CSJ - STC20721-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20721-2026 Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02483-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia de 25 de agosto de 2026 proferida por la Sala de Casación Penal de esta Corporación, dentro de la acción de tutela promovida por César Augusto y Jhon Jairo Ramírez Valencia contra la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo y la Fiscalía Novena Seccional de Duitama , trámite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo y los partícipes en los procesos penales n.° 2021 -00019 y 2018 -00044 y en el disciplinario n.° 2021-00225.

ANTECEDENTES

1. Los accionantes, en nombre propio, reclamaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02483-01

2 defensa técnica y material, acceso a la administración de justicia y « acceso a la información y a las piezas procesales », presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas.

2. De las pruebas incorporadas al expediente y el escrito de tutela se extrae que en el proceso penal por fraude procesal n.° 2021 -00019, seguido en contra de los

presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas.

2. De las pruebas incorporadas al expediente y el escrito de tutela se extrae que en el proceso penal por fraude procesal n.° 2021 -00019, seguido en contra de los accionantes, el magistrado Álvaro Vincos Urueña, de la Sala Única del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, fijó para el 20 de agosto de 2026 la audiencia virtual de « lectura de auto» (12 ago. 2026).

Los actores afirmaron que realizar esa diligencia « sin resolver objetivamente » las recusaciones e impedimentos formulados contra los magistrados Jorge Enrique Gómez, Gloria Inés Linares Villalba, Luz Patricia Aristizábal Garavito y Eurípedes Montoya Sepúlveda «quebranta de forma insanable el debido proceso».

Agregaron que no se han contestado sus peticiones, entre ellas la de 16 de junio de 2026, en la que pidieron «copias integrales en formato espejo» del expediente n.° 2018-00044, y el «Cuestionario Ampliado y Perentorio» dirigido a los magistrados del Tribunal el 17 de julio siguiente, lo que les impide « acceder al acervo probatorio crucial» para su defensa.

3. Por lo anterior, solicitaron suspender la audiencia del 20 de agosto de 2026 y ordenar al Tribunal entregarles la copia « en formato espejo » del expediente n.° 2018 -00044 yRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02483-01

3 tramitar las recusaciones e impedimentos « antes de reanudar cualquier actuación o audiencia de decisión».

3 tramitar las recusaciones e impedimentos « antes de reanudar cualquier actuación o audiencia de decisión».

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS

1. La Sala Única del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo informó que no existe impedimento o recusación pendiente de resolver, pues el 17 de julio de 2026 decidió el impedimento manifestado por una magistrada, y que la audiencia del 20 de agosto fue re programada para el 17 de septiembre siguiente.

2. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Duitama y la Fiscalía Sexta Delegada ante los Jueces Promiscuos de Santa Rosa de Viterbo defendieron la legalidad de sus actuaciones y atribuyeron a los procesados los aplazamientos del proceso.

3. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el Despacho Tercero de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo manifestaron no tener relación con lo cuestionado y pidieron su desvinculación.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala de Casación Penal declaró improcedente el amparo por incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, comoquiera que « [e]l proceso penal continúa en etapa de audiencia preparatoria y los accionantes cuenta[n] conRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02483-01

4 mecanismos idóneos para plantear sus inconformidades ante el juez natural».

Agregó que las recusaciones e impedimentos ya fueron resueltos, que no se acreditó la radicación de la solicitud de

4 mecanismos idóneos para plantear sus inconformidades ante el juez natural».

Agregó que las recusaciones e impedimentos ya fueron resueltos, que no se acreditó la radicación de la solicitud de copia del expediente n.° 2018 -00044 y que no se demostró un perjuicio irremediable.

Además, ante un « posible ejercicio abusivo del derecho en el uso de los mecanismos procesales y constitucionales », exhortó al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Duitama y al Tribunal para que, de ser necesario, hagan uso de las facultades correctivas previstas en el artículo 143 de la Ley 906 de 2004.

IMPUGNACIÓN

La interpusieron los promotores, quienes sostuvieron que los medios ordinarios de defensa «han sido neutralizados por la propia autoridad judicial al denegar los recursos de reposición o apelación de manera improcedente» y que su actuación no puede calificarse como abuso del derecho, porque « la interposición de recursos y la formulación de peticiones de nulidad no son caprichos».

Por otra parte, cuestionaron lo ocurrido en la audiencia de formulación de acusación de 17 de julio de 2026, adelantada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo en el proceso por falsa denuncia contra persona determinada n.° 2018-00386.Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02483-01

5 Adujeron que i. se impidió a César Augusto intervenir en defensa material para « impugnar la decisión de cambio de radicación» e interponer los recursos de reposición y apelación,

5 Adujeron que i. se impidió a César Augusto intervenir en defensa material para « impugnar la decisión de cambio de radicación» e interponer los recursos de reposición y apelación, y ii. se les obligó a continuar con el abogado Zenón Angulo Angulo, cuya renuncia el juzgado aceptó con efectos a partir del 22 de julio siguiente.

Por ello, pidieron declarar la nulidad de lo actuado en esa diligencia, permitirles interponer los recursos « que fueron negados» y ordenar la entrega del audio de la audiencia.

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Corresponde a la Corte establecer si la acción de tutela promovida por César Augusto y Jhon Jairo Ramírez Valencia satisface los presupuestos generales de procedibilidad.

Solo de superarse ese examen, la Sala determinará si la Sala Única del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo y la Fiscalía Novena Seccional de Duitama vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia de los accionantes.

2. De la subsidiariedad

Ha sido invariable la posición de la jurisprudencia de esta Corte al señalar que uno de los principios esenciales queRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02483-01

6 orienta la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política es el de subsidiariedad.

En virtud de ese presupuesto, se ha dicho en precedencia que la acción de tutela no puede emplearse como un medio alternativo o supletorio en la solución de las controversias, ni su aducción ante el juez de amparo puede

En virtud de ese presupuesto, se ha dicho en precedencia que la acción de tutela no puede emplearse como un medio alternativo o supletorio en la solución de las controversias, ni su aducción ante el juez de amparo puede ser coetánea con los procedimientos ordinarios estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a éstos, tampoco ser tomada como un recurso adicional de los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales con los cuales el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales.

De manera que, una de las formas de incumplir ese carácter residual es cuando se procura con la protección constitucional frente a asuntos que están pendientes de resolución en el marco del trámite cuestionado . Al respecto, tiene dicho esta Sala que:

(…) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso está haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinación, en atención a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisión que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas válidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocería el carácter residual de esta senda y las normas de orden público, que son de obligatoria aplicación, con la consiguiente alteración de las reglas preestablecidas y el

constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocería el carácter residual de esta senda y las normas de orden público, que son de obligatoria aplicación, con la consiguiente alteración de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en talRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02483-01

7 causa. (CSJ, STC7886 -2016, reiterando STC61722015).

3. Caso concreto

La primera instancia declaró improcedente el amparo porque el proceso penal n.° 2021 -00019 se encuentra en curso y los accionantes cuentan allí con mecanismos idóneos para plantear sus inconformidades. Los impugnantes cuestionaron esa decisión por las razo nes que pasan a estudiarse.

3.1. De la eficacia de los medios ordinarios

Los actores cuestionaron que los medios ordinarios de defensa « han sido neutralizados por la propia autoridad judicial al denegar los recursos de reposición o apelación de manera improcedente».

No obstante, no precisaron qué decisión de la Sala Única del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo o de la Fiscalía Novena Seccional de Duitama les impidió controvertir lo actuado en el proceso n.° 2021 -00019, ni cuáles fueron los recursos que se les negaron.

Así, la improcedencia de la protección deriva del incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, conforme lo prevé el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, dado que, como se dijo, mientras la causa

Así, la improcedencia de la protección deriva del incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, conforme lo prevé el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, dado que, como se dijo, mientras la causa judicial en cuestión esté activa , o se encuentre pendienteRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02483-01

8 de definición un recurso o solicitud elevada al interior del mismo, como es del caso, la salvaguarda no puede prosperar al evidenciarse claramente anticipada.

En este evento, según se pudo constatar del expediente allegado, la Sala Única del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo confirmó la decisión probatoria adoptada en la audiencia preparatoria (12 ago. 2026) y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Du itama fijó para el 10, 11 y 16 de diciembre de 2026 la audiencia de juicio oral (30 sep. 2026).

De manera que el proceso penal n.° 2021 -00019 se encuentra en curso, y en el juicio oral los accionantes podrán controvertir las pruebas de la Fiscalía, solicitar las nulidades que estimen procedentes y, de ser el caso, apelar la sentencia que llegue a proferirse.

3.2. Del perjuicio irremediable

Los actores afirmaron que el perjuicio es irremediable porque « el proceso avanza hacia una etapa de juzgamiento viciada, cuya nulidad posterior no repararía el tiempo de afectación a la libertad y a la dignidad de los procesados».

No obstante, no acreditaron un daño inminente, grave,

cuya nulidad posterior no repararía el tiempo de afectación a la libertad y a la dignidad de los procesados».

No obstante, no acreditaron un daño inminente, grave, urgente e impostergable que justifique el desplazamiento excepcional del juez natural, pues la sola continuación del proceso penal no comporta una afectación actual y definitiva de sus derechos, máxime cuando conservan la presunción de inocencia hasta que se decida de fondo.Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02483-01

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3.3. Del exhorto y el abuso del derecho

Los actores cuestionaron que se calificara el ejercicio de su defensa como un «abuso del derecho» o una «maniobra dilatoria» y que se limite «el uso de recursos y peticiones bajo la advertencia de sanciones».

No obstante, el exhorto ordenado por el a-quo se limitó a recordar a las autoridades judiciales los poderes y medidas correccionales del artículo 143 de la Ley 906 de 2004, que concretan el deber de los jueces de « [e]vitar las maniobras dilatorias y todos aquellos actos que sean manifiestamente inconducentes, impertinentes o superfluos » (art. 139, num. 1, ibidem).

Ese deber guarda armonía con el de toda persona de «[c]olaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia» (art. 95, num. 7, Constitución Política), y las facultades que lo desarrollan deberán ejercerse en cada caso con respeto del derecho de defensa, sin que por sí mismas restrinjan los recursos que la ley concede a los procesados.

(art. 95, num. 7, Constitución Política), y las facultades que lo desarrollan deberán ejercerse en cada caso con respeto del derecho de defensa, sin que por sí mismas restrinjan los recursos que la ley concede a los procesados.

3.4. De los hechos nuevos

Los actores cuestionaron que en la audiencia de formulación de acusación de 17 de julio de 2026, adelantada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo en el proceso n.° 2018 -00386, se les negó el uso de la palabra para ejercer la defens a material y se les obligó aRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02483-01

10 continuar con el abogado Zenón Angulo Angulo, pese a su renuncia.

No obstante, esos hechos no fueron planteados en el escrito de tutela, sino que se introdujeron con la impugnación, de modo que ni la primera instancia tuvo oportunidad de pronunciarse sobre ellos ni ese juzgado de controvertirlos. Al respecto, esta Corte ha señalado que:

(…) [E]s cierto que, en sede de tutela, está establecida la facultad – deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el trámite ante él ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresión o amenaza de los bienes jurídicos superiores (…). También lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corzo cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que ésta tampoco es extraña a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (…).

de corzo cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que ésta tampoco es extraña a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (…). (CSJ STC, 10 may. 2011, rad. 00416 -01, reiterada en

STC175-2017 y STC8838-2021).

Con todo, y para atender puntualmente el reparo según el cual se obligó a los accionantes a continuar con el abogado Zenón Angulo Angulo pese a su renuncia, tampoco se advierte la necesidad de la intervención del juez constitucional, pues el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo aceptó esa renuncia (14 jul. 2026) y difirió sus efectos al 22 de julio siguiente.

Esa determinación se acompasa con la regla según la cual «[l]a renuncia no pone término al poder sino cinco (5) días después de presentado el memorial de renuncia en el juzgado» (art. 76, Código General del Proceso), aplicable al proceso penal por la integración que autoriza el artículo 25 de la Ley 906 de 2004.Radicación n.º 11001-02-04-000-2026-02483-01

11 De ese modo, el juzgado procuró que los accionantes no quedaran sin defensa técnica en la audiencia del 17 de julio, lo que descarta, en principio, la arbitrariedad que le endilgan.

4. Conclusión

Corolario de lo expuesto, se impone la ratificación del fallo de primera instancia por la desatención del presupuesto de la subsidiariedad.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

Corolario de lo expuesto, se impone la ratificación del fallo de primera instancia por la desatención del presupuesto de la subsidiariedad.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia cuestionada.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZRadicación n.º 11001-02-04-000-2026-02483-01

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FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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