CSJ - STC20701-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA Magistrado ponente

STC20701-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-05545-00 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Supraespecialidades Oftalmológicas del Tolima S.A.S. contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior, ambos del Distrito Judicial de Ibagué , trámite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio ejecutivo n.° 2023-00113.

ANTECEDENTES

1. La tutelante, a través de apoderada, acudió al mecanismo de amparo para reclamar la protección de los derechos fundamentales a l debido proceso y acceso a la administración de justicia , presuntamente vulnerado s por las autoridades judiciales convocadas.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-05545-00

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2. Del escrito inicial y los anexos se extrae que, en el recaudo de Mauricio Oswaldo Lozano Marín contra Rafael Gonzalo Rodríguez Hernández , Luis Alberto Rodríguez Suárez y la acá actora (rad. 2023-00113) que conoce el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagué, la tutelante formuló solicitud de nulidad con base en las causales 4 y 8 del artículo 133 del Código General del Proceso, alegando que

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagué, la tutelante formuló solicitud de nulidad con base en las causales 4 y 8 del artículo 133 del Código General del Proceso, alegando que i) el poder conferido por el allá demandante facultó a su apoderada para un proceso ejecutivo de mayor cuantía sin determinar integralmente el título complejo, al omitir precisar la cesión del contrato, su fecha y notificación a las demandadas; y ii) la indebida notificación del mandamiento de pago, pues se remitió el enlace del expediente a un correo personal y no al canal institucional de la sociedad, sin enviar la demanda y anexos, ni informar los términos para ejercer su defensa y contradicción.

Aseveró que el juzgado accionado en proveído de 27 de enero de 2026 negó los argumentos de la nulidad; decisión que recurrió en apelación y concedido en el efecto devolutivo, el superior lo dirimió en auto de 3 de agosto de los corrientes, confirmando la d eterminación de primer grado, en su criterio, afirmando que «[n]o existía ausencia absoluta de poder de la parte actora, que la referencia a una persona jurídica en el escrito del poder constituía una imprecisión material o error de digitación, que la comparecencia personal de la entonces representante legal de la sociedad demandada y el acceso al expediente permitían tener por acreditado el conocimiento efectivo del auto, la demanda y sus anexos».Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-05545-00 3 Reprochó que ambas autoridades judiciales incurrieron en vías de hecho por defectos fáctico y procedimental absoluto.

3 Reprochó que ambas autoridades judiciales incurrieron en vías de hecho por defectos fáctico y procedimental absoluto. Lo primero, ante la valoración probatoria sesgada e incompleta de los convocados , al tener por acreditada la notificación con el envío del enlace a un correo personal y restar relevancia a las inconsistencias del poder, sin contrastarlas con los elementos constitutivos del título ejecutivo complejo . Lo segundo, porque, se validó una notificación practicada en un correo personal, sin observar las formalidades y actuando al margen del procedimiento previsto para la notificación personal en los artículos 291 y 612 del C ódigo General del Proceso, irregularidades que, según la accionante, viciaron la actuación de nulidad insanable y afectaron su derecho de defensa y contradicción.

3. Por lo anterior, solicitó que se dejara sin efectos los autos controvertidos y expedidos por ambas autoridades criticadas y, en su lugar el Tribunal accionado profiera una nueva que atienda la valoración de todos los elementos probatorios que obran en el expediente.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagué comentó que expidió interlocutorio del 3 de agosto de 2026, mediante la cual confirmó la decisión recurrida, al concluir que los rep roches concernientes con el poder no demostraban una carencia íntegra de mandato y la notificación personal en esa actuación cumplió su finalidad; por lo que, ese pronunciamiento se produjo con base en elRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-05545-00 4 análisis de las actuaciones obrantes en el expediente y la

por lo que, ese pronunciamiento se produjo con base en elRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-05545-00 4 análisis de las actuaciones obrantes en el expediente y la normatividad que rige el asunto.

2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagué relató las actuaciones efectuadas en el proceso refutado y resaltó que no se configura quebranto a derecho alguno ; máxime cuando esta acción no es un recurso o mecanismo adicional a los dispuestos por la Ley en los procesos judiciales, para exponer el descontento con lo decidido.

3. Mauricio Oswaldo Lozano Marín , a través de quien adujo ser su apoderada, se opuso al resguardo, enunciando que debe declararse improcedente la acción por incumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad frente a providencias judiciales , a saber, la relevancia constitucional, inmediatez y subsidiariedad que la gobiernan.

CONSIDERACIONES

1. Relevancia constitucional – Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado que la acción de tutela no procede, por regla general, contra providencias judiciales. Así lo impone el respeto por la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía e independencia de quien administra justicia, principios que impedirían convertir el amparo en un recurso adicional para reabrir controversias ya definidas porRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-05545-00 5

justicia, principios que impedirían convertir el amparo en un recurso adicional para reabrir controversias ya definidas porRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-05545-00 5 el juez natural. Únicamente de manera excepcional, cuando la decisión judicial lesiona derechos fundamentales, resulta admisible el amparo, bajo la condición de que se acrediten los requisitos de carácter general, que habilitan el estudio de la solicitud, y otros específicos o materiales, que autorizan la prosperidad de la protección (CC C-590 de 2005).

El primero de los requisitos generales es la relevancia constitucional, presupuesto que antecede a cualquier consideración de fondo y opera como verdadera compuerta de acceso al examen del amparo. Su razón de ser es delimitar el ámbito propio del juez constitucional frente al del juez ordinario: al primero le corresponde la guarda de la Constitución y de los derechos fundamentales, no la revisión del acierto legal de las decisiones. Por ello la Corte Constitucional le ha atribuido tres finalidades concretas, al precisar que se trata de un requisito que persigue "(i) asegurar que la tutela no sea utilizada para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la tutela a cuestiones que afecten directamente los derechos fundamentales; y (iii) evitar que la tutela se convierta en una tercera insta ncia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces" (CC SU -573 de 2019, SU -128 de 2021).

La Corte Constitucional explica que la relevancia constitucional "protege el carácter subsidiario de la acción de tutela,

las decisiones de los jueces" (CC SU -573 de 2019, SU -128 de 2021).

La Corte Constitucional explica que la relevancia constitucional "protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales" , de suerte que, para verificarla, el juez debe analizar "(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinarRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-05545-00 6 el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporc ionada a derechos fundamentales" (CC SU-215 de 2022, SU-134 de 2022).

De la jurisprudencia expuesta deriva una regla que gobierna este asunto: la relevancia constitucional no se satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental. La Corte ha sido enfática en que la mención de un derecho no confiere, por sí sola, trascendencia constitucional a una controversia que continúa siendo de estirpe legal y/o probatorio . En consecuencia, la sola invocación de derechos fundamentales como el debido proceso o el acceso a la administración de justicia no habilita, per se , la intervención del juez constitucional.

Finalmente, este requisito no obra de manera aislada, sino en estrecha relación con los demás presupuestos

como el debido proceso o el acceso a la administración de justicia no habilita, per se , la intervención del juez constitucional.

Finalmente, este requisito no obra de manera aislada, sino en estrecha relación con los demás presupuestos generales de procedibilidad; con todo, superados en este caso la subsidiariedad e inmediatez, el examen se concentra en la relevancia constitucional, cuya ausencia, según pasa a exponerse, impide la improcedencia del amparo.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo satisface los requisitos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en tre ellos , el de relevancia constitucional. Solo de superarse ese examenRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-05545-00 7 habría lugar a estudiar el fondo, esto es, si el Tribunal Superior de Ibagué incurrió en los defectos endilgados al expedir el interlocutorio de 3 de agosto de 2026 que confirmó el dictado por el a quo el 27 de enero de este año en el proceso n.° 2023-00113, para denegar la solicitud de nulidad por indebida notificación del auto admisorio de la demanda y la carencia de poder para representar al allá ejecutante.

3. Caso concreto

Se anticipa que la Sala negará el amparo, pues en l a determinación cuestionada no se advierte irregularidad alguna que imponga la injerencia del juez constitucional, comoquiera que el asunto sometido a su consideración no reviste relevancia constitucional, según se pasa a exponer:

determinación cuestionada no se advierte irregularidad alguna que imponga la injerencia del juez constitucional, comoquiera que el asunto sometido a su consideración no reviste relevancia constitucional, según se pasa a exponer:

3.1. La accionante, dirige el amparo contra el auto de segundo grado de 3 de agosto de 20261, con el fin de que se deje sin efecto s y, en su lugar, se ordene a la Colegiatura recriminada proferir uno nuevo que aborde el estudio en su raciocinio específico con el material probatorio recaudado en el proceso ejecutivo y su intelección acerca de los cánones 291 y 612 de la Ley 1564 de 2012. Es decir, e n el fondo, su inconformidad recae sobre la manera como el Tribunal, ponderó y evaluó en material probatorio y las normas que regulan las notificaciones personales previstas en el Código General del Proceso (arts. 291 y 612) que pretende revertir vía de tutela.

1 Única decisión que debería analizarse por ser la que zanjó el asunto en controversia.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-05545-00 8 3.2. En primer lugar, lo que en realidad pretend e l a promotora es que el juez constitucional dirima una controversia de aplicación de normas legales y apreciación del acervo probatorio. En efecto, sus reproches recaen sobre la valoración que el Tribunal hizo en el proceso de los diferentes elementos de demostración, porque en su criterio, se restó eficacia probatoria al poder otorgado y se tuvo por acreditada la notificación con el envío del enlace del proceso

la valoración que el Tribunal hizo en el proceso de los diferentes elementos de demostración, porque en su criterio, se restó eficacia probatoria al poder otorgado y se tuvo por acreditada la notificación con el envío del enlace del proceso a un correo personal más no al institucional de la sociedad ejecutada (acá tutelante) ; y sobre la interpretación de las reglas previstas en los artículos 291 y 612 del Código General Proceso, en las notificaciones personales, actuando en su criterio, al margen de tales procedimientos . Se trata, en su integridad, de cuestiones de estricta legalidad, ampliamente debatidas y resueltas de manera motivada por el juez natural.

No se debate aquí una cuestión que comprometa la interpretación o el alcance de la Constitución, sino la forma como la autoridad accionada ponderó la prueba y convalidó la negativa a la prosperidad de la nulidad por indebida notificación y carencia íntegra de poder para ejercerse representación de la actora en el expediente rebatido , junto a su intelección de normas de eminente carácter procesal.

Que los motivos del escrito tutelar busquen un pronunciamiento de esta Corporación sobre sus argumentos expuestos ahora en este escenario excepcional, valida que el amparo se emplea como una instancia alternativa paraRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-05545-00 9 reabrir un debate agotado, cometido ajeno a la naturaleza de este instrumento iusfundamental.

3.3. En segundo lugar, la consecuencia jurídica que se desprende de l interlocutorio refutado, esto es, la confirmación de la negativa al pedimento nulitativo de la

este instrumento iusfundamental.

3.3. En segundo lugar, la consecuencia jurídica que se desprende de l interlocutorio refutado, esto es, la confirmación de la negativa al pedimento nulitativo de la demandada, al no demostrarse su configuración con el análisis de los elementos que componen el acervo probatorio, es la que el ordenamiento prevé para esta clase de controversias, al no prosperar las dos causales alegadas.

Y es que , contrario a lo argüido por l a gestora la autoridad accionada motivó y sustentó su decisión en las normas procesales que gobiernan el instituto de las nulidades y valoró con arreglo a ellas que no se configuraban las causales en comento , principalmente, porque (i) en cuanto a la del numeral 4º del artículo 133 ibídem, no existió carencia íntegra de poder, sino un mandato expreso para promover la ejecución, de modo que las imprecisiones sobre la cuantía, los contratos, la cesión o la calidad del otorgante constituían defectos formales insuficientes para invalidar la representación judicial ; y (ii) tampoco se edificó la del numeral 8º del artículo 133 eiusdem, pues la representante legal compareció personalmente, conoció el mandamiento de pago y recibió acceso al expediente y al traslado solicitado, de modo que las irregularidades formales alegadas no impidieron el conocimiento efectivo del proceso ni afectaro n materialmente su derecho de defensa.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-05545-00 10 Por tanto, e sa determinación, contrastada con la Constitución Política , no resulta por sí misma lesiva de derecho fundamental alguno, pues no hace más que extraer

10 Por tanto, e sa determinación, contrastada con la Constitución Política , no resulta por sí misma lesiva de derecho fundamental alguno, pues no hace más que extraer las consecuencias que trae consigo la no configuración de las dos causales previstas en el canon 133 aludido.

Lo que subyace es una simple diferencia de criterio s frente a la interpretación motivada de la autoridad accionada, a la cual la actora se limita a oponer la propia. Insiste la Sala en que la mera invocación del debido proceso y el acceso a la administración de justicia, sin demostración de una afectación desproporcionada, no confiere por sí sola relevancia constitucional a una controversia que sigue siendo legal. De este modo, lo perseguido no es la guarda de un derecho fundamental, sino la apertura de una instancia adicional, cometido ajeno a la acción de tutela.

3.4. Y, en tercer lugar, no se acredita una afectación desproporcionada de derechos fundamentales que confiera trascendencia constitucional al asunto ; toda vez que, no se demostraron los requisitos del perjuicio irremediable , único evento que permitiría flexibilizar el requisito de la relevancia constitucional echado de menos , en caso de confluir sus puntuales exigencias. A saber, la tutelante no acreditó los supuestos que la jurisprudencia constitucional exige , para que ese perjuicio sea inminente, grave, urgente e impostergable, y que su configuración se demuestre con elementos concretos (CSJ, STC14223-2026), sin que basten las afirmaciones sobre el presunto quebranto de prerrogativas fundamentales.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-05545-00 11

elementos concretos (CSJ, STC14223-2026), sin que basten las afirmaciones sobre el presunto quebranto de prerrogativas fundamentales.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-05545-00 11

4. Conclusión

En definitiva, como la decisión cuestionada no constituye una actuación arbitraria susceptible de corrección por esta vía excepcional -pues lo que en el fondo pretende la sociedad actora es anteponer su criterio al de la autoridad judicial accionada-, y al carecer el asunto de relevancia constitucional, se declarará la inviabilidad del amparo solicitado, por las razones aquí expuestas.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil , Agraria y Rural , administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a través de la acción de tutela referenciada.

Comuníquese lo aquí resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado el fallo, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-05545-00

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FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

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FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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