CSJ - STC20711-2026

FRANCISCO TERNERA BARRIOS

Magistrado Ponente

STC20711-2026 Radicación n°. 15693-22-08-000-2026-10209-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro (Antioquia), veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

La Corte decide la impugnación interpuesta frente a la sentencia proferida el 25 de junio de 2026 por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, que negó por improcedente la tutela promovida por Paula Andrea, Juan D avid y Jeison Stiven Silva Berdugo contra el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Duitama. Al trámite se ordenó vincular a la Defensoría de Familia de ese municipio y a las partes e intervinientes del proceso 2024-00348-00.

I. ANTECEDENTES

1. Los gestores reclaman la salvaguarda de sus garantías superiores al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a recibir alimentos.Radicación n°. 15693-22-08-000-2026-10209-01

2

2. De las pruebas allegadas se establecen los siguientes

hechos relevantes:

2.1. Los jóvenes tutelantes1 promovieron una demanda ejecutiva de alimentos2 en contra de su padre por el no pago del total de algunas de las cuotas correspondientes a los años 2010 a 2024, según lo pactado ante el ICBF el 30 de julio de 2009, pidiendo que se librara mandamiento de pago por $47.651.276, incluyendo capital e intereses.

2010 a 2024, según lo pactado ante el ICBF el 30 de julio de 2009, pidiendo que se librara mandamiento de pago por $47.651.276, incluyendo capital e intereses.

Para estimar ese valor indicaron: i) en el numeral séptimo de los hechos de la demanda, que el accionado « ha realizado consignaciones parciales y extemporáneas acreditadas con los extractos de “Efecty” que se anexan », los cuales relacionaron en 107 ítems; ii) en numeral octavo citaron una consignación a la cuenta de Jeison Stiven por $200.000; y iii) en el numeral noveno refirieron 5 abonos realizados por el padre a la cuenta de Paula Andrea por un total de $690.000. Al respecto, en el numeral décimo, afirmaron « que todos estos pagos se han tenido en cuenta como abonos a la cuota alimentaria, tal y como se acredita con la liquidación que se anexa» y, por tanto, no hicieron parte de las pretensiones ejecutivas formuladas.

En soporte, allegaron los extractos de los abonos realizados por Efecty, así como los de las cuentas bancarias de los ejecutantes, y el cuadro de la liquidación, en el cual se

1 Para ese momento uno de los accionantes actuaba a través de su progenitora, porque aún era menor de edad. 2 C01Principal, archivo 02 la demanda y su subsanación en el archivo 04.Radicación n°. 15693-22-08-000-2026-10209-01 3 descontaron los abonos relacionados en los numerales referidos3.

2.2. Previa inadmisión y rechazo de la demanda, el 21

3 descontaron los abonos relacionados en los numerales referidos3.

2.2. Previa inadmisión y rechazo de la demanda, el 21 de febrero de 2025 4 el Juzgado accionado libró mandamiento de pago en favor de los promotores por las mesadas allí señaladas mes a mes -teniendo en cuenta los descuentos relacionados por la parte actora por los abonos relacionados en la demanda, sumas que mayoritariamente no hicieron parte de la orden de apremio5-, más los intereses causados sobre el capital referido, y por las cuotas alimentarias futuras que se causen hasta la aprobación de la liquidación del crédito; a su vez, decretó el embargo del 40% de lo recibido por el accionado como conductor de GRANKARGA6, descuentos que empezaron a realizarse desde marzo de 20257.

2.3. El 29 de mayo de 2025 , el accionado pidió la reducción del embargo y formuló las excepciones de mérito de pago parcial y extinción de la obligación respecto de Jeison Stiven, porque ya era mayor de edad y se encontraba laborando, argumentando que: según acta de no acuerdo expedida por la Fiscalía 52 de Duitama el 20 de abril de 2023, tenía un saldo pendiente de cancelar de $947.282; había

3 Folio 82 y siguientes del escrito de subsanación de la demanda. 4 Ibidem, archivo 08. 5 Esto porque en los meses de agosto y octubre de 2014 y de noviembre y diciembre de 2015 se tomó en cuenta la mesada completa sin el abono descontado en la liquidación presentada con la demanda; sin embargo, dichos abonos sí fueron

5 Esto porque en los meses de agosto y octubre de 2014 y de noviembre y diciembre de 2015 se tomó en cuenta la mesada completa sin el abono descontado en la liquidación presentada con la demanda; sin embargo, dichos abonos sí fueron tenidos en cuenta, esto es, descontados en el mandamiento de pago - frente a las mesadas de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. 6 Cuaderno de medidas cautelares, archivo 02. 7 Ibidem, archivo 06. Según la respuesta que emitió la empresa empleadora.Radicación n°. 15693-22-08-000-2026-10209-01 4 realizado varios giros a través de Efecty; a partir del mes de mayo de 2023 solo debía $4.969.713; durante los meses de junio a septiembre de 2022, Paula Andrea estuvo viviendo con él, razón por la cual se hizo cargo de todos sus gastos; y que debían desco ntarse las sumas retenidas en virtud del embargo decretado.

En soporte, adjuntó unos pagos realizados a un tercero, un cuadro con abonos por Efecty de mayo de 2023 a diciembre de 2024 -coincidentes con los ya relacionados en la demanda y aplicados en el mandamiento de pago -, la relación de los descuentos efectuados a la fecha por nómina con ocasión del embargo decretado en el proceso, así como el reporte de los pagos realizados a la madre de sus hijosejecutantesa través de Efecty, los cuales mayoritariamente son iguales a los abonos descontados en la demanda.

2.4. Durante el traslado de las excepciones 8, la parte

ejecutantesa través de Efecty, los cuales mayoritariamente son iguales a los abonos descontados en la demanda.

2.4. Durante el traslado de las excepciones 8, la parte actora sostuvo que: el acta de no acuerdo no era una prueba, precisamente porque no hubo conciliación, razón por la cual las cuotas anteriores al año 2023 seguían vigentes; no era cierto que él se hubiera hecho cargo de Paula Andrea; no podían tenerse en cuenta los dineros descontados por el embargo realizado para sustentar la excepción de pago parcial, pues estos solo podían tenerse en cuenta en etapa

8 Previamente, el 9 de mayo de 2025, el Juzgado tuvo por notificado por conducta concluyente al ejecutado y le corrió traslado de la demanda; vencido el término concedido sin que formulara excepciones, el 13 de junio siguiente ordenó seguir adelante con la ejecución; no obstante, el 17 de julio del mismo año se repuso parcialmente esa decisión, al advertir que, por un error en la incorporación de documentos al expediente digital, no se tuvieron en cuenta la contestación de la demanda ni las excepciones de mérito propuestas por el ejecutado, razón por la cual ordenó correr traslado de estas a la parte ejecutante.Radicación n°. 15693-22-08-000-2026-10209-01 5 posterior, al actualizar la liquidación del crédito; las consignaciones de Efecty aportadas para probar la excepción de pago ya habían sido tenidas en cuenta y descontadas al presentar la demanda; y que ese no era un proceso declarativo, razón por la cual no se podía tener por extinguida la obligación a favor de uno de los hijos.

excepción de pago ya habían sido tenidas en cuenta y descontadas al presentar la demanda; y que ese no era un proceso declarativo, razón por la cual no se podía tener por extinguida la obligación a favor de uno de los hijos.

2.5. En la diligencia celebrada el 19 de mayo de 20259 se dejó constancia de que « el ejecutado autorizó para que se les pagaran los depósitos judiciales que están a disposición de este proceso y juzgado en razón a la medida cautelar ordenada por el Juzgado, a los ejecutantes (…), por lo anterior se ordena la entrega de los depósitos judiciales».

2.6. En audiencia celebrada el 12 de mayo de 202610, se declaró probada parcialmente la excepción de pago propuesta por el ejecutado por valor de $28.384.298; en consecuencia, el Juzgado ordenó seguir adelante con la ejecución y dispuso que esa abono fuera descontado en la liquidación del crédito. La decisión se notificó por estrados sin que se hiciera solicitud alguna de aclaración o corrección.

2.7. El 14 de mayo de 2026 11, la apoderada de los tutelantes solicitó la aclaración de la sentencia, porque había una evidente contradicción entre la parte motiva con lo establecido en la resolutiva, lo cual generaba verdadera confusión. En sustento, señaló que:

9 C01Principal, archivo 58. 10 C01Principal, archivo 40. 11 Ibidem, archivo 60.Radicación n°. 15693-22-08-000-2026-10209-01 6 En el minuto 1:13:52 de la audiencia se manifestó que “el

10 C01Principal, archivo 40. 11 Ibidem, archivo 60.Radicación n°. 15693-22-08-000-2026-10209-01 6 En el minuto 1:13:52 de la audiencia se manifestó que “el mandamiento de pago se libró por $34.721.206”, cifra que no corresponde al contenido real del auto que libró mandamiento ejecutivo. Tal conclusión parte de un cálculo efectuado de manera arbitraria, pues únicamente toma en consideración una suma parcial de capital, omitiendo los intereses legales causados y los que se sigan causando, los cuales fueron expresamente incluidos en el mandamiento de pago, aunque no cuantificados …

Así, solo por concepto de capital el mandamiento ascendía a la suma de $33.831.583, mientras que la liquidación allegada con la demanda, incluyendo intereses legales causados hasta la fecha de presentación, correspondía a $47.904.828. En consecuencia, no l e era dable al Despacho recalcular oficiosamente el mandamiento de pago …

Posteriormente, se indicó que por la parte ejecutante se habían reconocido pagos por valor de $2.748.400, según comprobantes Efecty aportados con la demanda. Sin embargo, acto seguido se sostuvo que los documentos allegados con la contestación acreditaban pagos por $22.751.976, afirmando además que dicha suma excluía los pagos ya descontados por la demandante. No obstante, la interpretación efectuada resulta equivocada, puesto que se están imputando doblemente los mismos pagos aportados desde la demanda, ge nerándose así una duplicidad en la contabilización de abonos.

obstante, la interpretación efectuada resulta equivocada, puesto que se están imputando doblemente los mismos pagos aportados desde la demanda, ge nerándose así una duplicidad en la contabilización de abonos.

La contradicción se torna aún más grave en el minuto 1:15:10, cuando por parte de la respetada juez se afirma que “lo adeudado por el ejecutado a octubre de 2024 corresponde a la suma de $28.384.298”; sin embargo, en la parte resolutiva esa misma suma es declarada como pago parcial acreditado dentro de la excepción propuesta. Es decir, la providencia simultáneamente trata dicha cifra como saldo adeudado y como suma pagada, conceptos claramente incompatibles entre sí.

Tal inconsistencia constituye precisamente el motivo de duda que hace procedente la aclaración solicitada, pues no es jurídicamente equivalente afirmar que una suma corresponde a la deuda pendiente, a sostener que la misma constituye pagos realizados por el ejecutado …

La contradicción subsiste porque mientras en la motivación se afirma que los $28.384.298 corresponden a lo adeudado, en la parte resolutiva se les atribuye la naturaleza de pagos parciales acreditados.

Finalmente, también debe aclararse el alcance de la decisión adoptada en el minuto 1:17:08, mediante la cual se dispuso “seguir adelante la ejecución conforme al mandamiento de pago”, toda vez que no resulta claro si ello ocurre respecto de la totalidadRadicación n°. 15693-22-08-000-2026-10209-01 7 de las sumas inicialmente reclamadas o respecto de una suma reducida recalculada en audiencia.

toda vez que no resulta claro si ello ocurre respecto de la totalidadRadicación n°. 15693-22-08-000-2026-10209-01 7 de las sumas inicialmente reclamadas o respecto de una suma reducida recalculada en audiencia.

2.8. El 5 de junio siguiente 12, el Juzgado negó la aclaración, porque el fallo fue notificado en la audiencia y la parte actora no pidió su aclaración y tampoco interpuso recurso alguno, razón por la cual la decisión cobró fuerza ejecutoria.

3. Los promotores reprochan la sentencia del 12 de mayo de 2026, porque consideran que reconoció nuevamente como pagos parciales unas consignaciones que ya habían sido descontadas al presentar la demanda ejecutiva, lo que condujo a una doble imputación de esos abonos y, por ende, a una disminución del crédito objeto de ejecución.

En ese sentido, sostienen que los pagos aportados en la contestación, en su mayoría, correspondían a los mismos comprobantes que ellos tuvieron en cuenta al presentar la liquidación de las cuotas adeudadas en la demanda, abonos que expresamente relacionaro n y descontaron de la pretensión ejecutiva. Al respecto, señalan que « La propia providencia que libró mandamiento de pago constituye prueba objetiva de que los abonos realizados por el ejecutado fueron descontados de la liquidación presentada, pues de otra manera el despacho habría librado mandamiento por la totalidad de las cuotas alimentarias causadas y no por los saldos específicos que quedaron determinados en la decisión judicial».

liquidación presentada, pues de otra manera el despacho habría librado mandamiento por la totalidad de las cuotas alimentarias causadas y no por los saldos específicos que quedaron determinados en la decisión judicial».

12 Ibidem, archivo 61.Radicación n°. 15693-22-08-000-2026-10209-01 8 A su vez, critican que el Juzgado accionado, al declarar la excepción parcial de pago, imputó el dinero constituido en títulos judiciales derivados del embargo decretado en el proceso ejecutivo, no obstante, dichos recursos no pueden tenerse en cuenta para tener por acreditada la alegación de pago de la obligación cobrada, como en el caso ocurrió, dado que dichas sumas deben aplicarse al realizar la liquidación del crédito.

También reprochan que, en el fallo, se indicó que el mandamiento de pago ascendía a $34.721.206, cifra que no corresponde al contenido real de la providencia ejecutiva.

4. Con fundamento en esos cuestionamientos, solicitan dejar sin efectos la sentencia de instancia y que se ordene al Juzgado emitir una nueva decisión en la que valore adecuadamente las pruebas y excluya la doble imputación de los pagos.

II. RESPUESTAS RECIBIDAS

1. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Duitama defendió la legalidad de su decisión e indicó que contra lo resuelto los interesados no presentaron solicitud de aclaración, complementación o recurso alguno, y que cuando lo hicieron la decisión ya estaba ejecutoriada. Manifestó que «resolvió declarar probada la excepción de pago parcial presentada por

contra lo resuelto los interesados no presentaron solicitud de aclaración, complementación o recurso alguno, y que cuando lo hicieron la decisión ya estaba ejecutoriada. Manifestó que «resolvió declarar probada la excepción de pago parcial presentada por el apoderado del ejecutado OMAR ALONSO SILVA CASTRO, en la suma de $ 28.384.298, con fundamento en todos los pagos efectuados por elRadicación n°. 15693-22-08-000-2026-10209-01 9 ejecutado a través de Efecty y demás recibos que acompañó con las excepciones presentadas».

2. La apoderada de Omar Alfonso Silva Castro en el proceso criticado afirmó que la tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, porque cuando se corrió traslado de la decisión adoptada sobre la excepción de pago parcial no presentaron recurso, ni pidieron su aclaración, corrección o complementación, y que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.

III. SENTENCIA IMPUGNADA

El a quo declaró improcedente el amparo por no cumplir el requisito de subsidiariedad, dado que los tutelantes no recurrieron la decisión del 12 de mayo de 2026, mediante la cual se declaró probada la excepción de pago parcial de la obligación, y tampoco pidieron su aclaración oportunamente en la diligencia, pues solo lo hicieron cuando el fallo estaba ejecutoriado.

En ese sentido, el Tribunal expuso que «los accionantes no acreditaron la existencia de circunstancia alguna que les hubiera impedido ejercer oportunamente las herramientas procesales de las que disponían dentro del proceso ejecutivo, ni demostraron la configuración

En ese sentido, el Tribunal expuso que «los accionantes no acreditaron la existencia de circunstancia alguna que les hubiera impedido ejercer oportunamente las herramientas procesales de las que disponían dentro del proceso ejecutivo, ni demostraron la configuración de un perjuicio irremediable que haga necesaria la intervención inmediata del juez constitucional».Radicación n°. 15693-22-08-000-2026-10209-01 10

IV. IMPUGNACIÓN

Los jóvenes tutelantes aseveraron que el Tribunal aplicó de manera indebida el requisito de subsidiariedad, porque el proceso ejecutivo de alimentos es de única instancia, razón por la cual no procedía recurso alguno; además, indicaron que la solicitud de aclaración no permite modificar la decisión, motivo por el cual tampoco procedía.

V. CONSIDERACIONES

1. La Sala revocará la sentencia . Y, en su lugar, concederá el amparo invocado.

2. En la providencia del 12 de mayo de 2026 se declaró parcialmente probada la excepción de pago propuesta por el demandado en cuantía de $28.384.298. En sustento, la juzgadora refirió que, según el mandamiento de pago, la parte actora reclamaba las cuotas alimentarias vencidas, en algunos casos tot ales y en otros parciales, vestuario y educación causadas entre diciembre de 2010 y octubre de 2024, por valor de $34.721.206, reconociendo pagos parciales por el ejecutado de $2.748.400, según los comprobantes de Efecty allegados con la demanda.

A su vez, indicó que la excepción de pago se acompañó

2024, por valor de $34.721.206, reconociendo pagos parciales por el ejecutado de $2.748.400, según los comprobantes de Efecty allegados con la demanda.

A su vez, indicó que la excepción de pago se acompañó con los «comprobantes de los giros enviados por Efecty desde el 13 de agosto del 2014 a marzo del 2025 » y que, según « los documentos aportados por el ejecutado », realizó abonos por $22.751.976; suma que estableció excluyendo $691.830 correspondientesRadicación n°. 15693-22-08-000-2026-10209-01 11 a pagos efectuados a un tercero que no hacía parte del proceso, y $2.748.400 que ya habían sido reconocidos con la demanda, así como considerando los $5.632.322 que el padre había autorizado entregar en la diligencia del 19 de noviembre de 2025. En consecu encia, dijo que « lo adeudado por el ejecutado a octubre del 2024 es la suma de $28.384.298 » (se subraya); por lo anterior y, « sin más consideraciones », declaró probada la excepción de pago en ese monto y ordenó descontar esa suma en la liquidación del crédito. Finalmente, en relación con la excepción orientada a extinguir la obligación alimentaria de uno de los hijos, dijo que, para dichos efectos, el padre debía acudir al proceso verbal sumario respectivo.

3. Revisada la providencia cuestionada señaló que « lo adeudado por el ejecutado a octubre del 2024 es la suma de $28.384.298». Así y todo, pese a ello, al mismo tiempo, declaró

sumario respectivo.

3. Revisada la providencia cuestionada señaló que « lo adeudado por el ejecutado a octubre del 2024 es la suma de $28.384.298». Así y todo, pese a ello, al mismo tiempo, declaró probados los pagos por ese monto suma y ordenó descontarlo de la liquidación del crédito. A su vez, se evidencia que el Juzgado aseveró que con la demanda se reconocieron abonos de $2.748.400 y que el ejecutado acreditó pagos por $22.751.976, según los comprobantes de Efecty que se allegaron con la demanda y su contestación; sin embargo, ninguna explicación ni análisis probatorio se ofreció en la decisión criticada al respecto.

Lo anterior resulta relevante, puesto que, como se vio en los antecedentes de esta providencia, en la demanda se relacionó una cantidad mucho mayor de abonos y estos fueron descontados de las pretensiones ejecutivas y delRadicación n°. 15693-22-08-000-2026-10209-01 12 mandamiento de pago , por lo que aquellos mismos abonos ya no tendrían incidencia para resolver la excepción de pago propuesta por el accionado. A lo cual se suma que, frente al argumento de los actores, relativo a que las transferencias realizadas por Efecty -aportadas con la demandaya habían sido restadas de la orden de apremio, nada se dijo, a pesar de que en esa alegación se basó la oposición de la parte ejecutante a la excepción de pago. En ese sentido, se desconoce en qué prueba soportó la juzgadora el pago declarado a favor del demandado, pues solo indicó que ello

de que en esa alegación se basó la oposición de la parte ejecutante a la excepción de pago. En ese sentido, se desconoce en qué prueba soportó la juzgadora el pago declarado a favor del demandado, pues solo indicó que ello se podía establecer en forma general de las probanzas allegadas con la contestación de la demanda, sin especificación alguna sobre los elementos de juicio considerados y sin apreciar las probanzas presentadas por los accionantes.

Así las cosas, la decisión carece de motivación suficiente en torno a los aportes en los que se soportó la excepción de pago parcialmente declarada, pues no se relacionaron en forma concreta las pruebas que fundamentaban la decisión y nada se dijo sobre lo alegado por la parte actora al descorrer el traslado de las excepciones, cuestión que fue reiterada al presentar los alegatos de conclusión13, en referencia a que se estaría haciendo un doble descuento con los mismos abonos restados del mandamiento de pago; cuestión que, en efecto, no fue valorada por el Juzgado accionado, en tanto ninguna argumentación expuso sobre ese punto, siendo

13 «los abonos realizados por el ejecutado fueron tenidos en cuenta en la liquidación aportada en la demanda, soportados con el extracto de efecto e incluso con el extracto del Banco Agrario». Minuto 23:37.Radicación n°. 15693-22-08-000-2026-10209-01 13 necesaria, dado que la excepción fue controvertida por la parte actora.

De otro lado, se advierte que el Juzgado accionado tuvo en cuenta para acceder a la excepción de pago parcial las

13 necesaria, dado que la excepción fue controvertida por la parte actora.

De otro lado, se advierte que el Juzgado accionado tuvo en cuenta para acceder a la excepción de pago parcial las sumas de dinero retenidas con ocasión de la orden de apremio emitida por las cuotas vencidas y las futuras, que corresponden a $5.632.322, según la autorización dada por el accionado en la audiencia del 19 de noviembre de 2025, pero, en la decisión controvertida, tampoco se ofreció motivación alguna frente a lo alegado por los accionantes, referente a que ello debía tenerse en cuenta la actualiz ación de la liquidación del crédito, más no para soportar la excepción de pago de las sumas adeudadas a la presentación de la demanda, y ninguna explicación se ofreció frente a qué se imputaba dicha cantidad (cuotas vencidas o las causadas después de la orden de apremio).

Sobre el particular, se resalta que la obligación alimentaria en disputa a favor de los jóvenes ejecutantes sigue vigente y que el mandamiento de pago también se libró por las cuotas alimentarias futuras hasta la aprobación de la liquidación del crédito.

En ese sentido, el artículo 447 del Código General del Proceso establece que en « los procesos ejecutivos en materia de alimentos debidos a niños, niñas y adolescentes, estando en firme el auto que libra mandamiento de pago sobre el título ejecutivo, de no haber oposición del ejecutado frente a la anterior providencia, el juez ordenará la entrega anticipada de títulos al demandante, por el valor de la cuotaRadicación n°. 15693-22-08-000-2026-10209-01 14

oposición del ejecutado frente a la anterior providencia, el juez ordenará la entrega anticipada de títulos al demandante, por el valor de la cuotaRadicación n°. 15693-22-08-000-2026-10209-01 14 periódica actual derivada del título ejecutivo , de manera sucesiva y permanente hasta el monto total de la obligación, o en su defecto, del monto total embargado, en tanto se emite providencia definitiva dentro del proceso» (se subraya).

Lo anterior, a fin de garantizar el pago de las mesadas actuales, sucesivas, vigentes, de manera que no se afecten los derechos de los alimentados mientras se tramita el proceso; por tanto, atendiendo a que la parte ejecutante también se opuso a que se tuviera en cuenta ese concepto al estudiar la excepción de pago, dicho argumento de defensa también merecía una fundamentación para determinar su imputación frente al medio exceptivo declarado o al momento de realizar la actualización del crédito, pero, se reitera, nada se explicó al respecto.

3.1. La falta de motivación y las inconsistencias referidas configuraran, en conclusión , la vulneraron del derecho al debido proceso de los ejecutantes, pues los argumentos de defensa que expusieron en el juicio, referentes a la doble imputación de los pagos realizados por el ejecutado , en desmedro del valor real de la obligación alimentaria pendiente de pago y demás, no fueron objeto de consideración ni de pronunciamiento alguno y no se brindó una fundamentación suficiente que permita establecer cuál fue la prueba aportada con la contes tación -distinta de la aportada por los ejecutantes, pagos por Efecty - en la que se

consideración ni de pronunciamiento alguno y no se brindó una fundamentación suficiente que permita establecer cuál fue la prueba aportada con la contes tación -distinta de la aportada por los ejecutantes, pagos por Efecty - en la que se soportaron los abonos que dieron lugar a tener por cancelados $22.751.976, sumado a que la certificación porRadicación n°. 15693-22-08-000-2026-10209-01 15 ellos allegada para reducir sus pretensiones ejecutivas no fue apreciada.

3.2. En relación con lo anterior, debe señalarse que, contrario a lo indicado en el fallo del a quo , la sentencia criticada no podía cuestionarse a través de un recurso ordinario, puesto que el proceso ejecutivo de alimentos es de única instancia, y la petición de aclaración no puede tener por objeto modificar la decisión adoptada, motivo por el que dichos medios de defensa no eran idóneos para cuestionar los puntos evidenciados, frente a la alegada doble imputación de los abonos descontados de la orden de apremio y que se habrían considerado para sustentar la excepción de pago y a los demás asuntos referidos en esta decisión; máxime que está en disputa el derecho de alimentos de los jóvenes tutelantes, razón por la cual resulta procedente la intervención del juez constitucional en este caso.

3.3. Por lo referido, se revocará el fallo del a quo y, en su lugar, se accederá al amparo pretendido, ordenando al Juzgado accionado que, en los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, deje sin efectos la sentencia

su lugar, se accederá al amparo pretendido, ordenando al Juzgado accionado que, en los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, deje sin efectos la sentencia proferida el 12 de mayo de 2026 y emita una nueva decisión, en la q ue estudie en forma conjunta las pruebas allegadas con la demanda y su contestación, en particular, los abonos referidos como descontados de la demanda y la orden de apremio -soportados en la certificaciones de Efecty y demás pruebas procedentes-, y se pronuncie sobre los argumentos de defensa de la parte ejecutante frente a la excepción de pago propuesta por el accionado, en relación con la alegadaRadicación n°. 15693-22-08-000-2026-10209-01 16 doble contabilización de pagos y la imputación de los títulos judiciales derivados del embargo, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, sin que estas indiquen el sentido de la determinación a adoptar, la cual dependerá del análisis de las manifestaciones de las partes, de las pruebas allegadas y de las operaciones matemáticas procedentes, según en derecho corresponda.

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, CONCEDE el amparo implorado; en consecuencia, se dispone:

Primero: Ordenar al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Duitama que, en los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, deje sin efectos la sentencia

se dispone:

Primero: Ordenar al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Duitama que, en los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, deje sin efectos la sentencia proferida el 12 de mayo de 2026 en el proceso de radicado 2024-00348 y emita una nueva dec isión, en la que estudie en forma conjunta las pruebas allegadas con la demanda y su contestación, en particular, los abonos referidos como descontados de la demanda y la orden de apremiosoportados en la certificaciones de Efecty y demás pruebas procedentes-, y se pronuncie sobre los argumentos de defensa de la parte ejecutante frente a la excepción de pago propuesta por el accionado, en relación con la alegada doble contabilización de pagos y la imputación de los títulosRadicación n°. 15693-22-08-000-2026-10209-01 17 judiciales derivados del embargo, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, sin que estas indiquen el sentido de la determinación a adoptar, la cual dependerá del análisis de las manifestaciones de las partes, de las pruebas allegadas y de las oper aciones matemáticas procedentes, según en derecho corresponda.

Segundo: Comuníquese esta providencia a los interesados por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIR