CSJ - STC20710-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20710-2026 Radicación n.º 41001-22-14-000-2026-00374-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026). Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida el 14 de septiembre de 20261 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro de la tutela promovida por Diana Patricia Segura Bohorquez contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pitalito y el Juzgado Promiscuo Municipal de Acevedo, trámite al cual fueron vinculados las autoridades, partes e intervinientes de la resolución de compraventa rad. n.° 2025-00219.

ANTECEDENTES

1. La accionante, actuando a través de apoderado , reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, acceso a la administración de

1 La cual ingresó a este despacho el 1 de octubre de 2026.Radicación n.º 41001-22-14-000-2026-00374-01

justicia e igualdad , presuntamente vulnerado s por l as autoridades convocadas.

2. En sustento, adujo haber iniciado trámite de insolvencia de persona natural no comerciante ante la Notaría Quinta de Neiva. Narró que Bellanith Torres Valbuena se vinculó al asunto en su calidad de acreedora y,

2. En sustento, adujo haber iniciado trámite de insolvencia de persona natural no comerciante ante la Notaría Quinta de Neiva. Narró que Bellanith Torres Valbuena se vinculó al asunto en su calidad de acreedora y, a pesar de su voto negativo, el acuerdo de pago fue aprobado.

No obstante lo anterior, el Juzgado Promiscuo Municipal de Acevedo decidió continuar con el litigio de incumplimiento de contrato de compraventa que se adelantaba entre las partes -en el que se debatía la suma que fue reconocida en el trámite concursal- . Señaló que, en consecuencia, solicitó la nulidad de lo actuado «al existir un acuerdo de pago sobre las acreencias patrimoniales que fueron relacionadas, reconocida, graduadas y calificadas, y que hace parte del acuerdo de pago, con fecha ya establecida para el pago y valor para cada una de las cuotas [y] Se CONTINUE con la suspensión del proceso hasta el cumplimiento del acuerdo de pago conforme al artículo 555 del Código General del Proceso». Sin embargo, la invalidación fue despachada desfavorablemente en ambas instancias.

De ese panorama derivó la lesión a sus derechos fundamentales, toda vez que, en su concepto, el operador judicial «el análisis que hizo el operador judicial no fue armónico con el complicado completo del proceso de INSOLVENCIA DE LA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE Y DE LA PEQUEÑA COMERCIANTE que trae inmerso la aprobación del acuerdo y sus efectos [y] no tiene en cuenta el efecto vinculante de la aprobación del acuerdo de pago y que

NATURAL NO COMERCIANTE Y DE LA PEQUEÑA COMERCIANTE que trae inmerso la aprobación del acuerdo y sus efectos [y] no tiene en cuenta el efecto vinculante de la aprobación del acuerdo de pago y que el mismo tiene tránsito cosa juzgada».Radicación n.º 41001-22-14-000-2026-00374-01

3. Por lo anterior , pidió que se deje sin efecto el proveído que desató su apelación, para que, en su lugar, se resuelva nuevamente conforme a sus intereses.

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS

1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pitalito remitió el link del expediente cuestionado, hizo un recuento de las actuaciones a su cargo y defendió la respectiva legalidad.

2. Jaime Andrés Villanueva Amaya se pronunció sobre los hechos que dieron lugar al escrito inicial y respaldó los argumentos.

3. Bellanith Torres Valbuena se opuso a la prosperidad de las pretensiones.

4. El Banco Davivienda S.A. pidió su desvinculación.

5. La actora solicitó la adición del auto admisorio, en cuanto quedó pendiente el estudio de la medida provisional.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva negó la medida provisional y, a su turno, despachó desfavorablemente la salvaguarda tras descartar la irrazonabilidad de la providencia cuestionada.Radicación n.º 41001-22-14-000-2026-00374-01

IMPUGNACIÓN

turno, despachó desfavorablemente la salvaguarda tras descartar la irrazonabilidad de la providencia cuestionada.Radicación n.º 41001-22-14-000-2026-00374-01

IMPUGNACIÓN

La interpuso la gestora en reiteración de sus argumentos iniciales.

CONSIDERACIONES

1. De entrada, se apunta que la decisión impugnada ha de ser confirmada, pero por el incumplimiento del presupuesto de relevancia constitucional, tal como pasa a exponerse.

2. Acción de tutela contra providencias judiciales.

La acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de carácter residual y subsidiario, toda vez que sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervención del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jurídico, quebrantado, aparentemente, por una autoridad judicial, a saber:Radicación n.º 41001-22-14-000-2026-00374-01

(i) que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige

(i) que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una ca rga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión ius fundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela.

(CC, C-590/05 y SU-813/07).

De igual forma, superadas las anteriores exigencias, es imprescindible que se haya configurado alguno de los defectos específicos, esto es, sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constitución.

3. Relevancia constitucional

En torno a este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que tiene tres finalidades concretas: « (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional[63] y, por tanto, evitar que la acción de tutela

señalado que tiene tres finalidades concretas: « (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional[63] y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad [64]; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales[65] y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces[66]» (CC, SU-128 de 2021).

En esa línea, se ha sostenido que el mismo «(...) protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto delRadicación n.º 41001-22-14-000-2026-00374-01

juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales[119]» (CC, SU -215 de 2022). En esa línea, se han adoptado como criterios para examinar la ausencia o no de relevancia constitucional que la controversia «(i) verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal o económico[161]; (ii) involucre algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental, y (iii) no implique utilizar la acción de tutela como una instancia o un recurso adicional para reabrir debates concluidos en el proceso ordinario» (CC, SU-016 de 2026).

En esa medida, este presupuesto de procedibilidad exige que entre la actuación cuestionada y la presunta vulneración de los derechos fundamentales exista una

concluidos en el proceso ordinario» (CC, SU-016 de 2026).

En esa medida, este presupuesto de procedibilidad exige que entre la actuación cuestionada y la presunta vulneración de los derechos fundamentales exista una relación directa, específica y suficientemente acreditada. No basta con que la parte accionante m anifieste su inconformidad frente a la interpretación de la norma hecha por el fallador, con la valoración de una prueba o con el resultado adverso del proceso.

Es necesario, entonces, que la parte interesada explique de qué manera la decisión censurada trasgredió el ámbito de la autonomía judicial y produjo una afectación constitucionalmente relevante. Dicho de otro modo, el debate debe trascender la simple discrepancia interpretativa y poner de manifiesto una actuación que, por su arbitrariedad, irrazonabilidad o manifiesta incompatibilidad con la Constitución comprometa de forma efectiva una garantía fundamental.Radicación n.º 41001-22-14-000-2026-00374-01

En conclusión, la relevancia constitucional no se satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental ni con la simple invocación del debido proceso o del acceso a la administración de justicia. Además de ello, es indispensable demostrar que la providencia cuestionada produjo una afectación directa, concreta y desproporcionada de tales garantías. Por tant o, cuando el amparo se limita a reiterar discusiones de índole legal, probatoria y procesal, o pretende reabrir debates ya resueltos, la controversia carece de verdadera trascendencia constitucional y no habilita la intervención excepcional del juez de tutela.

4. Caso concreto

pretende reabrir debates ya resueltos, la controversia carece de verdadera trascendencia constitucional y no habilita la intervención excepcional del juez de tutela.

4. Caso concreto

La accionante cuestiona el auto del 21 de agosto de 2026, mediante el cual el Juez Primero Civil del Circuito de Pitalito confirmó el despacho desfavorable de la s olicitud de nulidad y suspensión del proceso censurado. El reproche se basa en la presunta falta de aplicación de los efectos del acuerdo de pago aprobado en su negociación de deudas que, en su criterio, obligaban a anular lo actuado desde el 27 de mayo de 2026 y a suspender el proceso.

Pues bien, a diferencia del a quo , para quien la relevancia constitucional estaba satisfecha por la sola invocación de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, la Sala advierte que el asunto carece de ella, lo que torna innecesario el estudio de los defectos específicos alegados.Radicación n.º 41001-22-14-000-2026-00374-01

En efecto, la controversia se circunscribe al alcance de los artículos 545, 553 y 555 del Código General del Proceso frente a un proceso decl arativo en curso y al régimen de nulidades de los artículos 135 y 136 ibidem. Los despachos accionados la resolvieron al e stimar que la causal invocada no era de las taxativamente previstas, que la interpretación de los artículos 545 y 553 ya había sido decidida en proveído firme del 20 de mayo de 2026 y que la supuesta irregularidad se san eó porque la solicitante continuó actuando sin

no era de las taxativamente previstas, que la interpretación de los artículos 545 y 553 ya había sido decidida en proveído firme del 20 de mayo de 2026 y que la supuesta irregularidad se san eó porque la solicitante continuó actuando sin proponerla. Establecer si el acuerdo de pago extiende sus efectos a un proceso de esa naturaleza y si la actuación posterior de la parte saneó la irregularidad, son asuntos de interpretación legal propios del jue z natural, no un debate sobre el contenido, alcance o goce de un derecho fundamental.

Tampoco la mención de la violación directa de la Constitución, de la igualdad o de la primacía del derecho sustancia transforma la controversia en un asunto constitucional, pues de los autos censurados no se advierte una afectación de tales garantías distinta de la que resulta del desacuerdo con la lectura de los jueces. Además, su tesis sobre los efectos del acuerdo es, en esencia, una defensa de fondo dentro del propio declarativo, donde debe ser decidida por el juez ordinario, incluso en la sentencia y su eventual apelación. Tampoco se advierte una afectación directa, concreta y desproporcionada, del expediente no se desprende que las providencias cuestionadas comprometan el mínimo vital y los perjuicios alegados son eventuales, pues depende del resultado de un verbal que aún no ha sido desatado.Radicación n.º 41001-22-14-000-2026-00374-01

Admitir la relevancia constitucional es estas condiciones llevaría al juez de tutela a intervenir en un proceso en curso para dirimir cuestiones de legalidad ya examinadas por los jueces competentes, convirtiendo el amparo en una instancia adicional.

Admitir la relevancia constitucional es estas condiciones llevaría al juez de tutela a intervenir en un proceso en curso para dirimir cuestiones de legalidad ya examinadas por los jueces competentes, convirtiendo el amparo en una instancia adicional.

5. Lo consignado, sin más, implica ratificar el veredicto opugnado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMARadicación n.º 41001-22-14-000-2026-00374-01

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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