CSJ - STC20704-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20704-2026 Radicación nº 11001-02-04-000-2026-02529-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casación Penal el 10 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela promovida por Alfredo Elías Cure Gómez en nombre propio y en representación de la sociedad Cure Delgado & Cía. S. en C., contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el Juzgado Once Penal del Circuito, la Fiscalía 5ª Delegada ante el tribunal, las Fiscalías 43 y 49 Seccionales-Ley 600 de 2000 y la Procuraduría 45 Judicial II Penal, todos de Barranquilla , trámite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en las acciones constitucionales radicados 2025 -00692 y 202500244, del proceso penal radicado nº 2024-00038 y de l civil 201900034.

ANTECEDENTESRad. nº 11001-02-04-000-2026-02529-01

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1. El solicitante, actuando en la calidad anunciada , reclamó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia , presuntamente vulnerado s por las autoridades judiciales convocadas.

2. Del escrito inicial y los anexos, se extrae en

reclamó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia , presuntamente vulnerado s por las autoridades judiciales convocadas.

2. Del escrito inicial y los anexos, se extrae en

síntesis que:

2.1. La sociedad Cure Delgado & Cía., prestó su razón social como respaldo de un préstamo por valor de USD 239.000 que la compañía Global Link Communication , de propiedad de William y José Delgado Logreira, obtuvo de la empresa Telecom. A cambio de ello, los hermanos Delgado Logreira en el año 2001 firmaron en su favor una letra de cambio para garantizar futuras obligaciones que se derivarán por el no pago de la deuda.

Ante el reclamo efectuado posteriormente por Telecom por la incursión en mora en el pago de la obligación, Cure Delgado inició un ejecutivo contra los hermanos Delgado Legreiro, a fin de hacer efectiva la letra de cambio que aquellos firmaron en su favor como respaldo de la deuda. En dicho asunto (rad. 2019-00034) el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Barranquilla libró inicialmente mandamiento de pago y decretó el embargo de varios inmuebles propiedad de los demandados, no obstante, posteriormente, José Delgado Legreira demostró que la rúbrica suya plasmada en el título valor objeto del cobro habría sido, al parecer, falsificada porRad. nº 11001-02-04-000-2026-02529-01

3 su hermano William, lo que dio lugar al levantamiento de las medidas cautelares.

Contra William Delgado Legreira se inició proceso penal por el delito de fraude procesal ante el Juzgado Once Penal

3 su hermano William, lo que dio lugar al levantamiento de las medidas cautelares.

Contra William Delgado Legreira se inició proceso penal por el delito de fraude procesal ante el Juzgado Once Penal del Circuito de Barranquilla (rad. 2024-00038) asunto en el cual la sociedad Cure Delgado & Compañía fue reconocida como parte civil (víctima).

Contra dicha autoridad penal, el representante legal de la sociedad Curé Delgado formuló acción de tutela cuestionando del juzgado una aparente mora judicial y solicitó que: se ordene al accionado no aplazar la audiencia programada para el 2 de febrero de 2026 y al Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla , ordenar restablecer la medida cautelar decretada en el ejecutivo 2019-00034.

La Sala Penal del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial conoció de dicho amparo ( rad. 2025 -00692) y mediante fallo del 16 de diciembre de 2025 declaró su improcedencia por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad. Decisión que no fue impu gnada por la sociedad tutelante.

2.2. Acude la sociedad aquí accionante, por intermedio de su representante legal, nuevamente a la salvaguarda para cuestionar principalmente:

a). Del Tribunal Superior de Barranquilla-Sala Penal, la incursión en vía de hecho en el trámite de la tutela rad.Rad. nº 11001-02-04-000-2026-02529-01

4 2025-00692 porque no hizo un estudio de fondo sobre la mora judicial del juzgado allí accionado ni sobre el

4 2025-00692 porque no hizo un estudio de fondo sobre la mora judicial del juzgado allí accionado ni sobre el restablecimiento de sus derechos como víctima en el asunto penal y en el civil que inició. Así mismo, que superó el plazo de los 10 días que determina la ley para fallar la tutela y porque no le dio trámite a la impugnación que habría formulado contra esa decisión.

b). Dirigió una serie de cuestionamientos respecto de la causa penal en la que se encuentra reconocida como parte civil (víctima), en relación con aparentes irregularidades procesales que señala se habrían presentado en la Resolución de acusación por parte de la fiscalía encargada de la investigación y del juzgado de conocimiento por no haberse, supuestamente, pronunciado frente a los alegatos de conclusión que presentó como víctima en el asunto. También criticó que el Ministerio Público asignado al caso – Procuraduría 49 Judicial II Penal –, no ha intervenido de manera efectiva en el proceso en defensa de sus garantías.

3. Por lo anterior, pidió que , se deje sin efecto la sentencia de tutela (rad. 2025 -00692) proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla -Sala Penal. Se ordene restablecer las medidas cautelares al interior del ejecutivo 2019-00034. Se ordene al Juzgado Once Penal del Circuito de Barranquilla que resuelva los alegatos de conclusión que presentó en la audiencia de juzgamiento en el proceso penal rad. 2024-00038.

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOSRad. nº 11001-02-04-000-2026-02529-01

presentó en la audiencia de juzgamiento en el proceso penal rad. 2024-00038.

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOSRad. nº 11001-02-04-000-2026-02529-01

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1. La Procuraduría 49 Judicial II Penal de Barranquilla solicitó ser desvinculada del presente trámite.

Manifestó que no es cierto que no haya cumplido sus deberes legales durante el desarrollo del juicio oral.

2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla informó que el actor no impugnó el fallo de tutela proferido el 16 de diciembre de 2025 bajo el radicado 2025-00692 sobre el cual promov ió la presente demanda constitucional.

3. La Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla informó que revisado el expediente de tutela 2025 -00692 no se advirt ió que el accionante hubiere promovido impugnación contra el fallo proferido el 16 de diciembre de 2025. Allegó varias piezas de esa actuación y pidió se nieguen las pretensiones.

4. El Juzgado Once Penal del Circuito de Barranquilla informó que conoce el proceso penal 202400038 que se adelanta en contra de William Delgado Logreira por el delito de fraude procesal. Refiere que ya se agotó la fase de juzgamiento, se corrió traslado para alegatos de conclusión y desde el 4 de marzo de 2026 tiene pendiente por proferir fallo. Destacó que el actor formuló sus alegaciones el 9 de febrero de 2026, igualmente, que ostenta alta carga laboral debido a que debe atender procesos penales del

proferir fallo. Destacó que el actor formuló sus alegaciones el 9 de febrero de 2026, igualmente, que ostenta alta carga laboral debido a que debe atender procesos penales del sistema procesal de la Ley 906 de 2004 y de la Ley 600 de 2000, también tiene pendiente por proferir 74 fallos.Rad. nº 11001-02-04-000-2026-02529-01

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5. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barranquilla indicó que el proceso radicado 2019 -00034 antes 2004 -00133, se ordenó su remisión a los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias de

Barranquilla.

FALLO DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL

Declaró improcedente la acción de tutela respecto del Tribunal Superior de Barranquilla por cuanto la accionante no acreditó la supuesta falta de tramitación de la impugnación en la tutela rad. 2025-00692; y la inexistencia de cosa juzgada fraudulent a. M ientras que sobre las irregularidades del proceso penal en su fase inicial y en el juicio, concluyó que se incumple el principio de subsidiariedad al estar el trámite penal en curs o. De igual manera, negó la tutela contra el Juzgado Once Penal del Circuito al considerar que la tardanza en dictar sentencia no obedeció a una conducta negligente, sino que estuvo amparada por la excepción de congestión judicial.

IMPUGNACIÓN

La interpuso el querellante reiterando en extenso los argumentos del escrito inicial. Refutó el fallo de la Sala a-quo

amparada por la excepción de congestión judicial.

IMPUGNACIÓN

La interpuso el querellante reiterando en extenso los argumentos del escrito inicial. Refutó el fallo de la Sala a-quo por cuanto, aduce que no valoró adecuadamente lo aportado a la actuación, pues omitió corregir los errores señalados a las autoridades accionadas. Cuestionó que la providencia respalde la conducta del Juzgado 11 Penal del Circuito y deRad. nº 11001-02-04-000-2026-02529-01

7 las autoridades judiciales que negaron el decreto de las medidas cautelares de restablecimiento del derecho sobre los inmuebles embargad os. Finalmente, reprochó que el fallo convalide la inobservancia del término legal de 15 días para decidir tras la presentación de los alegatos de conclusión, lo que en su criterio propicia la prescripción de la acción penal y civil.

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si las autoridades accionadas vulneraron las garantías supralegales invocadas por la sociedad accionante en los trámites de: la acción de tutela rad. 2025 -00692 y en el proceso penal rad. 202400038, por: (i) haber supuestamente omitido dar curso a la impugnación promovida contra el fallo constitucional previo e incurrir en extemporaneidad en su notificación (Tribunal Superior de Barranquilla); (ii) así como por la supuesta mora judicial injustificada en emitir la sentencia de primera instancia tras el vencimiento del término para resolver los alegatos de conclusión y la omisión de decretar las medidas

Superior de Barranquilla); (ii) así como por la supuesta mora judicial injustificada en emitir la sentencia de primera instancia tras el vencimiento del término para resolver los alegatos de conclusión y la omisión de decretar las medidas cautelares de restablecimiento del derecho solicitadas por la parte civil (Juzgado Once Penal del Circuito de Barranquilla).

2. La improcedencia de este mecanismo contra sentencias de tutelaRad. nº 11001-02-04-000-2026-02529-01

8 La acción de que trata el artículo 86 de la Constitución Política no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador creó como únicos medios de contradicción en estos casos la impugnación y la eventual revisión ante la Corte Constitucional. En este sentido se ha expuesto: «(…) ha de tenerse en cuenta que en el trámite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acción constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnación ante el inmediato superior funcional y la revisión eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos» (CSJ STC 2 oct. 2008, rad. 01619-00, reiterada en STC4241 de 7 abr. de 2016).

Solo en casos excepcionales se ha aceptado la utilización de esta herramienta cuando en el procedimiento seguido por el juez del auxilio se desconoce de manera flagrante la garantía al debido proceso de los intervinientes. En ese sentido se ha dicho que sería viable:

«(…) cuando se omite la integración del contradictorio o la

seguido por el juez del auxilio se desconoce de manera flagrante la garantía al debido proceso de los intervinientes. En ese sentido se ha dicho que sería viable:

«(…) cuando se omite la integración del contradictorio o la notificación de las personas con interés jurídico para intervenir, por lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a restablecer el status quo lesivo del derecho fundamental al debido proceso» (CSJ STC, 16 nov. 2011, rad. 01315 -01, el mismo criterio se expresó, entre otros fallos, en STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00; 16 feb. 2009, rad. 0019300; y 21 ene. 2010, rad. 2009-02355-00).

Además, la reiterada postura de la Corte Constitucional ha señalado un aspecto unificado, constante y vigente que debe ser atendido, al justificar en estos casos la inviabilidad de la acción, ya que, «además de fundarse en el propio textoRad. nº 11001-02-04-000-2026-02529-01

9 constitucional, propende i) por hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales confiada por la Carta Política a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las órdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protección constitucional que el asunto de la vulneración de sus derechos fundamentales será resuelto de una vez » (CC SU -1219/01, T021/02, T -192/02, T -217/02, T -354/02, T -432/02, Tprotección constitucional que el asunto de la vulneración de sus derechos fundamentales será resuelto de una vez » (CC SU -1219/01, T021/02, T -192/02, T -217/02, T -354/02, T -432/02, T623/02, T-944/05 y T-059/06, entre otras).

2.1. En el asunto que es objeto de estudio se advierte que la sociedad promotora (por intermedio de su representante legal) pretende controvertir , mediante una nueva acción de tutela, el fallo proferido en sede constitucional (rad. 2025-00692) por el Tribunal Superior de Barranquilla – Sala Penal el 16 de diciembre de 2025 , desestimatorio del amparo que instauró contra el Juzgado Once Penal del Circuito y el Catorce Civil del Circuito, ambos de esa ciudad.

Ciertamente, como se mencionó, se ha admitido la pertinencia de esta senda en los casos donde se advierta necesario garantizar el derecho de quienes no habiendo sido citados al trámite o correctamente notificados, resultan afectados por la decisión allí adoptada, pero esa situación no es la que aquí se propone.

También la Corte Constitucional en la providencia T951 de 2013, reiterada en la SU-627 de 2015, sostuvo que la acción de tutela procedería eventualmente contra otro veredicto del mismo género en caso de concurrir losRad. nº 11001-02-04-000-2026-02529-01

10 siguientes eventos, que se erigen como presupuestos de estricta demostración: «a) La acción de tutela presentada no

10 siguientes eventos, que se erigen como presupuestos de estricta demostración: «a) La acción de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se está en presencia del fenómeno de cosa juzgada; b) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una situación de fraude , que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho (Fraus omnia corrumpit); c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situación, esto es, que tiene un carácter residual».

Empero, los requisitos aludidos se descartan en el sub lite, por cuanto no se probaron y ni siquiera se alegaron, pues la censura se circunscribió a discutir el soporte argumentativo a partir del cual el tribunal accionado, declaró inviable la súplica por incumplimiento de l requisito de procedibilidad de la subsidiariedad.

Es decir, los planteamientos de la gestora consist ieron en manifestaciones producto de la inconformidad con aquella determinación, pero, sin señalar motivos concretos que permitan inferir la presencia de alguno de los dos primeros eventos referidos en la jurisprudencia que habilitarían excepcionalmente el resguardo.

2.2. Finalmente, se refuerza la improcedencia de dicho cuestionamiento no solo porque se dirigió contra otros fallos de la misma naturaleza, sino, esencialmente, porque el debate en torno a la presunta vulneración de sus derechos fundamentales quedó agotado en sede del control directo que

cuestionamiento no solo porque se dirigió contra otros fallos de la misma naturaleza, sino, esencialmente, porque el debate en torno a la presunta vulneración de sus derechos fundamentales quedó agotado en sede del control directo que realizó la Corte Constitucional, al excluir de revisión dichoRad. nº 11001-02-04-000-2026-02529-01

11 fallo, por lo que emerge la inmutabilidad de la cosa juzgada que impide volver sobre aspectos ya definidos.

3. Ausencia de vulneración – Trámite de tutela rad. 2025-000692

Uno de los reproches principales del amparo, los dirige la accionante contra el Tribunal Superior de Barranquilla – Sala Penal porque, respecto de la sentencia de tutela anteriormente referenciada, supuestamente, interpuso impugnación, pero no fue tramitada.

Esta Sala, refrendando lo resuelto por la Homóloga a-quo, advierte que no se configura la vulneración alegada, pues la accionante se limitó a afirmar categóricamente haber presentado impugnación contra la sentencia del 16 de diciembre de 2025; sin embargo, no aportó prueba que acredite su oportuna radicación ante el despacho de origen.

Frente a la manifestación de la actora, tanto la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla como la Secretaría de dicha corporación fueron claras, explícitas y coincidentes en certificar que no registraron ni advirtieron la radicación de escrito alguno tendiente a impugnar el referido fallo constitucional.

Sobre este punto, es menester precisar que, aun cuando la acción de tutela está revestida del principio de informalidad,

escrito alguno tendiente a impugnar el referido fallo constitucional.

Sobre este punto, es menester precisar que, aun cuando la acción de tutela está revestida del principio de informalidad, sobre la parte tutelante recae una carga mínima de acreditación probatoria respecto de los hechos en que fundaRad. nº 11001-02-04-000-2026-02529-01

12 la vulneración alegada. La simple afirmación del interesado resulta insuficiente para desvirtuar las certificaciones oficiales de los órganos judiciales accionados.

Por consiguiente, ante la falta de demostración de la radicación formal del recurso dentro del término legal, no es dable endilgar defecto procedimental o la omisión de un trámite que objetivamente nunca fue activado.

4. Improcedencia del amparo frente a las presuntas irregularidades dentro del proceso penal rad. 2024-00038

Frente a los reparos formulados contra la Fiscalía General de la Nación y el Juzgado Once Penal del Circuito de Barranquilla por presuntas irregularidades o anomalías acaecidas dentro del trámite penal sustanciado bajo el radicado 2024-00038, la Sala descarta la procedencia de la tutela en observancia del principio de subsidiariedad.

Tal como se desprende de la actuación, el juzgamiento penal se encuentra actualmente en curso y pendiente de que se profiera la correspondiente sentencia de primera instancia. Por tanto, la vía constitucional no es el escenario llamado a resolver aspectos probatorios o procedimentales del juicio ordinario mientras la actuación esté activa.

La sociedad accionante cuenta con los mecanismos ordinarios de defensa dentro del mismo proceso penal,

resolver aspectos probatorios o procedimentales del juicio ordinario mientras la actuación esté activa.

La sociedad accionante cuenta con los mecanismos ordinarios de defensa dentro del mismo proceso penal, específicamente el recurso de apelación contra el fallo de primer grado que eventualmente se emita. En dicha instanciaRad. nº 11001-02-04-000-2026-02529-01

13 podrá exponer y hacer valer todos los vicios o incorrecciones que atribuye al ente investigador o al juzgador de conocimiento, resultando improcedente la tutela como vía paralela o sustitutiva.

5. De la mora judicial atribuida al juzgado accionado

Finalmente, en cuanto a la supuesta mora judicial endilgada al Juzgado Once Penal del Circuito de Barranquilla por no haber proferido la sentencia penal una vez vencido el plazo posterior al alegato de conclusión, la Sala acoge lo resuelto por la a-quo constitucional, en el sentido de que no hay lugar a conceder la salvaguarda constitucional por lo siguiente.

En primer término, la autoridad judicial justificó razonablemente la demora en emitir la providencia, exponiendo factores objetivos derivados de la alta congestión laboral y la abrumadora carga de procesos pendientes bajo el régimen de la Ley 600 de 2000 q ue gravitan sobre su despacho.

En segundo término, conforme al criterio sentado por esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, para que el incumplimiento de los términos procesales estructure una violación al debido proceso por mora judicial, esta debe ser manifiesta, desmotivada e injustificada, originada en la apatía,

esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, para que el incumplimiento de los términos procesales estructure una violación al debido proceso por mora judicial, esta debe ser manifiesta, desmotivada e injustificada, originada en la apatía, abandono o negligencia del operador jurídico. El meroRad. nº 11001-02-04-000-2026-02529-01

14 transcurso del tiempo aisladamente considerado no configura per se un quebranto iusfundamental.

En el caso concreto, el despacho ha mantenido una conducta diligente mediante el constante adelantamiento de trámites procesales, tales como la consecución del juicio oral y la recepción de alegatos finales, lo que demuestra que la demora no responde a desidia sino al obligado respeto del turno de decisión de los asuntos a su cargo y a la carga de trabajo objetiva.

Al verificarse que la actuación ha avanzado y que la mora está amparada en motivos objetivos y justificables, se impone ratificar la negativa de la protección invocada.

6. Con fundamento en lo discurrido, se ratificará la desestimación de la protección pedida.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese por medio idóneo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y remítase oportunamente la actuación a la Corte Constitucional para

autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese por medio idóneo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y remítase oportunamente la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.Rad. nº 11001-02-04-000-2026-02529-01

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JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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