CSJ - STC20720-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA Magistrado ponente

STC20720-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-05929-00 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Wilson Gutiérrez Montaña contra la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y la Dirección Seccional de Administración Judicial de esa ciudad – Grupo de Cobro Coactivo, trámite al cual fueron vinculados las autoridades, partes e intervinientes reconocidos del juicio de esa especialidad rad. n.° 2021 -00205 y el cobro coactivo rad. n.° 2026-01289.

ANTECEDENTES

1. El accionante, actuando en nombre propio , reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , acceso a la administración de justicia ,Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-05929-00 2 defensa y contradicción, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas.

2. En sustento, adujo que al interior del proceso de restitución de tierras se dictó sentencia en la que se impartió una serie de órdenes a la Alcaldía de Arauca y «se redireccionó a la Alcaldía de El Espinal, Tolima, las ordenes de la sentencia». Narró que, debido al presunto incumplimiento de los mandatos, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C úcuta decidió

a la Alcaldía de El Espinal, Tolima, las ordenes de la sentencia». Narró que, debido al presunto incumplimiento de los mandatos, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C úcuta decidió abrir el trámite incidental en su contra, en calidad de alcalde de El Espinal. Expuso que, una vez ventilado el procedimiento de rigor, el juzgador decidió sancionarlo con multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes (26 mar. 2026) y, por consiguiente, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta dio inicio al proceso de cobro coactivo.

De ese panorama derivó la lesión a sus derechos fundamentales, toda vez que, en su concepto, nunca fue «vinculado y notificado en debida forma».

3. Por lo anterior, pidió «DEJAR SIN EFECTOS por nulidad por indebida notificación todo le actuado en el incidente sancionatorio adelantado».

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS

1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta remitió el link del expediente acusado , hizo unRad. n.° 11001-02-03-000-2026-05929-00 3 recuento de las actuaciones a su cargo y defendió la respectiva legalidad.

2. William Andrés Martínez Martínez, quien sostuvo ser ab ogado ejecutor de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, recordó el trámite impreso y se opuso a la prosperidad de las pretensiones.

3. La Procuraduría 19 Judicial II para la Restitución de Tierras de Cúcuta y la Unidad Administrativa Especial de

Administración Judicial de Cúcuta, recordó el trámite impreso y se opuso a la prosperidad de las pretensiones.

3. La Procuraduría 19 Judicial II para la Restitución de Tierras de Cúcuta y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas pidieron su desvinculación.

CONSIDERACIONES

1. Corresponde a la Corte establecer si las autoridades enjuiciadas incurrieron en los presuntos yerros censurados en la restitución de tierras adelantada (rad n.º 2021-00205), por haber omitido desplegar las actuaciones necesarias para la debida vinculación del accionante al interior del trámite sancionatorio , supuestamente en desmedro de sus prerrogativas.

2. Conforme a la decantada jurisprudencia de esta Corte, en línea de principio la salvaguarda no procede contra decisiones judiciales, toda vez que en aras a mantener incólumes los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Carta Política, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinacionesRad. n.° 11001-02-03-000-2026-05929-00 4 proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.

No obstante, cuando se haya configurado alguno de los defectos específicos de procedibilidad del amparo frente a una providencia, que la Corte Constitucional clasificó en sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente m otivación, desconocimiento del

defectos específicos de procedibilidad del amparo frente a una providencia, que la Corte Constitucional clasificó en sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente m otivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o violación directa de la Constitución, el amparo se abre paso, siempre y cuando este respete las exigencias generales de la inmediatez y la subsidiariedad.

3. En efecto, Wilson Gutiérrez Montaña acudió al mecanismo supra legal con el fin de obtener la nulidad por indebida notificación del procedimiento sancionatorio. No obstante, considera la Sala que el resguardo no satisface el requisito de subsidiariedad frente a ese particular, conforme lo prevé el numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de

1991.

Ciertamente, basta con advertir que, de los medios de prueba incorporados al presente asunto, se evidencia que el actor de manera alguna exteriorizó esa puntual temática en los términos aquí expuestos ante juzgador natural del proceso criticado, en la etapa de seguimiento posfallo, competente para efectivizar las ordenes plasmadas en el veredicto, no siendo este escenario el idóneo ni el que el legislador estableció para estudiar esta queja, en desconocimiento del funcionario competente para ello.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-05929-00 5 Esta Corporación ha predicado, al respecto, lo siguiente:

(…) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado

5 Esta Corporación ha predicado, al respecto, lo siguiente:

(…) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideración, pretextando la supuesta violación de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos estén siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protección, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa (…) que el ordenamiento jurídico ha contemplado, sino cuando carezca de éstas (CSJ, STC90222021, STC5391-2022, STC10629-2024, entre otras).

Proceder como lo plantea el demandante implicaría asumir que esta acción es un mecanismo de protección alternativo con el consecuente riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades y concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, lo que adicionalmente propiciaría un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

4. En definitiva, habida cuenta que se inobservó el presupuesto de subsidiariedad, se impone sin más declarar la improcedencia del resguardo implorado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo rogado.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-05929-00 6

justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo rogado.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-05929-00 6 Comuníquese lo resuelto a las partes por un medio expedito y, de no impugnarse esta decisión, en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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