CSJ - STC20713-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20713-2026 Radicación n.° 11001-02-04-000-2026-02673-01 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal el 10 de septiembre de 20 26, dentro de la acción de tutela que Eliécer Lozano Arias promovió contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá; trámite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes dentro del proceso penal con radicado no. 2020-06726.

ANTECEDENTES

1. El actor reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la defensa , libertad y salud, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada.Rad. n.° 11001-02-04-000-2026-02673-01

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2. En sustento de su solicitud, expuso que fue condenado por el delito de violencia intrafamiliar agravada a 73 meses de prisión. No obstante, en sede de impugnación, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, tras excluir la circunstancia de agravación, modificó la pena y la fijó en 49 meses de prisión.

Señaló que , inconforme con dicha resolución, elevó recurso extraordinario de casación, el cual fue declarado

circunstancia de agravación, modificó la pena y la fijó en 49 meses de prisión.

Señaló que , inconforme con dicha resolución, elevó recurso extraordinario de casación, el cual fue declarado desierto mediante providencia del 29 de mayo de 2026. Sostuvo que carecía de legitimación par a presentar la demanda por sí mismo y que las conversaciones con su abogada, le «generó la confianza de que las gestiones relacionadas con la casación estaban siendo adelantadas ». Por ello, afirmó que la ausencia de defensa técnica configuró un defecto procedimental absoluto en la decisión del tribunal.

3. Con fundamento en lo expuesto, solicitó dejar sin efectos el auto que declaró desierto el recurso extraordinario de casación y, en consecuencia, ordenar el restablecimiento de la oportunidad procesal para presentar su sustentación.

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS

1. La Sala Penal de l Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá refirió que emitió la sentencia de segundo grado dentro del proceso pena l que fue condenado el aquí tutelante, así como el auto que declaró desierto el recurso deRad. n.° 11001-02-04-000-2026-02673-01 3 casación por falta de sustentación. Relievó que contra última esa determinación no se interpuso recurso de reposición.

2. El Juzgado Ciento Trece Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá relató que emitió sentencia condenatoria en contra del accionante e l 9 de diciembre de 2024 . Adicionalmente, peticionó su exclusión del trámite por ausencia de vulneraciones atribuibles a su

Función de Conocimiento de Bogotá relató que emitió sentencia condenatoria en contra del accionante e l 9 de diciembre de 2024 . Adicionalmente, peticionó su exclusión del trámite por ausencia de vulneraciones atribuibles a su estrado judicial.

3. El Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá destacó que vigila la pena impuesta al solicitante, quien está en libertad, pero con orden de captura vigente.

4. El Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de la misma ciudad informó que, 3 de julio de 2026 libró la orden de captura contra el pretensor con sustento en la ejecutoria de la sentencia condenatoria.

5. El a bogado Manuel Antonio Alarcón González alegó que fungió como defensor contractual en el proceso penal en el que fue condenado el tutelante, no obstante, dicho apoderamiento concluyó con la segunda instancia , sin que mediara pacto para la representación ante el mecanismo extraordinario.

6. La Personería de Bogotá indicó que no actúa como agente del ministerio público ante vulneraciones atribuidasRad. n.° 11001-02-04-000-2026-02673-01 4 a la Sala Penal del Tribunal , por lo que solicitó su desvinculación.

7. El Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad corroboró que el proceso cuestionado está a cargo del despacho Cuarto de esa especialidad y ciudad.

FALLO IMPUGNADO

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de

esta ciudad corroboró que el proceso cuestionado está a cargo del despacho Cuarto de esa especialidad y ciudad.

FALLO IMPUGNADO

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente el amparo. Señaló que el actor dispuso de la oportunidad efectiva de sustentar el recurso extraordinario de casación, así como para interponer recurso de reposición contra el auto que lo declaró desierto , sin embargo, no hizo uso de tales facultades. Por tanto, concluyó que no podía pretender, por vía de tutela, subsanar su propia desatención para revivir términos u oportunidades procesales que dejó precluir en el curso del trámite.

IMPUGNACIÓN

El tutelante destacó la configuración de un perjuicio irremediable por la inminente privación de su libertad y relievó que la subsidiariedad no puede analizarse de «manera meramente formal», siendo que la omisión en la sustentación de los recursos se atribuyó a la deficiencia en la defensa técnica, insistió en la valoración de los elementos que probarían que confió en que aquella se llevaría a cabo.Rad. n.° 11001-02-04-000-2026-02673-01 5

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de carácter residual y subsidiario, toda vez que solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La jurisprudencia especializada ha establecido los

solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervención del juez excepcional, con el fin de restablecer el orden jurídico, quebrantado, aparentemente, por una autoridad judicial a saber:

(i) que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión ius fundamental que alega en sede de tutela ; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv ) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela (C.C., C-590/05 y SU-813/07) Resalta la Sala.Rad. n.° 11001-02-04-000-2026-02673-01 6 De igual forma, superadas las anteriores exigencias, es imprescindible que se haya configurado alguno de los

Resalta la Sala.Rad. n.° 11001-02-04-000-2026-02673-01 6 De igual forma, superadas las anteriores exigencias, es imprescindible que se haya configurado alguno de los defectos específicos, esto es, sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constitución.

2. Circunscrita la Corte a los argumentos expuestos en impugnación, desde ya anuncia que ratificará la improcedencia del amparo por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad.

2.1. El promotor acude a la jurisdicción constitucional con el fin de que se deje sin efectos el auto del 29 de mayo de 2026 que declaró desierto el recurso de casación que presentó contra la determinación que lo condenó por el delito de violencia intrafamiliar.

2.2. No obstante, del recuento procesal se observa que, pese a que la decisión cuestionada fue notificada el 10 de junio de 2026, habilitándose con ello la posibilidad de presentar recurso de reposición contra dicha determinación, el recurrente guardó silencio.

De conformidad con lo expuesto, es evidente que el tutelante desperdició los instrumentos previstos para discutir la providencia de la que hoy se queja en sede de tutela. Así las cosas, provocó que el resguardo perseguido por laRad. n.° 11001-02-04-000-2026-02673-01 7 particular temática resulte improcedente al irrespetar

las cosas, provocó que el resguardo perseguido por laRad. n.° 11001-02-04-000-2026-02673-01 7 particular temática resulte improcedente al irrespetar la subsidiariedad que aquí impera.

Cabe reiterar que la Sala ha sido enfática en precisar que «si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jurídico, - como aquí ocurrió -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (…) » (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027 -01, reiterada entre muchas otras en,

STC7002-2015 y STC11856-2015).

2.3. Tampoco resulta posible soslayar el incumplimiento del requisito de subsidiariedad bajo el argumento de la inminencia de un perjuicio irremediable. La restricción de la libertad que invoca el reclamante no proviene de una actuación que torne imperiosa la intervención inmediata del juez constitucional, sino de la firmeza de una sentencia condenatoria que no fue oportunamente controvertida por causa imputable a la defensa, «por cuanto que sin la presencia de los supuestos (…) que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las características de gravedad, inminencia y apremio de la intervención del Juez Constitucional» (CSJ STC7932021; reiterado en STC3196-2022).

Sobre las características del perjuicio irremediable, esta Corporación ha aplicado varios criterios para determinar su existencia, a saber: «la inminencia, que exige medidas inmediatas, la

2021; reiterado en STC3196-2022).

Sobre las características del perjuicio irremediable, esta Corporación ha aplicado varios criterios para determinar su existencia, a saber: «la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para laRad. n.° 11001-02-04-000-2026-02673-01 8 protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales » (CSJ STC723-2021; reiterado en STC3196-2022).

2.4. Finalmente, se destaca que los argumentos expuestos en impugnación no son de recibo, pues la incuria del actor que conlleva la improcedencia de la salvaguarda, no se justifica en la presunta falta de diligencia de su apoderada, pues ello no lo libera de su carga de vigilancia directa del proceso que cuestiona, y frente al cual confirió el mandado de defensa, máxime cuando se trató de un asunto penal que involucraba su libertad, bien jurídico de suprema trascendencia. Al respecto, tiene sentado esta Sala que:

(…) [h]a sido criterio reiterado de esta Corporación, la improcedencia de la acción excepcional en el evento en que el gestor de la salvaguarda se duela de no haber estado debidamente representado dentro de las diligencias endilgadas, que tal situación, le impidió ejercer su derecho de defensa y de contradicción, pues dicha justificación no tiene la fuerza jurídica suficiente para obtener tal amparo, en tanto que es

debidamente representado dentro de las diligencias endilgadas, que tal situación, le impidió ejercer su derecho de defensa y de contradicción, pues dicha justificación no tiene la fuerza jurídica suficiente para obtener tal amparo, en tanto que es un tema que resulta ajeno a la órbita del juez constitucional (CSJ, STC12840-2017, reiterado en STC6829 -2021; negrilla ajena al original).

Cabe precisar que independientemente de que una parte confiera poder a un abogado para atender un juicio, «no se puede “dejar de lado que el apoderamiento no entraña el desentendimiento del interesado de los actos procesales, pues está claro que los derechos en disputa son los suyos” (providencia de 29 de enero de 2007, exp. T. N° . 00282 -01), ni tampoco puede perderse de vista que “existe en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gestión de su mandatario ha de ejercer la parte interesada” (CSJ, STC de 10 may. 2011, rad. 00365-01, citada en STC6017-2021; se resalta).Rad. n.° 11001-02-04-000-2026-02673-01 9

En el mismo sentido , se ha dicho que «la eventual negligencia del profesional no sirve como descargo, ni habilita el escrutinio desde una perspectiva meramente subsidiaria como la que atañe a este mecanismo, lo que no obsta para que, si a bien lo tiene, el gestor acuda ante las autoridades com petentes, aunque desde luego asumiendo la responsabilidad de sus inculpaciones » (CSJ, STC214atañe a este mecanismo, lo que no obsta para que, si a bien lo tiene, el gestor acuda ante las autoridades com petentes, aunque desde luego asumiendo la responsabilidad de sus inculpaciones » (CSJ, STC2142016, citada entre otras en STC8229-2020).

3. En consecuencia, de conformidad con lo expuesto, se confirmará la sentencia impugnada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZRad. n.° 11001-02-04-000-2026-02673-01

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FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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