CSJ - STC20731-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20731-2026 Radicación n.° 08001-22-13-000-2026-00931-01 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Resuelve la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 28 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela promovida por Ricardo Calderón Toscano como «apoderado judicial» de William Emilio Roa Jiménez contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad , extensiva al homólogo Quince Civil Municipal de la citada urbe , trámite al cual fueron vinculados los intervinientes en la acción de tutela con rad. 2026-000476-00.

ANTECEDENTES

1. La parte actora en la citada calidad, acude al presente mecanismo en busca de la protección del derecho fundamental al debido proces o, que considera quebrantado por la autoridad jurisdiccional convocada.Rad. n.° 08001-22-13-000-2026-00931-01

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2. En síntesis , expuso que William Emilio Roa Jiménez promovió la acción referida en líneas anteriores contra John Angarita Otero y Sebastián Andrés Otero León, por cuenta del accidente «laboral» que tuvo como trabajador de estos, trámite en el cual, pese a que en curso de la segunda

contra John Angarita Otero y Sebastián Andrés Otero León, por cuenta del accidente «laboral» que tuvo como trabajador de estos, trámite en el cual, pese a que en curso de la segunda instancia solicitó la incorporación y valoración de fotografías y videos relacionados con las circunstancias del suceso, los cuales no pudo aportar oportunamente debido a su estado de salud, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, sin pronunciarse sobre tal materia y omitiendo que por esa vía también debía vincular a entidades que se pudieran ver afectadas, profirió sentencia que confirmó en su integridad la decisión del Juez Quince Civil Municipal de la misma urbe ; providencia que inclusive no se notificó debidamente pues se tuvo conocimiento de la misma a través del sistema de información judicial TYBA.

3. Por lo anterior, pretende «DEJAR SIN EFECTOS » el proveído proferido el 18 de agosto de 2026 y en consecuencia se ordene al despacho judicial convocado proferir una nueva decisión que atienda sus reparos.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS

1. El Juzgado accionado precisó que «no evidencia una actuación arbitraria o caprichosa atribuible a este despacho judicial, lo que realmente plantea el accionante es su inconformidad con la valoración jurídica efectuada en la sentencia de segunda instancia y su discrepancia respecto de la co nclusión alcanzada acerca de la improcedencia de la acción de tutela».Rad. n.° 08001-22-13-000-2026-00931-01

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2. La Curaduría Urbana 1 de Barranquilla alegó su

improcedencia de la acción de tutela».Rad. n.° 08001-22-13-000-2026-00931-01 3

2. La Curaduría Urbana 1 de Barranquilla alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva.

3. Mutual Ser E .P.S. señaló que no le constan los hechos que dieron origen a la presente acción constitucional y que las pretensiones del accionante son ajenas a sus competencias.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

El Tribunal constitucional de primera instancia negó el amparo reclamado tras considerar que «los reparos aquí planteados no configuran circunstancias excepcionales y en realidad corresponden a inconformidades del accionante con la decisión adoptada por el despacho accionado, sin que ello se enmarque en las causales excepcionales de procedencia de “tutela contra tutela”».

IMPUGNACIÓN

La presentó la parte accionante para lo cual señaló, en esencia, argumentos en la línea del escrito de tutela.

CONSIDERACIONES

1. En relación con la legitimación para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece, que

podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través deRad. n.° 08001-22-13-000-2026-00931-01 4 representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal

4 representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

Sobre el alcance del precepto legal en mención, la jurisprudencia constitucional ha estimado que:

la legitimación por activa en la acción de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran válidas tres vías procesales adicionales para la interposición de la acción de tutela: (i) a través del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas); (ii ) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (C. C. ST -878 de 2007; reiterada entre otras en STC16275 -2021 y STC 126312025).

2. En el presente asunto, la Corte observa que lo pretendido por la parte accionante es que se deje sin valor ni efecto el proveído proferido el 18 de agosto de 2026 a través del cual el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla confirmó la decisión de fecha 6 de julio de la misma anualidad por medio de la cual el Juzgado Quince Civil Municipal de la misma ciudad declaró improcedente la acción de tutela con rad. 2026-00476-00.

3. Sin embargo d e la evidencia allegada a este

anualidad por medio de la cual el Juzgado Quince Civil Municipal de la misma ciudad declaró improcedente la acción de tutela con rad. 2026-00476-00.

3. Sin embargo d e la evidencia allegada a este decurso constitucional muy pronto surge la impertinencia del ruego que instó Ricardo Calderón Toscano, ya que resulta innegable que no es el titular de los derechos cuya infracción invoca, ni adosó el poder especial que habilitara suRad. n.° 08001-22-13-000-2026-00931-01 5 mediación en este particular asunto, como representante judicial del presunto afectado, de lo que se deriva su falta de interés en la causa por activa.

En este orden de ideas al margen de la pertinencia que pudieran tener los reclamos de l citad o abogado frente al devenir procesal, lo cierto es que si efectivamente se concretaron esas fallas que le enrostra a la autoridad convocada, el únic o legitimado para acudir a esta acción excepcional en procura de repelerlas sería William Emilio Roa Jiménez, quien no lo habilitó legalmente para interceder por él en este escenario.

Al respecto, se observa que el instrumento con el cual pretendió acreditarse la representación judicial carece de validez legal al tenor del artículo 74 del Código General del Proceso y del canon 10 del Decreto 2591 de 1991. En el libelo confluyen dos defi ciencias sustanciales comoquiera el pretendido poder carecer de la especificación de la autoridad demandada, del proceso y decisión censuradas, así como de las prerrogativas fundamentales cuya protección se invoca.

confluyen dos defi ciencias sustanciales comoquiera el pretendido poder carecer de la especificación de la autoridad demandada, del proceso y decisión censuradas, así como de las prerrogativas fundamentales cuya protección se invoca.

Sobre este puntual aspecto la Sala de vieja data ha dicho, que:

la legitimación de los abogados para instaurar la acción de tutela aduciendo representación judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto. Al respecto señaló en la Sentencia T-001 de 1997, que por las características de la acción “todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentalesRad. n.° 08001-22-13-000-2026-00931-01 6 que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión. De este modo, cuando la acción de tutela se ejerce a título de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposición. La carencia de la citada personería para iniciar la acción de amparo constitucional, no se suple con la presentaci ón del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acción de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimación por activa (CSJ STC458-2021) (Subraya la Sala).

su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimación por activa (CSJ STC458-2021) (Subraya la Sala).

Y haciendo suyo el pronunciamiento del máximo órgano de cierre constitucional, en punto de los requisitos de tal mandato, en reciente decisión se señaló que:

[p]or su parte, (…), el poder especial conferido debe contener una serie de requisitos, a saber: «(i) los nombres y datos de identificación tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jurídica contra la cual se va a incoar la acción de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, ( iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar (…) En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimación en la causa por activa, haciendo improcedente la acción» (T-1025/06 Corte Constitucional) (Subraya la Corte) (CSJ STC22552022; reiterada en STC12631-2025).

4. Corolario de lo expuesto, s e ratificará lo resuelto en primera instancia.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil , Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve CONFIRMAR la sentencia objeto de impugnación.Rad. n.° 08001-22-13-000-2026-00931-01 7

Comuníquese por el medio más expedito lo aquí resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad,

de impugnación.Rad. n.° 08001-22-13-000-2026-00931-01 7

Comuníquese por el medio más expedito lo aquí resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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