CSJ - STC20712-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20712-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05627-00 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela formulada por Edificio Central P.H. contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá ; trámite al cual fueron vinculados las autoridades, partes e intervinientes en el juicio de impugnación de actos de asamblea rad. n.º 2024-00222.

ANTECEDENTES

1. La gestora, a través de apoderad a, reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y «obtener una decisión debidamente motivada», presuntamente vulnerados por la autoridad accionada.

2. En síntesis, adujo que los propietarios de los locales identificados con los números 1 y 3, pertenecientes aRad. n.º 11001-02-03-000-2026-05627-00

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la propiedad horizontal, promovieron impugnación contra la decisión adoptada por la asamblea general de copropietarios el 24 de febrero de 2024 , mediante la cual fue aprobado el presupuesto para la vigencia de ese año; trámite cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá (rad. n.º 2024-00222).

Señaló que, en ese proceso, la controversia no versaba

conocimiento correspondió al Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá (rad. n.º 2024-00222).

Señaló que, en ese proceso, la controversia no versaba sobre la inexistencia de la obligación general de contribuir a las expensas comunes de la copropiedad, sino frente a la manera en que «debían distribuirse determinados gastos conforme a los módulos de contribución, establecidos en el respectivo Reglamento », habiendo sido desestimadas las pretensiones de los demandantes por parte de la referida autoridad judicial (8 abr. 2026), determinación que fue objeto de apelación por la parte demandante.

Refirió que, en sede de alzada, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá revocó el fallo de primera instancia, para, en su lugar, declarar la nulidad absoluta de la mencionada decisión, con fundamento en que ella « desconocía el alcance de los módulos de contribución » y, al tiempo, afirmó que «“… con los elementos de convicción que obran en el expediente no es factible identificar las necesidades de cada uno de los módulos …”» (10 jun. 2026).

Se quejó, en esencia, de que esa declaración de nulidad genera «una contradicción interna determinante: si la propia Sala Civil del Tribunal consideró que no podía identificar las necesidades de cada módulo, no podía válidamente concluir que la totalidad del presupuestoRad. n.º 11001-02-03-000-2026-05627-00 3

era contraria al Reglamento de Propiedad Horizontal y a la ley 675 de 2001», pues afectó «la administración, conservación, vigilancia, mantenimiento y funcionamiento en general de los bienes y servicios

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era contraria al Reglamento de Propiedad Horizontal y a la ley 675 de 2001», pues afectó «la administración, conservación, vigilancia, mantenimiento y funcionamiento en general de los bienes y servicios comunes».

En ese orden, advirtió sobre la configuración de defectos fáctico y sustantivo, así como de deficiencias en la motivación. Ello, en lo medular, porque, a pesar de que « el presupuesto estaba integrado por múltiples conceptos, la controversia exigía determinar cuáles de estos presupuestos correspondían a gastos generales de la copropiedad y cuáles podían ser atribuidos exclusivamente a determinado módulo », no se demostró por qué «cada uno de los rubros que integraban el presupuesto de la vigencia 2024, resultaba contrario al Reglamento de Propiedad Horizontal y a lo preceptuado en la ley 675 de 2001, mucho menos se explica por qué la eventual ilegalidad de algunos conceptos debía p roducir la nulidad absoluta de la totalidad de la decisión presupuestal».

Agregó que la decisión resulta desproporcionada, pues no se encontró « inexistencia de quorum [ni] irregularidades en la convocatoria» y, por el contrario, el expediente demuestra que el respectivo presupuesto fue aprobado por una mayoría superior al 51%, con lo que el problema era la forma de distribuir determinados gastos entre los módulos.

Alegó, además, que la sentencia vulnera la igualdad, en tanto traslada a los demás propietarios, entre ellos al del local 2 y a las unidades de vivienda, la carga económica que correspondería asumir a los locales 1 y 3, quienes, a su

tanto traslada a los demás propietarios, entre ellos al del local 2 y a las unidades de vivienda, la carga económica que correspondería asumir a los locales 1 y 3, quienes, a su juicio, se benefician del alumbrado, las rondas de vigilanciaRad. n.º 11001-02-03-000-2026-05627-00 4

y el circuito cerrado de televisión del perímetro del edificio, del servicio de «shut» de basuras y de la revisoría fiscal.

3. Con base en ello, pidió que se deje sin efectos la sentencia proferida en segunda instancia por el colegiado accionado, y que se le ordene proferir una nueva que dé aplicación a los artículos 25 y 31 de la Ley 675 de 2001, que valore las pruebas obrantes en el proceso.

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS

1. José Mauricio Cuestas Gómez, propietario del mencionado local número 3, solicitó declarar la improcedencia del amparo, por « (i) falta de acreditación de la existencia, la representación legal y la legitimación de la accionante; (ii) incumplimiento del requisito de subsidiariedad, al no haberse interpuesto el recurso extraordinario de casación; (iii) incumplimiento del requisito de inmediatez; y (iv) falta de relevancia constitucional ».

Subsidiariamente, alegó la inex istencia de defectos en la determinación reprochada.

2. Un magistrado de la corporación objeto de queja indicó que su actuación «se ajustó a la legalidad».

CONSIDERACIONES

1. Relevancia constitucional – procedencia de la

determinación reprochada.

2. Un magistrado de la corporación objeto de queja indicó que su actuación «se ajustó a la legalidad».

CONSIDERACIONES

1. Relevancia constitucional – procedencia de la acción de tutela contra providencias judicialesRad. n.º 11001-02-03-000-2026-05627-00

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Acorde con los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado que la acción de tutela no procede, por regla general, contra providencias judiciales. Así lo impone el respeto por la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía e independencia de quien administra justicia, principios que impedirían convertir el amparo en un recurso adicional para reabrir controversias ya definidas por el juez natural. Únicamente de manera excepcional, cuando la decisión respectiva lesiona derechos fundamentales, resulta admisible el amparo , siempre que se acrediten los requisitos de carácter general, que habilitan el estudio de la solicitud, y otros específicos o materiales, que autorizan la prosperidad de la protección (C.C., C-590 de 2005).

El primero de los requisitos generales es la relevancia constitucional, presupuesto que antecede a cualquier consideración y con respecto al cual la Corte Constitucional ha señalado que tiene tres finalidades concretas: «(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional

diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces» (C.C, SU-128 de 2021).

En esa línea, se ha sostenido que el mencionado requisito «(...) protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales» (C.C., SU-215 de 2022). Por esa vía,Rad. n.º 11001-02-03-000-2026-05627-00 6

se han adoptado como criterios para examinar la ausencia o no de relevancia constitucional, debiéndose verificar que la controversia «(i) verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal o económico[161]; (ii) involucre algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental, y (iii) no implique utilizar la acción de tutela como una instancia o un recurso adicional para reabrir debates concluidos en el proceso ordina rio[162]» (C.C., SU-016 de 2026).

De la jurisprudencia expuesta se deriva que la relevancia constitucional no se satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental, de manera que la mención de un derecho no confiere, por sí sola, trascendencia

De la jurisprudencia expuesta se deriva que la relevancia constitucional no se satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental, de manera que la mención de un derecho no confiere, por sí sola, trascendencia constitucional a una controversia que continúa siendo de estirpe legal, probatoria o económica.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo satisface el requisito general de relevancia constitucional. Solo de superarse ese examen habría lugar a estudiar el fondo del asunto, esto es, si la autoridad accionada incurrió en los defectos endilgados.

3. Caso concreto

Se anticipa que la Sala declarará improcedente el amparo, pues el asunto sometido a su consideración carece de relevancia constitucional, lo que torna innecesarioRad. n.º 11001-02-03-000-2026-05627-00 7

extender el examen al estudio de fondo de los defectos enunciados por la parte actora.

3.1. La parte promotora se quejó de que la autoridad judicial accionada hubiese resuelto, mediante sentencia de 10 de junio de 2026, revocar el fallo que desestimó las pretensiones de nulidad de la decisión con la que la asamblea general de copropietarios, el 24 de febrero de 2024, aprobó el presupuesto para la vigencia de ese año , para, en su lugar, declarar la nulidad absoluta de dicha determinación.

Ello, en esencia, porque, a pesar de que « el presupuesto estaba integrado por múltiples conceptos, la controversia exigía

presupuesto para la vigencia de ese año , para, en su lugar, declarar la nulidad absoluta de dicha determinación.

Ello, en esencia, porque, a pesar de que « el presupuesto estaba integrado por múltiples conceptos, la controversia exigía determinar cuáles de estos presupuestos correspondían a gastos generales de la copropiedad y cuáles podían ser atribuidos exclusivamente a determinado módulo », no se demostró por qué «cada uno de los rubros que integraban el presupuesto de la vigencia 2024, resultaba contrario al Reglamento de Propiedad Horizontal y a lo preceptuado en la ley 675 de 2001, mucho menos se explica por qué la eventual ilegalidad de algunos conceptos debía p roducir la nulidad absoluta de la totalidad de la decisión presupuestal».

Para decidir, el Tribunal planteó como problema jurídico si esa decisión era absolutamente nula « al soslayar el alcance del artículo 43 del reglamento» en lo relativo a lo que debe sufragar el módulo comercial. Con apoyo en los artículos 3, 25 y 31 de la Ley 675 de 2001 y en los artículos 3 6, 39, 40, 43 y 45 del reglamento de propiedad horizontal, consideró, a partir del acta de la asamblea y de las declaraciones de la administradora, el contador y el revisor fiscal, entre otros, que el presupuesto aprobado fue uno general de gastos delRad. n.º 11001-02-03-000-2026-05627-00 8

edificio, que desconoció el alcance de los módulos de contribución; que la «nota especial» del artículo 43 exime a los locales de la celaduría si así lo deciden, sin que ello signifique

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edificio, que desconoció el alcance de los módulos de contribución; que la «nota especial» del artículo 43 exime a los locales de la celaduría si así lo deciden, sin que ello signifique que no deban pagar ningún rubro, asunto que no era dable dilucidar en ese proceso; y que debían establecerse los gastos de las áreas comunes generales y los ex clusivos de cada sector para aplicar los módulos, lo que la copropiedad no había hecho. Por esa vía , declaró su nulidad absoluta por exceder los límites del contrato social.

3.2. Analizados los reproches, de una parte, se advierte que la controversia planteada no versa sobre un asunto constitucional, sino acerca de la interpretación y aplicación de los artículos 25 y 31 de la Ley 675 de 2001 y de las cláusulas del reglamento de propiedad horizontal del edificio sobre módulos de contribución y expensas comunes; de la forma en que debía distribuirse el presupuesto de una anualidad entre los sectores de vivienda y comercio; y de si el vicio hallado en la decisión de la asamblea conducí a a la nulidad absoluta de todo el presupuesto o apenas de algunos de sus rubros. Esas son cuestiones cuya solución compete al juez ordinario, con independencia de si la adoptada fue o no la más acertada, más porque se trata de un asunto de carácter legal y de contenido estrictamente patrimonial: en este caso, la distribución de las expensas comunes de una anualidad ya vencida entre una copropiedad y algunos de sus propietarios.

Así lo reconoce la propia accionante, quien describe la

este caso, la distribución de las expensas comunes de una anualidad ya vencida entre una copropiedad y algunos de sus propietarios.

Así lo reconoce la propia accionante, quien describe la controversia como una discusión sobre « la forma de distribuirRad. n.º 11001-02-03-000-2026-05627-00 9

determinados gastos entre los módulos » y admite que el Tribunal «acertó al decir que el módulo comercial no está absolutamente exonerado», de modo que su desacuerdo se concentra en la consecuencia jurídica que el colegiado extrajo, esto es, la nulidad de todo el presupuesto, y no en un asunto de naturaleza iusfundamental. Tampoco cambia esa conclusión que destaque la « enorme trascendencia» de la decisión para la copropiedad, pues el impacto económico o administrativo de una providencia no le otorga, por sí solo, relevancia constitucional; esta depende de que el debate gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental.

Sobre el punto, esta Sala ha reiterado que un asunto carece de relevancia constitucional cuando la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales, como la correcta interpretación o aplicación de una norma de rango legal, o cuando es eviden te su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas (CSJ STC10390-2024, entre otras).

3.3. De otro lado, frente a la alegada violación de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a obtener una decisión debidamente motivada y a la igualdad, vale destacar que lo

3.3. De otro lado, frente a la alegada violación de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a obtener una decisión debidamente motivada y a la igualdad, vale destacar que lo realmente criticado es la manera como el Tribunal interpretó y aplicó los artículos 25 y 31 de la Ley 675 de 2001 y el reglamento de propiedad horizontal, valoró el acta y las declaraciones obrantes en el expediente y extrajo de todo ello una consecuencia jurídica que la accionante estimaRad. n.º 11001-02-03-000-2026-05627-00 10

incongruente y desproporcionada, sin que se advierta que la solución del caso hubiera exigido a la Sala pronunciarse sobre el contenido, alcance o goce de esos derechos, esto es, elaborar o desarrollar lo que tales garantías significan o exigen; pues con su mención lo que se pretende es plantear un desacuerdo que, como se dijo, es en el fondo legal y probatorio.

Lo mismo cabe decir de la desigualdad que se aduce , pues esta no proviene de un trato diferenciado entre sujetos en situación comparable, sino del efecto económico que, a juicio de la accionante, tendría la anulación del presupuesto sobre los demás propietarios; y el deber de contribuir a las expensas necesarias, qu e la accionante deriva de esa sentencia, no fue desconocido por el Tribunal, que partió de que tanto el módulo de vivienda como el de comercio deben contribuir a las expensas comunes y de que la nota especial del artículo 43 del reglamento no exonera a los locales de todo rubro. Lo que se discute, entonces, no es la existencia

que tanto el módulo de vivienda como el de comercio deben contribuir a las expensas comunes y de que la nota especial del artículo 43 del reglamento no exonera a los locales de todo rubro. Lo que se discute, entonces, no es la existencia de ese deber, sino cómo debía aplicarse en la distribución concreta del presupuesto, asunto de legalidad que se agota en la interpretación de la Ley 675 de 2001 y del tantas veces mencionado reglamento.

3.4. Finalmente, al ser aspectos que fueron ventilados, discutidos y objeto de resolución a lo largo de las diferentes etapas del proceso censurado, queda claro que la protección solicitada tiene como finalidad reabrir, por esta vía excepcional, un debate que ya se agotó ante el juez natural y en dos instancias.Rad. n.º 11001-02-03-000-2026-05627-00 11

4. Conclusión

En definitiva, al carecer el asunto de relevancia constitucional, se declarará la improcedencia del amparo por esta sola razón, sin que sea del caso adentrarse en el examen de los defectos alegados.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo invocado.

Comuníquese lo aquí resuelto a las partes por el medio más expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

más expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMARad. n.º 11001-02-03-000-2026-05627-00

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ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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