CSJ - STC20715-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20715-2026 Radicación n.° 05001-22-03-000-2026-00735-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Sala la impugnación formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín el pasado 28 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela promovida por María Beatriz Ocampo Gutiérrez contra los Juzgados Cuarto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias y Catorce Civil del Circuito de esa ciudad y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Crear Ltda.; trámite al cual fueron vinculad os l os intervinientes dentro del ejecutivo n.° 2012-00058-00.

ANTECEDENTES

1. La accionante reclamó la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y al debido proceso, presuntamente quebrantados por las autoridades judiciales y la entidad convocadas.Rad. n.° 05001-22-03-000-2026-00735-01

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2. En sustento de su pretensión, expuso lo siguiente:

2.1. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Crear Ltda. promovió ante el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Medellín el recaudo n.° 2012 -00058-00 contra Martha Lía Montoya Montoya, como deudora, y contra la tutelante, en

promovió ante el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Medellín el recaudo n.° 2012 -00058-00 contra Martha Lía Montoya Montoya, como deudora, y contra la tutelante, en calidad de codeudora. Hoy conoce del asunto el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de esa ciudad.

2.2. Manifestó ser una adulta y sujeto de especial protección. Sostuvo que, aunque firmó varios pagarés, solo autorizó su firma como codeudora en un título por $20.000.000. Según su dicho, la deudora principal incurrió en mora y, al refinanciar el crédito, suscribió otro por $24.000.000 sin que ella lo supiera.

2.3. Afirmó que, mediante descuentos de nómina y pagos directos, ha cancelado más de $160.000.000, casi cuatro veces el capital adeudado. Aun así, la liquidación supera esa cifra por una aplicación de intereses que, a su juicio, impide amortizar el capital.

2.4. Indicó que pidió al juzgado el control de legalidad de la liquidación y que presentó una propia, según la cual la obligación estaba cancelada y con saldo a su favor. El despacho de ejecución, sin embargo, estableció una deuda superior a $160.000.000, que n o alcanzaría a pagar ni aun destinando a ello casi toda su mesada.Rad. n.° 05001-22-03-000-2026-00735-01 3 2.5. Agregó que los descuentos con destino a la cooperativa superan el 50% de su mesada pensional y de sus primas. Eso le impide cubrir sus necesidades básicas de

3 2.5. Agregó que los descuentos con destino a la cooperativa superan el 50% de su mesada pensional y de sus primas. Eso le impide cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda y salud, por lo que ha recurrido a préstamos de vecinos y familiares. Dijo también que la gerencia de la entidad acreedora le ha dado evasivas frente a sus solicitudes de acuerdo. Además, en respuesta a sus derechos de petición, le entregó documentos distintos de los que ella firmó, y uno de esos derechos de petición no fue contestado.

3. Según el expediente del proceso ejecutivo, la reclamante no excepcionó contra el mandamiento de pago ni recurrió el auto del 4 de agosto de 2025, que modificó la liquidación aportada por ella. Tampoco objetó la presentada por la cooperativa, ni recurrió e l auto del 16 de septiembre de 2026, que la modificó y aprobó por un total de $226.335.112,55. Acudió a la tutela el 18 de septiembre siguiente, antes de que esa decisión cobrara ejecutoria y sin haber interpuesto recurso alguno.

4. Con fundamento en lo expuesto, pidió amparar los derechos invocados y ordenar a los juzgados accionados un control de legalidad integral de la liquidación, que verifique la tasa de usura y la imputación de pagos del artículo 1653 del Código Civil. De persistir algún saldo, solicitó ordenar a la cooperativa renegociar la deuda y cesar los descuentos que excedan lo necesario para su subsistencia.Rad. n.° 05001-22-03-000-2026-00735-01

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la cooperativa renegociar la deuda y cesar los descuentos que excedan lo necesario para su subsistencia.Rad. n.° 05001-22-03-000-2026-00735-01 4

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín pidió negar el amparo por improcedente. Explicó que la liquidación se aprobó sin objeción de la actora y que no tiene solicitudes pendientes.

También precisó que los primeros descu entos de la pensión se aplicaron a otra obligación, por un embargo de remanentes. Remitió el enlace del expediente.

2. La Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín informó que el auto del 16 de septiembre de 2026 no fue recurrido y que su función se limita a pagar los títulos que ordenan los juzgados. Pidió su desvinculación.

FALLO IMPUGNADO

La Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín declaró improcedente el amparo por subsidiariedad. Consideró que la actora no recurrió el auto del 16 de septiembre de 2026, que modificó y aprobó la liquidación del crédito, y acudió a la tutela antes de que este cobrara ejecutoria.

Añadió que la ejecutada aún dispone en el proceso de mecanismos idóneos para sus reclamos , tales como la corrección aritmética, el control de legalidad, la actualización de la liquidación, la terminación por pago y la reducción de embargos. Por último, señaló que no acreditó la afectación de

mecanismos idóneos para sus reclamos , tales como la corrección aritmética, el control de legalidad, la actualización de la liquidación, la terminación por pago y la reducción de embargos. Por último, señaló que no acreditó la afectación de su mínimo vital.Rad. n.° 05001-22-03-000-2026-00735-01 5

IMPUGNACIÓN

La tutelante, i nsistió en la afectación de su mínimo vital, como adulta mayor sin otros ingresos, y en el deber del juez de corregir de oficio los errores de la liquidación. Pidió revocar el fallo y conceder el amparo.

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de carácter residual y subsidiario, toda vez que solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervención del juez excepcional, con el fin de restablecer el orden jurídico, quebrantado, aparentemente, por una autoridad judicial a saber:

«(i) que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya

constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, laRad. n.° 05001-22-03-000-2026-00735-01 6 cuestión ius fundamental que alega en sede de tutela ; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela» (C.C., C-590/05 y SU-813/07) Resalta la Sala.

De igual forma, superadas las anteriores exigencias, es imprescindible que se haya configurado alguno de los defectos específicos, esto es, sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constitución.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la tutela procede para cuestionar el auto del 16 de septiembre de 2026, que modificó y aprobó la liquidación del crédito en el ejecutivo n.°

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la tutela procede para cuestionar el auto del 16 de septiembre de 2026, que modificó y aprobó la liquidación del crédito en el ejecutivo n.° 2012-00058-00, y los descuentos sobre la mesada pensional de la actora, o si su examen se frustra por el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, al no haberse recurrido esa decisión.

3. La subsidiariedad por incuria

La acción de tutela se rige por el presupuesto de subsidiariedad y, en consecuencia, resulta improcedente cuando el actor omite el uso oportuno de los medios de defensa dispuestos a su alcance, pues de otra manera se convertiría en un mecanismo para revivir oportunidadesRad. n.° 05001-22-03-000-2026-00735-01 7 clausuradas, lo cual terminaría cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental.

En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido:

«(…) [S]i [se] incurrió en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensión de recurrir tal actuación por esta vía extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido diseñado para rescatar términos derrochado s, - pues los mismos son perentorios e improrrogables, (…) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervención del Juez constitucional en tanto no está dentro de la

una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervención del Juez constitucional en tanto no está dentro de la órbita de su competencia suplir la incuria , los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituyó la tutela (…)» (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 0024101; ratificada en STC de 2 mar. 2011, rad. 2010000380-01.)

Igualmente ha referido que:

«[N]o basta, entonces, que la determinación adoptada por el operador jurídico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que también es necesario establecer si la presunta afectación puede ser superada por los medi os ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si éstos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente . La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jurídico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del artículo 86 de la Const itución Política, en concordancia con el numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 » (ver entre otras STC5331 -2014; STC5341 -2014; STC6001 -2014) Resalta la Sala.Rad. n.° 05001-22-03-000-2026-00735-01 8

otras STC5331 -2014; STC5341 -2014; STC6001 -2014) Resalta la Sala.Rad. n.° 05001-22-03-000-2026-00735-01 8

4. Caso concreto

La promotora pretende que se revise la liquidación del crédito aprobada por auto del 16 de septiembre de 2026 y que cesen los descuentos sobre su mesada pensional.

Sin embargo, contra ese proveído procedían los recursos de reposición y de apelación, conforme a los artículos 318 y 446, numeral 3, del Código General del Proceso, pues el juzgado modificó de oficio la cuenta presentada por la ejecutante. Estos eran los medios idóneos para plantear ante la autoridad de conocimiento los reproches que ahora trae a la tutela, en particular la imputación de los pagos, la tasa de interés y el anatocismo. La ejecutada, en cambio, no interpuso recurso alguno y acudió a e sta vía cuando aún corría el término para hacerlo. Así lo informó la Oficina de Apoyo y la impugnante no lo desvirtuó.

Esa omisión no puede trasladarse al juez constitucional ni habilitar el examen de fondo del amparo, pues la acción de tutela no suple la incuria de la parte ni reabre las oportunidades que se dejaron precluir.

No altera esa conclusión lo que alega la recurrente sobre el deber oficioso de control de legalidad. Esa facultad del juez no releva a las partes de la carga de controvertir las decisiones que estiman equivocadas, y el despacho de ejecución informó que no tiene solicitudes pendientes sobre la inconformidad

el deber oficioso de control de legalidad. Esa facultad del juez no releva a las partes de la carga de controvertir las decisiones que estiman equivocadas, y el despacho de ejecución informó que no tiene solicitudes pendientes sobre la inconformidad planteada. Es ante ese funcionario donde correspondeRad. n.° 05001-22-03-000-2026-00735-01 9 contrastar lo recaudado con lo liquidado y definir la suerte de las cautelas.

A lo anterior se añade que no se advierte un perjuicio irremediable que torne imperiosa la intervención inmediata del juez de tutela, comoquiera que no se acreditó circunstancia concreta que revista «las características de gravedad, inminencia y apremio de la intervención del Juez Constitucional» (CSJ STC793-2021; reiterado en STC3196-2022), entendidas como «la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmed iata de los derechos constitucionales fundamentales» (CSJ STC723 -2021; reiterado en STC31962022). La afectación al mínimo vital que invoca la actora, como adulta mayor, se planteó en términos generales, sin prueba del monto de su mesada, de los descuentos ni de sus gastos de subsistencia.

Sobre el punto, cabe reiterar: «si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jurídico, - como aquí ocurrió -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones

gastos de subsistencia.

Sobre el punto, cabe reiterar: «si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jurídico, - como aquí ocurrió -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (…)» (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en STC4781-2018, STC70022015, 4 jun. rad 00076 -01, STC11348 -2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01).

5. En consecuencia, de conformidad con lo expuesto, se confirmará la sentencia impugnada.Rad. n.° 05001-22-03-000-2026-00735-01

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DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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