CSJ - STC20708-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA Magistrado ponente

STC20708-2026 Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02399-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal el pasado 20 de agosto de 20261, dentro de la acción de tutela promovida por Antonio Molina Salgado contra la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior de Medellín y el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de esa ciudad ; trámite al cual fueron vinculadas las autoridades, partes e intervinientes reconocidos en la salvaguarda rad. n.° 2026-00068.

ANTECEDENTES

1. El promotor reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, mínimo

1 Impugnación ingresó a Sala de Casación Civil por reparto el 28 de septiembre de 2026.Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02399-01 2 vital, salud e integridad personal y acceso a la administración de justicia que estima vulnerados por las autoridades judiciales convocadas.

2. En síntesis, relató que:

2.1. Prestó sus servicios a la Policía Nacional durante más de 12 años. En ese lapso sufrió, en actos del servicio, heridas por arma de fuego, fracturas múltiples y trastorno de

2. En síntesis, relató que:

2.1. Prestó sus servicios a la Policía Nacional durante más de 12 años. En ese lapso sufrió, en actos del servicio, heridas por arma de fuego, fracturas múltiples y trastorno de estrés postraumático (TEPT). Estuvo privado de la libertad entre el 15 de febrero de 2018 y el 7 de marzo de 2025.

2.2. Durante su reclusión, la Junta Médico Laboral n.º 9004, en acta del 21 de agosto de 2024, le fijó una pérdida de capacidad laboral del 30,64% , sin las valoraciones por ortopedia y maxilofacial que estaban ordenadas.

2.3. Al desatar la apelación, el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, mediante Acta n.º TML26-1069 del 2 de marzo de 2026, incrementó el porcentaje al 47,47%, pese a dejar constancia de que existían «órdenes médicas pendientes para exámenes y tratamiento».

2.4. Por lo anterior, promovió tutela contra el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, el Tribunal Médico Laboral y la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional (rad. n.º 2026 -00068). El Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de Medellín, en sentencia del 3 0 de abril de 2026, declaró improcedente el amparo, por cuanto la controversia debía ventilarse medianteRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02399-01 3 el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y no se acreditó un perjuicio irremediable. El tutelante

3 el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y no se acreditó un perjuicio irremediable. El tutelante impugnó esa determinación.

2.5. La Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior de Medellín, en providencia del 10 de junio de 2026, confirmó lo resuelto. Estimó que los reparos se orientaban a controvertir la validez y el acierto de un dictamen médico laboral, asunto propio de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Advirtió que el interesado agotó los recursos administrativos y obtuvo un pronunciamiento de fondo que incluso elevó el porcentaje inicial, y que no demostró un perjuicio irremediable. Ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

3. El actor acude a esta nueva acción de tutela al considerar que las dos sentencias reseñadas incurrieron en defecto fáctico, defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y falta de motivación. En su sentir, pasaron por alto que el Acta n.º TML26-1-069 reconoce órdenes médicas pendientes y redujeron a una «discrepancia técnica» la omisión de una valoración integral. Añadió que se aplicó de forma mecánica la subsidiariedad, sin atender su condición de sujeto de especial protección constitucional, y que se desconocieron las sentencias T-038 de 2011, T-544 de 2017 y T-250 de 2022. Agregó que acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le implicaría esperar entre cinco

desconocieron las sentencias T-038 de 2011, T-544 de 2017 y T-250 de 2022. Agregó que acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le implicaría esperar entre cinco y ocho años.Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02399-01 4

4. En consecuencia, solicita dejar sin efectos las sentencias proferidas por las autoridades demandadas, ordenar a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional programar dentro de las 48 horas siguientes las valoraciones pendientes por ortopedia y maxilofac ial, y ordenar al Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía emitir un nuevo dictamen de pérdida de capacidad laboral, integral y actualizado, dentro de los 10 días siguientes a la recepción de esos conceptos.

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. La Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior de Medellín reseñó los fundamentos de su decisión. Pidió declarar improcedente el amparo, porque no cabe la tutela contra un fallo de igual naturaleza y lo resuelto no constituye una vía de hecho.

2. El Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de Medellín se limitó a remitir el enlace del expediente digital.

3. La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional alegó falta de legitimación en la causa por pasiva frente a las pretensiones dirigidas contra las providencias judiciales, pues no participó en su expedición ni ejerce funciones jurisdiccionales. Precisó que el procedimiento médico laboral se surtió conforme al Decreto 1796 de 2000, que asigna al

pretensiones dirigidas contra las providencias judiciales, pues no participó en su expedición ni ejerce funciones jurisdiccionales. Precisó que el procedimiento médico laboral se surtió conforme al Decreto 1796 de 2000, que asigna al Tribunal Médico Laboral la revisión de las decisiones de las juntas. Solicitó su desvinculación.Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02399-01 5

4. El Grupo de Medicina Laboral de la Unidad Prestadora de Salud de Antioquia sostuvo que carece de competencia para dirimir las inconformidades con lo decidido por la Junta y el Tribunal Médico Laboral. Señaló que el accionante agotó los recursos de ley y que las valoraciones se practicaron de manera integral. Invocó la subsidiariedad y pidió declarar la improcedencia por inexistencia de vulneración y falta de legitimación por pasiva.

LA SENTENCIA IMPUGNADA

La Sala de Casación Penal declaró improcedente el amparo. Concluyó que el gestor no acreditó el fraude que, de manera excepcional, habilita la tutela contra fallos de igual naturaleza, y que no se satisfizo la subsidiariedad, pues el expediente de la salvaguarda anterior fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión, escenario en el que aún puede exponer su situación.

IMPUGNACIÓN

El recurrente insistió en el amparo. Adujo que el a quo le exigió invocar expresamente el fraude, sin valorar que el Acta n.º TML26-1-069 reconoce órdenes médicas pendientes, y que no se pronunció sobre el precedente de la valoración

le exigió invocar expresamente el fraude, sin valorar que el Acta n.º TML26-1-069 reconoce órdenes médicas pendientes, y que no se pronunció sobre el precedente de la valoración integral. Agregó que el expediente solo fue enviado a la Sala de Selección el 1º de septiembre de 2026, por lo que la eventual revisión no constituye un medio cierto ni eficaz.Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02399-01 6

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si las autoridades convocadas lesionaron los derechos fundamentales del demandante en sede de tutela, al declarar improcedente el amparo que reclamó frente a l os organismos médico laborales, sin valorar las órdenes médicas pendientes reconocidas en el Acta n.º TML26 -1-069; ello, una vez se establezca si es o no procedente la acción de tutela que promovió contra las sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro de la salvaguarda n.º 202600068.

2. De la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias de la misma naturaleza

La acción de que trata el artículo 86 de la Constitución Política no procede respecto de un asunto de igual naturaleza, ya que el legislador creó como únicos medios de contradicción en estos casos la impugnación y la eventual revisión ante la Corte Constitucional. En este sentido se ha expuesto que «(…) ha de tenerse en cuenta que en el trámite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acción constitucional contra una sentencia de

expuesto que «(…) ha de tenerse en cuenta que en el trámite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acción constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnación ante el inmediato superior funcional y la revisión eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos» (CSJ, STC 2 oct. 2008, rad. 2008-01619-00, reiterada en STC4241-2016).Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02399-01 7

Solo en casos excepcionales se ha aceptado la utilización de esta herramienta cuando en el procedimiento seguido por el juez del auxilio se desconoce de manera flagrante la garantía al debido proceso de los intervinientes.

La reiterada postura de la Corte Constitucional respalda esta impertinencia de la acción, pues, como se ha señalado, «además de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales confiada por la Carta Política a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las órdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protección constitucional que el asunto de la vulneración de sus derechos fundamentales será resuelto de una vez » (CC, T-059 de 20 06, citando CC, SU -1219 de 2001).

3. Caso concreto

Se anticipa que la Sala confirmará la improcedencia del

de una vez » (CC, T-059 de 20 06, citando CC, SU -1219 de 2001).

3. Caso concreto

Se anticipa que la Sala confirmará la improcedencia del amparo, comoquiera que el promotor pretende quebrantar los fallos proferidos dentro de una acción de tutela, lo que desatiende una de las causales genéricas de procedibilidad, según la cual la providencia contra la que se dirige el resguardo no debe ser una sent encia emitida en una salvaguarda constitucional; de permitirse, se abriría la puerta a una espiral infinita de procedimientos de la misma naturaleza que tornaría eterna la definición del asunto.Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02399-01 8 Para cuestionar lo resuelto en un trámite de tutela el legislador diseñó la impugnación de la sentencia de primer grado ante el superior funcional del juez fallador, la revisión ante la Corte Constitucional y la insistencia en caso de negarse esta, quedando instituida dicha Corporación como el órgano que pone fin al debate en punto de protección de los derechos fundamentales.

En esa dirección, esta Sala ha acogido el criterio de la Corporación, según el cual:

«(…) Como no es factible interponer una nueva acción de tutela contra la sentencia que definió una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem está construida sobre vías de hecho, debe solicitar a esa Corporación que revise dicho fallo, en los términos de los artículos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jurídicamente ante la eventualidad de que en

fallo, en los términos de los artículos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jurídicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (…) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la última palabra sobre el asunto, y hace tránsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituyó ‘como el órgano que pone fin al debate en punto de protección de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo». (CSJ STC, 30 ago. 2012, rad. 2012-00258-01, reiterada, en STC82892016).

Solo de forma excepcionalísima se ha autorizado la intervención del juez de tutela para resquebrajar las decisiones adoptadas al interior de otra salvaguarda, y ello únicamente cuando se comprueba la existencia de fraude; en ese sentido, en la SU -627 de 2015 el máximo Tribunal Constitucional indicó:Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02399-01 9

«(…) 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta , siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos

juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta , siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación (…)» . El resaltado es propio.

Analizados los argumentos del reclamante frente a las determinaciones adoptadas por las autoridades accionadas, se observa que no se subsumen en ninguna de las hipótesis aludidas, pues la queja gravita, esencialmente, en torno a la valoración del Acta n.º TML26-1-069 y a la exigencia de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es decir, se finca en un subjetivo disentimiento con lo resuelto, circunstancia que refuerza la improcedencia del resguardo.

Así las cosas, el análisis de las discrepancias con lo decidido por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes y la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior de Medellín escapa de esta nueva salvaguarda, correspondiéndole al accionante acudir, por intermedio de los funcionarios competentes, ante la Corte Constitucional ―a donde se remitió el expediente, que fue

del Tribunal Superior de Medellín escapa de esta nueva salvaguarda, correspondiéndole al accionante acudir, por intermedio de los funcionarios competentes, ante la Corte Constitucional ―a donde se remitió el expediente, que fue enviado a la Sala de Selección el 1º de septiembre de 2026― para exponer su situación, en la medida en que, al no haber concluido el trámite de la eventual revisión, aún cuenta conRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02399-01 10 ese instrumento, así como con la formulación de la insistencia en caso de no resultar seleccionado el expediente, tal como se aprecia en la consulta del radicado T12424426:

El instrumento de la revisión consagrado en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 es eficaz porque, como lo ha sostenido esta Sala:

«(…) que no se diga que dicho instrumento no es suficiente garantía, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acción de tutela, también lo es que la selección se materializa a través de l procedimiento previsto en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que ‘[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido por éstos cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave’, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia (…)» (CSJ STC 7 nov . 2012, rad. 2012 -2041-01, reiterada en

puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave’, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia (…)» (CSJ STC 7 nov . 2012, rad. 2012 -2041-01, reiterada en STC13335-2016, entre otras).

Adicionalmente, en lo que atañe al reproche según el cual las providencias cuestionadas avalaron una calificación carente de valoración integral, el quejoso cuenta con otra vía de defensa judicial.Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02399-01 11

El Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía definió en última instancia, el 2 de marzo de 2026, la calificación de su pérdida de capacidad laboral. Si el interesado no comparte esa determinación, puede controvertirla ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, escenario previsto para cuestionar la legalidad de los actos administrativos y en el que, además, puede solicitar medidas cautelares. La sola afirmación de que ese proceso tardaría entre cinco y ocho años no desvirtúa la idoneidad de esa vía ni acredita un perjuicio irremediable que habilite la intervención excepcional del juez constitucional, por lo que tampoco se satisface el requisito de subsidiariedad.

4. Conclusión

Se confirmará el fallo impugnado, comoquiera que la acción se dirige contra decisiones adoptadas dentro de un trámite de tutela y no se cumplen las exigencias jurisprudenciales que, de manera excepcionalísima, habilitarían su procedencia, pues los reproche s se contraen

acción se dirige contra decisiones adoptadas dentro de un trámite de tutela y no se cumplen las exigencias jurisprudenciales que, de manera excepcionalísima, habilitarían su procedencia, pues los reproche s se contraen a un disentimiento con el criterio de los falladores, cuyo control corresponde a la eventual revisión de la Corte Constitucional; y, en todo caso, el actor dispone del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para discutir la calificación de su pérdida de capacidad laboral.Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02399-01 12

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnación.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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