CSJ - STC20729-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20729-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06044-00 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por ATC Sitios de Colombia S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Cincuenta y Cuatro Civil del Circuito de esa ciudad, trámite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes reconocidos en el juicio verbal rad. n.° 2024-00475.

ANTECEDENTES

1. La sociedad accionante, mediante apoderado, reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, que estima vulnerados por las autoridades convocadas.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06044-00

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2. Expuso que Gabriel Londoño Barrera y Silvio Londoño Barrera promovieron proceso verbal en su contra, para que se declarara que incumplió el contrato de arrendamiento celebrado el 12 de diciembre de 1994 sobre una porción del inmueble con matrícula 50N -655604, destinada a una estación base de telefonía móvil, al desconocer la prórroga automática por cinco años pactada en la cláusula segunda. En consecuencia, pidieron el pago de $395.000.000 por los cánones causados entre diciembre

destinada a una estación base de telefonía móvil, al desconocer la prórroga automática por cinco años pactada en la cláusula segunda. En consecuencia, pidieron el pago de $395.000.000 por los cánones causados entre diciembre de 2019 y diciembre de 2024, con intereses al 2%.

El Juzgado Cincuenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá declaró el incumplimiento y condenó a la sociedad a pagar $210.548.416 por los cánones que los demandantes debieron recibir durante la prórroga (24 mar. 2026), decisión que la Sala Civil del Tribun al Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó (26 ago. 2026).

Afirma que con la sentencia del Tribunal (26 ago. 2026) se incurrió en defecto fáctico, sustantivo y en desconocimiento del principio de congruencia. Lo anterior, porque i. la prórroga se edificó sobre un silencio que no existió, pues durante 2019 las partes negociaron el canon sin llegar a un acuerdo, y « Quien negocia, formula propuestas, discute el canon y procura alcanzar un acuerdo sobre las condiciones de renovación no permanece en silencio respecto de la continuidad del vínculo». Además, ii. hubo una «valoración defectuosa, fragmentaria y contraevidente del material probatorio relativo a las negociaciones adelantadas durante 2019, su fracaso y la conducta posterior de ATC».Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06044-00 3 Asimismo, iii. el Tribunal «omitió confrontar su razonamiento con las disposiciones legales que regulaban específicamente los mismos hechos a los que atribuyó efectos jurídicos », esto es, los artículos

3 Asimismo, iii. el Tribunal «omitió confrontar su razonamiento con las disposiciones legales que regulaban específicamente los mismos hechos a los que atribuyó efectos jurídicos », esto es, los artículos 2013 y 2014 del Código Civil, conforme a los cuales la renovación tácita del arriendo opera «no por más tiempo que el de tres meses ». Y iv. mantuvo « una condena que, en uno de sus componentes económicos, excedió el marco de la controversia fijado por las pretensiones», pues la demanda pidió intereses al 2% y no el reajuste por IPC ni la indexación.

3. En consecuencia, pretende que se amparen los derechos invocados, que se deje sin efecto la sentencia del Tribunal (26 ago. 2026) y, en lo pertinente, la del Juzgado (24 mar. 2026), y que se ordene proferir una nueva decisión en la que « se valore integralmente el material probatorio relativo a las negociaciones adelantadas antes del vencimiento contractual » y « se observe estrictamente el principio de congruencia respecto de los conceptos económicos pretendidos».

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1. El Tribunal Superior de Bogotá se opuso al amparo porque la decisión adoptada por esa sede judicial se ajustó a derecho, sin vulnerar las garantías constitucionales invocadas por la auspiciante y contó con una debida motivación, lo que obedece a un criterio razonable.

2. El Juzgado Cincuenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá pidió negar el resguardo en lo que a él concierneRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06044-00

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2. El Juzgado Cincuenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá pidió negar el resguardo en lo que a él concierneRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06044-00 4 al no acreditarse una actuación u omisión de su parte que vulnere los derechos fundamentales invocados.

CONSIDERACIONES

1. Relevancia constitucional – Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado que la acción de tutela no procede, por regla general, contra providencias judiciales. Así lo impone el respeto por la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía e independencia de quien administra justicia, principios que impedirían convertir el amparo en un recurso adicional para reabrir controversias ya definidas por el juez natural. Únicamente de manera excepcional, cuando la decisión judicial lesiona derechos fundamentales, resulta admisible el amparo, bajo la condición de que se acrediten los requisitos de carácter general, que habilitan el estudio de la solicitud, y otros específicos o materiales, que autorizan la prosperidad de la protección (CC C-590 de 2005).

El primero de los requisitos generales es la relevancia constitucional, presupuesto que antecede a cualquier consideración de fondo y opera como verdadera compuerta de acceso al examen del amparo. Su razón de ser es delimitar el ámbito propio del juez constitucional frente al del juez ordinario: al primero le corresponde la guarda de la Constitución y de los derechos fundamentales, no la revisión

de acceso al examen del amparo. Su razón de ser es delimitar el ámbito propio del juez constitucional frente al del juez ordinario: al primero le corresponde la guarda de la Constitución y de los derechos fundamentales, no la revisión del acierto legal de las decisiones. Por ello la CorteRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06044-00 5 Constitucional le ha atribuido tres finalidades concretas, al precisar que se trata de un requisito que persigue "(i) asegurar que la tutela no sea utilizada para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la tutela a cuestiones que afecten directamente los derechos fundamentales; y (iii) evitar que la tutela se convierta en una tercera insta ncia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces" (CC SU -573 de 2019, SU -128 de 2021).

La Corte Constitucional explica que la relevancia constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales», de suerte que, para verificarla, el juez debe analizar «(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales» (CC SU-215 de 2022, SU-134 de 2022).

con connotaciones particulares o privadas; y (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales» (CC SU-215 de 2022, SU-134 de 2022).

De la jurisprudencia expuesta deriva una regla que gobierna este asunto: la relevancia constitucional no se satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental. La Corte ha sido enfática en que la mención de un derecho no confiere, por sí sola, trascendencia constitucional a una controversia que continúa siendo de estirpe legal y/o probatorio. En consecuencia, la sola invocación de derechos fundamentales como el debido proceso o el acceso a la administración deRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06044-00 6 justicia no habilita, per se , la intervención del juez constitucional.

Finalmente, este requisito no obra de manera aislada, su estudio solo se aborda una vez superadas la inmediatez y la subsidiariedad, presupuestos que le anteceden. Verificados en este caso, el análisis se concentra en la relevancia, cuya ausencia, según pa sa a exponerse, sella la improcedencia del amparo.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo satisface los requisitos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en particular, el de relevancia constitucional. Solo de superarse ese examen habría lugar a estudiar el f ondo, esto es, si las autoridades accionadas incurrieron en los defectos endilgados al declarar el incumplimiento del contrato de arrendamiento y condenar

relevancia constitucional. Solo de superarse ese examen habría lugar a estudiar el f ondo, esto es, si las autoridades accionadas incurrieron en los defectos endilgados al declarar el incumplimiento del contrato de arrendamiento y condenar a la sociedad accionante al pago de los cánones del período de prórroga, con la consiguiente lesión d e los derechos fundamentales invocados.

3. Caso concreto

Se anticipa que la Sala declarará improcedente el amparo, pues en la providencia cuestionada no se advierte irregularidad alguna que imponga la injerencia del juez constitucional, comoquiera que el asunto sometido a suRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06044-00 7 consideración no reviste relevancia constitucional, según se pasa a exponer:

3.1. La sociedad promotora, en calidad de demandada, dirige el amparo contra la sentencia de segunda instancia, con el fin de que se deje sin efecto y se profiera una nueva decisión. En el fondo, su inconformidad recae sobre la manera como el Tribunal interpretó la cláusula segunda del contrato de arrendamiento, valoró las pruebas de las negociaciones adelantadas en 2019 y liquidó la condena.

Para confirmar la decisión, esa Corporación sostuvo que la cláusula segunda regula varios eventos y que « la facultad conferida a las partes para manifestar su intención de renovar el pacto bajo condiciones distintas no resulta incompatible con el mecanismo de prórroga automática; al contrario, ambas previsiones responden a supuestos temporales y finalidades d iferentes». Por ello, concluyó que « ningún apartado contempla la culminación del convenio como

bajo condiciones distintas no resulta incompatible con el mecanismo de prórroga automática; al contrario, ambas previsiones responden a supuestos temporales y finalidades d iferentes». Por ello, concluyó que « ningún apartado contempla la culminación del convenio como efecto de la falta de acuerdo».

Frente a las negociaciones, señaló que estas, « lejos de significar su voluntad de abandonar el negocio, se tradujo en el ánimo de permanecer en este », y que « para la época, ninguno de los negociantes exteriorizó su voluntad de apartarse del contrato», pues la comunicación de restitución se remitió el 30 de abril de 2020. Agregó que, « tras la prórroga, la accionada continuó pagando las mensualidades en los términos estipulados; conducta que plasma la voluntad de la sociedad de permanecer en la relación».Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06044-00 8 Y frente a la liquidación, concluyó que el reajuste anual por IPC, « lejos de constituir una pretensión distinta a la solicitada, simplemente consiste en la debida liquidación de la obligación », y que la indexación « no se constituye como una pretensión indemnizatoria autónoma ni un rubro adicional, sino como una herramienta de corrección monetaria destinada a preservar el valor real de la condena». Son esa interpretación del contrato, la valoración de las pruebas y la liquidación de la condena las que la accionante pretende revertir por vía de tutela.

3.2. En primer lugar, lo que en realidad pretende la sociedad tutelante es que el juez constitucional dirima una controversia sobre la interpretación de un contrato, la

revertir por vía de tutela.

3.2. En primer lugar, lo que en realidad pretende la sociedad tutelante es que el juez constitucional dirima una controversia sobre la interpretación de un contrato, la valoración de las pruebas y la aplicación de normas legales. En efecto, sus reproches recaen sobre el alcance de la cláusula segunda, el mecanismo del artículo 519 del Código de Comercio, la renovación tácita de los artículos 2013 y 2014 del Código Civil y la congruencia prevista en el artículo 281 del Código General del Proceso.

Se trata, en su integridad, de cuestiones de estricta legalidad, resueltas de manera motivada por el juez natural. Prueba de ello es que la propia accionante pide que se profiera una nueva decisión en la que « se determine la procedencia de la prórroga sin construir el supuesto fáctico de silencio en contradicción con las pruebas».

Así, se pretende emplear la tutela como una tercera instancia, por cuanto los cargos reproducen los reparos que la sociedad formuló en la apelación. Allí sostuvo que « losRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06044-00 9 acercamientos para ajustar el canon excluían el presupuesto del “silencio” que motiva la prórroga », que la sentencia « omitió estudiar el contexto» en el que se pagaron los cánones y que la condena se actualizó por IPC e indexación « sin que dicha forma de actualización hubiese sido solicitada ». El Tribunal examinó esos mismos argumentos y los desestimó.

Que la solicitud reitere ese debate ante esta Corporación confirma que el amparo se emplea para reabrir

actualización hubiese sido solicitada ». El Tribunal examinó esos mismos argumentos y los desestimó.

Que la solicitud reitere ese debate ante esta Corporación confirma que el amparo se emplea para reabrir una discusión agotada, cometido ajeno a la naturaleza de este instrumento iusfundamental.

A lo anterior no obsta la invocación de los artículos 2013 y 2014 del Código Civil, que la accionante no planteó en los reparos de la apelación y trae en sede constitucional como nuevo respaldo de una tesis ya desestimada. Su sola cita no confiere relevanc ia constitucional, pues se trata de normas de rango legal sobre la renovación tácita del arrendamiento, cuya aplicación al caso concreto corresponde al juez natural.

3.3. En segundo lugar, la consecuencia jurídica que se desprende de la providencia cuestionada, esto es, la condena al pago de los cánones del período de prórroga ante la terminación anticipada y unilateral del contrato, es la que el ordenamiento prevé para esta clase de controversias.

La autoridad accionada sustentó su decisión en los artículos 1546, 1602, 1614 y 1620 del Código Civil, 870 y 871 del Código de Comercio y 281 del Código General delRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06044-00 10 Proceso, y valoró con arreglo a ellos el contrato y las pruebas recaudadas. Esa determinación, contrastada con la Carta, no resulta por sí misma lesiva de derecho fundamental alguno, pues no hace más que extraer las consecuencias que el régimen de la respo nsabilidad contractual dispone frente al incumplimiento de lo pactado.

resulta por sí misma lesiva de derecho fundamental alguno, pues no hace más que extraer las consecuencias que el régimen de la respo nsabilidad contractual dispone frente al incumplimiento de lo pactado.

Además, la sociedad accionante ejerció plenamente su defensa en el proceso, pues contestó la demanda, formuló excepciones, apeló la sentencia de primera instancia y obtuvo respuesta motivada a cada uno de sus reparos.

3.4. Y en tercer lugar, no se acredita una afectación desproporcionada de derechos fundamentales que confiera trascendencia constitucional al asunto. La controversia es de contenido estrictamente económico y con efectos particulares, pues gira en torno a una co ndena de $210.548.416 por cánones de arrendamiento, sin que se alegue ni se demuestre que la sociedad accionante sea sujeto de especial protección o que la decisión comprometa su subsistencia.

Lo que subyace es una simple diferencia de criterio frente a la interpretación motivada de la autoridad accionada, a la cual la actora se limita a oponer la propia. Insiste la Sala en que la mera invocación del debido proceso o del acceso a la administración de justicia, sin demostración de una afectación desproporcionada, no confiere por sí sola relevancia constitucional a una controversia que sigue siendo legal.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06044-00 11

4. Conclusión

En definitiva, como la decisión cuestionada no constituye una actuación arbitraria susceptible de corrección por esta vía excepcional, pues lo que en el fondo pretende la sociedad actora es anteponer su criterio al de la autoridad

4. Conclusión

En definitiva, como la decisión cuestionada no constituye una actuación arbitraria susceptible de corrección por esta vía excepcional, pues lo que en el fondo pretende la sociedad actora es anteponer su criterio al de la autoridad judicial accionada, y al carecer el asunto de relevancia constitucional, se declarará improcedente el amparo solicitado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo rogado.

Comuníquese lo resuelto a las partes por un medio expedito y, de no impugnarse esta decisión, en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTARadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06044-00 12

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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