CSJ - STC20724-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20724-2026 Radicación n.° 11001-02-04-000-2026-02689-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Resuelve la Corte la impugnación interpuesta frente al fallo proferido el 10 de septiembre de 2026 1 por la Sala de Casación, dentro de la acción de tutela promovida por Víctor Hugo Franco Muñoz contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán , trámite al que fueron vinculados el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Popayán y los demás intervinientes dentro del proceso penal n.° 202100017.

ANTECEDENTES

1. El accionante, en nombre propio, reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados por la Sala accionada.

1 El asunto ingresó a este despacho el pasado 7 de octubre.Rad. n.° 11001-02-04-000-2026-02689-01 2

2.- De las pruebas incorporadas al expediente y el escrito de tutela se extrae que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Popayán adelanta el proceso penal n.° 2021-00017 contra Víctor Hugo Franco Muñoz y otros, en el que el 16 de agosto de 2022 se le formuló imputación y aceptó parcialmente los cargos.

n.° 2021-00017 contra Víctor Hugo Franco Muñoz y otros, en el que el 16 de agosto de 2022 se le formuló imputación y aceptó parcialmente los cargos.

En la audiencia de verificación de allanamiento a cargos (17 jul. 2025), la bancada defensiva pidió la nulidad de lo actuado porque la Fiscal 16 Especializada, designada como fiscal de apoyo, adelantó las audiencias preliminares sin el acompañamiento de la Fiscal 94, titular de la investigación.

La defensora del accionante coadyuvó esa solicitud y, además, pidió que no se adelantara la verificación de allanamiento sino el trámite propio de un preacuerdo, porque la aceptación de cargos estuvo condicionada a una pena tasada por la Fiscalía y a la detención domiciliaria.

El juzgado (10 oct. 2025) negó la nulidad y, frente a la petición del accionante, señaló que la aceptación de cargos se dio en la audiencia de formulación de imputación, por lo que debía seguirse el rito del artículo 293 de la Ley 906 de 2004, decisión que la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán confirmó (14 jul. 2026).

Afirma que con el auto de segunda instancia se incurrió en defecto procedimental absoluto y en decisión sin motivación, porque i. el Tribunal no se pronunció sobre la censura relativa a «la naturaleza del acto de aceptación de cargos yRad. n.° 11001-02-04-000-2026-02689-01 3 a la consecuente posibilidad de retractación», pese a que hizo parte de la sustentación del recurso, y ii. confirmó la validez de lo

3 a la consecuente posibilidad de retractación», pese a que hizo parte de la sustentación del recurso, y ii. confirmó la validez de lo actuado por la fiscal de apoyo con fundamento en el principio de convalidación, «sin dar cuenta del argumento con que la defensa había negado que la convalidación pudiera operar».

Agrega que, devuelta la actuación, el juzgado programó la audiencia de verificación de allanamiento a cargos para el 18 de septiembre de 2026, en la que, a su juicio, la posibilidad de obtener la decisión de segunda instancia sobre la naturaleza del acto «se extinguirá de hecho, sin haber existido nunca en derecho».

3. Por lo anterior, pretende que se deje sin efectos parcialmente el auto (14 jul. 2026) y se ordene al Tribunal pronunciarse sobre la censura omitida, que se declare la nulidad de lo actuado con posterioridad a la imputación o, en subsidio, se emita nueva decisión sobre la convalidación, y que el juzgado se abstenga de adelantar la audiencia de verificación.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1.- La Fiscalía 26 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de la Dirección Especializada contra la Corrupción alegó que la acción se dirige contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán, por lo que «no es este delegado quien debe responder el fondo [d]el asunto».

Reseñó que en las audiencias del 16 y 17 de agosto de 2022 se formuló imputación contra el accionante,Rad. n.° 11001-02-04-000-2026-02689-01 4

Reseñó que en las audiencias del 16 y 17 de agosto de 2022 se formuló imputación contra el accionante,Rad. n.° 11001-02-04-000-2026-02689-01 4 oportunidad en la que aceptó el cargo de interés indebido en la celebración de contratos.

2.- La Fiscal 16 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados informó que remitió la tutela a la Fiscalía 26 Especializada, porque el caso se encuentra asignado a ese despacho.

3.- El defensor de Fredy Urbano Martínez manifestó que no tiene interés en intervenir, dado que lo planteado «no afecta el derecho de defensa de [su] prohijado».

4.- El Municipio de Piendamó pidió que se le tenga como interviniente y que se garantice su participación en el proceso penal, incluido el eventual reconocimiento de su calidad de víctima, sin asumir posición frente a la responsabilidad de los procesados.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala de Casación Penal declaró improcedente el amparo, porque el proceso penal continúa en curso y los reproches del accionante «están relacionados justamente con lo que será objeto de análisis en la audiencia de verificación de allanamiento a cargos», además de que, de proferirse sentencia condenatoria, podrá acudir a la apelación y a la casación.

Agregó que no se demostró un perjuicio irremediable, «pues la garantía de los derechos fundamentales puede reclamarse en el trámite penal vigente».Rad. n.° 11001-02-04-000-2026-02689-01 5

IMPUGNACIÓN

«pues la garantía de los derechos fundamentales puede reclamarse en el trámite penal vigente».Rad. n.° 11001-02-04-000-2026-02689-01 5

IMPUGNACIÓN

El accionante impugnó la decisión y sostuvo que la naturaleza del acto de aceptación de cargos ya fue decidida por la juez de conocimiento y quedó en firme con el auto del Tribunal, que carece de recursos, de manera que en la audiencia de verificación «no se examina si ese es el rito que corresponde, porque ese punto ya fue resuelto y confirmado».

Adujo que la apelación y la casación contra una eventual sentencia no son idóneas, porque se dirigen contra la sentencia y no contra el auto (10 oct. 2025), y además «operan cuando el perjuicio ya se habrá consumado».

Agregó que el perjuicio irremediable fue descrito en la demanda y no se examinó, pues la audiencia, aplazada el 18 de septiembre de 2026, sigue pendiente y, una vez celebrada bajo el artículo 293 de la Ley 906 de 2004, la calificación del acto «quedará como presupuesto de la sentencia».

CONSIDERACIONES

1.- Problema jurídico

Corresponde a la Corte establecer si la acción de tutela promovida por Víctor Hugo Franco Muñoz satisface los presupuestos generales de procedibilidad y, solo de superarse ese examen, determinar si la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de justicia al confirmar, mediante auto (14Rad. n.° 11001-02-04-000-2026-02689-01

Tribunal Superior de Popayán vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de justicia al confirmar, mediante auto (14Rad. n.° 11001-02-04-000-2026-02689-01 6 jul. 2026), la negativa de la nulidad propuesta dentro del proceso penal n.° 2021-00017.

2.- De la improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso

El carácter residual y subsidiario de este instrumento cobra relevancia cuando el proceso cuestionado se encuentra activo, por cuanto es en él donde el promotor del amparo puede y debe hacer valer sus prerrogativas.

En todo caso, solo se admitiría la injerencia del juez de amparo en un trámite judicial que aún transcurre en el evento de probarse con suficiencia la existencia de un perjuicio irremediable, pues, de no ser de esa manera, y de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, avocando a un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

Al respecto, esta Sala ha dicho:

«Recuérdese que la acción de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse sólo cuando en el escenario natural del respectivo trámite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, únicamente es permitida la revisión del desarrollo procesal respecto de las garantías propias del juicio, pero en ningún

respectivo trámite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, únicamente es permitida la revisión del desarrollo procesal respecto de las garantías propias del juicio, pero en ningún momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constitución o la ley les han asignado la competencia p ara resolver lasRad. n.° 11001-02-04-000-2026-02689-01 7 controversias judiciales, porque ese supuesto conduciría a invadir su órbita de acción y a quebrantar la Carta Política» (CSJ, STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01).

Y la Sala de Casación Penal, al resolver tutelas del mismo tenor, igualmente precisó:

«(…) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acción de tutela contra decisiones que en su trámite se produzcan, resulta francamente improcedente , como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opción extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por vía de casación, dado el carácter de control constitucional que tiene ese recurso» (CSJ, STP66032017, 11 may. 2017, rad. 91826-00) Resalta la Sala.

3.- El caso concreto

Al margen del problema jurídico planteado, anticipa la Sala que ratificará el fallo de primer grado, por cuanto la

2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00) Resalta la Sala.

3.- El caso concreto

Al margen del problema jurídico planteado, anticipa la Sala que ratificará el fallo de primer grado, por cuanto la demanda no satisface el requisito de subsidiariedad conforme lo prevé el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, dado que, tal c omo lo precisó la homóloga a quo, el proceso penal se encuentra en curso y es ahí donde al promotor del resguardo le corresponde defender las prerrogativas que estima afectadas.

Es que, contrario sensu a lo argüido por el actor, los reproches frente a cualquier presunta irregularidad de índole procesal deben y pueden seguir siendo propuestos en las oportunidades contempladas legalmente, a través de los medios de defensa previstos en el proceso, y no por la víaRad. n.° 11001-02-04-000-2026-02689-01 8 tutelar que ahora utiliza, que no fue instituida para desplazar al juzgador de la causa dado su indiscutido carácter residual.

3.1.- De la audiencia de verificación de allanamiento a cargos

El actor cuestionó que la homóloga remitiera su reproche a la audiencia de verificación de allanamiento a cargos, porque, en su criterio, la naturaleza del acto celebrado (16 ago. 2022) ya fue decidida por la juez de conocimiento y quedó en firme con el auto del Tribunal, que carece de recursos.

No obstante, lo realmente relevante no es la imposibilidad de impugnar de manera autónoma el auto (14

conocimiento y quedó en firme con el auto del Tribunal, que carece de recursos.

No obstante, lo realmente relevante no es la imposibilidad de impugnar de manera autónoma el auto (14 jul. 2026), sino establecer si los efectos que el actor atribuye a esa determinación pueden ser debatidos y valorados dentro del proceso penal en curso, y la respuesta, en este caso, es afirmativa.

Ello, porque la verificación de la aceptación de cargos aún no se ha surtido, de manera que el juez de conocimiento no ha impartido aprobación al acto celebrado (16 ago. 2022) y, en esa diligencia, el actor puede exponer las condiciones en que, según afirm a, aceptó los cargos y las garantías que estima desconocidas.

Así lo precisó el propio Tribunal en el auto cuestionado, al señalar que en ese trámite el juez de conocimiento debe «descartar cualquier vicio del consentimiento que, de estar ausente, impone la emisión de sentencia condenatoria», lo que evidencia queRad. n.° 11001-02-04-000-2026-02689-01 9 la legalidad de la aceptación de cargos aún es objeto de control dentro del proceso.

3.2.- De la idoneidad de los mecanismos ordinarios y extraordinarios

El actor cuestionó que la apelación y la casación no son idóneas, porque se dirigen contra la sentencia y no contra el auto (10 oct. 2025), y porque la apelación la resolvería la misma Sala accionada, que ya tuvo por resuelto el punto.

No obstante, de proferirse sentencia condenatoria, el actor podrá alegar en la apelación la vulneración de garantías

misma Sala accionada, que ya tuvo por resuelto el punto.

No obstante, de proferirse sentencia condenatoria, el actor podrá alegar en la apelación la vulneración de garantías fundamentales en la aceptación de cargos y la nulidad que estima configurada, sin que la circunstancia de que la resuelva el mismo Tribunal reste eficacia a ese mecanismo.

Asimismo, de ser procedente, podrá acudir al recurso extraordinario de casación, que permite denunciar el «desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes» , conforme al numeral 2.° del artículo 181 de la Ley 906 de 2004.

Esa vía la reconoció el propio impugnante frente a la nulidad por la intervención de la fiscal de apoyo, al aceptar que la invalidez por un vicio de estructura del procedimiento «admite ser planteada en casación por las causales del artículo 181 de la Ley 906 de 2004».

3.3.- Del perjuicio irremediableRad. n.° 11001-02-04-000-2026-02689-01 10

El actor cuestionó que no se examinara el perjuicio irremediable que describió, pues la audiencia de verificación está pendiente y, una vez celebrada bajo el artículo 293 de la Ley 906 de 2004, perderá la oportunidad de obtener el pronunciamiento de segund a instancia sobre la naturaleza del acto.

No obstante, la Sala no advierte la configuración de un perjuicio irremediable que justifique el desplazamiento excepcional de las competencias del juzgador ordinario,

pronunciamiento de segund a instancia sobre la naturaleza del acto.

No obstante, la Sala no advierte la configuración de un perjuicio irremediable que justifique el desplazamiento excepcional de las competencias del juzgador ordinario, porque las circunstancias expuestas se relacionan con una controversia eminentemente pro cesal, cuyo examen puede realizarse en el escenario natural del debate penal.

Es que la celebración de una audiencia dentro del proceso, bajo la dirección del juez natural y con la intervención de la defensa, no comporta por sí misma una afectación actual y definitiva, pues lo que allí se decida podrá ser controvertido a través de l os recursos que el ordenamiento prevé.

En similar sentido, la Sala ha concluido que «no resulta viable la salvaguarda de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable» al advertir que la situación invocada por la accionante podía superarse con lo dispuesto por la autoridad en cumplimiento de la decisión cuestionada (CSJ STC142152026, 29 jul. 2026, rad. 2026-00218-01).

Así las cosas, pretender que el juez de amparo revise la razonabilidad de las determinaciones discutidas sería no soloRad. n.° 11001-02-04-000-2026-02689-01 11 una injerencia impertinente en la competencia del fallador, sino anticipar un debate que tiene su propio escenario de confrontación, y no a través de un trámite expedito y sumario como la acción de tutela.

4.- Conclusión

En definitiva, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es suficiente para ratificar el fallo

confrontación, y no a través de un trámite expedito y sumario como la acción de tutela.

4.- Conclusión

En definitiva, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es suficiente para ratificar el fallo impugnado, y releva a esta instancia de ahondar en otras temáticas específicas, en todo caso, condicionadas a la superación de dicho presupuesto.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil , Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley , CONFIRMA la sentencia objeto de impugnación.

Comuníquese por el medio más expedito lo aquí resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTARad. n.° 11001-02-04-000-2026-02689-01

12

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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