CSJ - STC20716-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20716-2026 Radicación nº 11001-02-03-000-2026-05924-00 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Esperanza Morales de Amaya contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil Familia, trámite al cual fueron vinculad os el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad y los intervinientes en el juicio de responsabilidad civil extracontractual radicado nº 202 400215.

ANTECEDENTES

1. La solicitante, a través de apoderado , reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción, acceso efectivo a la administración de justicia, doble instancia y prevalencia del derecho sustancial, presuntamente vulnerados por l as autoridades judiciales convocadas.Rad. n°. 11001-02-03-000-2026-05924-00

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2. Del escrito inicial y los anexos, se extracta el

siguiente compendio fáctico:

2.1. Esperanza Morales de Amaya presentó demanda de responsabilidad civil extracontractual contra el Banco de Occidente S.A., cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga (rad. 202400215).

El 14 de mayo de 2026 dicha autoridad judicial dictó sentencia desestimatoria de las pretensiones, decisión contra

Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga (rad. 202400215).

El 14 de mayo de 2026 dicha autoridad judicial dictó sentencia desestimatoria de las pretensiones, decisión contra la cual la demandante, por intermedio de su apoderado, interpuso recurso de apelación.

El 19 de mayo de 2026 el abogado de la demandante allegó al juzgado escrito de sustentación del recurso de apelación, en el cual desarrolló los reparos contra el fallo del a-quo, y además, en el mismo memorial, solicitó se decretaran pruebas en segunda instancia (práctica de un dictamen pericial financiero sustituto).

El 5 de junio de 2026 el Tribunal Superior de Bucaramanga, admitió la alzada y dispuso correr el traslado de que trata el inciso 3º del artículo 12 de la ley 2213 de 2021.

No obstante, mediante proveído del 24 de junio de esta anualidad, la colegiatura en mención declaró desierto el recurso de apelación toda vez que la recurrente no presentó laRad. n°. 11001-02-03-000-2026-05924-00 3 sustentación dentro del término concedido. Contra esta decisión el abogado de la actora formuló recurso de reposición.

El 20 de agosto pasado , la magistratura accionada mantuvo lo resuelto, es decir, la deserción del recurso de apelación pues consideró que el escrito presentado con anterioridad a la admisión de la apelación «no posee la idoneidad para suplir la carga que debía adelantarse ante el superior funcional».

2.2. Acude la accionante a la presente salvaguarda para

anterioridad a la admisión de la apelación «no posee la idoneidad para suplir la carga que debía adelantarse ante el superior funcional».

2.2. Acude la accionante a la presente salvaguarda para cuestionar principalmente que fuere declarado desierto el recurso de apelación que formuló contra el fallo del juez de primera instancia.

Afirma que el 19 de mayo de 2026 su apoderado remitió al juzgado memorial que denominó «SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA A SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA DEL 14/05/2026», dirigido a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga. En ese escrito indica que se detallaron los reparos, el sustento probatorio, la solicitud de un dictamen pericial sustituto y las pretensiones de la alzada, documento que fue transmitido al tribunal el 3 de junio de 2026 con el expediente digital.

Arguye que dicho memorial resultaba suficiente para el remedio vertical, no obstante, tras declararlo desierto, sostiene que el tribunal transformó «la falta de reiteración – repetición formal de la sustentación durante el término del artículo 12 en una situación de inactividad absoluta, ignorando la relevancia constitucional de las circunstancias concretas acreditadas».Rad. n°. 11001-02-03-000-2026-05924-00 4

Agrega que el accionado incurrió en exceso de ritualismo puesto que, aunque no desconoce lo contemplado en la normativa procedimental sobre el trámite de los recursos de apelación de las sentencias, se omitió darle alcance al escrito sustentatorio, valorar su contenido, así como apreciar la

puesto que, aunque no desconoce lo contemplado en la normativa procedimental sobre el trámite de los recursos de apelación de las sentencias, se omitió darle alcance al escrito sustentatorio, valorar su contenido, así como apreciar la actividad procesal de la parte, lo que contradice lo indicado por el tribunal acerca de la supuesta inactividad.

En suma, alega que la sustentación posterior al auto admisorio del recurso no puede significar de forma inexorable la deserción « sin un examen constitucional individualizado de las circunstancias particulares».

3. Por lo anterior, pretende que, se deje sin efectos el auto del 24 de junio de 2026 proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, mediante el cual se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia de 14 de mayo de 2026; y, dejar sin efectos el auto (20 de agosto de 2026) que resolvió el recurso de reposición contra el anterior y que mantuvo la declaratoria de deserción.

RESPUESTA DEL ACCIONADO

La magistrada ponente de la decisión recriminada, del Tribunal Superior de Bucaramanga defendió lo allí resuelto en cuanto a declarar desierta la apelación de la aquí accionante. Explicó que se trató de una aplicación estricta del artículo 12 de la ley 2213 d e 2022, por lo tanto, no seRad. n°. 11001-02-03-000-2026-05924-00 5 trató de « una sanción creada por el tribunal ni de una interpretación arbitraria, sino de una consecuencia expresamente prevista por el legislador para la falta de sustentación oportuna », postura que

5 trató de « una sanción creada por el tribunal ni de una interpretación arbitraria, sino de una consecuencia expresamente prevista por el legislador para la falta de sustentación oportuna », postura que además tiene pleno respaldo en decisiones de la Sala de Casación Civil.

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Corresponde a la Corte establecer si la corporación judicial convocada vulneró las prerrogativas fundamentales invocadas por la accionante dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual que promovió contra el Banco de Occidente – rad. 2024-00215 –, al declarar desierto el recurso de apelación que formuló contra el fallo de primera instancia (desestimatorio de las pretensiones), incurriendo con ello, supuestamente, vía de hecho por ignorar la sustentación allegada en término.

2. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado, en línea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener incólumes los principios que contem plan los artículos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios enRad. n°. 11001-02-03-000-2026-05924-00 6 curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.

Por regla de excepción se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario

6 curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.

Por regla de excepción se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protección judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar ían imperiosa la intervención del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico.

Así mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoración probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cuál sería la más adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio.

3. Caso concreto - La providencia cuestionada

De conformidad con el problema jurídico planteado, l a Sala centrará su análisis en lo decidido por el tribunal tutelado el 20 de agosto de 2026, donde resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el auto de 24 de junio de 2026, que declaró desierto el de apelación formulado por el apoderado de la aquí querellante respecto de la sentencia de primera instancia dictada en el juicio de responsabilidad civil extracontractual en discusión, por cuanto fue el pronunciamiento que en últimas definió la situación allí expuesta.Rad. n°. 11001-02-03-000-2026-05924-00 7 3.1. Examinada la queja constitucional y la determinación recriminada por la tutelante, se observa que el Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Civil Familia (unitaria), en primer lugar, recalcó que la remisión anticipada

7 3.1. Examinada la queja constitucional y la determinación recriminada por la tutelante, se observa que el Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Civil Familia (unitaria), en primer lugar, recalcó que la remisión anticipada de un memorial de sustentación de la apelación no eximía al recurrente de la carga procesal de sustentarlo ante el adquem.

Agregó que, no solo la normativa procedimental lo dispone de esa manera, sino que la Corte Constitucional en sentencia de tutela (T -350/2024), ratificó que la sola presentación del recurso anticipadamente no agota el trámite, sino que con ello únicamente se cumple con una de las cargas impuestas por la norma. Y, finalmente, resaltó que se trata de una postura actualmente pacífica en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que, en varios pronunciamientos ha indicado que el cumplimiento estricto de esa disposición procesal no constituye un exceso ritual manifiesto y agregó, refiriéndose a uno de los argumentos del recurrente:

«Por último, el argumento de la buena fe no puede utilizarse para evadir el diseño estructural del proceso judicial. Confundir las etapas de presentación de reparos y sustentación, argumentando la buena fe, equivale a vaciar de contenido la naturaleza técni ca del recurso de apelación. Dichas exigencias tienen una finalidad constitucional clara: garantizar el derecho a la doble instancia, permitir el ejercicio del contradictorio por la contraparte en el momento procesal oportuno y asegurar que el superior con ozca directa e inmediatamente las razones de inconformidad.

Como corolario de lo expuesto, al encontrarse plenamente

permitir el ejercicio del contradictorio por la contraparte en el momento procesal oportuno y asegurar que el superior con ozca directa e inmediatamente las razones de inconformidad.

Como corolario de lo expuesto, al encontrarse plenamente demostrado que el apoderado judicial de la parte demandante guardó silencio durante el término de cinco (5) días otorgado por elRad. n°. 11001-02-03-000-2026-05924-00 8 artículo 12 de la Ley 2213 de 2022 una vez admitido el recurso, la declaratoria de deserción proferida el 24 de junio de 2026 se ajusta estrictamente a derecho y a la jurisprudencia vinculante actual».

Más adelante, en cuanto a la supuesta omisión o valoración del memorial sustentatorio, dijo el tribunal:

«Al revisar la actuación, se advierte que no existió por parte del Tribunal una omisión de lectura o valoración del expediente. Jurídicamente, el escrito presentado ante el juez de primera instancia no posee la idoneidad para suplir la carga que debía adelantarse ante el superior funcional.

En este sentido, el hecho de que el memorial estuviera rotulado como "sustentación" y pidiera ser enviado al Tribunal, no eximía al recurrente de cumplir con el trámite propio de la segunda instancia. Así, no se configura un defecto procedimental por falta de valoración, sino la estricta constatación de que la carga funcional ante este tribunal no se agotó en la oportunidad debida».

3.3. En vista de lo anterior, se observa que la magistratura accionada actuó de conformidad con la normativa procedimental, contrario a lo que sucedió con el

funcional ante este tribunal no se agotó en la oportunidad debida».

3.3. En vista de lo anterior, se observa que la magistratura accionada actuó de conformidad con la normativa procedimental, contrario a lo que sucedió con el apoderado judicial de la accionante, que dejó de sustentar el recurso de apelación dentro del término p revisto para el efecto.

Además, resultó inadmisible el planteamiento realizado por el abogado de la tutelante en cuanto a que, debió ser considerado el memorial de sustentación que radicó el 19 de mayo de 2026, pues para ese momento el ad-quem no había habilitado la oportunidad para ello, lo que solo ocurrió hasta el 5 de junio de 2026, concediendo el plazo de 5 días hábiles (tras su ejecutoria el 12 de junio) que fenecieron el 22 de eseRad. n°. 11001-02-03-000-2026-05924-00 9 mismo mes, fecha en la cual el recurrente no allegó escrito alguno.

Por todo, se puede concluir que, ante la desatención de la defensa de la actora, al tribunal aquí accionado no le quedaba otra opción que declarar desierto el recurso de apelación por extemporáneo.

Así las cosas, en este caso se aviene inviable la intervención excepcional del juez de tutela, más cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta vía para imponer al fallador ordinario una específica interpretación o enfoque de la normativa que coincida plenamente con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia.

A ese respecto, se ha señalado:

al fallador ordinario una específica interpretación o enfoque de la normativa que coincida plenamente con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia.

A ese respecto, se ha señalado:

«al juez de tutela le está vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicción (…) máxime cuando la determinación sobre la cual gravita la censura está soportada en un admisible examen de los hechos, así como de la prudente interpretación de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme así emerge de las razones expuestas en los proveídos acusados» (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016).

Lo anterior, porque está claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una valoración autónoma del escenario procesal puesto a consideración y aplicar al asunto sus raciocinios de orde n jurídico, sin incurrir, desde luego, en desviación del ordenamiento legal al interpretar las normasRad. n°. 11001-02-03-000-2026-05924-00 10 que regulan la temática de la discusión, supuesto que aquí no se configura.

Ahora bien, cabe recordar que, en escenarios como el que ocupa la atención de la Sala, en los que se discute la radicación tempestiva de los medios de defensa judicial y la eventual flexibilización de los términos procesales, la Corte ha dicho:

(…) en un caso análogo al que hoy se analiza explicó que si bien es cierto se debe aplicar el principio constitucional de prevalencia

eventual flexibilización de los términos procesales, la Corte ha dicho:

(…) en un caso análogo al que hoy se analiza explicó que si bien es cierto se debe aplicar el principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades, esto no releva a los sujetos procesales de observar con diligencia los términos judiciales y darles cabal cumplimiento. En tal sentido se explicó:

“(…) La Corte ha proclamado, con arreglo al artículo 228 de la Constitución, el postulado de prevalencia del Derecho sustancial, que implica el reconocimiento de que las finalidades superiores de la justicia no pueden resultar sacrificadas por razones consistentes en el culto ciego a reglas procesales o a consideraciones de forma no indispensables para resolver en el fondo el conflicto del que conoce el juez.

Pero debe dejarse en claro que el enunciado principio constitucional que rige las actuaciones judiciales no implica la inexistencia, la laxitud o la ineficacia de toda norma legal obligatoria para quienes participan en los procesos, o la eliminación, per se, de las formas indispensables para que los juicios lleguen a su culminación -pues allí está comprometido el derecho sustancial de acceso a la administración de justicia-, ni, para el asunto del que ahora se trata, puede significar la absoluta pérdida del carácter perentorio de los términos procesales. Todos estos elementos integran la "plenitud de las formas propias de cada juicio", contemplada como factor esencial del debido proceso, según el artículo 29 de la Carta Política, y por lo tanto no constituyen simplemente reglas formales vacías de contenido sino instrumentos necesarios para que el Derecho material se realice objetivamente y en su oportunidad.

esencial del debido proceso, según el artículo 29 de la Carta Política, y por lo tanto no constituyen simplemente reglas formales vacías de contenido sino instrumentos necesarios para que el Derecho material se realice objetivamente y en su oportunidad.

(…) En el caso concreto, está probada la extemporaneidad en la presentación del documento de sustentación del recurso. Si laRad. n°. 11001-02-03-000-2026-05924-00 11 extensión de ella fue mayor o menor, en minutos u otra medida de tiempo, es algo indiferente respecto del hecho incontrovertible de que los términos judiciales vencen en un día y a una hora predeterminados. Es obligación de la autoridad judicial velar por el exacto sometimiento de las partes e intervinientes a los plazos que la ley concede en las distintas fases de la actuación procesal (STP de 07 feb. 2013, rad. 65035, citada en STC2710-2020) subrayado fuera del texto.

Por consiguiente, no fue por desconocimiento de la ley sustancial o del precedente jurisprudencial, por vicios en el procedimiento o por defecto fáctico que el tribunal accionado tomó su decisión, por lo que no se avizora la configuración de ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales y, por tanto, se itera, no se advierte violación a las garantías de la quejosa.

4. En definitiva, como la decisión puntualmente atacada no constituye arbitrariedad susceptible de corrección por esta excepcional vía, se desestimará la salvaguarda.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

atacada no constituye arbitrariedad susceptible de corrección por esta excepcional vía, se desestimará la salvaguarda.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural , administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela de la referencia.

Comuníquese por el medio más expedito lo aquí resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada estaRad. n°. 11001-02-03-000-2026-05924-00 12 providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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