CSJ - STC20733-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20733-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-06022-00 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Wilfredo Pérez Godoy, Felipe Andrés Daza Gallo y Fredy Antonio Rodríguez Álvarez contra la Sala de Casación Penal de esta Corte ; trámite al que fueron vinculados el Tribunal Superior Militar y Policial de Bogotá, el Juzgado de Instancia del Departamento de Policía de Nariño y todas las autoridades, partes e intervinientes en el proceso penal n.° 2011-60120.

ANTECEDENTES

1. A través de apoderada judicial, los accionante reclama la protección de los derechos fundamentales debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-06022-00

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2. En síntesis, señalaron que, mediante sentencia del 12 de diciembre de 2023, el Juzgado de Departamento de Policía de Nariño los condenó como coautores del delito de falsedad ideológica en documento público, a cuarenta y ocho meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco años y separación absoluta de la Fuerza Pública, pero los absolvió de los delitos de fraude

falsedad ideológica en documento público, a cuarenta y ocho meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco años y separación absoluta de la Fuerza Pública, pero los absolvió de los delitos de fraude procesal y peculado por apropiación; determinación que el 11 de febrero de 2026, el Tribunal Superior Militar y Policial de esta ciudad confirmó.

Relataron que su defensa presentó y sustentó recurso extraordinario de casación. No obstante, en AP5729-2026 del 26 de agosto de 2026, la accionada inadmitió la demanda por deficiencias formales y sustanciales en la formulación del cargo por falso raciocinio tras argumentar que la absolución por fraude procesal y peculado por apropiación no imponía absolver a los procesados por falsedad ideológica en documento público.

Afirmaron que la afirmación contenida en el apartado 45 del auto, conforme a la cual «la pericia aludida no fundó la sentencia condenatoria » no coincide con la página 50 de la sentencia de primera instancia, en la que se indicó que el dictamen pericial, valorado junto con los testimonios, los documentos y las diligencias de indagatoria, permitía concluir que la firma correspondía a Wilfredo Pér ez Godoy, máxime cuando el perito advirtió una similitud morfológica entre las firmas examinadas y las muestras escriturales.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-06022-00 3

3. En este contexto, estima n vulneradas sus garantías fundamentales y, en consecuencia, pretende que se deje sin efectos el auto que inadmitió la casación y se

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3. En este contexto, estima n vulneradas sus garantías fundamentales y, en consecuencia, pretende que se deje sin efectos el auto que inadmitió la casación y se ordene a la accionada proferir una nueva decisión en la que se confronte la afirmación contenida en el apartado 45 del auto con el contenido de la sentencia de primera instancia, se precise el alcance y la utilización del dictamen pericial y se examine la suficiencia de los demás elementos probatorios.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. El Tribunal Superior Militar y Policial de Bogotá relató las actuaciones a su cargo.

2. La Sala de Casación Penal de esta Corte defendió su determinación e indicó que lo pretendido por los accionantes es utilizar el amparo co mo una instancia adicional al procedimiento ordinario, por lo que pidió denegar el mismo.

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales.

La acción de tutela no procede contra providencias o actuaciones judiciales con el fin de salvaguardar los principios de los artículos 228 y 230 de la ConstituciónRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06022-00 4 Política. En efecto, no pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o ya terminados para modificar las determinaciones emitidas en ellos.

Excepcionalmente se estableció su procedencia para aquellos casos en donde el funcionario judicial ha incurrido en un proceder arbitrario y opuesto a la ley. En este caso deberán concurrir los presupuestos generales de

determinaciones emitidas en ellos.

Excepcionalmente se estableció su procedencia para aquellos casos en donde el funcionario judicial ha incurrido en un proceder arbitrario y opuesto a la ley. En este caso deberán concurrir los presupuestos generales de procedibilidad de : inmediatez, subsidiariedad, que no se cuestionen sentencias emitidas en el marco de otra acción de tutela y la relevancia constitucional . Junto a ellos, debe verificarse la ocurrencia de alguno de los defectos específicos: sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o violación de la Constitución.

2. La relevancia constitucional.

En torno a este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que tiene tres finalidades concretas: «(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional[63] y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad [64]; (ii ) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales[65] y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces[66]» (C.C, SU-128 de 2021).

En esa línea, se ha sostenido que el mismo «(...) protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto delRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06022-00 5

En esa línea, se ha sostenido que el mismo «(...) protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto delRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06022-00 5 juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales[119]» (C.C., SU -215 de 2022). En esa línea, se han adoptado como criterios para examinar la ausencia o no de relevancia constitucional que la controversia «(i) verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal o económico[161]; (ii) involucre algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental, y (iii ) no implique utilizar la acción de tutela como una instancia o un recurso adicional para reabrir debates concluidos en el proceso ordinario» (C.C. SU-016 de 2026).

En esa medida, este presupuesto de procedibilidad exige que entre la actuación cuestionada y la presunta vulneración de los derechos fundamentales exista una relación directa, específica y suficientemente acreditada. No basta con que la parte accionante manifieste su inconformidad frente a la interpretación de la norma hecha por el fallador, con la valoración de una prueba o con el resultado adverso del proceso.

Es necesario, entonces, que la parte interesada explique de qué manera la decisión censurada trasgredió el ámbito de la autonomía judicial y produjo una afectación constitucionalmente relevante. Dicho de otro modo, el debate debe trascender la simple discrepancia interpretativa y poner de manifiesto una actuación que, por su arbitrariedad,

la autonomía judicial y produjo una afectación constitucionalmente relevante. Dicho de otro modo, el debate debe trascender la simple discrepancia interpretativa y poner de manifiesto una actuación que, por su arbitrariedad, irrazonabilidad o manifiesta incompatibilidad con la Constitución comprometa de forma efectiva una garantía fundamental.

En conclusión, la relevancia constitucional no seRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06022-00 6 satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental ni con la simple invocación del debido proceso o del acceso a la administración de justicia. Además de ello, es indispensable demostrar que la providencia cuestionada produjo una afectación directa, concreta y desproporcionada de tales garantías. Por tanto, cuando el amparo se limita a reiterar discusiones de índole legal, probatoria y procesal, o pretende reabrir debates ya resueltos, la controversia carece de verdadera trascendencia constitucional y no habilita la intervención excepcional del juez de tutela.

2. Caso concreto

2.1. En el caso particular, los quejosos cuestionan el auto AP5729 -2026 del 26 de agosto de 2026, mediante el cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda de casación presentada contra la sentencia condenatoria. En concreto, le atribuyen un defecto por insuficiente motivación en la medida que afirmó que el dictamen grafológico no había servido de fundamento a la condena, pese a que la sentencia de primera instancia lo valoró expresamente, junto con los testimonios, documentos e indagatorias.

afirmó que el dictamen grafológico no había servido de fundamento a la condena, pese a que la sentencia de primera instancia lo valoró expresamente, junto con los testimonios, documentos e indagatorias.

Así, sostienen que esa premisa inexacta llevó a la Sala a descartar la trascendencia del reclamo probatorio y la existencia de una vulneración de garantías que permitiera superar las deficiencias técnicas de la demanda, sin examinar el verdadero alcance del dictamen, la suficiencia de las pruebas independientes ni su incidencia particularRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06022-00 7 respecto de cada condenado.

2.2. Teniendo en cuenta lo anterior, lo primero que advierte la Sala es el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de inmediatez, por cuanto el amparo se presentó en un término razonable respecto de la situación que aparentemente genero la vulneración, y de subsidiariedad en tanto que contra la determinación criticada no procedía recurso alguno.

No obstante, el asunto sometido a consideración carece de relevancia constitucional , pues el cuestionamiento formulado por los accionantes se concentra, en realidad, en la forma como la Sala de Casación Penal valoró la incidencia del dictamen grafológico dentro de la sentencia condenatoria y en la suficiencia de los demás elementos de convicción.

Es que, aunque la demanda presenta la inconformidad como una insuficiencia de motivación, lo pretendido supone determinar si la pericia sirvió efectivamente de fundamento a la condena, establecer el valor que debía atribuírsele y verificar si las restantes pruebas permitían sostener la

como una insuficiencia de motivación, lo pretendido supone determinar si la pericia sirvió efectivamente de fundamento a la condena, establecer el valor que debía atribuírsele y verificar si las restantes pruebas permitían sostener la responsabilidad penal. Tales cuestiones son de naturaleza probatoria y fueron abordadas por el juez natural dentro del trámite ordinario y extraordinario, por lo que no corresponde reabrirlas mediante la acción de tutela.

Ahora, la afirmación contenida en el apartado 45 del Auto AP5729-2026, según la cual «la pericia aludida no fundó la sentencia condenatoria », no puede examinarse de maneraRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06022-00 8 aislada ni entenderse necesariamente como la negación absoluta de cualquier referencia al dictamen. Leída en contexto, la Sala de Casación Penal explicó que la condena no dependió exclusivamente de esa prueba, sino de la valoración conjunta de distintos elementos probatorios.

Además, la inadmisión no se apoyó únicamente en dicha consideración, pues la autoridad accionada identificó deficiencias formales y sustanciales en la formulación del falso raciocinio, cuestionó la falta de identificación de una regla científica vulnerada y señaló que no fue demostrada la trascendencia del supuesto error. Por consiguiente, la tutela busca controvertir la corrección de esas conclusiones y obtener un nuevo examen de la demanda de casación, con lo cual pretende convertir el amparo en una instancia adicional.

Tampoco se advierte que la aparente diferencia entre el auto de inadmisión y la sentencia de primera instancia

obtener un nuevo examen de la demanda de casación, con lo cual pretende convertir el amparo en una instancia adicional.

Tampoco se advierte que la aparente diferencia entre el auto de inadmisión y la sentencia de primera instancia revele, por sí misma, una actuación arbitraria. Que el juez de primera instancia hubiera mencionado el dictamen como elemento concurrente no desv irtúa necesariamente la conclusión de que la condena se encontraba sustentada en fuentes probatorias distintas e independientes. En todo caso, establecer si esas pruebas eran suficientes, o si el dictamen tuvo una incidencia mayor que la reconocida por la Sala Penal, exigiría emprender una nueva valoración del material probatorio, labor que desborda las competencias del juez constitucional.

Así las cosas, entre la actuación cuestionada y laRad. n.° 11001-02-03-000-2026-06022-00 9 presunta afectación de los derechos fundamentales invocados no se acreditó una relación directa y específica pues los actores no demostraron que la providencia hubiera desconocido el contenido esencial del debido proceso o del acceso a la administración de justicia, sino que expresaron su desacuerdo con la interpretación de la demanda de casación, la determinación de la trascendencia del cargo y el alcance conferido a una prueba.

En suma, la acción carece de relevancia constitucional porque, bajo la denominación de una insuficiente motivación, pretende reabrir una discusión probatoria concluida y obtener un nuevo examen sobre la trascendencia del dictamen y la suficiencia de las demás pruebas. Maxime cuando la providencia cuestionada expuso razones formales

motivación, pretende reabrir una discusión probatoria concluida y obtener un nuevo examen sobre la trascendencia del dictamen y la suficiencia de las demás pruebas. Maxime cuando la providencia cuestionada expuso razones formales y sustanciales para inadmitir la demanda de casación, de modo que la discrepancia sobre una de sus premisas no evidencia una actuación arbitraria.

Admitir la relevancia constitucional en estas condiciones supondría habilitar la tutela para revisar toda controversia en la que una parte atribuya a la interpretación legal o a la valoración probatoria consecuencias adversas para sus intereses. Ello desna turalizaría el carácter subsidiario y excepcional del amparo y permitiría emplearlo como una instancia adicional para replantear debates ya sometidos al juez natural.

3. Conclusión.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-06022-00

10 En conclusión, como la decisión recriminada no constituye una actuación arbitraria susceptible de corrección por esta vía excepcional, y al carecer el asunto de relevancia constitucional, se declarará la improcedencia del amparo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela de la referencia.

Comuníquese lo resuelto por el medio más expedito a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado este fallo.

Comuníquese lo resuelto por el medio más expedito a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado este fallo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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