciones de las autoridades judiciales accionadas se encontraban debidamente fundamentadas y resultaban razonables.

IMPUGNACIÓN

El tutelante reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregó que el fallo omitió valorar adecuadamente la invocación del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo en la apelación, circunstancia que, a su juicio, incidió en la correcta determinación del interésRad. n° 11001-02-04-000-2026-02479-01 7 económico exigido para acceder al recurso extraordinario de casación.

Asimismo, cuestionó la motivación de la providencia, por considerar que presentaba inconsistencias, omitía el análisis de precedentes jurisprudenciales relevantes, como la Sentencia SU -388 de 2022, y desconocía herramientas legales para cuantificar los con ceptos reclamados, particularmente las previstas en el artículo 92 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

En consecuencia, solicitó revocar la sentencia impugnada, conceder la protección de sus derechos

particularmente las previstas en el artículo 92 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

En consecuencia, solicitó revocar la sentencia impugnada, conceder la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, y ordenar que se profiera una nueva decisión en la que se valoren integralmente lo s argumentos y elementos probatorios aportados, con observancia de la autonomía de la jurisdicción laboral y los principios constitucionales aplicables.

CONSIDERACIONES

1.- Corresponde a la Corte determinar si la Sala de Casación Laboral vulneró los derechos fundamentales del accionante al proferir el auto AL4970 -2026 del 22 de abril, mediante el cual declaró bien denegado el recurso extraordinario de casación interpuesto con tra la sentencia dictada el 25 de septiembre de 2024 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, dentro del proceso ordinario laboral que promovió contra la Caja de CompensaciónRad. n° 11001-02-04-000-2026-02479-01 8 Familiar del Valle del Cauca Comfamiliar Andi - Comfandi, al incurrir, presuntamente, en defectos procedimental, fáctico y sustantivo, así como en exceso ritual manifiesto.

2. Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acción consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una vía de hecho ,

Política, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una vía de hecho , obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un término razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios idóneos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesión alegada, salvo que se esté en presencia de un perjuicio irremediable.

3. Descendiendo al sub lite , l a Sala anticipa que ratificará la desestimación del amparo tal como lo concluyó la Homóloga Penal en primer grado, por cuanto, del examen del proveído censurado (con el límite propio del juez constitucional), no se vislumbra irregularidad con fuerza suficiente que imponga la necesaria injerencia de esta justicia excepcional.

3.1.- En el asunto examinado, la Sala accionada, al resolver el recurso de queja interpuesto por el actor contra el auto del 4 de febrero de 2025, mediante el cual el Tribunal Superior de Cali denegó la concesión del recurso extraordinario de casación, recordó que su procedencia estáRad. n° 11001-02-04-000-2026-02479-01 9 supeditada al cumplimiento de tres requisitos: i) que se dirija contra una sentencia proferida en un proceso ordinario; ii) que se interponga oportunamente y iii) que el recurrente acredite el interés económico exigido para recurrir.

Precisó que dicho interés corresponde al agravio

contra una sentencia proferida en un proceso ordinario; ii) que se interponga oportunamente y iii) que el recurrente acredite el interés económico exigido para recurrir.

Precisó que dicho interés corresponde al agravio económico ocasionado por la decisión impugnada y debe determinarse a partir de las pretensiones desestimadas que efectivamente fueron objeto de apelación. En el caso concreto, encontró satisfechos los dos pr imeros presupuestos, dado que la sentencia se profirió dentro de un proceso ordinario laboral y el recurso fue presentado dentro del término legal.

En cuanto al tercer requisito, advirtió que el único aspecto controvertido por el gestor en la alzada fue la indemnización por despido sin justa causa, prevista en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, por lo que el interés económico debía circunscribirse a esa reclamación. En consecuencia, avaló la liquidación efectuada por el tribunal, que lo fijó en $24.195.303, y destacó que el recurrente no aportó un cálculo aritmético que desvirtuara dicha cuantificación. Agregó que, incluso si se incluyeran los valores adicionales invocados en el recurso de reposición, correspondientes a nivelación salarial, vacaciones, cesantías, intereses y primas, la suma ascendería apenas a $35.249.803, monto inferior a los $156.000.000 exigidos para acceder a la casación.Rad. n° 11001-02-04-000-2026-02479-01 10 Asimismo, descartó incluir los perjuicios morales en la determinación del interés económico, por cuanto no fueron

para acceder a la casación.Rad. n° 11001-02-04-000-2026-02479-01 10 Asimismo, descartó incluir los perjuicios morales en la determinación del interés económico, por cuanto no fueron cuantificados en la demanda ni se aportaron elementos que permitieran establecer su valor. También desestimó el argumento relacionado con la e xpectativa de vida y la incidencia futura, al precisar que ese criterio de cálculo únicamente resulta aplicable a prestaciones de carácter vitalicio, supuesto que no se configuraba en el asunto examinado.

Finalmente, negó la práctica de una prueba pericial, al considerar que correspondía al recurrente acreditar la cuantía del agravio económico. Así, concluyó que el tribunal actuó conforme a derecho al denegar la concesión del recurso extraordinario de casación y, por consiguiente, lo declaró bien denegado.

3.2.- Así, bajo el contexto que viene de verse, más allá que la Corte acoja o no los fundamentos en los que la autoridad judicial acusada r espaldó la providencia recriminada, lo cierto es que, no se le puede atribuir defecto que configure vía de hecho , pues fue fruto de una interpretación respetable de la problemática planteada y del contexto jurídico analizado, labor en la que no es viable interferir, en virtud de la autonomía propia de los jueces. En ese sentido, la Sala ha dicho en precedencia que:

«(…) el mecanismo de amparo constitucional no está previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de

interferir, en virtud de la autonomía propia de los jueces. En ese sentido, la Sala ha dicho en precedencia que:

«(…) el mecanismo de amparo constitucional no está previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, obrar en contrarioRad. n° 11001-02-04-000-2026-02479-01 11 equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia y conllevaría a erosionar el régimen de jurisdicción y competencias previstas en el ordenamiento jurídico a través del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo» (STC5042-2024).

Adicionalmente, se ha indicado que no es suficiente una decisión discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situación que no ocurre en este caso.

Por otro lado, cuando el propósito del tutelante es el de anteponer su criterio al de la autoridad cuestionada y atacar el pronunciamiento que le fue desfavorable por esta vía , se insiste, es una finalidad ajena a este auxilio, que no fue creado para erigirse como una instancia más dentro de los juicios ni como escenario para debatir la posición de los jueces ordinarios que, sin arbitrariedades, en su legítimo entendimiento, asuman frente a determinada situación.

En definitiva, se reitera, al margen del criterio que esta Sala pudiera tener frente a lo resuelto, cuando por vía de

legítimo entendimiento, asuman frente a determinada situación.

En definitiva, se reitera, al margen del criterio que esta Sala pudiera tener frente a lo resuelto, cuando por vía de tutela se demanda una providencia judicial, se ha indicado que:Rad. n° 11001-02-04-000-2026-02479-01 12 «(…) independientemente de que se comparta o no la hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho , la reseñada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque éste pueda ser susceptible de otra exégesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pu diera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (…)» (STC5042-2024).

4.- En consecuencia, se confirmará la providencia impugnada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto a las partes y al a quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTARad. n° 11001-02-04-000-2026-02479-01

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MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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