CSJ - STC20718-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20718-2026 Radicación n° 05000-22-13-000-2026-00446-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada por la Asociación Internacional de Ingenieros, Consultores y Productores Agropecuarios - Agrosilvo frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el 30 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela que promovió contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Apartadó, trámite al que se vincularon las partes e intervinientes del ejecutivo bajo radicado No. 2017-00327-00.

ANTECEDENTES

1.- La sociedad gestora busca la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad jurídica, confianza legítima, acceso a la administración deRad. n° 05000-22-13-000-2026-00446-01 2 justicia, propiedad y patrimonio, «imparcialidad judicial y principio dispositivo».

2.- En síntesis, manifestó que, en noviembre de 2023, fue posesionada como auxiliar de la justicia en calidad de secuestre dentro del proceso ejecutivo seguido a continuación del verbal promovido por Carlos Alberto Ramírez Correa contra la Compañía Productora de Caucho del Norte de Urabá. Señaló que, el 3 de septiembre de 2024,

secuestre dentro del proceso ejecutivo seguido a continuación del verbal promovido por Carlos Alberto Ramírez Correa contra la Compañía Productora de Caucho del Norte de Urabá. Señaló que, el 3 de septiembre de 2024, solicitó autorización para contratar cuidanderos, sin obtener respuesta del juzgado. Posteriormente, el 2 de julio de 2026, presentó el informe de gestión y la rendición de cuentas correspondientes al período comprendido entre el 1º de enero de 2024 y el 30 de junio de 2026, en los que incluyó la suma de $53.026.000 por concepto de servicios de conserjería.

Indicó que, mediante auto del 12 de agosto de 2026, el despacho corrió traslado de la rendición de cuentas, sin que las partes formularan objeciones. Sin embargo, en providencia del 15 de septiembre siguiente, el juzgado sostuvo, equivocadamente, que no ex istía una solicitud previa de autorización y reajustó de oficio los valores reportados. A su juicio, dicha providencia desconoció el artículo 500 del Código General del Proceso, que, según afirmó, impone la aprobación de las cuentas cuando no se presentan reparos.

Adujo que la última determinación incurrió en defectos procedimental absoluto, al atribuirse el juez una facultad de revisión oficiosa no prevista en la ley; sustantivo,Rad. n° 05000-22-13-000-2026-00446-01 3 por desconocer lo dispuesto en el artículo 500 del citado estatuto; orgánico, al exceder sus competencias funcionales; y fáctico, por sustentarse en la supuesta inexistencia de la

3 por desconocer lo dispuesto en el artículo 500 del citado estatuto; orgánico, al exceder sus competencias funcionales; y fáctico, por sustentarse en la supuesta inexistencia de la solicitud de autorización. Agregó que se vulneraron sus derechos a la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y la protección de su patrimonio, así como el principio de imparcialidad, pues, en su criterio, el funcionario judicial asumió una postura activa y adversarial frente a la rendición de cuentas.

3.- Con soporte en lo anterior, pretende , se ordene: i) «DECRETAR la medida provisional solicitada, ordenando la suspensión del pago o entrega del valor del remate a la parte demandante o interesados, hasta que se defina en fondo la presente acción de tutela»; ii) «DEJAR SIN EFECTO JURÍDICO, el numeral 2; del Auto Interlocutorio No. 1283 del 15 de septiembre de 2026, proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Apartadó dentro del proceso Radicado 05045-3103-002-2017-00327-00» y iii) «ORDENAR al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Apartadó que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, profiera una nueva providencia ajustada estrictamente al numeral 2 del artículo 500 del CGP, aprobando las cuentas presentadas por la auxiliar de l a justicia en los términos rendidos, reconociendo los gastos de administración correspondientes y teniendo en cuenta la solicitud de autorización previa radicada el 03 de septiembre de 2024».

RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

gastos de administración correspondientes y teniendo en cuenta la solicitud de autorización previa radicada el 03 de septiembre de 2024».

RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1.- El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Apartadó se opuso a la concesión del amparo por considerar que la accionante dejó transcurrir el término de ejecutoria del autoRad. n° 05000-22-13-000-2026-00446-01 4 del 15 de septiembre de 2026 sin interponer los recursos procedentes y ahora pretende reabrir un debate ya concluido.

Precisó que, si bien examinó el memorial del 3 de septiembre de 2024, este no constituía una solicitud de autorización previa, pues fue presentado sin anexos y con efectos retroactivos, dado que la propia actora manifestó haber contratado al conserje con recursos propios. Por tal razón, negó el reconocimiento de $53.026.000, ante la ausencia de autorización judicial y de pruebas suficientes que acreditaran el pago.

Agregó que su actuación se ajustó al procedimiento legal, toda vez que corrió traslado de la rendición de cuentas, examinó los soportes allegados y reconoció únicamente los gastos debidamente acreditados, sin vulnerar las garantías fundamentales invocadas.

2.- La Compañía Productora de Caucho del Norte de Urabá – PROCAUCHO S.A., en liquidación, sostuvo que los gastos reclamados por la tutelante no correspondían a la realidad, puesto que los predios embargados carecen de portería, cercas y jornaleros, además de encontrarse ubicados en una zona de difícil acceso.

gastos reclamados por la tutelante no correspondían a la realidad, puesto que los predios embargados carecen de portería, cercas y jornaleros, además de encontrarse ubicados en una zona de difícil acceso.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia concluyó que, si bien la acción de tutela fue promovida oportunamente, no cumplía el requisito deRad. n° 05000-22-13-000-2026-00446-01 5 subsidiariedad, toda vez que la accionante disponía del recurso de reposición contra el auto del 15 de septiembre de

2026. Explicó que dicha providencia no se limitó a aprobar la rendición de cuentas, sino que resolvió de fondo sobre los valores reclamados, lo que la hacía susceptible de oposición conforme al artículo 318 del Código General del Proceso.

En consecuencia, consideró que, al abstenerse de interponer el referido recurso, la gestora desaprovechó el mecanismo ordinario de defensa judicial y pretendió acudir al amparo constitucional como una instancia adicional, en desconocimiento de su carácter residual y subsidiario. Por tal razón, negó la protección solicitada por improcedente.

IMPUGNACIÓN

La recurrente reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial y solicitó revocar la sentencia de primera instancia, al considerar que el tribunal incurrió en dos errores fundamentales. En primer lugar, cuestionó la aplicación del requisito de subsidiariedad, pues se le exigió interponer recurso de reposición contra el auto del 15 de septiembre de 2026, pese a que el numeral 2º del artículo

errores fundamentales. En primer lugar, cuestionó la aplicación del requisito de subsidiariedad, pues se le exigió interponer recurso de reposición contra el auto del 15 de septiembre de 2026, pese a que el numeral 2º del artículo 500 del Código General del Proceso establece que, cuando las partes no formulan objeciones a la rendición de cuentas, la providencia que las aprueba no admite recursos. Por ello, sostuvo que la tutela constituía el único mecanismo de defensa judicial disponible.Rad. n° 05000-22-13-000-2026-00446-01 6 En segundo término, adujo que el fallo convalidó la actuación del juzgado, que, en contravención del principio dispositivo, modificó de oficio las cuentas no objetadas y rechazó los gastos de conserjería, pese a que, la ley únicamente permite efectuar ajus tes cuando media oposición de alguna de las partes. Agregó que el a quo constitucional pasó por alto el defecto fáctico derivado de la falta de respuesta a la solicitud de autorización presentada el 3 de septiembre de 2024, así como su presunto ocultamiento. Finalmente, señaló que la negativa a reconocer los gastos necesarios para la custodia de los bienes afectó su patrimonio.

CONSIDERACIONES

1.- La Corte anticipa el fracaso de la solicitud de amparo y, en consecuencia, la confirmación de lo decidido en primera instancia, por las razones que se exponen a continuación:

1.1.- Revisado el expediente con radicado n.º 20 1700327-00, se advierte que la sociedad accionante fue designada como secuestre de los inmuebles identificados con

1.1.- Revisado el expediente con radicado n.º 20 1700327-00, se advierte que la sociedad accionante fue designada como secuestre de los inmuebles identificados con las matrículas Nos. 034-67909, 034 -71135, 034 -67908 y 034-73469, los cuales quedaron bajo su custodia mediante diligencia practicada el 30 de noviembre de 2023.

Posteriormente, los predios identificados con las matrículas Nos. 034-67909 y 034-67908 fueron adjudicados a Tilly Wunderlich Escobar, mediante diligencia aprobada elRad. n° 05000-22-13-000-2026-00446-01 7 16 de abril de 2026. En consecuencia, se ordenó a la actora efectuar su entrega y rendir cuentas de la gestión realizada.

El 2 de julio de 2026, la gestora presentó el informe de gestión y la rendición de cuentas correspondientes al período comprendido entre el 1º de enero de 2024 y el 30 de junio de

2026. Asimismo, solicitó el reconocimiento de diversos gastos y la fijación de sus honorarios definitivos. Entre los conceptos reclamados incluyó la suma de $53.026.000 por servicios de conserjería.

Mediante auto del 12 de agosto siguiente, el juzgado corrió traslado de la rendición de cuentas, junto con sus anexos y soportes, por el término de diez (10) días, el cual transcurrió sin que las partes formularan objeciones.

Surtido dicho trámite, el juez profirió el auto del 15 de septiembre, mediante el cual resolvió las solicitudes de

transcurrió sin que las partes formularan objeciones.

Surtido dicho trámite, el juez profirió el auto del 15 de septiembre, mediante el cual resolvió las solicitudes de reconocimiento de gastos y fijación de honorarios. En particular, examinó la reclamación de $53.026.000 por servicios de conserjería y concluyó que no se había acreditado la autorización judicial previa para la contratación del dependiente ni para el pago de sus servicios, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del Código General del Proceso.

Igualmente, advirtió que tampoco obraban pruebas suficientes del pago efectivo de las sumas reclamadas. Por consiguiente, negó su reconocimiento, fijó los honorarios definitivos de la interesada en $4.085.445 y autorizó el pago de $4.000.000 por concepto de gastos derivados del trámiteRad. n° 05000-22-13-000-2026-00446-01 8 de la querella policiva, de acuerdo con los soportes incorporados al expediente.

Frente a esa determinación, la accionante guardó silencio, pese a que podía controvertirla mediante el recurso de reposición previsto en el artículo 318 del Código General del Proceso. Ello, por cuanto la providencia no se limitó a aprobar la rendición de cuentas, sino que modificó los valores reclamados por la tutelante, circunstancia que excedía el supuesto de aprobación contemplado en el artículo 500 del mismo estatuto y hacía procedente dicho medio de impugnación.

Así las cosas, al omitir la interposición del recurso disponible, la promotora desaprovechó la oportunidad

supuesto de aprobación contemplado en el artículo 500 del mismo estatuto y hacía procedente dicho medio de impugnación.

Así las cosas, al omitir la interposición del recurso disponible, la promotora desaprovechó la oportunidad procesal de plantear sus inconformidades ante el juez natural. En consecuencia, no resulta admisible que pretenda subsanar esa omisión mediante la acción de tutela, pues este mecanismo excepcional no está instituido para suplir los medios ordinarios de defensa judicial que las partes dejaron de ejercer oportunamente.

1.2.- Igual consideración merece la solicitud posterior de la accionante, encaminada a obtener una explicación sobre las razones por las cuales no se había tenido en cuenta el memorial del 3 de septiembre de 2024, relacionado con la autorización para contratar personal destinado a la custodia y mantenimiento de los inmuebles secuestrados. En atención a ese requerimiento, el juzgado examinó nuevamente la actuación y profirió el auto del 24 de septiembre de 2026.Rad. n° 05000-22-13-000-2026-00446-01 9

En dicha providencia precisó que, si bien el referido escrito obraba en el expediente, había sido presentado sin anexos ni elementos probatorios que respaldaran los hechos expuestos. Asimismo, advirtió que la petición tenía carácter retroactivo, puesto que la propia actora manifestó haber contratado los servicios de portería y mantenimiento con recursos propios, cuyo posterior reconocimiento y reintegro pretendía obtener con cargo al proceso.

En ese sentido, el despacho concluyó que la naturaleza retroactiva de la solicitud se desprendía de su propio

recursos propios, cuyo posterior reconocimiento y reintegro pretendía obtener con cargo al proceso.

En ese sentido, el despacho concluyó que la naturaleza retroactiva de la solicitud se desprendía de su propio contenido y no de una interpretación judicial. Por consiguiente, determinó que el memorial no constituía una petición de autorización previa en lo s términos del artículo 52 del Código General del Proceso, sino que buscaba convalidar actuaciones que, según lo manifestado por la gestora, ya habían sido ejecutadas.

Contra esta última determinación tampoco se interpuso recurso alguno, por lo que cobró ejecutoria sin que la interesada ejerciera oportunamente los mecanismos de impugnación a su alcance.

Esta Sala tiene decantado, que:

«(…) el descuido en el empleo de los medios de protección que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los trámites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de último momento para rescatar op ortunidades precluidas oRad. n° 05000-22-13-000-2026-00446-01 10 términos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protección previstos en el orden jurídico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado sería el fruto de su propia incuria». STC2845-2025.

En este orden, se torna inviable examinar el fondo de la cuestión sometida a escrutinio de la Sala, en la medida en que la omisión de ese requisito general de viabilidad impide cualquier incursión en el asunto cuestionado.

En este orden, se torna inviable examinar el fondo de la cuestión sometida a escrutinio de la Sala, en la medida en que la omisión de ese requisito general de viabilidad impide cualquier incursión en el asunto cuestionado.

2.- En definitiva, se ratificará lo resuelto por el tribunal.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto a las partes y al a quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTARad. n° 05000-22-13-000-2026-00446-01

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MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto

Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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